Por: Guillermo Mastrini*
Durante las últimas semanas asistimos a un intenso debate sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y su vínculo con el poder político. Tal vez ésta sea otra de las consecuencias del conflicto derivado del aumento de las retenciones. Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Plaza de Mayo diversos periodistas describieron sin alarmarse el enfrentamiento entre “gente normal” y “piqueteros”. Estas afirmaciones, aun cuando no sean realizadas con intención, son claramente discriminatorias. Lamentablemente son más frecuentes en los medios de lo que es deseable. Un canal de noticias informó sobre un accidente en el que murieron “tres personas y un boliviano”. Desde hace tres años existe un Observatorio de la Discriminación en los Medios (www.obserdiscriminacion.gob.ar) destinado a estudiar los casos donde pueden afectarse derechos elementales de las personas, como verse discriminadas por su raza o su ideología. Dicho Observatorio no tiene ninguna capacidad para censurar ni para multar a medios. Sólo emite declaraciones indicando en qué situaciones se han cometido actos discriminatorios. De hecho, cabría decir que tiene la potestad de hacerlo porque hasta ahora sus escasas declaraciones no han merecido ni objeciones ni difusión. El Observatorio no tiene mayor capacidad para hacer trascender sus declaraciones a la opinión pública y para tal función dependerá del lugar que los medios de comunicación quieran asignarle. Decir que se trata de un Observatorio de Medios no sólo constituye un grave error, sino que contribuye a la desinformación ciudadana.
El martes 1º de abril la Facultad de Ciencias Sociales reclamó, en una declaración de su Consejo Directivo, que el Observatorio tuviera más actividad. El gobierno nacional, con picardía política, citó el viernes 4 a los directivos de la Facultad y decidió poner en acción el Observatorio que, aunque sea reiterativo, fue creado hace tres años sin merecer mayores objeciones. A partir de la reunión entre la Presidente y las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales se desató una campaña destinada a desacreditar el Observatorio y, casi de paso, cualquier política gubernamental en relación con los medios de comunicación con el argumento de la defensa de la irrestricta libertad de expresión y su derivada, la libertad de prensa. Los grandes grupos de comunicación y las entidades representativas de los propietarios de medios hábilmente unieron el relanzamiento del Observatorio con la muy desafortunada mención de la Presidenta a un dibujo de Hermenegildo Sábat, para anunciar con bombos y platillos “una iniciativa del kirchnerismo para controlar la prensa”. Es llamativo que nadie mencionara que entre los fundamentos normativos del Observatorio de la Discriminación está la Declaración de Chapultepec elaborada, entre otros, por la Sociedad Interamericana de Prensa. No creo que los editores de periódicos acusen a la SIP de procurar restringir la libertad de expresión.
En este punto parece importante analizar algunas cuestiones. La política comunicacional del kirchnerismo en sus dos etapas de gobierno presenta dos caras bien diferenciadas. Por un lado la disputa de la agenda con los medios, por el otro las medidas vinculadas con la regulación de los medios de comunicación. En relación con la primera, el Gobierno adoptó desde 2003 un estilo que no reconoce antecedentes en el país, en el que el/la jefe de gobierno aprovecha su condición para disputar con la prensa la construcción de una agenda de temas. Varias veces desde la Casa de Gobierno se criticó ciertos contenidos mediáticos. Esto no es atacar la libertad de prensa. Porque, salvo que alguien demuestre lo contrario, la prensa ha seguido denunciando casos de corrupción en el gobierno, y criticando varios aspectos de las políticas gubernamentales sin sufrir ningún tipo de censura.
Me interesa destacar el otro aspecto, aquel del que los grandes medios no hablan. Las principales regulaciones del kirchnerismo en relación con los medios de comunicación fueron absolutamente favorables a las corporaciones mediáticas. De forma inaudita se les regaló 10 años de licencias, así como se impidió a las cooperativas de servicio público brindar servicios de cable. Durante el kirchnerismo se conformó, con su aprobación, un cuasi monopolio del cable. Sin embargo, esto no preocupa a las entidades periodísticas, ni es visto siquiera como riesgoso para la libertad de expresión. Sí lo fue para la Facultad de Ciencias Sociales que emitió una condena a las políticas gubernamentales. Por supuesto, ningún pícaro le dio mayor repercusión mediática.
La parte por el todo. No toda mención a la prensa es un ataque a su libertad. Tampoco puede argumentarse que sólo el gobierno amenaza las capacidades expresivas de empresas y periodistas. El verdadero principio a defender es la libertad de expresión, la de todos los ciudadanos, y no exclusivamente la de aquellos privilegiados que acceden a los escasos recursos comunicacionales masivos.
Hasta aquí un relato de los hechos. Por supuesto, tan subjetivo éste como el que cotidianamente realizan los medios.
* Licenciado en Comunicación. Docente e investigador, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Fuente: Página/12
