Por Silvana Giudici *
La reforma de la Ley de Radiodifusión debe ser parte de un debate profundo y serio en el que los distintos sectores de la sociedad estén representados en una ley pluralista y de avanzada que se corresponda con el ingreso a la era digital. Este debate debe cubrir 25 años de proyectos de ley sin aprobación, pero sin caer en la provocación del actual gobierno, que la utiliza como ariete para amedrentar a algunos medios en una pelea que no le sirve a nadie. En una sociedad democrática y moderna, la función que desempeña la comunicación social es esencial para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, valores que exigen nuevos marcos normativos que acompañen los cambios tecnológicos, jurídicos y sociales sobre el tema.
Los servicios de radiodifusión constituyen una de las garantías que tienen las comunidades para acceder a la información de una manera directa y gratuita. En ese contexto, una mayor cantidad de medios, correspondiendo a la mayor amplitud de emisión que permiten las nuevas tecnologías, además de contribuir al pluralismo de ideas, configura un instrumento para desterrar la discriminación y el aislamiento. El Estado deberá resguardar estos principios garantizando que el acceso a la propiedad de los medios no se regule por la capacidad económica de los titulares, o su afinidad con el gobierno de turno, sino por la idoneidad, la experiencia y la contribución a su zona de influencia.
Desde la oposición nos hemos expresado y en distintos ámbitos hemos sostenido la necesidad del debate con criterio constructivo. Aceptamos la iniciativa parlamentaria del Ejecutivo y esperamos el proyecto para poder aportar al debate, en un esquema de madurez política que, entre todos, nos permita elaborar la ley que se merecen esta generación de argentinos y las futuras.
El proyecto que el Ejecutivo se ha propuesto elaborar debe ser estudiado a fondo, con audiencias públicas donde puedan expresarse todos los protagonistas del sector, organizaciones periodísticas, agrupaciones gremiales relacionadas con el quehacer periodístico, organizaciones académicas y sectoriales. Nuestros proyectos, presentados hace ya dos años, son propuestas integrales sobre radiodifusión, un marco transparente para la distribución de la publicidad oficial, un marco regulatorio para el acceso a la información y un nuevo organismo de garantías para la defensa de la libertad de expresión.
La nueva ley de radiodifusión debe respetar los principios contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración de Chapultepec, fundamentalmente lo expresado en su punto Nº 1: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”. Junto a las leyes de Radiodifusión y la de Publicidad oficial también debe tratarse la de Acceso a la Información. Esta base normativa y la definición del rol de los medios públicos de comunicación es fundamental para una nueva política de medios en la Argentina.
En virtud de ello deseamos refutar algunos conceptos confusos que se vierten constantemente desde el oficialismo. a) Algunos funcionarios del Gobierno reivindican el clima de crispación que se vive entre el oficialismo y los medios, explican que la tensión responde a que esta administración como ninguna otra se “atrevió” a trabajar en la modificación de la Ley de Radiodifusión. Debemos recordar que en realidad los ataques a periodistas, editores, el anuncio de la creación de un observatorio para vigilar a los medios y las decenas de advertencias presidenciales hacia la prensa fueron anteriores al anuncio de la modificación de la ley. b) La otra frase hecha que el Gobierno repite es la referencia al origen de la 22.285, “la ley de la dictadura”. Debemos recordar que las peores aberraciones jurídicas sobre la radiodifusión, las que indujeron el ingreso de capitales extranjeros a los medios argentinos y facilitaron los esquemas de concentración, entre otras medidas, fueron las tomadas por otro gobierno justicialista, el de Carlos Menem. c) Otra falacia es sugerir que la oposición intenta demorar la discusión al plantear una agenda ampliada que incluya publicidad oficial y acceso a la información. Exigimos incorporar al debate el tema de mayor presión y/o corrupción en cuanto a la relación gobierno-medios, es decir, la distribución de la publicidad oficial, que además de ser cuestionada ya por organismos internacionales que monitorean la libertad de expresión, ahora es investigada por la Justicia argentina. La publicidad oficial es el instrumento legítimo que el Gobierno tiene para dar a conocer sus actos, de allí la importancia de regular su distribución con criterios de transparencia e igualdad en el acceso a la información.
* Diputada nacional (UCR Capital). Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
Fuente: PáginaI12
