El oficialismo ha ratificado su estrategia de comunicación, que incluye la decisión de no dar conferencias de prensa. El argumento que sostiene su determinación es que el presidente o su esposa se relacionan con el pueblo sin necesidad de mediaciones que, como las de la prensa, pueden distorsionar su mensaje. Para ellos, el ya célebre atril presidencial resuelve este tema, a pesar de su manifiesta unidireccionalidad. Como sea, lo que ha hecho Kirchner durante estos cuatro años parece que será repetido al pie de la letra por su esposa si es elegida presidenta.
Por lo pronto, la campaña electoral se ciñe a esta lógica. La decisión trasciende las fronteras. En Estados Unidos y en Europa los únicos que no merecieron una declaración de la candidata oficialista fueron los periodistas argentinos. Incluso estuvieron excluidos en un tema tan puntual y tan alejado de la política partidaria como el que convocó a científicos argentinos residentes en Estados Unidos.
El oficialismo estima que los medios de comunicación participan de intrigas orientadas a minar su poder. Por lo tanto, su política es la de rehuir todo tipo de relación. La decisión sería una suerte de castigo a quienes no están dispuestos a reconocer las bondades del gobierno. El castigo se extiende a empresarios de medios, pero no a todos, sino a aquellos que mantienen posiciones críticas.
En reiteradas oportunidades hemos señalado que la relación entre el poder político y la prensa no es un favor o una concesión del poder sino un atributo de la democracia republicana. En este sistema, la libertad de prensa es un valor gravitante, e incluye una relación fluida, madura y racional entre la prensa y la política. Los beneficiarios de esta relación son, en primer lugar, los ciudadanos y, en segundo lugar, el propio sistema político.
La negativa a dar conferencias de prensa o a reconocer el papel del periodismo significa privar a la sociedad de información necesaria para constituir la opinión pública, sin la cual puede haber poder democrático pero no hay sociedad democrática.
Al mismo tiempo le impide al gobierno, a los titulares del poder, conocer voces disidentes y diferentes ángulos de observación de la realidad, ya que por lo general las preguntas de los periodistas profesionales van más allá de los caprichos individuales y suelen representar con bastante fidelidad el interés de los lectores.
Hemos dicho que no hay ninguna ley que obligue al gobierno a brindar conferencias de prensa. Sin embargo, la omisión de esta práctica republicana provoca perjuicios sociales. Los diarios pueden realizar su tarea sin las conferencias de prensa del poder, pero se sabe que a los ciudadanos se los está privando de una importante fuente de información.
Es lamentable que existiendo condiciones históricas para que la relación entre la prensa y la política sea fructífera, desde el poder se vaya a contramano de lo que aconseja la buena tradición democrática.
Nadie desea que el gobierno pague costos innecesarios por esta omisión, pero debe quedar claro que su actitud restringe las fuentes del periodismo y, por ende, afecta a la sociedad que es la destinataria de su trabajo.
Diario El Litoral
