Mariana A. Perticará*
Argentina presenta una gran discontinuidad y fragmentación a nivel de políticas públicas vinculadas con el acceso y democratización de las comunicaciones
A 25 años de la recuperación democrática, la sanción de una nueva ley que regule las comunicaciones y actividad de los medios en Argentina es una materia pendiente.
El tiempo transcurrido motiva la necesidad de repensar incluso el concepto de radiodifusión, base de la normativa vigente, frente al actual escenario de las comunicaciones.
En la ley 22.285 de radiodifusión, aún vigente, la televisión por cable es considerada un servicio complementario. A partir de la década del '80 Argentina asistió a un desarrollo espectacular de la televisión por abono y satelital, en un rango comparable sólo con la expansión de esta tecnología en países como EE.UU., Canadá y Suecia.
En el contexto de la mencionada ley, la amplitud modulada era la protagonista de la radio, mientras que años después, y propiciada por la libre expresión y los nuevos vientos democráticos a partir de 1983, se multiplicaron las voces con el formato de las FM.
Si bien rige la Ley de Telecomunicaciones para otro tipo de servicios, el nuevo esquema normativo debería contemplar la convergencia tecnológica, regulando de manera más integral un escenario complejo signado por el auge de los servicios telemáticos, la telefonía celular, los servicios de Internet, etc.
Los cambios en las reglas del juego de la mano del modelo neoliberal modificarían sustancialmente el escenario de las comunicaciones en Argentina, produciendo un proceso de concentración sin precedentes.
El gobierno de Néstor Kirchner, por la promoción de otra idea de Estado y la consolidación de políticas públicas en sectores ampliamente olvidados (Educación, Salud, Desarrollo Social), parecía aventurar otros esquemas para la comunicación pública.
En el marco del conflicto por las modificaciones al esquema de retenciones agropecuarias, hoy se renuevan las promesas por reformar la Ley de Radiodifusión de la dictadura. En este sentido se retomaron reuniones y contactos entre legisladores, el gobierno y distintos actores del campo comunicacional.
El escenario actual de las comunicaciones requiere que la nueva normativa contemple, entre otros aspectos:
- El rol de la televisión a nivel del interior del país, evitando procesos de concentración que devengan en monopolios como los que se han dado en materia de televisión por cable.
- El fortalecimiento de las programaciones locales y las agendas regionales de noticias, para contrarrestar el centralismo porteño en la emisión de contenidos y conformación de la agenda pública.
- La emergencia de nuevos servicios telemáticos (Internet y todos los usos y aplicaciones derivados) que compiten/complementan las necesidades informativas de los ciudadanos.
- La necesidad de apoyar el uso educativo de los medios de comunicación, en un contexto en el cual el protagonismo de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de la comunicación desafían a la escuela y generan nuevas demandas.
La expansión de la televisión por cable en la segunda mitad de los '80 posibilitó a las localidades del interior el acceso a una programación más diversa que no estaba garantizada por los canales de televisión por aire o abiertos. Luego sobrevendría la retracción del sector del cable y la desaparición de muchas empresas familiares y locales en la década del '90.
Es por ello que entre las asignaturas pendientes se destaca una que reviste un carácter preponderante: la posibilidad de conformar alguna vez una agenda federal de los medios; en el sentido de igualdad de oportunidades para que los acontecimientos del interior se transformen en noticia nacional, sin que medie alguna catástrofe de proporciones, hechos policiales de gran magnitud, noticias de color, visitas presidenciales o de personalidades ilustres que lo justifiquen.
Finalmente, una cuestión que hace a la tan mentada calidad institucional y funcionamiento de los distintos poderes del Estado.
En nuestro país, la organización del sistema de radiodifusión, de los servicios telefónicos, de Internet se ha dado fundamentalmente a través de normas y regulaciones emanadas del Poder Ejecutivo.
Es tiempo que el Congreso sea el escenario de las decisiones y que puedan catalizarse allí las opiniones y posturas de los distintos sectores y pensamientos.
El tiempo transcurrido amerita que la nueva ley de radiodifusión o de servicios de comunicación tenga la legitimidad necesaria y no quede supeditada a las tensiones entre el gobierno y los holdings de los medios.
En las discusiones seguramente se traslucirá el debate sobre el rol del Estado, la idea de una comunicación pública, las utilizaciones sectoriales y partidistas, la necesidad de trascender el uso gubernamental de los medios.
Las percepciones acerca de un Estado prescindente en tantos temas y roles hacen que la tarea sea ardua, muchos los intereses en juego e infinitos los desafíos en términos de una nueva ciudadanía.
Se requieren nuevos acuerdos entre Estado e iniciativas privadas, otras miradas sobre la comunicación pública, la posibilidad de múltiples voces, nuevos modos y renovadas formas de comunicación al servicio de una mejor democracia.
*Docente de Historia de los Medios, carrera de Comunicación Social (Universidad Nacional de Entre Ríos).
Fuente: El Litoral