La pauta oficial y las formas de presión se debatieron
Ayer, en el Centro Cultural Nordeste, miembros de ADC, Asociación por los Derechos Civiles, encabezaron una charla debate sobre la libertad de expresión y las formas indirectas y encubiertas con que los funcionarios de Gobierno interfieren con la libertad de los medios y la independencia editorial en Argentina.
Sostuvieron que existe una cultura enquistada de abuso generalizado por parte de funcionarios de gobierno, que practican la “censura indirecta” al usar los recursos para publicidad y el poder regulatorio como “zanahorias” o “garrotes” para manipular a los medios con fines políticos y personales, ya sea influyendo incorrectamente en el contenido, o llevando a la quiebra a una publicación que resulta fastidiosa.
Los funcionarios saben que la pauta oficial en una empresa periodística significa un ingreso muy importante, entonces utilizan la presión sobre la línea editorial para castigar a quienes no cumplan con sus bajadas de línea, excluyéndolos de la pauta oficial o no pagándoles lo ya publicado, violando de esa manera derechos y garantías constitucionales.
El sistema democrático solo será viable cuando se respete el derecho a la libre expresión, derecho consagrado en nuestra Constitución nacional y en los tratados internacionales. Ello es así porque el ciudadano a la hora de votar a sus representantes debe conocer objetivamente los actos de gobiernos y poder discernir correctamente a quien elegir con el voto.
Es por ello que el Estado nacional y muchos estados provinciales utilizan la publicidad oficial para potenciar su propia gestión y castigar a quienes critican los actos de gobiernos informados objetivamente.
Es por ello que esta amenaza al sistema democrático merece una regulación legal clara que permita restringir al máximo la arbitrariedad en la distribución de la pauta oficial, de manera de evitar los abusos con fines políticos y actos de corrupción a los que nos tienen acostumbrados los funcionarios públicos que se desempeñan en dichas áreas.
La ADC, que viene impulsando la regulación de la pauta del Estado, invita al gobierno nacional y a los demás gobiernos provinciales a seguir los pasos de la provincia patagónica de Tierra del Fuego.
Como ejemplo válido se puede citar a la gobernadora Fabiana Ríos que dictó un decreto que regula la forma en que el Poder Ejecutivo provincial distribuye su presupuesto publicitario, lo que la convierte en la primera provincia argentina en sancionar un marco legal sobre este tema.
La medida reconoce que el reparto discriminatorio y arbitrario de la publicidad oficial es una violación a la libertad de expresión y busca “reducir la discrecionalidad” en la colocación de la pauta.
Establecer leyes que regulen la publicidad oficial es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos. En Tierra del Fuego, la ADC ha trabajado junto a organizaciones locales –como Participación Ciudadana y el Sindicato de Prensa de Río Grande- en el monitoreo del uso y abuso de publicidad oficial, e impulsando el debate sobre la necesaria regulación.
La ADC considera que la medida adoptada en Tierra del Fuego es un paso adelante en ese sentido. Sería positivo que la Legislatura provincial adoptara el decreto como punto de partida para la sanción de una ley que incluya también a los otros poderes del estado provincial.
Principales características
El decreto 183/08 dispone claramente cuál es la finalidad de la pauta del Estado, que incluye “informar objetivamente sobre la gestión del gobierno”, “comunicar disposiciones normativas”, “preservar el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores”, “difundir políticas públicas relevantes” y “afianzar principios constitucionales”.
También crea un Registro Provincial de Medios de Comunicación, en el que se deberán inscribir todos los medios y producciones independientes interesados en contratar publicidad con el gobierno. Éstos tendrán que cumplir ciertos requisitos, entre los que se destacan no tener deudas impositivas, tener a los empleados en situación regular y presentar una declaración jurada de tiraje o visitas (en caso de ser medios electrónicos) y una grilla de programación con su correspondiente tarifario.
El régimen legal establece un sistema que asigna distintos puntajes a los medios de comunicación inscriptos según diferentes criterios, tales como la producción local de contenidos, cobertura sobre asuntos de interés de los fueguinos, niveles de audiencia o tiraje y cantidad de empleados. También prevé una distribución prefijada en términos geográficos y de rubros de medios de comunicación. Siguiendo esos criterios de distribución, la Secretaría de Comunicación Institucional de la provincia deberá “prorratear el monto disponible de manera proporcional al puntaje obtenido por cada postulante del Registro Público de Medios”.
El decreto dispone que la Secretaría de Comunicación Institucional suscriba los contratos de publicidad “según las necesidades reales de cada área y/o servicio”. Las asignaciones de pauta se publicarán en el sitio web oficial de la provincia.
Un primer paso
Con la sanción de este decreto, Tierra del Fuego se convierte en la primera provincia argentina en regular la distribución de la pauta oficial, si bien en varias jurisdicciones existen proyectos de ley a la espera de ser tratados por las legislaturas. Lo mismo ocurre en el Congreso de la Nación, donde se presentaron proyectos tanto en la Cámara Diputados como en el Senado.
El abuso de publicidad oficial en la provincia ha sido particularmente grave. En 2005 la ADC y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta (Open Society Justice Initiative), de Nueva Cork publicaron Una Censura Sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina, que documenta como las autoridades de Tierra del Fuego “parecen usar generosos contratos de publicidad para comprar influencias de casi todos los medios locales”. “Los pagos por publicidad –dice el informe- rara vez se relacionan directamente con los escasos avisos publicados. Según periodistas y representantes del gobierno, los pagos a los diarios pueden incluso comprar el control sobre las noticias de tapa y la ubicación de artículos producidos por los propios funcionarios”.
Fuente: Datachaco
