Vecinos/as y referentes barriales denunciaron que durante la realización de varios allanamientos y detenciones, ordenadas por el Juez en lo Penal de Instrucción de la 15ª Nominación, Dr. Jorge Baclini, en el marco de la causa caratulada "Estafas reiteradas y asociación ilícita", en la que se investiga un ilícito vinculado a conexiones clandestinas de señal de TV por cable, personal policial de
la Seccional Sub 24 cometió una serie de ilícitos, afectando derechos de personas integrantes de la comunidad toba.
Vecinos/as y referentes barriales relataron a integrantes de
la Consultoría Jurídica Barrial “Barrio Toba”, las siguientes irregularidades cometidas por policías de
la Seccional Sub 24, aprovechándose de las medidas legítimamente dictadas por el Juez de Instrucción:
- Allanamientos sin orden judicial, ingresando o intentando ingresar a domicilios de personas que nada tendrían que ver con la causa. Entre otros, se intentó allanar sin orden judicial un Centro Comunitario en el que funciona un Telecentro Comunitario, equipado con varias computadoras para el acceso libre a Internet y otras actividades gratuitas.
- Amedrentamiento generalizado a integrantes de la comunidad toba, amenazándolos/as con la realización de detenciones y más allanamientos.
- Detención de tres integrantes de la comunidad toba (Carlos Medina, Elbio López y Benito Manuel), imputados de estafa y asociación ilícita, a pesar que gran cantidad de vecinos manifestaron que las personas detenidas no integraban la “empresa proveedora” objeto de la investigación, sino que más bien fueron víctimas de la estafa. Los tres detenidos son personas conocidas en el barrio y cuyos magros ingresos provienen de actividades de cirujeo y changas ocasionales.
- Los familiares de estos detenidos que se presentaron con el patrocinio letrado de abogados de la Consultoría Jurídica Barrial fueron coaccionados por policías de la Sub 24 (quienes manifestaron: “ahora que pusieron abogados no los sacan más: a nosotros los abogados no nos asustan”), afectando así el legítimo derecho de defensa de los detenidos y el ejercicio profesional de los abogados.
- Personal policial de la Sub 24 requirieron a familiares de los detenidos Quinientos pesos ($500) por detenido para desvincularlos de la causa. El primer requerimiento ocurrió el martes en la Sub 24 y luego, esa misma noche, personal policial de civil concurrió a los domicilios de los familiares a buscar más dinero. Posteriormente, argumentando que “como habían designado abogados no los podían largar”, a una de las familias le devolvieron trescientos pesos ($300), manifestando que los otros doscientos pesos fueron devueltos al detenido.
- Estos hechos afectan principalmente a la comunidad toba residente en el barrio Travesía, agravando la situación de vulnerabilidad de derechos en que se encuentran sus integrantes.
Estas circunstancias se enmarcan en un conjunto de prácticas discriminatorias, opresivas y violatorias de los derechos humanos cometidas de manera reiterada por personal policial en el barrio. Vale recordar que en octubre de 2004, a partir de un informe realizado por la Consultoría Jurídica Barrial del barrio Toba con el asesoramiento de la Sección de Criminología del CEIDH, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Municipal elevó en la Sesión del Concejo Municipal, realizada en el Distrito Noroeste el 15-10-04, un proyecto sobre esta cuestión. El proyecto fue aprobado en dicha sesión, disponiendo realizar un especial seguimiento de las políticas de seguridad que se instrumente en dicha zona y el desarrollo de una estrategia de seguridad comunitaria, con la participación de representantes de la Comunidad Toba , de la Consultoría Jurídica Barrial, la UNR y de las entidades representativas de Empalme Graneros. A partir de esta ordenanza, se solicitó también intervención a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la que se comprometió a promover las investigaciones ante la Dirección Provincial de Asuntos Internos del Ministerio de Gobierno de la Provincia y a realizar un seguimiento de la situación en el barrio.
Dada la persistencia de las prácticas ilegales policiales y a la gravedad de lo sucedido esta semana, el jueves a las 20hs, vecinos/as, familiares de los afectados y organizaciones del barrio realizaron una protesta frente a la Sección Sub 24. La respuesta institucional policial consistió en la concentración de gran cantidad de móviles y efectivos policiales de distintas dependencias, en una clara actitud hostil, lo que generó tensiones con los/as manifestantes que fueron contenidas por los/as referentes presentes.
En el contexto de esta situación se hizo presente la Directora Provincial para la Zona Sur de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Dra. Fernanda Llovet, que medió reuniéndose con funcionarios policiales y con los vecinos. Este viernes, la Secretaría de Derechos Humanos inició al expediente administrativo Nº: 003-0000329-V-año2007, remitido a la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno, a fin de que tome conocimiento e intervención sobre los hechos denunciados.
El uso ilegal de la fuerza, las detenciones arbitrarias de jóvenes y las prácticas discriminatorias, corruptas y extorsivas por parte de funcionarios de la Policía de la Provincia de Santa Fe son cotidianas y afectan muy intensamente a los sectores populares. Estas prácticas son fomentadas por segmentos de las culturas ocupacionales de la institución y posibilitadas por su estructura organizacional militarizada (por el tipo de equipamiento, por la formación de su personal, por la disciplina interna, etc.), por las estrategias de producción de seguridad urbana desarrolladas por la institución y el poder político y por la falta de controles institucionales adecuados y eficaces por parte de los tres poderes provinciales.
En virtud de lo expuesto exigimos inmediatas respuestas institucionales por parte de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo de la provincia, para garantizar la efectiva promoción y protección de los derechos de los vecinos y vecinas del Barrio Toba, sistemáticamente vulnerados por funcionarios de la Policía , tanto en este caso concreto como en la realidad cotidiana del barrio.
Consultoría Jurídica Barrial “Barrio Toba”
Sección de Criminología, Centro de Estudios e Investigaciones en DDHH
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario
