Por Laura Di Marco
La libertad de expresión no significa que cada cual diga lo que quiera, sino garantizar que todo lo que haya que decir sea dicho, y que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para poder evaluar a los gobiernos. Por eso, cuando los presidentes se niegan a dar conferencias de prensa están ejerciendo una forma de censura.
El que lo dice es el constitucionalista norteamericano Owen Fiss, profesor de Derecho en la Universidad de Yale y ex secretario de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Un presidente democrático, un candidato democrático, nunca ataca a los medios añade Fiss, sino que, en todo caso, defiende sus posiciones frente a la opinión pública.Graduado en Oxford y en Harvard, Fiss tiene dos temas centrales de interés e investigación: la libertad de expresión y la protección de la igualdad ante la ley (que incluye el acceso a la Justicia).
Ha escrito varias obras, como La ironía de la libertad de expresión, Liberalismo dividido y Una comunidad de iguales. Es un asiduo visitante de la Argentina, a la que llegó por primera vez para presenciar el juicio a los comandantes militares, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Experto en derecho constitucional, en su reciente paso por la Argentina fue invitado por la Universidad de Palermo y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) a dar un seminario sobre libertad de expresión. "Es llamativo que alguien que no da conferencias de prensa o solamente brinda reportajes a periodistas amigos cuestione a la prensa de la manera en que lo hace", afirma sobre la tortuosa relación entre el matrimonio Kirchner y los medios de prensa.
Fiss admite, sin embargo, que una absoluta autonomía editorial también puede afectar, paradójicamente, a la libertad de expresión. Lo explica: "Si los medios sólo siguen los dictados del mercado, pueden no informar a la sociedad con ecuanimidad".
-¿Cómo afecta a la libertad de expresión que los gobernantes no den conferencias de prensa o que sólo hablen con periodistas que consideran confiables?
-La afecta de manera muy directa, porque los presidentes tienen la responsabilidad de informar a la opinión pública acerca de sus políticas y de responder preguntas. Entonces, cuando faltan las conferencias de prensa lo que hacen es ejercer una forma de censura. Cuando no se da ningún tipo de conferencia de prensa, el problema es que se está negando a la opinión pública la información necesaria para evaluar las políticas del gobierno. Por otro lado, cuando se dan reportajes a periodistas en los que el poder confía, la distorsión es doble, porque, por un lado, la información llega a través de estos periodistas poco objetivos y, por otro, se les da a estos medios amigos una posición indebidamente privilegiada en el debate público.
-¿Algo así como un sistema de premios y castigos para obedientes y desobedientes?
-Sí. El efecto es un castigo a quienes informan de manera imparcial. Cualquier periodista que critica al gobierno sabe que se arriesga a no tener acceso al presidente.
-Bueno, ya eso es ciencia ficción para los periodistas argentinos, porque ese acercamiento hace años que no existe...
-Pero debo decirle que esto no sólo se produce en la Argentina; hay otras democracias más maduras que todavía no lo han resuelto. El gobernador de Maryland, por ejemplo, se negaba a darles reportajes a periodistas que eran críticos de su gestión.
-En muchos países de América latina, los medios son monopólicos o están en manos del Estado y son usados por el poder político de turno. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para hacer valer su derecho a estar informados con diversidad y equilibrio?
-Solos, nada. Pero juntos pueden organizarse y presionar al Congreso para que amplíe las formas de acceso a la información pública. En Estados Unidos tenemos la Comisión Federal de Comunicaciones, una agencia estatal con control parlamentario que tiene la responsabilidad de asegurar que los licenciatarios brinden información de relevancia pública y lo hagan de una manera ecuánime. Un canal de televisión, en Syracuse, solamente defendía la perspectiva en favor de la energía nuclear y no difundía ningún tipo de opinión acerca de los peligros que entrañaba. Entonces, un grupo de ciudadanos armó una ONG llamada Consejo para la Paz en Syracuse y denunció, con éxito, a este canal ante la comisión. Esa es una acción concreta. Y, como vimos en el caso de Europa del Este después de 1989, el primer paso, el más importante, hacia la democratización es acabar con la relación económica formal e informal entre la prensa y el gobierno.
-¿Es democrático que el poder político confronte constantemente con los medios?
-Un presidente democrático nunca ataca a los medios, sino que defiende sus posiciones frente a la opinión pública. Es llamativo que alguien que no va a conferencias de prensa o sólo brinda reportajes a periodistas amigos cuestione a la prensa de la manera en que algunos lo hacen.
-Ultimamente, el ex presidente Kirchner, que nunca aceptó conferencias de prensa mientras estuvo en el poder, inauguró la modalidad de las conferencias con hinchada propia, desacreditando, en público, a los periodistas participantes.
-[Largo silencio] Lo que usted relata es un espectáculo increíble, que no es propio de la tradición argentina de respeto por la libertad de expresión.
-Hay, sin embargo, una polémica legítima que el poder político actual abrió en la Argentina en cuanto a los intereses económicos de los medios y su relación con la libertad de expresión. ¿Qué puede aportar en este debate?
-La prensa tiene un interés muy fuerte en reclamar para sí misma la mayor autonomía que pueda conseguir. Pero, al mismo tiempo, garantizarles a los medios una absoluta autonomía editorial también puede afectar la libertad de expresión. Los medios, en principio, lo que persiguen son intereses empresariales y se rigen por las leyes del mercado. El punto es que la libertad de expresión no se reduce a que cada uno diga lo que quiera. Debe garantizar que la opinión pública tenga la información que necesita. Y si los medios solamente siguen los dictados del mercado, pueden llegar a no proveer información ecuánime. Dicho de otro modo, la libertad empresarial puede llegar a interferir en el derecho ciudadano a contar con toda la información adecuada. Por otro lado, esto no quiere decir que el poder político, la Presidenta, en este caso, tenga automáticamente razón cuando acusa a los medios de no estar cumpliendo con su deber de informar de manera ecuánime. Lo que digo es que esto puede suceder, aunque, en mi opinión, lo que sucede, en general, con los ataques de los presidentes a la prensa es que buscan chivos expiatorios, y tampoco se reduce este fenómeno a la Argentina.
-Uno de los últimos debates que tuvimos aquí fue el lanzamiento de un observatorio de medios, con participación del Estado. ¿Cómo evalúa este tipo de instrumentos?
-No hay que pensar que es una mala idea, en general, pero sí debemos tener en claro que, tal como nos enseñó Michel Foucault, observar es controlar. La mera observación es una forma de control sobre los medios, por lo que yo prefiero que los observatorios no dependan del Estado. Pero no estoy en contra de la regulación, en principio, porque es necesaria para garantizar un debate democrático. El problema con los observatorios es el criterio que los guía.
-Si tuviéramos que tomar una única medida para garantizar la libertad de expresión en democracia, ¿cuál sería?
-Que el debate público sobre los temas de importancia, de mayor importancia, sea amplio, abierto y robusto.