El pasado miércoles 5 de marzo, el Boletín Oficial publicó la decisión administrativa Nº54/08, a través de la cual la partida “Bienes de uso de la Secretaría General de la Presidencia” aumentaba su presupuesto casi cuatro veces y media; así, pasó de $12,6 a $67,4 millones de pesos. El destino de estos fondos será remplazar el “Tango 01” por otra aeronave más segura. El monto involucrado, unos $54,8 millones, podría resultar una cifra coherente para tal fin. Sin embargo, una mirada en detalle descubre que la partida que se reduce para financiar la maniobra es nada más ni nada menos que un plan de asistencia social para familias con bajos recursos económicos de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Resultaría políticamente factible semejante reasignación presupuestaria del gasto público si no fuera porque, desde agosto de 2006, resulta legal que el jefe de Gabinete de ministros altere el gasto, sin ningún tipo de control, por medio de una simple decisión administrativa? Sin dudas, eso no habría sido posible, ni siquiera en épocas del ex presidente Carlos Menem. Los gastos de aquel gobierno también presentaban serias dudas de legitimidad social. Sin embargo, aún en aquellos tiempos, debían ser previamente aprobados –controlados– por el Congreso de la Nación. Hoy, las reasignaciones las decide por su cuenta el señor jefe de Gabinete.La aprobación de los llamados superpoderes estableció que de la antigua función de distribuir las partidas presupuestarias sólo quedara en manos del Congreso la determinación del monto global del gasto y el endeudamiento público. Es decir, desde 2006 lo que el Congreso Nacional aprueba en los hechos es una única partida de gastos, sin discriminación alguna de finalidad. Queda en manos del Ejecutivo utilizar las partidas a su antojo y discreción, inclusive privando a diferentes familias de recibir un subsidio para su posible desarrollo, como en este caso. Para el año en curso, ya se han aprobado gastos por millones de pesos. ¿Cuál será la finalidad de los mismos? La que discrecional o arbitrariamente decida el funcionario nacional.
Es necesario destacar el tratamiento que tiene el presupuesto nacional con la finalidad de que la opinión pública sepa con certeza que su aprobación por parte del Congreso hoy es una mera formalidad. La división de poderes, argumento fundacional de una república, busca, entre otros objetivos, limitar el abuso de poder, con su clásico concepto de contrapesos. Esta decisión administrativa, amparada en la bravuconada de considerar el número como criterio de verdad, da claro testimonio de lo que sucede en un país cuando la independencia de los poderes no es respetada.
Este tema sobre el que pretendemos convocar la atención de nuestros conciudadanos no es más que una muestra menor de la recurrente conducta del Ejecutivo nacional con los dineros públicos. En 2007, mediante dos decisiones administrativas, la finalidad del gasto sufrió modificaciones por la friolera de once mil doscientos cincuenta y siete millones ($11.257.000.000). Otras cuantas más convirtieron en gastos partidas destinadas a cancelación de deudas, por cuatro mil novecientos noventa y siete millones ($4.997.000.000).
Como los llamados superpoderes por definición no tienen límites, la gestión anterior del Ejecutivo nacional aumentó el monto total de gastos aprobado en $8.925.000.000, apelando a uno más de los degradados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con lo cual también burló flagrantemente las raquíticas atribuciones que conservaba el Parlamento nacional en la materia. Conclusión: en 2007, el Ejecutivo manejó discrecionalmente (¡a su antojo!) el equivalente al 21% del gasto que el Congreso había aprobado, mediante la ley de Presupuesto.
Algún intérprete del oficialismo (nunca faltan cuando se trata del poder) puede sostener que la insignificancia de la cifra actual (DA 54/08) en comparación con las detalladas en ejercicios anteriores es una muestra de mesura y autocontención de la señora Presidenta, en un esfuerzo por mejorar la calidad institucional de nuestro querido país. Sin embargo, esa visión esperanzadora se opaca, se desnaturaliza frente al manifiesto desatino político, la burla de mal gusto, que significa utilizar para la compra del avión presidencial las partidas destinadas a atenuar situaciones de pobreza. La propia Presidenta, frente a una expectante asamblea legislativa, planteaba como prioridad de su gestión la lucha contra la indigencia, cuatro días antes de tomar la medida (¿?).
No es intención de estas reflexiones sacar conclusiones unilaterales sobre tal o cual episodio. Sin embargo, el ejemplo debe servir para caracterizar los desaguisados que se producen cuando se utilizan procedimientos viciados desde su origen. Es absolutamente necesario que la verdadera república se construya sin atajos. La Constitución Nacional no es una suerte de obstáculo para gobiernos que se presumen de eficaces. Por el contrario, expresa la sabiduría de la distribución de poderes, de roles, de competencias. La necesidad del consenso democrático es mucho más productivo que el acto discrecional, por más inteligente que parezca. La calidad institucional no es sólo un formalismo, es el camino para tomar decisiones republicanas en su sentido más profundo.
* Senador nacional, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical