La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas respaldó ayer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel y ordenó al Gobierno reformar la legislación sobre calumnias e injurias. El tribunal internacional consideró que, como están planteados hoy en el Código Penal argentino, los delitos de calumnias e injurias son demasiado amplios, pueden criminalizar el ejercicio de opiniones sobre temas de interés público y son violatorios de la libertad de prensa.
Un comunicado de ADEPA señaló que el Gobierno debe "honrar las obligaciones internacionales que asumió y cuyo cumplimiento le fue impuesto por la Corte Interamericana despenalizando la calumnia e injuria", cuando se trate del derecho a informar "sobre la actuación de funcionarios o de particulares involucrados en hechos de interés institucional o de relevante interés público".
En 1999 la Corte Suprema condenó a Kimel a un año de prisión en suspenso y al pago de 20.000 pesos como indemnización al ex juez Guillermo Rivarola, quien se sintió agraviado porque consideró que el libro La masacre de San Patricio contenía "imputaciones deshonrosas" en su contra.
ADEPA señaló que en 1999 el Estado se comprometió ante la Corte Interamericana a modificar la legislación respectiva, pero que no lo hizo.
