como Pergamino, donde los agricultores dramatizan de ese modo su pedido para que las autoridades locales “no se arrodillen frente a los K”, en referencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, a quienes desafían con una segunda huelga agropecuaria.Mientras, en la capital, en plena calle Florida, partidarios del gobierno ofrecen a los transeúntes elegir entre dos tipos de sándwiches: “milanesa de carne” o “milanesa de soja”. Nada sonsos, los paseantes, optan por la jugosa proteína vacuna. La oferta no es inocente. Se realiza frente a la sede de la Sociedad Rural Argentina, entidad que agrupa a los propietarios más tradicionales del agro. Y quienes protestan allí aseguran que “estamos a favor de poner un límite al cultivo de soja, porque si todo el país planta soja nos vamos a quedar sin comida”.
Los rioplatenses siempre han sido admirablemente ingeniosos. Pero también exagerados casi hasta el crimen. Y en las últimas tres semanas ambos rasgos se han agudizado más y más. Tanto, que peligran desatar un cortocircuito que gatille una crisis económica que nadie dice buscar. “Los argentinos tenemos una tendencia al tremendismo”, se lamenta sobre lo que ocurre el empresario vitivinícola Ezequiel Eskenazi. “O somos un cohete a la Luna. O nos hundimos camino al Apocalipsis”.
Y es esto último lo que, para los críticos de la Sra. K, vive el país. En cadenas de e-mails anuncian que sus ministros planean una serie de autoatentados para sacar a las FF.AA. a las calles. No son pocos los medios de la prensa local que dan aires a estos delirios. El opositor diario Perfil, por ejemplo, publica en su portada declaraciones de presuntos ex agentes de la “Gestapo K” refugiados en Montevideo. El gobierno recibe las cachetadas. Y responde. Jóvenes oficialistas atacan el stand del multimedio más poderoso del país, Clarín, en la Feria del Libro. Éste, a su vez, acusa a las autoridades de intervenir los correos electrónicos de su presidenta. Las Madres de la Plaza de Mayo intervienen y hablan de un “golpe mediático”. Luego, todos lloran inocencia y dicen que el otro empezó primero.
¿Los argentinos han decidido coquetear nuevamente con el abismo? “En la medida en que no hay una oposición ni siquiera estable, digamos confiable”, explica el sociólogo y analista político Heriberto Muraro, “el sistema político se hace inestable”. El conflicto sobre el nivel de impuesto aplicado a las exportaciones agropecuarias más rentables (soja, maíz, trigo, aceites) es una señal de ello. Un debate sobre política sectorial ha escalado a uno en el cual sectores extremos llaman a “cambiar el sistema”.
Su no resolución ha hecho “que la presidenta pierda 10 a 15 puntos de popularidad de la noche a la mañana”, señala Muraro. La ironía es que “Cristina tiene el partido alineado, no hay oposición política, el ejército está tranquilo y el reclamo del sector rural es nada más que de plata”.
Al experto, crítico del gobierno, le inquieta más la emergencia de lo inesperado: el apoyo urbano a los agricultores. “Es un apoyo medio chiflado, pero en Buenos Aires y otras ciudades reaparecen síntomas de un odio que hace medio siglo había hacia Eva Perón. No se habla de Cristina o de la presidenta, sino de La yegua, tal como le decían a Evita”.
La economista Victoria Giarrizo sigue diciendo “Cristina”, pero advierte que “estamos a las puertas de una crisis grave, generada por la política”. Directora del centro de investigación económica CERX, recuerda que “hasta el año pasado el único problema era la inflación”. También había cierta inconsistencia fiscal. “Un cóctel delicado, pero digerible”, dice. El punto es que “este modelo es traicionero: la gente consume mucho más de lo que debería, porque la inflación ayudaba a eso”. En consecuencia, “si la gente se asusta y se pasa a dólares, se produce el frenazo”. Para ella, “las minicorridas de estos días se deben a ello”.
Contraintuitivamente, explica, si la economía se enfría, puede explotar la inflación. ¿Cómo? Según el economista Aldo Abram, pasa que los argentinos han absorbido en los últimos dos años la sobreemisión monetaria del Banco Central, pero ahora “corremos el riesgo de que las expectativas puedan empezar a generar, si ya no lo han hecho, inflación por la caída de la demanda de pesos”: ante la intranquilidad se corre al dólar y aumenta la velocidad de circulación de los pesos. El dólar sube, hay devaluación de facto y los insumos importados dan más leña a la inflación, que se espiraliza.
Los rumores infundados de que el gobierno se alista para crear un nuevo “corralito” (prohibición de retirar los depósitos) y que puede caer en default otra vez, han ayudado al fenómeno. La ironía es que, a diferencia de 2001, cuando los bancos tenían un 50% de sus activos en bonos estatales, hoy el promedio es del 15%. En 2001 había recesión y la cartera irregular era superior al 20%. Ahora es inferior al 5%. Los bancos están líquidos y todos ganan dinero.
Hasta ahora el gobierno ha aplastado a los especuladores sosteniendo el valor de la moneda. Obsesionado con mantener las reservas sobre los US$ 50.000 millones (cayeron de ese nivel a algo más de US$ 49.000 millones por la defensa del Banco Central contra las corridas) anunció que colocará un nuevo bono de US$ 500 millones en Venezuela y se dispone para recibir un préstamo por una cantidad parecida del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS).
Pero el horizonte se nubla. El Índice Líder de la Universidad Nacional de Tucumán, indicador prospectivo de actividad económica realizado sobre la base de 12 mediciones distintas, llegó a un 1,3% en marzo. Un 0,5% abajo del nivel de 1,8% que –desde hace cuatro décadas– marca el nivel de inflexión de los ciclos de crecimiento económico. De ser así, “concluirá la expansión estrella que hemos vivido”, dice su autor, el economista Juan Mario Jorrat.
¿Cómo evitar el precipicio? Para el economista Abram, es el gobierno el que debe mostrar flexibilidad respecto de las “retenciones móviles” (aumentos del impuesto ligados al aumento del precio internacional) que inauguraron el enfrentamiento. Los productores “ahora aceptan que se queden, pero con un techo”. Recuerda que, hace tres semanas, la situación era muy distinta:
“Trataba de explicarles que las retenciones móviles no eran tan malas, sí que estaban mal hechas y me arriesgaba a que me lincharan”.
Según él, firmada la paz con el campo, la presidenta debe neutralizar de inmediato las expectativas inflacionarias. “Hay que atacar la inflación de costos, que hoy es terrible”, coincide Giarrizo.
El gobierno posee, además, otro flanco en estado ruinoso: la credibilidad de sus estadísticas. Acaba de lanzar un nuevo índice de precios al consumidor (IPC), luego de un año de batallas públicas y judiciales con los empleados de la entidad que los calcula (INDEC) y cuando al menos una decena de consultoras, un par de ellas bastante confiables, ya realizan los propios. El problema es que la pelea por el IPC (los técnicos “originales” se oponían a la nueva metodología) sirvió para que la oposición convenciera al público de que todos los índices de la economía ahora son manipulados o inútiles. Muraro considera que lo anterior permite un efecto bumerán: “Como nadie cree en los índices, esto permite fantasías locas que no tienen sustento alguno”, dice.
Y, lo más importante, todos deben dejar atrás el histrionismo.
Sin embargo, en la mirada de Carlos Acuña, analista político de la Universidad de San Andrés, Cristina tiene algo de razón en sentirse amenazada, menos por los reclamos específicos de los productores agropecuarios que por quienes desean presentarla derrotada y la acusan de acumular un poder excesivo. “La gente habla mucho de la concentración excesiva de poder de ella y su esposo, el ex presidente, pero si se mira desde 1983 para acá, al menos dos veces la alternativa a tal concentración fue la presencia impotente de los ex presidentes Alfonsín y De la Rúa”, quienes debieron abandonar el poder.
Según Acuña, el “federalismo extremo” de Argentina produce “riesgos interconectados” y los gobernadores de las provincias fácilmente llegan “a ser descarnados para confrontar con el poder central”. Señal de ello es cómo, en las últimas dos semanas, varios comenzaron a pasarse a la oposición. Sucede que los agricultores piden que el dinero que pagan en las retenciones se quede en sus provincias.
La diferencia no es menor. Las retenciones no son “coparticipables”, es decir, van al gobierno y éste hace lo que quiere con ellas. Caso contrario, éste tendría que compartir esos ingresos con los gobernadores. Pero si eso ocurriera, muchos gobernadores ya no dependerían de los fondos del Tesoro que maneja la Casa Rosada. ¿No sería eso bueno? Tal vez, pero también impulsaría la autonomía de los legisladores de las provincias en el Parlamento (hoy suelen obedecer a sus gobernadores y, éstos, al gobierno con el cual negocian financiamiento).
Y sin diputados y senadores firmemente atados a su carro de superávit fiscal, sería difícil que la presidenta lograra que se aprobasen sus proyectos como el que se comenzó a discutir el miércoles 14 de mayo: la creación del Ente Nacional de Promoción y Control Agropecuario y Agroalimentario (Enpycaa), la puesta en marcha de la Junta Nacional de Granos, así como la Junta Nacional de Carnes. Se trata de organismos reguladores de los mercados agrícolas. Y su existencia divide a los productores. Los más pequeños, reunidos en la Federación Agraria, los apoyan. Los medianos y grandes, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, se oponen.
Con un nombre más propio de la mitología, según el gobierno el Enpycaa buscará defender la competencia y transparencia de los mercados de alimentos. Como una superintendencia, tendrá que evitar la cartelización de los productores y las conductas oligopólicas. Al conocer la cadena productiva, las autoridades dicen que podrán discernir entre los productores y los grandes exportadores y establecer retenciones diferenciadas.
A la oposición nada de ello le importa, excepto que se cree que a su mando estará el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el funcionario más temido del gobierno, verdadero zar de los “precios indicativos”.
El tratamiento de la ley es una señal de que el gobierno está golpeado, pero posee amplias reservas de poder. Tiene al Parlamento de su lado, a los sindicatos y la lealtad de los municipios inmensos que rodean Buenos Aires. Los productores agrarios alinean a las ciudades del interior agroindustrial y a la clase media y alta de la Capital Federal. ¿Por qué no negociar en serio?
El emprendedor Eskenazi representa esta opinión, la de quienes no están en ninguno de los dos bandos: los industriales, los bancos, los científicos, los proveedores profesionales y empleados de servicios, sectores para los cuales es suicida impulsar un combate a finish. Porque si el peronismo hoy gobernante “tuvo inteligencia para manejar el barco en un maremoto, confío y deseo que pueda hacer los cambios que le pide el país”, dice. “Es cierto, el país pide cambios, pero no es un cambio de gobierno. Y estamos perfectamente a tiempo de hacerlos”.
“Creo que la pelea ahora es por el sentido político que se le da a la solución técnica”, comenta Acuña, quien cree que ambos contrincantes empiezan a cansarse y quieren acordar, pero no aparecer como derrotados.
Mientras, un par de docenas de aviones fumigadores sobrevuelan los caminos cortados a medias por los ruralistas (no dejan pasar camiones con granos ni leche) y de ellos saltan paracaidistas que reparten panfletos. A la par, investigadores médicos de Buenos Aires denuncian que las tasas de cáncer se disparan en el interior del país debido al uso de 165 millones de litros anuales de pesticidas y disolventes que necesita la soja transgénica. Argensoja o Sojistán insiste en guerrear consigo misma.
Fuente: América Economía