La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano presentaron ayer ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sus recomendaciones para una futura ley que reglamente la forma en que el Estado distribuya su publicidad. Transparencia, control y criterios claros para la asignación fueron algunas de los puntos que marcaron ambas organizaciones.
La ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sus recomendaciones para una futura ley que reglamente la forma en que el Estado distribuye la publicidad oficial. Ambas entidades consideraron que la sanción por parte del Congreso de un marco legal es necesaria para otorgar transparencia y evitar discriminaciones que afecten de un modo negativo a la libertad de expresión.
Por la ADC estuvo Eleonora Rabinovich, directora del Área de Libertad de Expresión, quien consideró que la falta de reglas relativa a la forma en que se distribuye la publicidad oficial promueve “decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política”. Rabinovich enfatizó en la necesidad de establecer mecanismos de contratación concretos, criterios precisos y cuantificables que “respeten el pluralismo informativo” y procesos competitivos de asignación. “Una ley del Congreso sería muy importante como ejemplo para que las distintas provincias y municipios también legislen sobre la materia”, agregó.
Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, consideró que es necesario crear un organismo “independiente, técnico, autárquico y autónomo” que se encargue coordinar la actividad publicitaria del Estado. “Sería el responsable de coordinar la programación anual y supervisar la ejecución presupuestaria”.
Según Rabinovich, “la publicidad oficial puede tener una función muy positiva, como canal de comunicación entre el Estado y la población. Pero las campañas de publicidad oficial deben desarrollarse exclusivamente cuando concurran razones de interés público”. La ADC viene trabajando en pos de una regulación para la publicidad oficial y en diciembre pasado presentó en la comisión su documento “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial”, que sienta pautas generales sobre las cuales debería basarse una regulación de la pauta estatal que respete la libertad de expresión.
Asimismo, ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de suspender la publicidad oficial durante un tiempo razonable antes de las elecciones y de establecer prohibiciones específicas en relación al contenido de la publicidad oficial, que eviten su confusión con propaganda partidaria. En ese sentido, Alonso consideró que se debería prohibir la utilización de nombres propios en este tipo de publicidades. “La publicidad oficial no debe estar firmada por los funcionarios, tal como sucedió con las publicidades utilizadas por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad, que llevaban la leyenda ‘gestión Telerman’”.
La necesidad de establecer un registro público de medios de comunicación y de fijar mecanismos de transparencia y de control fueron otros de los puntos tratados por la ADC y Poder Ciudadano. “Sugerimos que se solicite a los medios que informen acerca de su propiedad, el público al que se dirigen, su facturación anual, y las temáticas que suelen tratar, además de otras cuestiones legales, impositivas y laborales. Todo ello debe publicarse en Internet”, dijo Alonso.
Los tres proyectos bajo consideración de la Comisión de Libertad de Expresión pertenecen a diputados de distintas tendencias políticas. Así, mientras uno corresponde a los diputados Silvana Giudici, Vilma Baragolia, Alicia Tate, Cinthya Hernández (UCR) y Claudio Lozano (Emancipación y Justicia), los otros dos son obra de Paula Bertol junto a Federico Pinedo (PRO) y Esteban Jeréz (PRO). En el marco del estudio de los mismos, la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara baja decidió convocar a distintas organizaciones civiles para que den su opinión sobre la materia.
Fuente: ADC
