Por Sergio Crivelli, Diario La Prensa
Con buen criterio y mejor herramienta, Cristina Fernández de Kirchner resolvió tomar distancia del piquete que corta en forma permanente el paso internacional Gualeguaychú-Fray Bentos. El criterio es bueno, porque es racional: las relaciones con el Uruguay no pueden ser dejadas en manos de activistas que apelan a la violencia y administran a voluntad el tránsito de personas por la frontera, arrogándose facultades propias del Estado argentino.
La herramienta es mejor todavía, porque se ha valido de los servicios de un poderoso "holding" mediático para poner esta inaceptable y prolongadísima situación (lleva más de un año) en la agenda pública. Así está dando a los "ambientalistas" su propia medicina. Un día aparece la noticia de que otorgan "pasaportes truchos" para que las personas que ellos eligen puedan pasar el corte de ruta; otro día, que no acatarán un eventual fallo adverso de la Corte de La Haya; otro día, que no se irán de la ruta hasta la desaparición de la planta de Botnia. En pocas palabras: los ha puesto "allo spiedo", hasta que estén a punto para ser desalojados.
En este marco está previsto que la Presidenta reciba mañana a los activistas y se descuentan las críticas de quienes se sienten defraudados. En mayo de 2006 su marido había respaldado el corte calificándolo nada menos que de "causa nacional", pero mucha agua pasó bajo el puente desde entonces y los únicos que no han querido darse cuenta de eso son los "ambientalistas".
La presunta voluntad del nuevo gobierno de normalizar el paso fronterizo es positiva no sólo respecto de las relaciones con Uruguay, sino en términos generales, porque significa oponerse a que pocas personas con una actitud prepotente y el apoyo mediático violen la ley muchas veces hasta con una actitud festiva. También involucra enfrentarse con "dirigentes" que les han tomado el gusto a cámaras y micrófonos y los usan con fines intimidatorios.
En ese sentido puede comprobarse que la amenaza mediática es el gran hallazgo de los intolerantes que obligan a los que consideran sus enemigos a permanecer detrás de un cerco de policías para evitar males mayores. Así cumplen un doble objetivo: colocan a sus adversarios del lado de la policía -con la carga negativa que esa circunstancia tiene en un país en el que las fuerzas de seguridad son consideradas poco menos que una mafia- y de tanto en tanto sufren una leve represión, con lo que sacan patente de víctimas.
A esta altura del conflicto ya no queda mucho espacio para el silencio presidencial. Por los anticipos del "holding" (y la falta de desmentidas) se puede sospechar que la flamante jefa del Estado va por el camino correcto, más allá del método exploratorio utilizado. El siguiente paso sería hacer valer el estado de derecho y terminar con la lamentable realidad de que el papel de la Cancillería ha sido usurpado por una "asamblea soberana" que fija la política exterior con un país limítrofe.
Pasaron más de siete años de la crisis económica, política e institucional que puso al estado de derecho muy cerca del precipicio. Es hora de volver a respetar la ley y resulta agraviante la existencia de un Código Penal para los ciudadanos comunes y otro para los que hacen una militancia de la violencia.
