Aunque la inversión en educación aumenta, los conflictos docentes no se reducen y la calidad de los servicios no mejora. Esto es consecuencia, entre otros factores, de regulaciones laborales que son tan reivindicadas en los discursos como violentadas en la práctica cuando se pagan salarios “en negro”. Esta disociación entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la práctica garantiza la conflictividad y la litigiosidad. Sólo sincerando los Estatutos Docentes y la forma de financiar la seguridad social será posible mejorar el funcionamiento del sistema educativo.
Desde hace más de dos década, una constante en el sistema educativo es la conflictividad laboral y, asociada a ello, la baja calidad de la enseñanza. Resulta muy ilustrativo el hecho de que, aun en un contexto de bonanza económica y sobre todo fiscal como la actual, el inicio del ciclo escolar ha sido muy irregular. En varias provincias las clases han comenzado con demoras como consecuencia de los conflictos. A pesar de que hay estadísticas nacionales e internacionales que señalan que los alumnos argentinos aprenden cada vez menos, la persistencia de los conflictos indican que el deterioro no se está revirtiendo.
¿Cuáles son los factores que explican que se haya instalado un clima de tanta hostilidad y decadencia que va más allá de los ciclos económicos y políticos? Las respuestas no son únicas, ni simples. Sin embargo, un aspecto muy relevante es la política salarial que se aplica a los docentes. Tomando datos del Ministerio de Educación de la Nación que describe las estructuras salariales de cada una de las jurisdicciones aparece que:
- El promedio simple del salario docente de bolsillo de maestro primario con 10 años de antigüedad en todo el país, a diciembre de 2007, fue de $1.382 mientras que el costo laboral -es decir, adicionando aportes y contribuciones- alcanzó los $1.894.
- De ese salario de bolsillo de $1.382, el 25% fueron pagos no remunerativos.
- 15 provincias pagan entre el 20% y 40% como no remunerativo, llegando a situaciones extremas como Salta donde el 67% se paga como no remunerativo.
La suma de pagos “en negro” más pagos “en gris” forman una brecha entre lo que se define en los Estatutos Docentes y lo que los maestros reciben en la realidad. Según el Ministerio de Educación, el sueldo básico y la antigüedad -que son las típicas figuras de remuneraciones que contemplan los Estatutos- apenas representan para el promedio simple de las jurisdicciones un 65% del salario bruto. Un caso extremo es Santa Cruz donde el sueldo básico y la antigüedad apenas representan el 38% del salario bruto del maestro; el resto son pagos que pueden ser remunerativos, pero son no bonificables, es decir, no forman parte ni del salario básico ni se computan para la antigüedad.
Esta particular forma de pagar a los docentes está profundamente arraigada. Se da en todas las provincias. Es más, el pago “en negro” es la modalidad preferida de la Nación para complementar los salarios que pagan las provincias. En rigor, los pagos “en negro” y “en gris” son un síntoma de las enormes dificultades que se enfrentan al tratar de cumplir con las normas laborales y de la seguridad social. Cuando los Estados nacional y provinciales incursionan en estas irregularidades, lo hacen desde la estrategia de mejorar el salario de bolsillo sin incrementar el costo laboral y, de esa manera, “destrabar” los conflictos, reiniciar las clases y sacar el tema de los medios de comunicación.
Pero los efectos de la estrategia duran poco y perpetúan los problemas. Por un lado, porque el uso de estos componentes por fuera del Estatuto es motivo de un permanente reclamo sindical por violación a la carrera docente. Los pagos de adicionales -no remunerativos o remunerativos- son un factor de conflictividad estructural. Por el otro, porque constituyen un terreno fértil para la litigiosidad previsional. Pagando no remunerativos se reduce el costo laboral en el corto plazo, pero se aumentan los gastos futuros ya que generalmente el Estado pierde las demandas judiciales que presentan los docentes que se jubilan.
El problema de fondo es que, ni las elevadas cargas sociales ni las regulaciones que contemplan los Estatutos Docentes, constituyen reglas consistentes con el objetivo de dar buenos servicios educativos. Defender en los discursos estas regulaciones, para luego violarlas a través de pagos “en negro” y “en gris”, es una práctica hipócrita. Es uno de los principales factores que explican la decadencia del sistema educativo argentino. Por eso, para romper con esta tendencia es fundamental replantear las reglas que regulan el trabajo docente apuntando a generar normas que sean realistas y consistentes con la capacidad de pago del Estado y que estimulen el compromiso y la capacitación de los educadores.
Click para ampliar la imagenFuente: IDESA - Instituto para el Desarrollo Social Argentino