Medios: ideas alentadoras (dudas sobre aplicación)
El gobierno comenzó a hacer circular ayer un documento con ideas para reformar la actual Ley de Radiodifusión, iniciativa que justifica en la pelea contra los oligopolios de opinión que ve encarnados en «Clarín». Contiene opiniones en favor de la libertad de expresión, en rechazo de la manipulación de la información por parte del Estado, contra el direccionamiento de la publicidad oficial hacia los amigos, y contra el manejo de medios del Estado como si fueran propiedad de los funcionarios. El documento afirma que si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Esta suma de expresiones postula como panaceas cláusulas que ya rigen en la Argentina, como la prohibición de que legisladores y otros funcionarios electos posean medios, algo que nadie cumple ni controla. Hay acertadas críticas a los oligopolios, organizaciones que abusan de su posición dominante, y los gobiernos no aplican las leyes antimonopolio para cuya acción no hace falta el debate de una nueva ley de radiodifusión. En definitiva, no está mal direccionado el gobierno, solamente surgen dudas de que se aplicará una fórmula adecuada para su solución.
En diez días, Cristina de Kirchner tendrá sobre su escritorio el proyecto final de reforma de la Ley de Radiodifusión. A principios de abril, la Presidente activó ese operativo y, antes del relanzamiento del 25 de mayo, quiere contar con un texto para girar al Congreso.
En las últimas tres semanas, siempre flanqueada por el secretario de Medios, Enrique Albistur, y el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, la Presidente se dedicó a anotar las opiniones de empresarios, periodistas y ONG sobre los cambios a la norma.
Pero, en paralelo, el gobierno hizo circular un breaf con 21 puntos que sirven como marco global, algo así como «principios», sobre lo que la Casa Rosada pretende volcar en el proyecto que, especulan los K, avanzará sin tropiezos mayores en el Congreso.
«El paso importante es el texto final: después hay número para aprobarla. Va a haber mucho lobby, pero si la llegamos a mandar, la ley sale», proyectó un funcionario que, por estas horas, trabaja en la redacción de la letra fina de la reforma de la Ley 22.285.
El bosquejo, genérico y por momentos testimonial, que se maileó a dirigentes y militantes del kirchnerismo, aporta algunos datos interesantes. A saber:
Por ley se «deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de su opinión», se señala en el punto 3. Y puntualiza que «estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas». El manejo discrecional de la pauta gubernamental ha sido motivo de críticas al gobierno por parte de algunos medios y de entidades que nuclean a empresas periodísticas.
Propone «políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios» y promueve «normas antimonopólicas», según sostiene en el 6 ítem del texto difundido oficiosamente por el gobierno y que figura bajo el nombre de «Iniciativa ciudadana». Figura en el site www.coalicion.org.ar.
En otro punto, el 4, plantea que «las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse». Las mismas «deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio» Y aporta un dato delicado: «La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante».
En el párrafo 9 propone un «registro público y abierto de licencias» donde figuren «los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración, además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia».
El punto 10 está incluido en la ley actual pero, por algún razón,no se aplica: refiere a que funcionarios, legisladores y magistrados no pueden ser titulares de «licencias de servicios de radiodifusión». Agrega una prohibición más: tampoco podrán serlo quienes «hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos».
En otro tramo, pero en la misma línea, agrega que «la explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia» (punto 15).
«Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales» recomienda el speech oficial que establece, además, que «en todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal».
En el apartado 13 estableceque se deberá reservar «al menos 33% de las frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro».
Sin determinar volumen, como en el caso anterior, sostiene que se establecerán «cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia» producida por actores, músicos, directores, periodistas, etc. «argentinos».
Si la producción artística es parcial, la producción publicitaria (dice en el punto 17) debe ser de «total producción nacional» y deberá, además, no estar incluida en la programación, como ocurre con la famosa PNT, más conocidos como «chivos».
Propone crear la figura de Defensoría del Público (punto 20) y corregir (punto 21) las «exclusiones históricas de la Ley 22.285» para que los impedidos puedan adquirir una licencia.
Fuente: Ámbito Financiero
