El miércoles, directivos de diferentes medios de Luján participaron de una reunión convocada por la Municipalidad.
En el encuentro realizado en la Sala de Situaciones, un funcionario de la Secretaría de Medios de la Nación se refirió a la normativa que analiza el gobierno nacional.
Dueños de emisoras radiales manifestaron su preocupación por el futuro ordenamiento del espectro radioeléctrico.
La convocatoria realizada desde la Municipalidad a directivos de medios de comunicación de esta ciudad había despertado curiosidad y distintos rumores sobre los fines de tal encuentro. Sin embargo, la reunión realizada el miércoles, a la que asistieron unas 30 personas que colmaron la Sala de Situaciones del Palacio Municipal, giró en torno al ya difundido proyecto para establecer una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la normativa vigente desde 1980.
El encargado de dar la bienvenida a los presentes fue Rubén Zilber, quien se presentó como asesor de medios del gobierno municipal. Zilber informó que el encuentro tenía como objetivo “abrir la comunicación con los medios locales”.
A continuación, Néstor Picone, funcionario de la Secretaría de Medios de la Nación, brindó una extensa disertación donde se refirió a la ley vigente y a la propuesta que el gobierno nacional planea presentar en la Legislatura.
El funcionario recordó que “la ley que nos rige es de la dictadura militar, algo que la convierte en poco reivindicable, ya que está hecha bajo la Doctrina de Seguridad Nacional”.
En esa retrospectiva, Picone opinó que “en la Argentina la única ley de radiodifusión democrática que hubo fue sancionada en la época del gobierno de (Juan Domingo) Perón”. Sobre la actual normativa, en tanto, comentó que durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín se intentaron implementar, sin éxito, algunas modificaciones. En la década menemista, en cambio, la modificación del artículo 45 permitió a los dueños de diarios adquirir medios audiovisuales. “Esto tuvo que ver con las presiones de los dueños del diario Clarín para avanzar como multimedio”, dijo.
“Esa modificación también permitió la transnacionalización de los medios, que es una situación grave. Ninguna de las dos cosas están permitidas en ningún lugar del mundo. Bajo este gobierno se volvió a modificar ese artículo para posibilitar que pudieran acceder a los medios de comunicación ONG´s, sindicatos y organizaciones sociales”, agregó Picone.
21 Puntos
La nueva ley de radiodifusión que por estos días está en discusión, se estructura en base a 21 puntos “que distintos sectores sociales y políticos han planteado desde hace varios años”.
Para el funcionario, la necesidad de dictar una nueva norma no sólo está relacionada con la procedencia ilegítima de la ley actual, sino también con la existencia en el mundo de la comunicación de nuevos actores que “no están contemplados actualmente” y de los avances tecnológicos.
“El planteo surge de distintos actores sociales, cooperativos, radios universitarias, organizaciones de derechos humanos. Los 21 puntos son tenidos en cuenta en la redacción que se está trabajando desde el Poder Ejecutivo. Desde nuestro punto de vista, los medios de comunicación son de la gente, no son ni privados, ni estatales, ni cooperativos. Y el Estado tiene que garantizar un equilibrio para que todos puedan tener voz.
“La ley puede recuperar el rol del Estado en el tema de medios de comunicación para producir los equilibrios necesarios. Uno de los elementos que están entre los 21 puntos es que se contemple la existencia de los tres espacios que tienen los medios”, dijo Picone.
Los planteos que guían los pormenores de la nueva ley establecen tres tipos de comunicación, distribuidos en porcentajes iguales: 33% de las frecuencias radioeléctricas para empresas privadas y comerciales, otro 33% para el sector estatal no-gubernamental y otro 33% para lo social, comunitario y cooperativo.
Entre esos 21 puntos, uno de ellos establece la creación de una “Defensoría del público”, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará “las inquietudes de los habitantes de la Nación”. Por otra parte, se considera necesario “impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos”. En ese punto, también se menciona la tan cuestionada publicidad oficial, un recurso que los gobiernos de turno, incluidas las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, utilizan para premiar o castigar a muchos medios e influir en sus contenidos.
“Los grandes grupos concentrados no quieren ley. Cuatro o cinco grupos mediáticos son los que controlan la comunicación en Argentina. El Grupo Clarín, EL Grupo Vila-Manzano, el Grupo Telefónica y algunos más”, dijo Picone, aunque aclaró que “la nueva ley no va a destruir la concentración, esto no va a ser fácil de resolver”.
En este sentido, y ante la consulta de un directivo presente en la reunión, Picone explicó que “las frecuencias son de los Estados y se otorgan por una determinada cantidad de años. En 2004 se vencían todas las frecuencias y este gobierno comete un error garrafal de prorrogarlas por 10 años. También hay que pensar que eran momentos de inicios del gobierno y no era fácil tomar la decisión de recuperar todas las licencias y volverlas a licitar, porque para eso se necesita mucho poder consolidado”.
Las radios
La mayoría de las radios que funcionan en el partido de Luján no cuentan con el permiso del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR). Esta situación, que se repite en todo el país y demuestra el desorden del espacio radioeléctrico actual, genera preocupación en quienes actualmente son propietarios de emisoras. De aprobarse la nueva ley, se prevé el reordenamiento de las frecuencias.
En el encuentro del miércoles, Picone comentó que la nueva estructura que tendrá el ComFeR va a contemplar la situación de cada lugar a la hora de llamar a futuras licitaciones, aunque dijo que todavía no se sabe la cantidad de frecuencias que serán reservadas para Luján, donde según se informó sólo tres emisoras cuentan con un permiso precario otorgado a fines de la década del 80.
“El reacomodamiento tiene que ser consensuado. Antes de hacer un reordenamiento lo que se pretende es que esté aprobada la nueva ley. Sin régimen legal es difícil resolver el problema”, agregó.
Sobre el cierre de la reunión, se acordó un nuevo encuentro para las próximas semanas con la intención de avanzar en la discusión de la nueva ley y en la redacción de un documento con las necesidades de Luján en materia de medios de comunicación.
Fugaz presencia de la intendenta
Con la reunión ya iniciada, la intendenta Rosso se hizo presente en la Sala de Situaciones del Palacio Municipal en compañía del director de la agencia de noticias estatal TelAm, Martín Granovsky, quien aprovechó para ponerse a disposición de los medios presentes.
“Telam es una agencia transparente, informativa y nacional. La idea es que ustedes cuenten con la agencia para los contenidos nacionales y que puedan utilizar la agencia para poder contar las historias de Luján”, dijo Granovsky antes de partir con la jefa comunal a la ciudad de Buenos Aires.
Fuente: El Civismo
