El Comité Federal de Radiodifusión trabaja en una estrategia legal para quitarle ocho de las diez licencias que el grupo controla en la actualidad. CIE y PRISA también están en la mira.
Crecen los frentes de batalla. La guerra del Gobierno contra los grupos que concentran el sistema de medios de comunicación audiovisuales del país ya no se limita a la pelea con Clarín. Ahora, la Casa Rosada autorizó al Comité Federal de Radiodifusión a que apunte sus cañones contra otro de los actores más influyentes del mercado: Telefe. El Ejecutivo está dispuesto a quitarle ocho de las diez licencias que adquirió en la Argentina el grupo controlado por Telefónica de España.
“La trinchera la cavó (Julio) Bárbaro el año pasado a pedido de Néstor (Kirchner). Quería abrirle el juego a Clarín para que se metiera en Telefónica”, reveló un diputado oficialista que participa del debate sobre la nueva Ley de Radiodifusión que prepara el Gobierno.
En noviembre pasado, Bárbaro, entonces interventor del ComFeR, le ordenó a Telefe que revelara cómo está compuesto su capital accionario y quiénes son sus titulares. El Gobierno estaba dispuesto a colocar una cuña en el andamiaje legal del grupo que hiciera peligrar la tenencia de sus licencias.
En diciembre, la embestida perdió fuerza, y Bárbaro le concedió a Telefe un período de 180 días para responder quiénes son sus accionistas. El plazo venció esta semana. Y el grupo le comunicó al Comfer que todavía no había logrado reunir esa información y solicitó una nueva prórroga, pero esta vez de 365 días. El actual interventor del organismo, Gabriel Mariotto, dijo “no”.
El “problema de identidad” –como le llaman en el ComFeR al expediente de Telefe– encierra un capítulo de la batalla por las licencias radioeléctricas que poseen las empresas de medios. La Ley de Radiodifusión vigente, que fue redactada por la dictadura y flexibilizada por Carlos Saúl Menem a pedido de las corporaciones mediáticas, establece un máximo de 24 señales por licenciatario en todo el país y hasta cuatro simultáneas en una misma ciudad. Y limita la participación del capital extranjero en los medios locales: no pueden ser titulares de licencias las empresas controladas o subsidiarias de compañías extranjeras, a menos que exista un acuerdo de reciprocidad entre ese país y la Argentina. El único acuerdo vigente lo firmó Menem y es con los Estados Unidos.
El Gobierno le advirtió a Telefe que, con o sin la nueva norma, estará en problemas. Desde 1998, Telefónica de Argentina –controlada por Telefónica de España– adquirió a través de terceros al menos ocho licencias de canales de televisión abierta: Canal 7 de Neuquén, Canal 8 de Córdoba, Canal 8 de San Miguel de Tucumán, Canal 11 de Salta, Canal 5 de Rosario, Canal 13 de Santa Fe, Canal 8 de Mar del Plata y Canal 9 de Bahía Blanca. Si, en el diván, Telefe resuelve su “problema de identidad” y admite que su principal accionista es Telefónica de España, su controlante extranjero, le despejará el camino al Gobierno para que disponga libremente de esas frecuencias.
Detrás de la embestida contra Telefe sobrevuela la sombra del ex chofer de Néstor Kirchner y empresario multimediático de Santa Cruz, Rudy Ulloa Igor. Según consignaron varios medios –incluyendo Crítica de la Argentina–, y confirmaron fuentes del mercado, el operador ultrakirchnerista realizó una oferta para adquirir el canal que fue rechazada por los españoles.
Hay otros grupos económicos tratando de zafar del acoso oficial: el mexicano CIE, del magnate Carlos Slim, dueño de ocho licencias, entre ellas la Rock & Pop y La Metro, y los también españoles de PRISA, el grupo propietario del diario El País, que en la Argentina tienen 11 señales, incluyendo Radio Continental.
La pelea por las licencias es por la nueva Ley de Radiodifusión y al margen de ella. La Casa Rosada está decidida a alterar el mapa de los medios de la Argentina.
Fuente: Crítica de la Argentina