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Las instalaciones de Gamavisión y TC Televisión, dos de las estaciones de señal abierta más populares del país, fueron ocupadas por la policía por órdenes de Agencia de Garantía de Depósitos, AGD.
Decenas de agentes se mantienen en los edificios y centros de transmisión, mientras los canales transmiten una programación especial, en la que algunos de los espacios informativos y de opinión quedaron fuera del aire.
En medios ecuatorianos se especula que la sorpresiva renuncia del ministro de Economía, Fausto Ortíz, se debió a su supuesta negativa a firmar la orden de incautación de bienes de las televisoras intervenidas.
Sin embargo, Ortiz -quien ha sido sustituido por Wilma Salgado, una ex gerente de la AGD- no dio explicaciones sobre su dimisión.
Como consecuencia de la renuncia y por temores sobre la seguridad jurídica del país los bonos ecuatorianos se han visto afectados en el mercado internacional.
Averiguación y cobranza
En un comunicado de la AGD se explica que la intervención busca comprobar si los canales eran del grupo Isaías, propietarios de Filanbanco, un banco que quebró hace una década en medio de una fuerte crisis financiera.
"Con esta medida, que debió haber sido tomada hace 10 años, renace la esperanza de los cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco", se lee en el comunicado de la agencia.
|   Los trabajadores dicen que no confían en la palabra del gobierno porque hace dos días dijo una cosa y ahora está sucediendo otra Tomás Ciuffardi, periodista |
Según la nota la "incautación no vulnera ningún derecho laboral ni paraliza ninguna de las empresas en cuestión y el Estado ecuatoriano les garantiza seguridad y estabilidad".
Pese a ello, al tratar de comunicarse con directivos de los canales, BBC Mundo pudo saber, por testimonios de personal en ambas estaciones, que los trabajadores han dejado sus oficinas a la espera que se aclare la situación para saber si la nueva administración interventora los mantendrá en sus cargos.
El colaborador de la BBC Mundo en Quito, Tomás Ciuffardi, explica que los trabajadores no confían en la palabra oficial.
"Los trabajadores dicen que no confían en la palabra del gobierno porque hace dos días dijo una cosa y ahora está sucediendo otra", explica Ciuffardi, recordando que el sábado pasado presidente Rafael Correa prometió que no intervendrían estas empresas.
Libertad de expresión
El presidente de Gamavisión, Álvaro Dassum, dijo a la prensa que su estación no pertenece al grupo Isaías y aseguró que "el Gobierno quiere callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad".
|  El Gobierno quiere callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad.Álvaro Dassum, presidente de Gamavisión |
"Correa ha tenido una actitud hostil contra los medios de comunicación. Dice que los medios manipulan. Ha sacado a periodistas de ruedas de prensa cuando cree que las preguntas que le hacen no están acordes con la verdad que él maneja", afirmó Moposita, quien negó que su canal tenga una línea editorial antigubernamental.
Moposita calificó la medida de "atropello" y aseguró que el proceso legal contra Filanbanco no ha concluido por lo que "no hay fallo judicial que avale ese atropello".
"Bien hecho, Sr. Presidente"
En cambio el influyente periodista Carlos Vera, del canal Ecuavisa, aplaudió la medida y la calificó como "justa y legal".
"Bien hecho, señor Presidente", dijo Vera en su programa de televisión del martes.
Vera señaló que los dueños Filanbanco perjudicaron al Estado al destinar créditos de emergencia a empresas encubiertas o descubiertas del grupo que luego no pagaron cuando Filanbanco pasó a manos del estado.
"Esa es la deuda que está cobrando ahora el Estado a pesar que los ex accionistas del Filanbanco sostienen haberla pagado (...) Es culpa de los responsables de esas deudas arrastrar ahora a sus trabajadores a una situación incierta en la cual cambian súbitamente de patrono y de jefes así como de política empresarial", afirmó Vera.
Correa vs prensa
Los vínculos entre la prensa y el presidente Correa han sido tensos desde que este llegara al poder en enero de 2007.
El gobierno asegura que los medios son parte de lo que llama la oligarquía que controló al país en las últimas décadas y que por tanto se oponen a su proyecto político que el presidente define como socialista.
Correa afirma que los intereses empresariales marcan la pauta de la prensa que cuestiona la "vocación popular" y "nacionalista" de su gestión.
En los últimos días la Asamblea Nacional Constituyente que debe redactar una nueva constitución, estudiaba la posibilidad de impedir legalmente que grupos bancarios sean dueños de medios de comunicación.
En un caso aparte la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró este martes a Radio Sucre en Guayaquil por supuestamente no cumplir con los requisitos para la renovación de su licencia.
Radio Sucre había sido muy criticada en las últimas horas por el presidente Correa por la decisión de la emisora de convocar a una marcha contra la inseguridad.