Por Roberto Caballero, Adrián Murano, Graciela Moreno y Luz Laici
En 60 días ya nada será lo que era. Después de veinticinco años, la Argentina tendrá una nueva Ley de Radiodifusión, esta vez impulsada por un gobierno elegido por el voto popular. El salto cultural es inmenso: la actual, 22.285, que rige desde hace más de un cuarto de siglo, fue creada por criminales de Estado, como Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
Hay cuatro personas que saben, por estas horas, el contenido definitivo de la nueva norma, que afecta los intereses empresarios directos de barones mediáticos como Daniel Hadad, José Luis Manzano, Daniel Vila, Héctor Magnetto, Francisco de Narváez y Alberto Pierri, entre otros.
El borrador principal lo tiene Cristina Fernández de Kirchner en su despacho. Hay tres copias más. Una llegó a manos del secretario de Medios, José Albistur; otra recibió los retoques del vicedecano de Sociales de la UBA y abogado de FoPeA, Damián Loreti; y, dicen, la restante tuvo la atenta lectura y comentarios de Néstor Kirchner, aunque el custodio real sea Carlos Zanníni. Antes de fin de mes, el proyecto definitivo entraría en Diputados, donde se descuenta que la mayoría hirchnerista haría el resto, es decir, votarlo sin objeciones. Se trata de una ley con 150 artículos cuyo objetivo declarado es "reducir la concentración de medios" y que incorpora el apartado 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, que integra el Pacto de San José de Costa Rica, que dice: "Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia el restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de información de los ciudadanos".
Detrás de las palabras, en realidad, se trata de una ley tan medular que su solo bosquejo ya puso en alerta y movilización no sólo a los capitanes mediáticos, sino a los futuros inversores, las empresas de telefonía, las organizaciones sociales, los sindicatos de televisión, el mundo universitario y los intelectuales de las más diversas áreas como las ciencias, el arte, el periodismo, la literatura, el feminismo y hasta el psicoanálisis. Al menos ocho fuentes consultadas por Veintitrés (tanto oficiales como opositoras al proyecto) coincidieron en destacar la "determinación" de Cristina para sancionar el nuevo marco jurídico: "Esta vez va en serio", dicen que la jefa de Estado repitió en los siete encuentros que mantuvo en la Rosada con las cámaras del sector.
Tamaña decisión encontró eco en el foro conocido como Grupo Gandhi, que reúne a Horacio Verbitshy, Noé Jitrife, Nicolás Casullo, Ricardo Forster y otros 1.500 intelectuales, los mismos que redactaron la "Carta Abierta 1" alertando sobre el "clima destituyente" instalado por los sectores concentrados de la comunicación. Ahora, aunque sin ocultar su esperanza por la inminencia del cambio, este grupo se permitió, en una segunda carta que se reproduce íntegra tres páginas más adelante, un párrafo donde consignan sus dudas sobre los verdaderos alcances de la nueva ley: "La experiencia de los argentinos en estos veinticinco años que van de gobiernos constitucionalmente elegidos también indica que los proyectos de ley que hoy se están escribiendo pueden eventualmente ir a parar al mismo cajón al que fueron los 37 proyectos que alcanzaron estado parlamentario en este lapso, incluidos dos propuestos por el Poder Ejecutivo, empantanados todos ellos entre las presiones corporativas y la triste ausencia de decisión política gubernamental". ¿Escepticismo intelectual? Puede ser. Algo es cierto: no hay ley que valga sin voluntad política de hacerla cumplir. Por caso, aun con la impresentable y reaccionaria norma vigente, el ComFeR o cualquier fiscal podrían impugnar hoy mismo al diputado Francisco de Narváez, socio de América TV. Sus actividades políticas son incompatibles con la propiedad de un medio. O también retirarle la licencia de Canal 9 al empresario mexicano Ángel González: la Ley de Bienes Culturales impide que la participación extranjera supere el 30 por ciento de las acciones de una empresa. O sancionarlo porque los contenidos foráneos de la pantalla exceden largamente los permitidos. U obligar al Grupo CIE Rock & Pop, también mexicano, a vender cinco de las siete radios que tiene. Eso podría hacerse ahora y no se hace. También es cierto que los antecedentes oficiales en la materia no entusiasman demasiado. Siendo presidente, Néstor Kirchner extendió las licencias de los operadores de radio y TV por una década. Paradójicamente, no fue a pedido de Clarín, sino de otros grupos concursados. Pero u polémica medida cristalizó en su momento lo que cuestiona ahora. ¿Por qué, según declaman sus voceros, ahora podría ocurrir lo contrario?
Los que le atribuyen al matrimonio presidencial actuaciones por simple temperamento, atizan la hipótesis de que la parcializada (y por momentos vergonzosa) cobertura mediática del lockout agrario terminó convenciéndolo de la necesidad de limitar el poder de los oligopolios informativos.
Los carteles de "Clarín miente" o "Todo Negativo" que se vieron en los actos oficiales fueron el reflejo del enojo K por lo que consideraban una traición: el kirchnerismo ya había cedido parcialmente al pedido del Grupo Clarín para que bendijera la meneada fusión de Cablevisión y Multicanal. Hasta hubo un dictamen de Defensa de la Competencia que dijo que no había "abuso de posición dominante". Sin embargo, lo único que había hecho el Gobierno hasta entonces era no oponerse a la compra. Lo cierto es que la fusión nunca fue aprobada hasta el punto de que los dueños de las operadoras recibieron una sanción oficial por haber unificado las revistas que envían a sus clientes. Pero con el lío chacarero, las cosas empeoraron. Y la situación parece haberse instalado en un punto sin retorno. Es revelador, en ese sentido, el testimonio en off the record que un alto gerente del Clarín le confió a esta revista el miércoles 4: "No nos consultan ni nos consultaron nada (sobre la nueva ley), como sí ocurrió en otras ocasiones donde se debatía su modificación. Cuando estaba Gustavo López en el ComFeR, durante el gobierno de De la Rúa, por ejemplo, hubo varios borradores y nos preguntaban a cada rato. Ahora no, el debate pasa exclusivamente por los funcionarios". ¿Por qué se margina al principal holding comunicacional del país de la mesa de negociaciones de una ley que atañe básicamente a sus intereses? ¿Acaso es el "esta vez va en serio" de Cristina traducido al lenguaje de los hechos consumados?
El lunes 2, Gabriel Mariotto disertó en una peña cultural filoperonista llamada "Agrupación Oesterheld", que se reunió en el Hotel Bauen. El discurso del reemplazante del ex Guardia de Hierro Julio Bárbaro al frente del organismo de aplicación de la futura Ley de Radiodifusión no fue recogido por los grandes medios. Tres párrafos dan pistas de lo que está ocurriendo en el corazón del poder:
"Es un momento histórico (...) Hay un gobierno que ha tomado una decisión muy firme de hacer lo que había que hacer, a pesar de lo que publiquen en su tapa los diarios el día después".
"Si mañana dicen 'En el invierno va a faltar gas', y el mismo grupo reproduce eso en su agencia de noticias, su diario, sus radios AM y FM, en el canal informativo, y en los noticieros del canal de aire con la cara de Santo Biasatti, no hay tiza y carbón que resistan tal operación de un holding mediático, por eso necesitamos una ley que permita la pluralidad y que muchas voces se puedan expresar (...) La difamación está en el umbral, vendrán cualquier tipo de improperios y ahí le daremos la batalla también".
"Por eso preguntaría a los diarios centenarios de los próceres de la oligarquía qué pasa en los países centrales que ellos tanto defienden. Por qué no transcriben en sus páginas esas leyes (...) En el debate nosotros tenemos muchos más argumentos que ellos (...) que se resisten a que el Estado tiene que intervenir para dar equidad".
En estas palabras hay dos referencias que los barones mediáticos no deberían dejar pasar: la crítica tácita a Clarín fue pronunciada por el funcionario que aún puede revertir reglamentariamente la fusión entre los dos principales cableoperadores del país y tampoco se puede ignorar la mención a los modelos extranjeros.
Mariotto anticipó en aquella velada la jugada para evitar que la nueva política de medios K sea comparada con la del chavismo. En Venezuela, el Estado armó una nueva ley de radiodifusión y, a su vez, no le renovó su licencia a la principal cadena de TV, con el fantasma de la expropiación dando vueltas en el aire. El proyecto local, en cambio, está inspirado en dos modelos que raramente podrían considerarse anticapitalistas o antidemocráticos: el de Estados Unidos y el de España. El 19 de junio, el mismo Mariotto viajará a Norteamérica para entrevistarse con las autoridades de la FCC (el ComFeR estadounidense). En su carta de presentación ante el senador Byron Dorgan, el embajador Héctor Timerman apuntó: "La Argentina observa con enorme interés el proceso desarrollado en EE.UU. contra los monopolios y oligopolios en los medios y aspira a un objetivo en el mismo sentido".
Veintitrés ubicó a dos técnicos que participaron de la redacción del borrador de la nueva ley. Recelosos, accedieron a reelaborar los párrafos sustanciales in voce: ni siquiera ellos se quedaron con una copia del proyecto. Las siguientes, entonces, serían las medidas "antimonopólicas" que, en el nuevo relato K, garantizarán la diversidad informativa, además de su impacto concreto: « Los operadores de cable, Cablevisión, Muiticanal, Supercanal y Telecentro, no podrían ser titulares de señales informativas o de cualquier otro tipo que se transmitan a través de esos mismos soportes. De ese modo, si Clarín conserva Multicanal debería desprenderse de TN, Magazine y Metro. Al mismo tiempo, Pierri debería renunciar a Canal 26. Y si Hadad quisiera comprar un cableoperador debiera vender primero C5N, o el futuro canal de moda que estudia poner al aire. Esta sería la apuesta de máxima del ala dura.
Las cooperativas de servicios públicos sin fines de lucro podrán ingresar al mercado de los cableoperadores, con lo cual aprovecharían las ventajas de sus redes (el tendido del servicio previo) para competir contra el poder de los "megacables" ya instalados.
Ningún operador podrá tener más de una frecuencia de TV y una de radio AM y FM por jurisdicción. Todavía se discute si un mismo operador podrá tener presencia en cuatro, ocho o doce jurisdicciones. Si la ley fijara, como máximo, cuatro jurisdicciones, Telefónica debería vender uno de los nueve canales que posee en la actualidad. El Grupo Vila estaría en el límite y no podría seguir creciendo en el negocio de la televisión abierta. Si fueran ocho las jurisdicciones, e] Grupo Prisa también se vería perjudicado y tendría que desprenderse de dos de las diez licencias que Julio Bárbaro le otorgó en un trámite sospechosamente veloz. Paradójicamente, Raúl Moneta, con su Radio Belgrano, sería el único que cumpliría con la ley. De locos. En la misma lógica, el CIE Rock & Pop tendría que rematar cinco de sus siete radios y el Grupo Vila, dejar una radio en Mendoza.
Bajo ningún punto de vista la nueva ley aceptará cadenas nacionales: el mismo operador que tenga radios o televisoras en distintas jurisdicciones deberá mantener la independencia de las programaciones y dotarlas de producción local en un porcentaje mayoritario. Este punto es nodal para el Grupo Clarín, que vería desdibujarse su cadena de radios en el interior del país, las que, si bien no infringen la disposición que prohíbe más de una radio por área, tendrían que incorporar mayor contenido local; y para el Grupo Prisa, que aspiraba a hacer lo mismo con las frecuencias que le otorgó Julio Bárbaro.
Cumpliendo con la Ley de Bienes Culturales, la norma nueva prohibiría al capital extranjero la tenencia de más del 30 por ciento de las acciones de un medio, así que el empresario mexicano González tendría que vender el 70 por ciento de Canal 9, Telefónica debería hacer lo propio con el 70 por ciento de Telefe y Prisa tendría que desprenderse de Radio Continental. En los tres casos mencionados, los titulares de dichas empresas se escudan en que los dueños de las emisoras son empresas constituidas en Estados Unidos y estarían protegidas por los tratados de reciprocidad que rigen con ese país (que sin embargo no rigen para España y México). La nueva ley exigirá que se considere propietario no sólo al propietario directo, sino al último propietario en la cadena, con lo cual si el dueño de Canal 9 es una empresa americana, y el dueño de esa empresa extranjera es un mexicano, debe deshacerse del medio. En este sentido, la ley sería revolucionaria: aplicaría lo último en legislación americana con respecto a la titularidad de empresas que se sancionó para evitar el lavado de dinero. Ni Televisa, ni Telmex, ni Slim, ni O Globo podrían entrar al mercado nacional que, en este punto de la ley, reconoce a Clarín, a Vila y a Hadad su condición de empresarios "nacionales".
Las frecuencias de radio y TV en una misma jurisdicción deberán repartirse por tercios entre el sector privado, el sector público y las organizaciones no gubernamentales. De este modo, cuando se reordene el espectro de frecuencias después de la digitalización, en la Capital Federal habría doce canales de aire, de los cuales cuatro deberían ser privados, cuatro públicos y cuatro de las ONGs. Esto perjudicaría por igual a Clarín, González, Manzano y Telefónica: los cuatro aspiraban a que con la digitalización los canales agregados fueran repartidos entre ellos.
Además, la ley impondrá un límite implacable: ningún medio podrá tener más del 35 por ciento de la audiencia. Queda por definir si esa porción será en relación a la población nacional o de cada jurisdicción. Esta norma obligaría al ingreso de un tercer canal de TV en Mendoza, debido a que el Grupo Vila y su competidor local se reparten el 50 por ciento de la audiencia en esa provincia. Lo mismo le ocurriría al Grupo Goyán (NdE Televisión Litoral SA), con un canal en la provincia de Santa Fe; al Grupo Ick en Santiago del Estero; al gobernador Capitanich, con su canal del Chaco, y a Enrique Nosiglia con el canal de Río Cuarto. En todos estos últimos casos, sus audiencias superan el 70 por ciento de la población jurisdiccional.
Los dos puntos centrales de la nueva ley son la posible declaración de la ley de radiodifusión como de "orden público", y la incompatibilidad de tenencia simultánea de medios gráficos y audiovisuales. Lo primero es fundamental para que todo el proceso pueda concretarse: si la actividad no es declarada de "orden público", los actuales licenciatarios podrían excusarse en "derechos adquiridos" y recurrir a la Justicia para que impida la obligación de vender los medios que asegurarían la pluralidad informativa. En ese sentido, el uso de la Justicia es un método usual en la pelea de los barones mediáticos con el Gobierno. Cualquier sea este. En la época de De la Rúa, cuando Gustavo López impulsaba la Ley de Radiodifusión que le permitía a Clarín una cadena nacional, el Grupo Vila obtuvo un amparo que trabó su posterior sanción. El helicóptero hizo el resto. Hace una semana, Clarín eludió la orden del ComFeR de reordenar la grilla de sus cables y colocar a TN en el canal 6 mediante un amparo en el Juzgado Federal de Misiones. Fue también un amparo lo que le abrió las puertas a Mario Pergolini para quedarse con la FM X4, obstruyendo el ingreso de los competidores que habían ganado el concurso.
El tema de la gráfica es aún más complejo, porque si el Gobierno se decidiera por la opción de prohibir la tenencia simultánea de medios audiovisuales y gráficos, el Grupo Clarín se vería en el desagradable trámite de abandonar su nave insignia y Hadad debería resignar sus proyectos de reingresar en la gráfica.
Julio Rajneri, el barón mediático de Río Negro, vería sepultada para siempre su ilusión de tener un canal en su provincia y el Grupo Vila debería decidir entre el Canal 7 de Mendoza y el Diario Uno, así como también Sigifrido Alonso, dueño de Canal 9 de Mendoza, tendría que despedirse de sus emprendimientos gráficos. En Córdoba, Clarín se vería obligado a elegir entre La Voz del Interior y su canal, y en la Capital Federal, De Narváez estaría violando la ley si no se desprendiera de su participación en América TV o su tenencia en El Cronista Comercial. Y hasta Marcelo Tinelli, dueño de Radio del Plata, debería despedirse de la idea de comprar Crónica. Este punto sensible sería recién resuelto por Cristina el día antes de que el proyecto entre en Diputados. Ya nada será igual. Se acaba la dictadura hecha ley. Con sus más y con sus menos, habrá una ley de la democracia para la radiodifusión. Eso siempre es mejor que hacerle caso a Videla & Cía. ¿Alguien puede opinar lo contrario?
Triple Play. El Gobierno aún no aprobó la fusión entre las operadoras Cablevisión y Multicanal. El dato es clave para el Grupo Clarín, ya que la operación es la plataforma
para su ingreso en el Triple Play, un sistema que permite la transmisión de telefonía, datos y tevé. Las telefónicas pujan por entrar, y exhiben un dato: en Chile, su inclusión bajó un 30% los costos de! servicio.
Opiniones
Por Gustavo López / Presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos y ex interventor del ComFeR
Con un gobierno fuerte y con mayoría parlamentaria están dadas las condiciones para que de una vez por todas se sancione la ley. La actual lleva la firma de Videla, es inaplicable, vetusta, ideológicamente aberrante y está llena de lagunas jurídicas que se fueron llenando con parches y perdió todo tiempo de coherencia. Los cambios van a ser profundos: se va a ampliar la libertad y la búsqueda de información, van a limitarse los monopolios y se van a sumar muchas voces. La fusión de Multicanal y Cablevisión fue un error jurídico ya que no recrea el espíritu de la defensa de la competencia, así que es correcto que se anule. Es importante que la nueva ley sea clara, que no esté sujeta a subjetividades y que desde el punto de vista de los avances tecnológicos se adapte a los tiempos que se vienen. Con respecto a los contenidos sólo se deben limitar en el horario de protección al menor, que además debe cambiar y acotarse a las 20 horas, ya que esa es la forma de acrecentar la libertad de expresión. También estoy de acuerdo con el límite que impide que más del 30 por ciento del capital que integran los medios esté en manos de extranjeros y agregaría que en ningún caso el grupo debe tener control societario. En diciembre se cumplen 25 años de democracia y la sanción sería un lindo regalo de bodas de plata.
(Testimonio recogido telefónicamente)
Por Henoch Aguiar / Experto en comunicación. Ex secretario de Comunicaciones (1999-2001)
Hay consenso pleno en decir que la ley debe permitir el ingreso de nuevas voces en la opinión pública argentina. Pero redactarla es insuficiente. Una ley incumplida no es más que papel mojado en tinta. El ComFeR, cómplicemente, evitó expedirse sobre las más importantes compras de medios en los últimos doce años, que violaban los límites a! número máximo de licencias, a la titularidad extranjera de medios, a la acumulación de licencias en una misma ciudad, ahogando así la multiplicidad de fuentes. El futuro regulador, por tanto, deberá ser colegiado, políticamente plural, representativo de la sociedad e independiente del gobierno, con periodos y modos de elección que lo distancien de los ciclos políticos. La comunicación social no puede ser la moneda de cambio en el trueque político entre medios y gobierno, lo que sucede desde 1983 hasta hoy. Hay que hacer crecer los pequeños y medianos emisores. Voces gruesas harían inaudibles las más pequeñas. Francia, España y Estados Unidos, Brasil y Colombia, impiden que extranjeros, por el subterfugio que sea, posean la mayoría de un medio nacional. El tope suele ser de 20 por ciento. Menem permitió, tratados mediante, el 100 por ciento. La ley debe establecer un límite. La ley no debe ignorar que ha cambiado el mapa del poder en la comunicación y que los titulares de las redes de telecomunicaciones vienen por todo. No salgamos de Guatemala pare entrar en Guatepeor.
Fuente: Revista XXIII