Las empresas de televisión por cable amenazan con frenar sus inversiones en el país, porque interpretan como un ataque del Gobierno Nacional contra el sector la embestida oficial que las acusa de aumentar los precios de los abonos.La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a las empresas operadoras de cable de ejercer una posición “casi dominante en el mercado” y de contribuir al “crecimiento de la inflación” con la suba registrada en sus abonos.
“Cuando los mensajes son en contra de una industria, esos industriales interpretan ese mensaje y resuelven en consecuencia. Decir esto en medio de un proceso de digitalización de las redes es desalentar las inversiones, o las postergan o las empresas se van del mercado”, replicó Walter Burzaco, de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), una entidad que agrupa a cable operadores de todo el país.
El empresario mencionó que para el período entre 2007 y 2009, los cableros pidieron autorización para importar equipos por unos u$s250 millones. “Hay indicios de Pyme familiares que retrasarán esa inversiones”, advirtió.
“Perder esas oportunidades por temas políticos es depredar el mercado”, aseguró.
En declaraciones periodísticas, en el marco del Tercer Encuentro Nacional Internacional de Banda Ancha y Cable Módem, que organiza la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT) en la ciudad de Salta, Burzaco pidió al Gobierno que “a esta red” de cable operadores “en vez de combatirla hay que ayudarla y favorecerla”.
Durante el encuentro, en el que participan unos 150 empresarios de todo el país, se intenta mostrar a los cable operadores como actores alternativos a las telefónicas para ingresar a la “sociedad del conocimiento”, que se construye a partir de Internet.
De acuerdo a datos de la consultora Signals, difundidos por ATVC, entre las telefónicas y los operadores de TV por cable se facturó en 2007 por $27.435 millones, de los cuales 93% provienen de Telefónica, Telecom y Telmex ($10.360 millones, $9.136 millones y $5.922 millones, respectivamente) y el resto de los cable operadores (unos $2.011 millones).
Según la misma fuente, a diciembre de 2007 el 64% de las conexiones a Internet eran bajo sistema ADSL (línea telefónica, 1,6 millones), el 33% por cable (831.000 conexiones), y 3% por vía inalámbrica (688.000).
En cuanto a las acusaciones de la jefa de Estado, Burzaco recordó que desde 2001 hasta fines de 2007, el cable aumentó su abono algo más del 90%, mientras que la inflación, de acuerdo a la medición oficial, lo hizo en un 107 por ciento.
En tanto, José Toledo, presidente de ABT, hizo un pase de facturas al Gobierno nacional. Recordó que las cable operadoras Pyme instalaron 75 repetidoras de Canal 7 y suben la señal televisiva Telesur.
“Nos duele que señalen aumentos. Las industrias Pyme del cable perdimos entre un 40% y un 70% del pago de nuestros abonados”, aseguró Toledo.
“Los salarios aumentaron más de un 130% por suerte, nuestro abono no paso de un aumento del 60% desde el 2001, amortizamos los costos nosotros. Más de 700 empresas dan servicio a más del 60% de los municipios de la nación, es imposible pensar sólo en negocio”, dijo el empresario.
Contra las telefónicas
Los operadores cargaron contra las empresas de telefonías y su posición dominante y monopólica en el mercado. Sostuvieron que estas compañías adquirieron la empresa estatal de telecomunicaciones, lo que les permitió ganancias aseguradas durante 10 años, sin riesgo y con ventajas. Agregan que ahora las telefónicas "pretenden abordar en forma intempestiva y agresiva la industria de la televisión por cable y de radiodifusión".
Aseguraron que el accionar de las empresas de telecomunicaciones y de servicios públicos lejos está de evidenciar inversión social. Afirmaron que sólo basta con mirar las cifras de penetración de la banda ancha "para darse cuenta que no compiten entre ellos y que respetan las zonas originales como si todavía estuviera vigente el duopolio".
"Las telefónicas pretenden redoblar su posición dominante", disparó el presidente de ATVC, Walter Burzaco. Denunció que "quieren irrumpir en la radiodifusión" y las acusó "de haberse enriquecido desmedidamente en los últimos años girando dividendos al exterior por haber comprado Entel por chirolas". Burzaco enfatizó que los "pliegos de adquisición establecieron que no ingresarían a la radiodifusión".
Estas ideas fueron respaldadas por todas las asociaciones provinciales que componen ATVC en una declaración que Burzaco leyó al final del seminario. La "Declaración de Salta" señala que entre las empresas de cables hay 700 pymes y que todas son de capitales nacionales, mientras que las telefónicas no. Carlos Blanco, de Signal Consulting, consideró que mientras en el mundo la tendencia es separar la operatoria de las telefónicas, como pasó con British Telecom y Telecom de Italia, "aquí en la Argentina se da una fusión entre las dos telefónicas que nadie desaprobó y que representará una concentración del mercado del 93,3%".
Ley de radiodifusión
Consultado sobre la nueva ley de radiodifusión, Burzaco explicó que “nunca” desde el Gobierno se le mostró al sector un texto “más allá de los discursos”.
En cuanto a la fusión entre CableVision y Multicanal, que fue aprobada por Defensa de la Competencia pero que aun tiene pendiente la autorización del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), el empresario dijo que “no es entendible” la demora oficial. “Todo lo que estamos viendo es un tema político”.
Y recordó que en 2005 el oficialismo hizo una reforma a la ley que permitió el acceso al mercado de las cooperativas que no brindan servicios públicos. “Esperamos que bajo este mismo signo político no deberían haber cambios en este sentido” sobre la propiedad de los medios, confió.
“Hay un discurso teñido por percepciones equivocadas, en la Argentina hay 700 operadores de cable, la mayoría de ellos son Pyme, parece que no lo saben las autoridades”, cuestionó Burzaco.
En cuanto a una reciente norma del ComFeR que obliga a los operadores a modificar su grilla de canales, señaló que “está hecha sin mirar la realidad del cable”.
Recordó en ese sentido que hay canales en el interior que se denominan por su lugar en esa grilla. Y estimó que por ese motivo muchos operadores deberán presentar recursos de amparo para no ser perjudicados.
La discusión se da en dos niveles: los grandes (Cablevisión-Multicanal, del Grupo Clarín, que cuentan con 2,5 millones de clientes; Telecentro, de Alberto Pierri, con unos 400.000, y Supercanal, del grupo Vila, con unos 500.000 abonados) temen el ingreso de Telefónica y Telecom en aquellas áreas más rentables. Los cables pequeños, pequeñas y medianas empresas del interior cuya cantidad de abonados puede oscilar entre 800 y 6000, se resisten a la competencia que representan las cooperativas de servicios públicos que brindan la mayoría de los servicios en esas localidades.
Mariotto está trabajando para presentar un proyecto de nueva ley de radiodifusión para reemplazar el actual decreto ley de la última dictadura militar, de 1980. Entre otros puntos, se supone que la futura norma modificará la cantidad de licencias de servicios de radio y TV que puede poseer cada empresa (el gobierno de Carlos Menem aumentó el número original de cuatro a 24 y ahora se habla de bajar a 12), las abrirá a nuevos operadores como sindicatos y organizaciones sociales y determinará con qué exigencias se darían las nuevas.
Las cableras insistieron en advertir que, si la norma permite a las empresas de telefonía de forma directa o indirecta entrar en el negocio de la televisión, esto significará "arrasar" con las pymes cableras que dan servicios en zonas de baja o negativa rentabilidad.
Toledo relativizó el valor futuro de esta medida al recordar que “ahora viene la televisión digital”, un nuevo entorno donde “el que llevará la decisión es e usuario. Dará por tierra con el ordenamiento de la grilla, cada uno de nosotros elegirá”.
Entre tanta discusión por el futuro del negocio de Internet, los políticos se animaron a hablar sin vueltas del cambio en la Ley de Radiodifusión que promueve el Gobierno. El diputado Gustavo Cusinato -vice de la comisión de Comunicaciones- señaló que "el enfrentamiento del Gobierno con algunos medios, no propicia el clima para discutir esta ley". Y admitió que "ese debate será utilizado por las telefónicas para entrar en la radiodifusión".
El ex diputado Osvaldo Nemirovsci, a cargo de esa misma Comisión hasta el año pasado, admitió que "hay que cambiar la ley porque ofende a la democracia" y desde ya anticipó que el futuro texto "deberá resguardar los derechos del usuario y de la televisión por cable chicos del interior del país".
Triple play
Para Burzaco, “el cable es una red alternativa a las telefónicas, porque al mismo hogar llegan las telefónicas y el cable. No darse cuenta de esto es una deficiencia sobre la cual hay que instruir”.
Además de apuntar sus reclamos al Gobierno nacional, Burzaco atacó a las telefónicas, que acusan a los cable operadores de frenar su ingreso al mercado de radiodifusión para que puedan brindar servicios convergentes de voz, datos y TV en un solo proveedor (triple play, en la jerga).
“Cuando uno escucha a los vanguardistas del triple play, se da cuenta que no hay ningún avance tecnológico, el triple play es un combo comercial”, disparó.
Para el empresario, “el punto de discusión es que las empresas de servicios públicos no pueden entrar porque de esas 700 Pyme (cableras) no va a quedar ninguna”.
El encuentro fue abierto por el gobernador salteño Jorge Urtubey.También participaron Nicolás Trotta, subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Nación; y José Scioli, secretario General de la Gobernación bonaerense.
Fuentes: La Nación, La Gaceta, Infobae Profesional, Clarín