Con discreción y cautela, un grupo de representantes de organismos defensores de derechos humanos, encabezados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, mantiene contactos de alto nivel con la cúpula de la Marina para avanzar en un diálogo que busca "derribar los muros" que separan a las fuerzas armadas de la ciudadanía.
Marcelo Izquierdo
El hecho no tiene precedentes en Argentina y marca un hito en la difícil convivencia entre mandos castrenses y organizaciones civiles, algunas de las cuales impulsaron demandas judiciales contra soldados y oficiales de la dictadura militar (1976-1983).
"Hablamos de la memoria, de la identidad, de la función de las fuerzas armadas en la democracia. Los cambios tienen que ver con los derechos humanos, hacer reformas que se engloben en una construcción democrática", sostiene Pérez Esquivel en entrevista con Proceso.
El diálogo, dijeron algunos de quienes han intervenido en él, tuvo una etapa muy significativa antes del pasado 14 de mayo, en Puerto Belgrano, la base naval más importante del país, ubicada a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Allí se reunieron "entre 25 y 30 altos mandos" de la marina y un pequeño grupo encabezado por Pérez Esquivel.
"Ese fue nuestro primer gran contacto. Poco a poco se irá avanzando para tratar de cambiar las cosas", estima el premio Nobel de la Paz 1980.
Ello ocurre al mismo tiempo que en Argentina avanzan a paso lento decenas de juicios contra represores y genocidas muchos de ellos pertenecientes a la marina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
Amigos de la infancia
Este acercamiento cívico-militar se inició un poco por azar. Eduardo Salerno, abogado argentino de la premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, era amigo de la infancia del jefe de la marina argentina, almirante Jorge Godoy. Ambos se criaron juntos en su natal Mar del Plata.
La vida los distanció durante décadas, hasta que volvieron a encontrarse en 2004. "Entonces (Godoy) me manifiesta su inequívoca voluntad de dar respuestas acordes a los nuevos tiempos" democráticos que vive el país, cuenta Salerno.
"Ahí nace este diálogo. Yo no hablo de reconciliación. Aquí tiene que existir justicia y verdad. Pero la democracia es la convivencia más o menos armónica de los diferentes. Y es posible, sí, terminar con el conflicto" cívico militar que aún perdura, señala este ex abogado de las Madres de Plaza de Mayo.
De ese encuentro surgió la idea de organizar las "Jornadas para compartir y reflexionar sobre nuevos valores y principios de la profesión militar", que se desarrollaron en la llamada Casa Amarilla, una dependencia naval en Buenos Aires.
Concurrieron representantes de derechos humanos, funcionarios de gobierno y altos mandos navales, como el propio jefe de la marina.
Salerno refiere que, allí, algunos militares expresaron su interés por continuar con este diálogo; otros, en cambio, mostraron "alguna preocupación" porque "no les gustaba el tema que se debatía".
Y los comienzos no fueron muy alentadores. Enseguida apareció cerca de la sede de la armada una pinta con la leyenda "Chino traidor", en alusión al sobrenombre con que es conocido Godoy. "Desde la centroderecha este diálogo no se quiere entender, y tampoco se entiende mucho desde la izquierda", resume Salerno.
Por ese entonces la presencia de Pérez Esquivel, quien preside el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la cátedra por la cultura y los derechos humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ya era una realidad.
Los días 8 y 9 de setiembre del año pasado, junto con miembros de su cátedra, Pérez Esquivel se reunió, en el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, con el almirante Godoy y varios capitanes de navío.
La semilla había sido sembrada. El tercer encuentro ocurrió el 14 de mayo pasado.
Pérez Esquivel llegó hasta las puertas de la base naval de Puerto Belgrano, en el sur del país. Con él se encontraban otros militantes de entidades de derechos humanos, como el propio Salerno; y Horacio Ravenna, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
También asistió, especialmente invitado, Hugo Cañón, fiscal de la ciudad de Bahía Blanca, vecina a Puerto Belgrano, quien ha tenido una importante participación en procesos legales contra violadores de derechos humanos.
"Cuando llegábamos a las puertas de la base le dije a Adolfo (Pérez Esquivel): esto es histórico", comenta Salerno.
El grupo fue recibido por los más altos jefes de la marina. "De un lado de la mesa estábamos nosotros, y del otro, entre 25 y 30 altos mandos, entre ellos Godoy", añade.
Las conversaciones giraron en torno de la integración de los nuevos cuadros de las fuerzas armadas a la sociedad después de más de dos décadas de desconfianza, tras el final de una dictadura que causó 30 mil desaparecidos y secuelas aún hoy vigentes, como el secuestro de más de 500 bebés nacidos en cautiverio.
La marina tuvo un papel preponderante en los años duros de la represión. En la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), en Buenos Aires, funcionó el más grande centro de exterminio de la dictadura.
Se estima que miles de personas pasaron por sus cámaras de tormentos o fueron asesinadas por sus captores. A muchas otras se las drogaba y arrojaba al mar en los llamados "vuelos de la muerte".
"Al principio --relata Salerno-- la reunión fue diáfana. Nos mostraron la base, nos contaron cuáles son las tareas que se cumplen allí. Pero después hubo intercambios más duros. Quedaron en claro las diferencias de matices, pero también que hay un estado de derecho que es necesario preservar. Las camadas nuevas son conscientes de que hay errores que no se pueden repetir. La reunión terminó muy bien, con ganas recíprocas de seguir manteniendo este diálogo".
Recuerda Pérez Esquivel que un alto jefe naval trazó un cuadro de situación sobre los nuevos oficiales. "Las nuevas camadas de las fuerzas armadas --expresó el militar-- cargan sobre sus espaldas con una mochila pesada. Pero no podemos seguir marginándolas. Son oficiales de hasta 45 años que no participaron en la dictadura. Si no los integramos a la sociedad, esto no va a cambiar nunca".
Y Pérez Esquivel concuerda con él: "Hay integrantes actuales de las Fuerzas Armadas que no participaron de la represión. Eran niños entonces. Tenemos que ver qué tipo de presencia y participación social pueden tener. Es una forma e construir ciudadanía y superar bloqueos y derribar muros".
El activista expone este proyecto de diálogo en su cátedra de derechos humanos, cuyos miembros integran una especie de "grupo de evaluación".
A su vez, la periodista Estela Caloni, miembro de la cátedra y del consejo directivo del Instituto Espacio para la Memoria, manifiesta a Proceso: "Esto es un embrión de lo que puede ser una gran idea. Es un trabajo de largo alcance. Debemos ver qué se puede hacer para romper esta situación y analizar en qué se puede ayudar para cambiar la educación de las fuerzas armadas en el futuro".
Cursos de derechos humanos
Este diálogo cívico-militar se cumple en coincidencia con un plan promovido por el gobierno de Néstor Kirchner para realizar una profunda reforma en la educación castrense, que incluye cursos de derechos humanos y la incorporación de materias humanísticas impartidas por docentes de universidades nacionales. El plan será lanzado en agosto.
"Esto era algo impensable hasta hace algunos años", apunta Pérez Esquivel.
Hoy el clima parece propicio. Decenas de causas contra represores están en marcha tras la abolición, a mediados de 2003, de las llamadas "leyes de perdón" (de punto final y obediencia debida) que pusieron fin a los incipientes juicios contra violadores de derechos humanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89)
El indulto que el presidente peronista Carlos Menem (1989-1999) dio a los miembros de las juntas militares que gobernaron con mano dura el país fue anulado en abril pasado por la Cámara Federal, el mismo tribunal que juzgó, en un proceso histórico, a los comandantes de la dictadura.
Según el informe anual de 2006 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), existen en el país alrededor de 700 personas a quienes se atribuye la comisión de crímenes de lesa humanidad.
De esa cifra, sólo 243 están procesados con prisión preventiva, 48 se hallan prófugos, a 44 se les dictó falta de mérito, 99 fallecieron, cinco fueron juzgados incapacitados para someterlos a juicio y apenas seis fueron condenados, entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz, y el represor Julio Simón, alias el Turco Julián, sentenciados a reclusión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente.
El resto aguarda el inicio de sus procesos en sus domicilios.
En tanto, el diálogo cívico-militar sigue en marcha. Los días 3, 4 y 5 de julio en la Casa Amarilla de la armada, se realizaron las segundas "Jornadas para compartir y reflexionar sobre nuevos valores y principios de la profesión militar".
"Queremos establecer un repertorio de contenidos éticos y contenidos socio-políticos, como el respeto a la legalidad. Buscamos acercar todas las piezas para llegar a un consenso", expresa Salerno.
Pero este diálogo no engloba aún a todos los organismos defensores de derechos humanos, como las emblemáticas Madres de Plaza de Mayo. "A Hebe de Bonafini (la histórica figura de las Madres) se le va a invitar también. Nos manejamos con cautela, pero no en secreto. El Ministerio de Defensa está al tanto de todo", concluye Salerno. *
Fuente: Revista Proceso.
