RedCom*
Existe una pública necesidad de avanzar hacia una nueva ley en materia de radiodifusión, que garantice los principios sobre el derecho a la comunicación consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ambas suscriptas por nuestro país y adoptadas con jerarquía constitucional. El propósito de la RedCom es contribuir, desde su ámbito específico, a la redacción de una legislación que responda a los desafíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.
En tal sentido, la Red de Carreras de Comunicación Social de la República Argentina (RedCom) elaboró una propuesta que evidencia numerosos precedentes, emergentes de rigurosos trabajos de investigación, artículos, especialistas, cátedras, informes y material académico.
El propósito de la RedCom es contribuir, desde su ámbito específico, a la redacción de una legislación que responda a los desafíos de la comunicación y las tecnologías en nuestro tiempo.
Diversidad y Pluralismo
Partimos de la idea, (por cierto no meramente académica), de que la actividad radiodifusora –entendida en su concepto más amplio, abarcando la radio y la televisión en sus diversas modalidades de prestación– integra el derecho humano a la información y como tal constituye un servicio esencial para el desarrollo social, cultural, educativo e integral del país que atañe a todos los habitantes tanto individual como colectivamente. Esta concepción debiera ser el principio básico de la ley que se propugna.
En este marco, el objetivo fundamental de cualquier marco regulatorio democrático de los medios de comunicación, debería garantizar la diversidad y el pluralismo. Son necesarias medidas efectivas para promover la diversidad de contenidos y perspectivas, el acceso a los medios de radiodifusión y el reconocimiento de una diversidad de formas jurídicas de propiedad, finalidad y formas de funcionamiento, incluyendo medidas para prevenir la concentración de medios. El marco regulatorio además, debería explicitar el reconocimiento de tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión: público/estatal, privado/comercial y social/sin fines de lucro, considerando que este último incluye los medios comunitarios.
Dentro del sector de los medios públicos, se destaca la modalidad de prestación realizada por las Universidades. En este campo, va-le recordar que la Universidad Nacional de La Plata a través de Radio Universidad sigue siendo la emisora pionera de estas características en el mundo. Creada en 1923, es una emisora que en su gestión se ha caracterizado por reivindicar una verdadera gestión pública. En este capítulo, que nos atañe particularmente, recordamos que en el año 2000 la Asociación de Radios Universitarias Argentinas (ARUNA) con el expreso respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante Acuerdo Plenario 384/00 suscripto en Santa Fe el 19 de diciembre de 2000, aprobó un documento proponiendo los contenidos referentes al Sistema Nacional Universitario de Radiodifusión Pública.
Otro de los puntos clave que debe contener la nueva Ley de Radiodifusión, se refiere a la creación de la pertinente autoridad de control. El otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deben ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales, garantizando una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. El debido proceso y la posibilidad de recurrir sus decisiones, son garantías necesarias en un Estado de Derecho. La existencia de autoridades independientes de control la encontramos en la legislación más avanzada en la materia, tal como se establece en Canadá la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (Canadian Radiotelevision and Telecommunications Comission - CRTC), el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) en Francia o la Autoridad Independiente de Comunicaciones en Sudáfrica (ICASA).
En el actual contexto internacional, no puede omitirse la importancia de determinar con reglas claras las normas tendientes a la inclusión digital. El compromiso de los Estados para superar la brecha digital, expresada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, supone mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios a las nuevas tecnologías y a los desafíos que plantea la convergencia y la digitalización de los soportes analógicos. La digitalización debe ser vista como una oportunidad para corregir los errores en la construcción de este sistema y para subsanar históricas desigualdades y distribuciones asimétricas. En este sentido es que esta coyuntura signifique, tal vez una de las pocas oportunidades que se nos abran en el corto plazo para hacer cambios profundos. Para transformar una “posibilidad” que nos brinda la tecnología, en una “oportunidad” real para una democratización de las comunicaciones y con ello el reconocimiento de nuestros derechos, es imprescindible la plena participación de todos los sectores: el gobierno, los empresarios, las universidades, la sociedad civil organizada, así como los oyentes y televidentes.
Garantizar la universalidad del acceso a la radio y televisión gratuitas, tanto desde el punto de vista de la recepción, como del de la emisión, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes. La llegada de la televisión y la radio digital a todos los rincones de nuestra extensa geografía, de manera tal que todos tengan posibilidad tanto de recibirla como de participar de su elaboración, requiere de la implementación de un marco legal y de políticas públicas activas que estimulen la generación de contenidos, el recambio tecnológico y el acceso a las frecuencias de nuevos actores que permitan la construcción de un mapa diverso y heterogéneo tanto en culturas como en formas de ver el mundo, valores, lenguas, entre otros aspectos.
Mucho es lo que se discute permanentemente sobre el rol social y el sentido de nuestras universidades en general, y de nuestras carreras de Ciencias Sociales en particular. Somos conscientes que es nuestro Pueblo en su conjunto, el que sostiene cotidianamente nuestras Instituciones y no solamente con sus aportes impositivos. Esencialmente, el pueblo deposita todos los días en las universidades la esperanza de un futuro mejor para sus hijos, la ilusión de que la ciencia y el conocimiento sirvan al desarrollo del país, el deseo de que el conocimiento crítico aporte a la formación de hombres y mujeres libres que contribuyan a la grandeza de la Patria.
Comunicación para la Democracia
Por todo lo expuesto precedentemente, y ratificando nuestro pleno compromiso con la implementación de políticas públicas activas que fortalezcan la pluralidad y democratización de las comunicaciones, la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación Social de la República Argentina (RedCom) propone:
1) Avalar institucionalmente el documento “21 Puntos por una Ley de Medios de Comunicación para la Democracia”, en el que muchos de nuestros docentes e investigadores han contribuido para su redacción y difusión.
2) Incorporar a los representantes de las facultades y carreras de comunicación de las universidades públicas de gestión privada, a la posibilidad de acceder a los servicios de radiodifusión universitaria.
3) Establecer una cuota de pantalla para las producciones universitarias, en los medios de comunicación del servicio público de radiodifusión, con el objetivo de difundir prácticas culturales y educativas de las distintas regiones de nuestro país, en las que nuestras carreras universitarias tienen amplia inserción.
4) Participar plenamente en los distintos ámbitos del servicio nacional de comunicación audiovisual, tanto en el sistema nacional de medios públicos, como en la pertinente autoridad de control. Como mencionábamos previamente, el otorgamiento de concesiones, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del servicio de radiodifusión deberían ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno y de grupos económicos y empresariales, debiendo garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de modo que se integren de manera democrática las regiones del país y los sectores sociales que lo componen.
5) Implementar un Laboratorio, Instituto o Comisión Nacional de Estudios y /o Evaluación Universitaria sobre Medios de Comunicación, que pueda contar con el auspicio del Estado Nacional. Nuestra permanente tarea de investigación sobre medios de comunicación puede ser institucionalizada y jerarquizada a partir de la existencia de un órgano específico con prestigio y legitimidad social, que aporte periódicamente insumos válidos para la toma de decisiones sobre políticas de comunicación (comportamiento de audiencias, cartografía de medios, medición cuali-cuantitativa de recepción audiovisual, federalización efectiva de procesos y contenidos, entre otros ítems).
6) Instrumentar una partida específica, por fuera del presupuesto universitario, para garantizar el financiamiento de las actividades de los servicios de radio y televisión universitarias así como para la generación de los contenidos que permitan realizar las producciones que vayan a cubrir las cuotas de pantalla y de aire mencionadas anteriormente.
7) Implementar estrategias de debate permanente –Foros, encuentros, redes virtuales, entre otras formas- acerca de las políticas de radiodifusión que posibiliten ir actualizando las regulaciones y las prácticas acordes a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. De esta manera, se lograría que este proceso de discusión y proyección de nuevas políticas comunicacionales no termine con la sola sanción de una ley sino que se convierta en una gestación permanente de saberes, creencias, visiones y representaciones diversas que eviten nuevas exclusiones y consoliden prácticas perimidas.
En síntesis, reconocer la comunicación masiva como una de las grandes marcas de época que construyen sentido en nuestras sociedades implica considerar la presencia del Estado como una protección y garantía para la libertad de expresión y comunicación. La legitimidad de la intervención pública –garantizada a través de leyes y sistemas que tengan al Estado como garante– se impone como en cualquier otra función colectiva de la sociedad.
*Red de Carreras de Comunicación Social de la República Argentina es la red interinstitucional de carreras, departamentos, escuelas y/o facultades que dictan cursos de grado universitario en periodismo y/o comunicación social. Integrantes de la misma: Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Salta/ Regional Tartagal, Universidad Católica de Salta, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Blas Pascal Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad FASTA de Mar del Plata, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Morón, Universidad Abierta Interamericana y Miembros honorarios.
Texto leído por la Directora de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario Elizabeth Martínez de Aguirre en el panel “Comunicación, Política y Legislación” donde se presentó el documento “Aportes de la Red Nacional de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM) a la nueva Ley de Radiodifusión”
Fuente: Asociación Docente Barrancas del Paraná, junio 2008
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