El 15 de setiembre de 1980, con las ominosas firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz al pie, la última dictadura militar sancionó el decreto-ley 22.285, que regulaba la actividad radiodifusora en el país.
Veintiocho años más tarde, y pese al retorno a la vida institucional hace más de dos décadas, la Argentina no ha generado normativa legal democrática y actualizada, en un campo en el que las transformaciones y el desarrollo tecnológico se producen a un ritmo vertiginoso.
Esa mora en actualizar legislación sólo tiene otro antecedente: la ley de entidades financieras, que aún conserva la letra de los militares golpistas y sus socios civiles.
No obstante, la norma legal sobre radiodifusión ha sufrido numerosas alteraciones. El Poder Ejecutivo la modificó de hecho en ochenta ocasiones mediante decretos; 126 veces fueron decisiones administrativas las que cambiaron esa letra y en nueve ocasiones el propio Congreso le hizo ajustes.
Fue lo más lejos que pudo o se atrevió a llegar el Poder Legislativo de la Nación, aun cuando se presentaron muchas iniciativas y algunas alcanzaron estado parlamentario.
En estas condiciones, la normativa legal sobre radiodifusión suma parches y remiendos pero no logra superar su visible anacronismo.
Tal vez donde esa condición resulte más evidente sea en el fenómeno de la aparición de nuevos soportes, la convergencia medial y la implementación del triple play de telefonía, tevé e internet, que llegan con servicios de valor agregado como redes internas de comunicación y seguridad. En consecuencia, legislar hoy es más complejo que hacerlo para regular el mercado de estaciones de radio y canales de televisión.
Por otra parte, esas empresas participan actualmente de formidables procesos de concentración económica, que exceden lo que llamamos pooles mediáticos y abarcan una diversificada gama de intereses repartidos en otras actividades.
En el plano exclusivamente tecnológico, no se pueden ignorar los cambios que habrán de afectar no sólo los mecanismos de emisión sino también las rutinas productivas internas de cada uno de los medios. Es lo que en el mundo desarrollado se ha dado en llamar el "apagón analógico" y que en Europa tiene ya fecha cierta: el 2010. Para entonces, los estándares de emisión radiotelevisiva pasarán a ser digitales.
En la Argentina, la discusión también viene con retraso y aún no se ha escogido la norma a aplicar (europea, japonesa o estadounidense).
Como quiera que sea, el gran debate no es de matriz tecnológica sino política y consiste en determinar qué criterios guiarán la potestad del Estado para administrar las señales.
Se trata de un paquete económico de envergadura que pasa inadvertido para los factores de poder, por lo cual se ha desatado una puja de intereses que ya está provocando realineamientos en algunos de los actores sociales involucrados. La confrontación entre sectores afines al gobierno y el mayor conglomerado mediático del país, con la secuela de afichería que ha empapelado Buenos Aires, tiene que ver con eso.
En este contexto, en las últimas semanas ha parecido cobrar vigor una iniciativa oficial para producir una nueva ley de radiodifusión. La llegada de Gabriel Mariotto a la titularidad del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) es funcional a este nuevo intento.
La cuota de escepticismo que albergan muchos de los intelectuales y profesionales de la comunicación respecto de las posibilidades de que en esta ocasión la ley llegue a ser sancionada guarda estrecha relación con los fallidos antecedentes acumulados en los últimos 24 años, así como también con la vocación de no intervenir ingenuamente en una refriega cuyos resultados terminen siendo definidos por los generales lejos de las trincheras y haciendo oídos sordos a sus demandas.
En cualquier caso, sus posiciones han quedado de manifiesto en la "Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia". Se trata de 21 puntos consensuados por un variopinto conglomerado de sectores gremiales, referentes de la vida académica, organismos de derechos humanos, organizaciones ciudadanas y de base. La aspiración es lograr un instrumento legal al servicio de un proyecto nacional de inclusión, justicia social y respeto a los derechos humanos.
En todo caso, la ley que se sancione será democrática no sólo porque la voten parlamentarios escogidos por el sufragio popular sino porque posea espíritu democratizante y eluda todos los condicionamientos con que los lobbies suelen amañar iniciativas elaboradas para el exclusivo beneficio de emporios de incierta nacionalidad y propósitos exclusivamente mercantiles.
Una norma genuinamente democrática será la que certifique que todos los medios son públicos y que aquellos cuya administración pueda cederse temporalmente a radiodifusores particulares también deberán estar comprometidos con la promoción social, el desarrollo a escala humana, la defensa del ecosistema y la promoción de las culturas regionales.
Una ley auténticamente democrática será la que impida la formación de oligopolios y les abra opciones a grupos sociales diversos, muchos de los cuales hoy encuentran vedado el acceso al control de los medios, particularmente las cooperativas, las mutuales y las entidades sin fines de lucro.
La ley que el Parlamento nos debe es un instrumento que prevea un amplio sistema de comunicación pública no gubernamental dirigido a generar cultura, identidad y pluralismo, promover la solidaridad social y estimular la participación ciudadana.
Cabe esperar que esta vez los legisladores y el poder político en su conjunto se ubiquen a la altura de las circunstancias.
Ricardo Haye, Profesor titular del Área Radiofónica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue
Fuente: Diario Río Negro
