Por Pablo Llonto
En pocas semanas más los argentinos sabremos si el Grupo Clarín es tan poderoso como lo anunciaban aquellas proféticas palabras de uno de sus dueños: “nadie puede gobernar la Argentina con Clarín en contra”.
El procurador general de la Nación, el chaqueño Esteban Justo Antonio Righi, 68 años, y hombre siempre bien tratado por el diario de la cornetita, deberá demostrar si el gobierno le teme o no al multimedio más poderoso de América Latina.
Righi tendrá en sus manos el súper caliente expediente “Noble Marcela/Noble Felipe” en que se investiga si los dos hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín, son hijos de desaparecidos en la última dictadura militar.
El dictamen de Righi tendrá influencia enorme en la decisión que luego deberán tomar los confundidos miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes en los últimos meses han pendulado entre el ego de considerarse las únicas personas que tienen facultades para juzgar en la Argentina (fallos a favor de genocidas como Bussi y Patti) y los cobardes pronunciamientos a favor de quienes más tienen (anteriores sentencias a favor de la impunidad de la señora de Noble).
El último ejemplar de la revista Noticias contiene una nota de análisis sobre el conflicto gobierno-Clarín y señala que Cristina Kirchner está dispuesta a ir a fondo con la causa de “los hijos de la Noble”. De ser cierta esta apreciación del semanario de Fontevecchia, Righi se pronunciará a favor de la sensatez. Traducción: el representante del Estado debería decir algo que gran parte de la sociedad espera. Que la justicia deje de tratar a la dueña de Clarín como a una reina con fueros eternos y la juzgue como a cualquier ciudadana de nuestro país.
Desde diciembre de 2002, cuando Ernestina de Noble fue a parar a una prisión VIP por tres días y unas horas, la posición de Clarín en este caso fue una orden a los jueces: “de ninguna manera Marcela y Felipe aceptarán la extracción de sangre”. Que una cuestión secundaria (la formalidad de extraer sangre) lleve ¡seis años de discusión en la justicia! es la más clara muestra del peso de Clarín y los suyos en el Poder Judicial. En diversos comentarios ante colegas del exterior, la sorpresa ganaba el rostro de los visitantes: “¿seis años para decidir si se tienen que pinchar el brazo?”.
Destronado Marquevich, el juez federal que se atrevió a detener a La Señora imputándole la comisión de dos adopciones truchas en 1976, Clarín puso toda su maquinaria en acción para lograr que el expediente durmiera en cada una de las instancias que recorría. La estrategia de Clarín —no estaba escrito, pero se leía en los ojos de sus abogados—: “demorar, patear la pelota, hasta lograr que los años pasen y la señora fallezca, sin condena”. Ernestina tiene 83 años.
Todo indica que ha llegado el momento del último round. Que nuestra sociedad no sepa demasiado del caso más emblemático de jueces arrodillados frente al poder económico no ha sido culpa del Grupo Clarín solamente. Medios poderosos, medianos, pequeños, estatales; periodistas famosos, académicos, desfachatados, rebeldes. Todos guardaron silencio sobre “el caso Noble” en los últimos años. Clara muestra de una ley mordaza que se basa en la cobardía. Ahora, tal como sucediera con el caso Timerman en la dictadura, no hay más escapatoria. Por sí o por no, un pronunciamiento se aproxima.
Para los incrédulos, están abiertas las puertas del Casino. La cambiante Argentina permite que estos asuntos hoy se jueguen como en las máquinas tragamonedas.
