El actual proceso ha movilizado las redes políticas y de la sociedad civil de la región ya que la CIDH recibió observaciones a las candidaturas hasta el 9 de julio.
Las exigencias no son pocas: al ya conocido problema del ejercicio periodístico en condiciones riesgosas –como en México o Colombia- se juntan algunas leyes limitantes, acoso judicial y lo que la misma relatoría ha llamado restricciones indirectas a la libertad de expresión, como la concentración a la propiedad de los medios, el uso de la publicidad oficial como mecanismo de coerción y la administración arbitraria de las frecuencias radioeléctricas.
Evidentemente la agenda para la relatoría para la libertad de expresión se ha ido ampliando, pero ¿cuáles son sus actuales retos? Cuatro de los cinco candidatos a la Relatoría respondieron esa pregunta (Christina Cerna se abstuvo) y nos adelantan qué rol piensan jugar en el cargo si resultaran nombrados. También opina en esta edición Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para el influyente periodista argentino la principal misión del elegido es relegitimar la Relatoría.
Perfil de los candidatos
Catalina Botero - Colombia
Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Bogotá, y su experiencia ha estado ligada principalmente a la procuraduría general nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional de Colombia, donde es Magistrada Auxiliar desde 2005. Tiene estudios de posgrado en Gestión Pública y Derecho Administrativo, en Derechos Humanos, en Derecho Constitucional y Ciencia Política y tiene un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de la Universidad Carlos III de Madrid, donde es actualmente candidata a doctora.
Juan Pablo Olmedo - Chile
Presidente de la Fundación chilena Proacceso a la Información Pública, Es abogado y Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Desde los ’90 a la fecha, ha litigado casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, en general, y de la libertad de expresión, en particular, ante el sistema interamericano, obteniendo sendas condenas contra el Estado chileno. Socio del bufete Colombara y Olmedo y fundador de distintas organizaciones de la sociedad civil chilena, es además líder Avina.
Marcello Scarone - Uruguay/Canadá
Desde el 2006 es el Especialista Principal de Programa, Sección de Lucha contra la Discriminación y el Racismo, de la División de Derechos Humanos, para el sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Antes de ello, Scarone ejerció el mismo cargo para la División de Libertad de Expresión, Democracia y Paz, Sector de Comunicación e Información, del organismo internacional. Master of Arts en Relaciones internacionales y en Comercio internacional, entre 1992 y 1997 fue Jefe de Sección de Organismos Internacionales del Instituto Internacional de la Prensa (IPI), en Austria.
Ronalth Ochaeta - Guatemala
Es el actual representante de la OEA en Paraguay, mismo cargo que desempeñó anteriormente en Perú y Bolivia. Ha estado vinculado con organismos y procesos de investigación de violaciones a los derechos humanos en Guatemala y América Central, en general.
Christina Cerna- Estados Unidos
Es académica de la Universidad de Georgetown desde el 2005, luego de haber dictado clases en distintas universidades europeas sobre derecho internacional de los derechos humanos como académica de la Universidad de Pennsylvania. Desde hace décadas se desempeña como especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, además de ser miembra de distintas asociaciones internacionales de derechos humanos.
¿Cuáles son para ustedes los retos actuales de la relatoría y qué rol debe jugar el nuevo relator en este marco?
Catalina Botero
“El acceso a la información tiene un lugar privilegiado”
La defensa del derecho a la libertad de expresión -en todas sus formas y manifestaciones-, enfrenta hoy tradicionales pero también novedosos desafíos. Los retos son muchos, pero menciono algunas cuestiones que considero obligadas.Uno de los temas que ocupa, sin duda, un lugar privilegiado en la agenda actual de libertad de expresión, es el que se refiere al derecho de acceso a la información pública y al habeas data. La discusión orientada a desterrar del panorama jurídico el secreto estatal, la reserva de la información pública y la falta de regulación sobre el uso de datos personales en bases de datos o registros públicos o privados, ha tenido una importante repercusión interna en algunos Estados. En particular, aquellos que han modificado sus disposiciones o cuyos tribunales han decidido aplicar directamente el artículo 13 de la Convención y han ordenado a las autoridades la entrega de información que no tiene expresa reserva de ley. O la modificación o supresión de datos privados contenidos en bases de datos o registros públicos o privados. Sin embargo, aún hace falta seguir desarrollando estándares internacionales más específicos en esta materia y lograr su plena vigencia en los ordenamientos internos.
Otro de los desafíos para la protección del derecho a la libertad de expresión es garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a la publicidad oficial y al espectro radioeléctrico. En este tema ya existen importantes propuestas destinadas a asegurar que los bienes y recursos del Estado no sean utilizados como un mecanismo de censura indirecta, para castigar a los medios independientes o a las personas criticas de la gestión pública y premiar a quienes se han subordinado al ejercicio del poder. En esta materia, por ejemplo, la discusión sobre publicidad estatal y asignación de frecuencias y canales, y su necesario sometimiento a los principios de igualdad, publicidad, transparencia y debido proceso, hacen parte, sin duda, de la agenda actual del continente en materia de libertad de expresión. Esta y otras restricciones indirectas a la libertad de expresión, deben ser cuidadosamente examinadas por la Relatoría.
Así mismo, en los últimos años han adquirido relevancia algunas problemáticas relacionadas tanto con la aparición de nuevas tecnologías como con el impulso de nuevas formas o dimensiones del derecho a la libertad de expresión. Este último tópico se refiere, entre otros, al derecho “a saber”, así como al derecho de grupos tradicionalmente marginados o discriminados de participar de manera equitativa en el mercado de las ideas o, al menos, de contrarrestar aquellos discursos que puedan, efectivamente, tener un efecto excluyente o discriminatorio. Estos temas deben ser seriamente discutidos desde la óptica integral de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con especial énfasis en la necesidad de proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en toda su rica y plural dimensión.
Finalmente, la Relatoría no podría olvidarse de los viejos pero dramáticos desafíos que enfrenta la libertad de expresión en algunos países del hemisferio en los cuales aún asesinan, secuestran, torturan y amenazan a periodistas por expresar lo que piensan o por investigar y publicar información relevante para la ciudadanía. La impunidad en este terreno está lejos de ser erradicada, pues si bien han sido creadas algunas fiscalías especializadas y se han hecho otros esfuerzos institucionales importantes, los crímenes cometidos con la finalidad de socavar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no suelen ser adecuadamente investigados ni sancionados. Adicionalmente, en muchos Estados de la región no se ha logrado aún terminar con la censura previa o abolir las leyes de desacato y las sanciones penales por injuria o calumnia contra funcionarios públicos. Los temas tradicionales de la agenda de libertad de expresión siguen entonces vigentes y no pueden ser olvidados por los órganos de protección del Sistema Regional.
¿Qué rol debe jugar el nuevo relator o relatora en este marco?
La Relatoría tiene la tarea fundamental de promover la aplicación, en cada uno de los Estados, de los estándares regionales existentes en materia de libertad de expresión. Adicionalmente, tiene la función de promover la elaboración de nuevos estándares en los temas novedosos que no han sido aún asumidos por el Sistema Regional de Protección.
La primera tarea se logra a través de distintas estrategias destinadas a establecer –o restablecer– las garantías necesarias para el adecuado ejercicio del derecho y proteger los derechos de las víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Tales estrategias incluyen la promoción de una conciencia continental en torno a la importancia del derecho a la libertad de expresión; la promoción de decisiones legislativas o administrativas internas que tiendan a la protección del derecho y la modificación o derogación de disposiciones internas que lo comprometan; la implementación de los estándares existentes en los distintos sistemas judiciales; y el fortalecimiento de la capacidad técnica de promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión de los sectores más directamente interesados en defenderlo, entre otras.
La segunda función se cumple a través de otro tipo de estrategias, como la elaboración de documentos técnicos que puedan ser adoptados por los otros órganos regionales de protección o el impulso litigioso de casos emblemáticos que sirvan para definir con mayor precisión el alcance del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención. En todo caso, esta estrategia supone la discusión más especializada con las distintas organizaciones y entidades comprometidas en el tema, sobre los casos que podrían asegurar y promover más y mejores garantías, así como las dimensiones del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que requieren mayores o más detalladas definiciones.
Ronalth Ochaeta
“Carisma, compromiso, ecuanimidad, experiencia”
Los retos los establece el mandato otorgado por la CIDH al crear la Relatoría.El rol en ese marco es funcional y debe cumplirse. Sin embargo, en toda gestión siempre hay un sello personal en las ejecutorias.
En mi opinión las candidaturas presentan un abanico de perfiles interesantes, y es en donde esta el quid del asunto. Se encuentra en ellos perfil académico/a, jurista, diplomático/a, defensor/a de derechos humanos, excepto de periodista. Sin embargo, esto último no descalifica. La práctica enseña que para ser defensor de derechos humanos no se requiere ser abogado per se. Que el relator no sea periodista no es algo fatal.
Sí requiere ser propositivo, tener visión estratégica de mediano y largo alcance. Al margen de la preparación jurídica y académica, debe existir carisma, compromiso, ecuanimidad, experiencia de campo en tratamiento de asuntos sensibles, independencia y equilibrios políticos, destreza para abordar complejidades que amenazan la libertad de expresión. Deberá ser innovador en la propuesta de hacer trabajo, consolidar procesos y promover nuevos.
Que lo urgente y efímero de la coyuntura de algunos países no absorba la atención y energía del relator a impulsar procesos estratégicos para consolidar las garantías inherentes a la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado.
Deberá ser persuasivo/a en la promoción del derecho a la información y libertad de expresión. Firme en la defensa y protección de esas libertades, pilares de la libertad de prensa. Conciliador/a en la diversidad de enfoques entre instituciones gubernamentales, empresariales, y sociedad civil. Efectivo/a enlace entre estos actores con la CIDH.
La relatoría es un instrumento conferido por la CIDH y ésta, un vehículo donde todos debemos entrar para fortalecer la cultura de derechos humanos en el continente frente a las convencionales amenazas; y aquellas otras, sin rostro y grises, que, agazapados en poderes fácticos, son enemigos naturales de esta sagrada libertad.
No obstante, los eslabones de esta cadena son insuficientes sin el conocimiento y capacidad de encontrar mecanismos alternativos que complementen los aportes de los Estados para financiar actividades de la Relatoría en la sede y en los países miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Juan Pablo Olmedo
“Independencia, compromiso con la sociedad civil, diálogo con los estados”
La Relatoría para la Libertad de Expresión forma parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y está integrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su labor requiere el apoyo y la coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Su legitimidad exige mostrar independencia y una capacidad estratégica para articular un trabajo de equipo, de colaboración, apoyo y compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y demás entidades defensoras y promotores del derecho a la libertad de expresión y en general de los derechos humanos en la Región. Asimismo, demanda una capacidad de interlocución y diálogo permanente con los Estados miembros de la OEA; y la búsqueda y obtención de apoyo financiero.La labor desarrollada por los anteriores Relatores se caracteriza por el apoyo y defensa del ejercicio del periodismo frente a las amenazas que experimenta la prensa en la Región que incluyen, entre otras, al uso abusivo de los delitos de injuria y calumnia para silenciar la crítica, el debilitamiento de los derechos de los periodistas como el secreto profesional, amenazas a la integridad física y, otras veces, la afectación directa del derecho a la vida.
La alerta y atención del Relator a la CIDH y a la comunidad regional e internacional sobre las violaciones a los derechos de los periodistas y la libertad de expresión, su intervención urgente, su constante llamado a la celeridad e imparcialidad de las investigaciones destinadas a sancionar a los responsables de asesinatos de periodistas, la preocupación por el respeto de los estándares de debido proceso y la independencia del Poder Judicial frente al procesamiento de profesionales de la prensa, han sido y seguirán siendo funciones esenciales en el cumplimiento de su mandato.
Mediante sus visitas a países, seminarios, publicaciones e informes anuales, la Relatoría contribuye a difundir el derecho a la libertad de expresión, dando cuenta de los avances y obstáculos que presenta su ejercicio y favoreciendo la elaboración y diseminación de los estándares regionales del derecho en el hemisferio. Resulta significativo el trabajo realizado en la adopción de las resoluciones de la CIDH y de la OEA vinculadas a la libertad de expresión. También ha sido y deberá seguir siendo importante el rol de la Relatoría en el impulso de casos sobre libertad de expresión y el apoyo a la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, todo el aporte técnico logrado es también un insumo que se encuentra a disposición de otros órganos de la OEA, los Estados Miembros y un referente calificado para el trabajo de la sociedad civil y defensores del derecho a la libertad de expresión en la Región.
Los Relatores han sido importantes colaboradores de la CIDH y de las víctimas en la identificación y apoyo de casos que posibiliten el desarrollo interpretativo del derecho a la libertad de expresión en el hemisferio. La censura cinematográfica, el delito de desacato, el rol de los medios de comunicación y el periodismo en las sociedades democráticas, la crítica política, el interés público, el derecho de acceso a información pública, entre otros, son algunos de los fenómenos y estándares interpretativos que han sido objeto de análisis por parte de la Corte Interamericana al analizar el sentido y alcance del derecho contenido en el artículo 13 de la Convención Americana.
Los precedentes logrados han ido definiendo un orden público regional en materia de libertad de expresión y han contribuido al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Los mismos exigen la reformulación de legislación y las prácticas estatales. Los fallos de la Corte Interamericana deben ser acompañados por un efectivo seguimiento de su cumplimiento, ámbito en el cual el compromiso de los Estados es fundamental y en el que la labor de la Relatoría adquiere especial relevancia.
Nuevos desafíos presenta la Región en materia de Libertad de Expresión que exigen a la Comisión Interamericana y su Relator para la Libertad de Expresión.
En materia de acceso a información pública, por ejemplo, resulta necesario profundizar los contenidos del derecho y vincularlo a otros derechos fundamentales de la persona humana, como es la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos públicos y los derechos sociales, extendiendo su alcance a la obligación de generar información. Solo una ciudadanía bien informada y con posibilidades reales de participación puede contribuir a la toma de decisiones en la gestión de los asuntos públicos en nuestros países.
Significativo es también incorporar en el contexto del artículo 13 de la Convención el derecho a la radiodifusión comunitaria y garantizar el acceso de los grupos desprotegidos a las nuevas tecnologías de la información, especialmente aquellas vinculadas con la televisión digital. El pluralismo que promueve el artículo 13 la Convención Americana demanda la adopción de medidas, incluidas las legislativas, orientadas a favorecer los contenidos sociales del derecho a la libertad de expresión.
En materia de restricciones, ha llamado la atención de la comunidad regional las prácticas estatales en materia de asignación de la publicidad estatal, fenómeno que exige una atenta mirada por su importancia para la viabilidad e independencia de los medios de comunicación social, sobre todo aquellos de incidencia local y regional. A su vez, la ponderación del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos humanos como la honra y vida privada, requiere una constante y atenta revisión, y exige la sustitución de la sanción penal por la responsabilidad civil como criterio de reparación de eventuales abusos al ejercicio del derecho. Sin embargo, las sanciones civiles sólo deben proceder en casos estrictamente necesarios y bajo estándares como la real malicia.
En fin la Relatoría debe continuar y profundizar su trabajo hemisférico para la promoción de la libertad de expresión entendida, no sólo como piedra angular de la democracia, sino además, como una herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos humanos.
Marcello Scarone
“Volvería a dar importancia a la libertad de prensa clásica”
Creo que los retos actuales de la Relatoría son los mismos de siempre. El fortalecimiento y respeto de la libertad de expresión (en todos sus aspectos) siempre han sido y siguen siendo un derecho humano de los más fundamentales. No hay razón para que eso cambie.Dicho esto, y de manera más concreta, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión debe seguir llamando la atención de la CIDH sobre los asesinatos de comunicadores y las agresiones físicas y amenazas que varios periodistas siguen recibiendo, así como sobre la existencia de una creciente tendencia a la utilización recurrente por parte del poder público de métodos más sutiles de coaccionar a los medios de comunicación que afectan la diversidad de las fuentes informativas.
Por supuesto, el relator también tiene que jugar un papel muy importante en el tema de análisis de la situación de libertad de expresión en todos los países de la región, así como la región en general, compilar infamación, dar mayor visibilidad a la protección y fomento de este derecho, mediante publicaciones, conferencias, etc.
Como parte de un organismo internacional, debe trabajar con las autoridades nacionales competentes en la materia, y no solo enfrentarse a ellas, pero al mismo tiempo cooperar de manera muy estrecha con las asociaciones de la sociedad civil, los periodistas y sus agrupaciones y los medios de comunicación e información directamente. Con respecto a eso, creo que el nuevo relator debería mantener el trabajo que en la región (Relatoría, asociaciones, etc.) se ha venido desarrollando en los últimos años en el tema que mas se ha puesto de actualidad, la transparencia y el acceso a la información, pero al mismo tiempo hay que volver a dar mas importancia, como la tuvo en su comienzo, a la libertad de prensa “clásica” y al trabajo con los periodistas y sus agrupaciones o entidades de la sociedad civil (como por ejemplo el IPyS, y muchas más) , que siguen siendo, en muchas maneras los mas fervientes defensores de la libertad de expresión en su conjunto. Las posibilidades para más cooperación tripartita entre la Relatoría, las autoridades oficiales y las asociaciones/periodistas son enormes.
“El desafío principal consistirá en relegitimar la Relatoría”
Entrevista con Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, de Argentina.
¿Cuáles son los nuevos retos de la Relatoría para la libertad de expresión de la OEA?
El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información son una premisa básica para la consolidación de las democracias en los países de la región. Asimismo, constituyen una herramienta fundamental para la denuncia y protección de los demás derechos humanos.
No es un dato menor que la Relatoría para la Libertad de expresión sea la única Relatoría Especial que cuenta con un experto independiente, en lugar de estar a cargo de uno de los comisionados de la CIDH.
Sin embargo, tomando en consideración la crisis por la que atravesó la Relatoría este último tiempo, el desafío principal consistirá en relegitimarla como una institución idónea para promover y proteger la libertad de expresión y el acceso a la información en la región. Otro de los retos fundamentales que debe enfrentar es el de fortalecer el trabajo que se venía ejerciendo desde la Relatoría, en temas como el derecho a expresarse libremente y de acceso a la información; pero además es preciso que el nuevo/a Relator/a profundice su agenda de trabajo respecto de problemáticas que en los últimos años han emergido en la región, como la concentración en la propiedad de los medios, la necesidad de ampliar las voces y el acceso a medios de sectores excluidos, la regulación de emisoras de radio y televisión, la asignación de la publicidad oficial, entre otras cuestiones.
Hay una lista corta de candidatos competentes para la Relatoría. ¿Qué perfil de Relator es más conveniente considerando las exigencias actuales de la defensa de la libertad de expresión en América Latina?
En este contexto, el Relator debe contar con aptitudes técnicas acreditadas. En tal sentido, debe estar en condiciones de suministrar experiencia de trabajo en el tema de libertad de expresión y derecho a la información.
Numerosas organizaciones de derechos humanos hicieron críticas al anterior proceso de selección del Relator. ¿El proceso actual te parece idóneo?
Las normas de procedimiento para la designación de Relatores Especiales a cargo de la protección de los derechos humanos emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen un importante paso adelante que fortalecerá y promoverá la transparencia y legitimidad en la designación de los candidatos, garantizando de este modo la idoneidad, independencia y el compromiso requerido para ejercer sus funciones en pos de la promoción y defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Si se cumple con el procedimiento fijado por la propia CIDH, el proceso será idóneo.
La Comisión no dará a conocer la lista completa de postulantes. No sabremos, por vía oficial, quiénes no fueron seleccionados. ¿Es justificada esta confidencialidad?
La reserva de la identidad de aquellas personas que originariamente se postularon pero que finalmente no forman parte de los candidatos a ser elegidos para ocupar el cargo de Relator, no atenta necesariamente contra la transparencia y legitimidad del proceso. En la medida en que los 5 finalistas cumplan con los requisitos técnicos y objetivos que conforman los criterios de elección, el proceso permanecerá resguardado. Por otra parte, esa confidencialidad puede incluso leerse como una medida para preservar a quienes finalmente no han sido seleccionados.
Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Cono Sur, 9 de julio de 2008
Estimados/as Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Los abajo firmantes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la difusión, el respeto, la protección y la difusión de la libertad de expresión en la región, con el afán de contribuir en el proceso de selección del/a Relator/a Especial para la Libertad de Expresión, queremos hacer llegar los siguientes comentarios respecto de la decisión que ha de realizarse para elegir entre aquellas personas que conforman la lista corta de cinco candidatos/as.
Saludamos que el proceso de selección para un/a nuevo/a Relator/a haya respetado reglas de transparencia y publicidad que desde la sociedad civil se solicitó en anteriores instancias.
La región enfrenta un momento crucial en el afianzamiento de los estándares básicos de libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. La persona elegida para estar a cargo de la Relatoría deberá afrontar estos retos y reconstruir una trama de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil de la región especializadas en asuntos relacionados con la protección y defensa de la libertad de expresión, sin perjuicio del trabajo con otras organizaciones sociales de derechos humanos.
Por lo expuesto, resulta imprescindible para los abajo firmantes, seleccionar un/a Relator/a que cuente con un perfil que incluya los siguientes aspectos:
• Un profundo conocimiento jurídico en general avalado por su experiencia profesional previa a esta designación.
• Un importante dominio del derecho aplicable en materia de libertad de expresión en la región.
• Un cabal conocimiento del funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los avances alcanzados por éste en la materia sobre la que opera la Relatoría.
• Un compromiso profundo con los valores democráticos y los derechos humanos evidenciado por su trayectoria.
• La sensibilidad necesaria para responder a la defensa del interés público y la independencia de criterio imprescindible para anteponer la defensa de la libertad de expresión por sobre todo interés particular que sea incompatible con aquél.
Con la esperanza de que la persona seleccionada reúna estas condiciones, y sin otro particular, los/as saludamos a Uds. Muy atentamente,
Gastón Chillier (Director Ejecutivo, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS)
Gustavo Gómez (Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación, AMARC-ALC)
Edison Lanza (consultor jurídico de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU)
Roberto Saba (Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, ADC)
Jorge Pan y Diego Camaño (presidente y abogado, Instituto de Estudios Legales y Sociales, IELSUR)
Fuente: IPYS