Sí, hay crisis, señora Presidenta
La Voz del Interior
Preocupa la negación de la realidad del interior por parte del Gobierno nacional. Preocupa también que deje hacer a la espera de que la protesta se diluya, mientras lo que se diluye es la esperanza de millones de argentinos en un futuro mejor.
El lunes y el viernes pasados, la presidenta Cristina Fernández habló dos veces de lo bien que anda el país. No pretendemos dudar de la capacidad de los asesores presidenciales. Seguramente redactan sus informes sobre la base de cifras incontrastables, como las que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Nadie puede refutar los datos sobre los índices de consumo en los restaurantes de Recoleta y Puerto Madero; sobre las tasas de ocupación de hoteles de cuatro y cinco estrellas en la Capital Federal, El Calafate y Puerto Iguazú; sobre las ventas de televisores de plasma en shoppings del norte del conurbano bonaerense.Sólo nos atrevemos a sugerirles, a los asesores presidenciales y a la propia jefa del Estado, que levanten su mirada y la proyecten un poco más hacia el interior profundo del país. Por cierto que nadie puede sentirse sorprendido. La Presidenta fue muy clara cuando dijo: “No vivimos una crisis en estos 90 días; lo pueden observar todos los ciudadanos de Buenos Aires”.
Lo que sorprende, sí, es que quien en ese mismo discurso afirmó que no se siente una estadista sino “simplemente una presidenta de la República” que debe “gobernar para todos los argentinos”, quien dijo creer “en una Argentina federal”, haya limitado su análisis a un entorno edulcorado.
En la Argentina sí hay crisis. De origen político y consecuencias económicas. En Córdoba hay crisis. La hay en Bell Ville y Marcos Juárez, por la paralización de las fábricas de maquinarias agrícolas; la hay en Luque, Las Varillas y Arroyito, por los problemas de abastecimiento en fábricas tradicionales; la hay en Río Cuarto y San Francisco, por caídas de ventas de 10 a 50 por ciento en los comercios; la hay en Villa María y Freyre, por la imposibilidad de que empresas lácteas saquen su producción a los mercados; la hay en Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Mina Clavero, por la abrupta reducción de las reservas turísticas; la hay en Jesús María y Deán Funes, por las suspensiones en la faena y el comercio de carnes.
No hay pueblo de Córdoba que no esté afectado por la reducción de la actividad económica, la consiguiente caída de la recaudación impositiva y el envío discrecional de fondos desde el poder central. Y lo mismo ocurre, con mayor o menor intensidad, en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, como núcleo primario, y el resto de las provincias, por el desquicio general que vive la nación y que ha llevado inclusive a que se derramen millones de litros de leche cada día.
Podríamos seguir enumerando. Pero la geografía entera del país está afectada por el conflicto de casi 100 días entre el Gobierno y el campo, con sus derivaciones hacia otros sectores de la economía –como los transportistas de cereales y el complejo agroindustrial en pleno–, la escasez de combustibles y el desabastecimiento de productos e insumos, más allá del transitorio acuerdo anunciado el viernes a última hora.
¿Cómo puede, entonces, afirmarse que no hay crisis? ¿Cómo puede el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asegurar que “el conflicto terminó” luego de los últimos anuncios de la presidenta de la República? ¿Cómo puede el ministro del Interior, Florencio Randazzo, garantizar que este Gobierno no permitirá piquetes de ninguna naturaleza, si hace más de dos años que hay cortes de ruta “oficiales” en el puente que separa (qué bueno sería decir que une) Entre Ríos con Uruguay?
No hay sólo exceso de voluntarismo en estas expresiones. Hay, en realidad, un preocupante desconocimiento de lo que está ocurriendo en el país. Hay un “dejar hacer” por parte de los tres poderes del Estado, a la espera de que la protesta se diluya, mientras lo que se diluye es la esperanza de millones de argentinos en un futuro mejor.
Se equivocan y delinquen quienes cortan rutas y afectan al resto de la sociedad para reclamar por lo que creen justo. No menos se equivoca el Gobierno cuando cree que ésa es una conspiración de oligarcas y no ve que el propio discurso oficial y el estilo autoritario de ejercer el poder alimentan la bronca piquetera.
No se discute el derecho de la presidenta de la Nación a ejercer el poder. Pero ésta se equivoca asimismo cuando habla de que la medida adoptada el 11 de marzo fue en uso de “atribuciones legítimas que le confiere la Constitución”. Fue, en todo caso, en uso de atribuciones extraordinarias cedidas por el Congreso, en violación, entre otros, de los artículos 29 y 75 de la Carta Magna. Porque la imposición de gravámenes es facultad del Parlamento. Y éste brilló por su ausencia en todo el conflicto.
Pero si un decreto sirvió para imponer un tributo, no es útil para cerrar la crisis. No se trata ya de buscar culpables de lo que ocurre sino de hallar soluciones. Y la ciencia política dice que cuando un conflicto es tan complejo, extendido, prolongado y generalizado como el actual, no se soluciona con voluntarismo ni imposiciones sino, como la misma Presidenta dijo el lunes, “tendiendo la mano a todos” los involucrados. Sabiendo que cada día que pasa es una oportunidad perdida. Y una invitación a la violencia.
No es tiempo de soberbia ni de rencores. Dialogar no debilita sino que fortalece. Porque muestra a un gobernante preocupado por la búsqueda de soluciones antes que por humillar a sus adversarios. El pueblo exige soluciones ya.
Un terremoto social con epicentro en Gualeguaychú sacudió a la Argentina
Daniel Tirso Fiorotto, De la Redacción de UNO
Por izquierda y por derecha; independientes, radicales, peronistas, socialistas; cristianos, ateos; empresarios, obreros: miles y miles gritaron ayer todos al unísono, un atronador ¡basta!
La disociación entre discurso y práctica, que caracteriza a la gestión del matrimonio presidencial, tocó un extremo y fue el pueblo en las calles el encargado de trazar la raya. La presidenta Cristina Kirchner, que decreta a favor de multinacionales y especuladores y grupos concentrados de la economía, pero sostiene un discurso de apariencia distribucionista y con pretensiones “progresistas”, y ante los reclamos de sectores populares embiste con todo tipo de calificativos negativos contra mujeres y hombres argentinos, recibió ayer un repudio generalizado en las calles y todo indica que ya nada será lo mismo.
Muchos recordarán la jornada de ayer, 14 de junio de 2008, por la pueblada en respuesta a la soberbia oficial, pero ya se preparan nuevas manifestaciones, oficialistas por un lado, y con simpatizantes del campo por otro, de modo que el conflicto de tres meses se agudizó y anudó más que nunca.
Es difícil recordar un levantamiento generalizado, en todo el país, contra una cadena de errores a un punto inexplicable, del gobierno nacional. A 11 días de recordarse el Grito de Alcorta, que hizo historia en el movimiento campesino de la Argentina con la lucha de los arrendatarios, los productores volvieron a la escena nacional pero esta vez con millones de argentinos aliados a la protesta, principalmente por la fastidiosa determinación del gobierno central de agredir al ciudadano que reclama. Después de años de indiferencia con sectores del campo, entre otros, y puesto ante la protesta de los productores, optó por buscar su descrédito y justificar a cualquier costo una política errática, antes que aportar ideas para superar el conflicto.
Miopía
El Día Gualeguaychú
Estaba claro que este gobierno nunca tomó nota de la dimensión del conflicto con el campo. Pero ayer llegó al colmo de la insensatez. Y como dice el refrán, le salió el tiro por la culata.
Porque el fallido desalojo de la ruta 14 terminó creando las condiciones para que Alfredo D’Angeli, el líder agrario, tuviera su propio 17 de octubre. ¡Nada menos! De repente, su apresamiento junto a otros productores por parte de la Gendarmería, levantó a los pueblos del interior.
Para la mirada atenta, la torpeza del gobierno se veía venir. Porque el lunes pasado intentó, arrogantemente, despachar sin más el asunto. El tema se acabó, dijo, aunque la sensación que había en la sociedad era muy distinta.
Quiso creer que había ganado una batalla ante la opinión pública, tras prometer construir hospitales con el excedente de las polémicas retenciones. Vislumbró que había quebrado a los dirigentes ruralistas con esa estrategia.
Se ilusionó con que había pasado a la ofensiva. Porque, de última, ¿quién discutiría la medida presidencial de mejorar los servicios de salud para los pobres? El discurso distribucionista cerraba, parecía no tener fisura.
Enamorado de su propio diagnóstico y relato, así, ayer se creyó con poder para poner orden en las rutas. Y todo le salió mal. No sólo debió retroceder en su intento ante una increíble pueblada, sino que hizo agrandar otra vez a su adversario.
Con otra agravante no menos inquietante: ahora aparecerá con la mácula imborrable de un gobierno progresista haciendo uso desmedido de la fuerza contra chacareros díscolos.
¿Cómo digerirá esta circunstancia el kirchnerismo, que hasta aquí se ufanaba de no reprimir a nadie? ¿No era éste un recurso típico de la derecha?
Lo concreto es que la jornada de ayer supuso un retroceso en la táctica gubernamental dirigida a desgastar la protesta agraria.
¿Pero acaso no le asiste al gobierno el derecho de preservar el libre tránsito en los caminos, incluso haciendo uso de la fuerza? Aquí, justamente, está el dilema de la administración K: ella es la primera sospechada de violar la ley.
Porque hay consenso en el sentido de que el uso de la acción directa, hoy generalizado como forma de protesta, fue incubado primero en el desprecio institucional de los que mandan.
Primera omisión flagrante: en las Repúblicas, y la Argentina lo es, a los impuestos y sus alícuotas debe fijarlos el Congreso. No quedan al arbitrio de ningún mandamás.
Al margen de que hay fundadas sospechas sobre el carácter confiscatorio, y por tanto inconstitucional, del aumento de las retenciones en marzo, y que disparó el conflicto.
Querer restablecer el orden después que se lo violó rompiendo el esquema institucional, trae las consecuencias que están a la vista: la anarquía social. Se diría que al gobierno –cruel ironía- le están haciendo probar su propia medicina.
Pero hay algo más grave: este gobierno aún no se ha enterado de que no tiene delante a un grupo de empresarios, a los que puede comprar con suculentos subsidios.
Lo que resiste detrás de D’Angeli y los suyos es una cultura. Porque el campo es eso: un ethos, un modo de ser. Pero además esa cultura da forma al país interior, desde los tiempos de la formación nacional.
Hay una miopía ideológica, de tinte izquierdoso urbano, que no logra ver el vínculo estrecho, casi religioso, de los miles de chacareros y productores con su medio de producción.
Es un sentido de la propiedad que trasciende la rentabilidad. Hecho de arraigo, de tradición y de amor por la libertad.
Es a esta cultura, nada menos, a la que el gobierno ha venido descalificando con los peores adjetivos: avarientos, especuladores, golpistas y demás.
¿Se puede ser tan miope en un país agropecuario como la Argentina?
Imagen: Gonzalo Rodriguez, Diario Uno Entre Ríos