Por Martín Becerra *
¿Las audiencias televisivas son soberanas a la hora de elegir el programa que ven? ¿Optan entre señales y programas en igualdad de condiciones? ¿O son cautivas de un menú de opciones engañoso? Asuntos que en el ámbito académico remiten a discusiones de fondo (donde aun hay quien defiende la presunta “autonomía del receptor”), parecen estar siendo saldadas con una peculiar confesión hecha por la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI). El ordenamiento de la grilla de TV por cable, resuelto en estos días por el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) en una de sus primeras medidas desde su reciente regreso a la órbita de la Secretaría de Medios, suscitó un duro comunicado de la CEMCI. El ComFeR estableció para todo el país lo que ya rige en la zona metropolitana de Buenos Aires desde que, a fines de 2007, Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Multicanal y Cablevisión: los cableoperadores deben incluir a todos los canales de aire y a las señales informativas en la grilla que va del 2 al 15.
Los canales del 2 al 15 son los más visitados por la audiencia (menos del 10 por ciento de los televidentes llega haciendo zapping a las últimas señales del menú, relegadas al ostracismo), por lo que el ComFeR intenta evitar que las señales de información sean desplazadas por los licenciatarios de TV por cable hacia los últimos espacios –muchas veces como estrategia para eliminar competidores– lo cual, a su vez, repercute en la falta de contraste informativo por parte de los televidentes. Cierto es que a la disposición del ComFeR se le imputa el centralismo geográfico, el sesgo porteño, dado que pretende que los cables del interior programen en las señales más visitadas a los canales de aire de Capital. Estos canales sólo tienen licencia para transmitir señal en la zona metropolitana de Buenos Aires; resulta ilógico entonces que se impongan a todo el país (que, por cierto, está invadido por programación porteña gracias a los acuerdos entre canales capitalinos y del interior, en un esquema centralista de facto definido por el mercado).
Para la CEMCI, la resolución del ComFeR constituye “un caso de censura previa, en el que el poder político pretende digitar qué cosa y de qué manera deben llegar al público”. Esta afirmación es notable: porque admite que efectivamente es posible “digitar qué cosa y de qué manera debe llegar al público”, y por qué los empresarios se arrogan la facultad de decidirlo por encima del Estado. La CEMCI reúne a propietarios de diarios y revistas y a licenciatarios privados de radio, TV abierta y por cable. Y a confesión de parte...
Corresponde recordar que los empresarios privados de radio y TV poseen un permiso o licencia de modo contingente, temporal, y que ese permiso lo otorga el Estado, representante de la sociedad, poseedora real de las licencias. Los empresarios del sector son inquilinos de ondas y frecuencias, y se supone que deberían prestar un servicio de interés público. Es probable que la categórica indulgencia de un gobierno que les renovó automáticamente todas las concesiones de radio y TV, que les ofrece quitas del 50 por ciento en el gravamen que les corresponde pagar, que es excesivamente permisivo con las constantes violaciones publicitarias y tolera el incumplimiento del inicio horario de las emisiones, influyen para fabricar en algunos empresarios la fantasía de que son los dueños de las licencias. Y que siendo dueños de las licencias, son dueños de “digitar qué cosa y de qué manera debe llegar al público”.
* Universidad Nacional de Quilmes - Conicet.
