Hasta ahora, Ketzal SA no presentó el estudio de impacto ambiental
La industria Ketzal SA, que compró de manera directa al gobierno de Entre Ríos el predio de dos hectáreas donde funcionaba el antiguo ingenio azucarero “La Victoria” no tiene certificado de radicación y tampoco la provincia recibió del municipio de Victoria el certificado de la aptitud de suelo, confirmó a AIM el secretario de Medio ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, quien señaló que hasta ahora la firma no presentó el estudio de impacto ambiental. “Aunque todavía no es obligatorio (ese estudio), ante situaciones conflictivas como ésta, la secretaría lo pide para tener un respaldo legal”, confirmó.
El funcionario le contó a esta Agencia que la información que apareció en lo medios el domingo pasado “no es veraz; es errónea ya que la provincia no incumplió en cuanto a evaluar el estudio de impacto ambiental porque no hay ningún compromiso tomado en realizar este trámite. Lo que sí hubo es un retraso en los plazos de presentación de la nota a los ciudadanos que requirieron la información sobre la tramitación de la empresa, ya que por una cuestión administrativa, ésta no salió el día que debía hacerlo”. Y reiteró la predisposición de la secretaría para “recibir a los vecinos y atender los requerimientos que realicen en torno a este u otros temas.
Raffo también explicó que la gestión anterior solicitó al municipio de Victoria el “certificado de uso de suelo” para otorgar el “certificado de radicación” de la firma Ketzal SA, quien compró de manera directa al gobierno de Entre Ríos el predio de dos hectáreas, donde funcionaba el antiguo ingenio azucarero “La victoria”.
El “certificado de uso de suelo” debe extenderlo la comuna para determinar en qué área se instala la empresa. “En este caso, como una parte estaba para uso industrial y otra para uso residencial, la única vía que quedaba era que el municipio de Victoria hiciera una excepción a lo que ya está vigente como planificación de uso del suelo”, aseveró.
Además aclaró que el gobierno provincial pidió a la firma la presentación de un estudio de impacto ambiental, “precisamente porque es un tema conflictivo. Aunque en la provincia todavía no está reglamentado el pedido de impacto ambiental sino que es un tema al que está abocada la secretaría –posiblemente se generará un decreto que nos garantice cubrir estos defectos que hoy existen-, se requirió igual, pero la empresa Ketzal SA no lo presentó”.
De todas maneras, reiteró que mientras no esté la norma que lo exija “la empresa puede obviar su presentación y tampoco se le da un plazo” pero destacó que “hoy por hoy, no tiene certificado de radicación y tampoco el de uso, conforme a lo que requiere el municipio. Si la empresa cumplimenta estos trámites y el municipio lo autoriza, de acuerdo a la ley 6260 y sus decretos reglamentarios, y tiene sus papeles en orden, puede obtener su certificado de radicación, pero esto no quiere decir que se vaya a instalar. De todas maneras, tiene que ver con el estudio de impacto ambiental que deberá ser evaluado técnicamente”.
Una vez que se otorga el certificado de radicación comienza la información del proceso, que está más ligada del estudio de impacto ambiental para otorgar el certificado de funcionamiento. “Recién ahí, cuando se libró el certificado de funcionamiento, la firma puede comenzar a trabajar”.
Otros datos
Raffo indicó que las tramitaciones de Ketzal SA para obtener los certificados según la ley 6260 fueron iniciadas el 3 de diciembre de 2007, con ingreso de memoria técnica. Según el informe del área de Industrias, esas actuaciones se encuentran paralizadas ya que, para la obtención del certificado de radicación, es necesario presentar un informe preliminar de las autoridades municipales de la jurisdicción, en el que debe constar que el proyecto se ajusta a las disposiciones locales sobre uso del espacio (artículo 35 del decreto 5837/91. No obstante, “previo al inicio del expediente mencionado se evacuaron consultas del municipio de Victoria y la empresa, en las que se contestó que, atento a la escasa información remitida en esa ocasión, el predio tenía estricciones para el uso industrial, lo cual debe resolverse localmente conforme a la normativa municipal. Además, el municipio de Victoria debía solicitar un estudio de impacto ambiental para contar con elementos precisos para la toma de decisiones correspondientes”.
Historia del reclamo
El 30 de abril, más 80 vecinos acompañaron en el concejo deliberante de Victoria la utilización de la banca ciudadana para presentar un proyecto de ordenanza que impida la instalación de la planta de biodiesel en el ex ingenio azucarero, ubicado en el corazón del corredor turístico de la ciudad de la siete colinas, indicó a AIM la profesora María Fernanda Sanzberro.
Sanzberro, quien tomó la banca en representación de la ciudadanía, explicó a esta Agencia que en esa oportunidad el recinto estuvo colmado de público: hubo profesores y alumnos de ciencias sociales, arquitectos, comerciantes, abogados y público en general “que acompañaron este proceso de construcción. Fuimos aunando voluntades, veíamos que había una preocupación común que ponía a Victoria en una instancia de discusión muy grande, ya que existe un plan de ordenamiento urbano que no se respetó al autorizar la instalación de una planta aceitera en el ex ingenio azucarero”.
El proyecto fue presentado a través de la banca ciudadana, pero despertó preocupación que luego de la ponencia -que no alcanzó los 15 minutos- “los concejales guardaran silencio. No queríamos que quedara como que había pasado por el recinto y nada más, por lo que pedí la palabra ya que el decreto de uso de la banca es muy claro: si no lo toma algún concejal para darle ingreso queda como un comentario”.
“Exigimos que hagan respetar las ordenanzas vigentes en la ciudad ante los organismos que correspondan, que se convoque al poder Ejecutivo municipal para que de a conocer los órganos de control que han cotejado las evaluaciones de impacto ambiental descritas en el convenio de venta entre la provincia y Ketzal SA, la firma mendocina adjudicataria de esta venta directa”.
Ordenanzas vigentes
En Victoria están vigentes las ordenanzas 2601 y 2602 sobre usos permitidos en el territorio donde se encuentra el predio del ex ingenio azucarero La Victoria.
Sanzberro explicó que “en agosto del año pasado, el concejo deliberante modificó la ordenanza del plan de ordenamiento urbano y estableció que no estaría permitida la utilización del predio del ex ingenio azucarero para ningún uso industrial, ya que es un área destinada a usos recreativos y turísticos exclusivamente”.
“Esa ordenanza modificatoria fue vetada por el Ejecutivo, pero como lo hizo fuera de término en agosto del año pasado se promulgó la modificación de la ordenanza”, agregó la vecina, y recordó que “paradójicamente, la venta del inmueble se produjo en diciembre de 2007, en los últimos días del gobernador Jorge Busti, con la intención de instalar una fábrica de biodiesel”.
A su vez, remarcó que “Victoria en su plan urbanístico tiene destinado un sector a las industrias y no entendemos porqué no se gestionó que la fábrica de biodiesel se instale en ese lugar que le corresponde”. Y aclaró: “no estamos en contra de la radicación de industrias, de las fuentes de trabajo; pero estamos en contra que en aras del progreso se pierda costa, espacios recreativos y turísticos”.
La inversión
La inversión de Ketzal en la provincia confirma la apuesta al negocio energético de la sociedad mendocina que tiene como referentes a Daniel Vila y José Luis Manzano. En una primera etapa, el proyecto supera los 10 millones de pesos y terminaría de concretarse en la segunda mitad de 2009.
El objetivo de la compañía –que opera como Andes Energía, la alianza con el grupo inglés Ragusa que avanza en el sector energético de distintas provincias- es construir dos o tres silos y una planta de tratamiento de oleaginosas, de donde saldrá el aceite para abastecer a la futura planta productora de combustible. Pero la iniciativa genera resistencias y rechazos por el impacto que causaría a la ciudad.
