El canal América de Televisión transmitió durante veinte minutos en el horario dedicado a los niños imágenes de un cadáver, con explicaciones acerca de cómo se habría producido la muerte y primeros planos detallados. Sus directivos intentaron justificarlo por la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. La jurisprudencia protege a los ciudadanos comunes de los abusos mediáticos y en cambio suprime o atenúa esa protección para los gobernantes, dirigentes o personalidades públicas que deben rendir cuentas a la sociedad. Aun así, la Corte Suprema de Justicia estableció que existen derechos personalísimos que no pueden ser violados ni siquiera en el caso de una personalidad tan pública como el ex jefe de la UCR Ricardo Balbín, cuya agonía fue retratada por la revista Gente como uno. Mucho más se aplica a este caso, donde no hay trascendencia institucional, interés ni personalidades públicas, sino un episodio doloroso en la vida privada de una familia del común. El COMFER se declaró indignado, lo cual no entra dentro de sus funciones. En mayo de 2005, pese a que América estaba en convocatoria de acreedores, en vez de declarar extinguida la licencia tal como autoriza la ley, Kirchner la prorrogó por diez años con el decreto 527, lo cual congela el espectro vigente, cierra el espacio a la competencia y la pluralidad informativas e implica una transferencia de recursos de centenares de millones de dólares. Otros requisitos legales son trampeados por América sin que el gobierno se mosquee. Entre los requisitos personales para poseer una licencia figura la constitución regular de la sociedad, la calidad moral de sus integrantes y la demostración sobre el origen de los fondos. Por supuesto, la licencia es indelegable y no pueden cederse acciones sin autorización del COMFER. Según la documentación oficial del COMFER, la Sociedad que administra ese canal está formada por Natalio Wende y Basilia Jaliquias, lo cual es una pura ficción. El control debe buscarse en una serie de cajas chinas. El 9 de mayo de este año el COMFER autorizó el ingreso a la sociedad con el 83% de las acciones de Avila Inversores y América Inversora, ambas constituidas por los mismos accionistas (Carlos, Juan Cruz, Diego Gabriel y María Celeste Avila y Luis Benjamín Nofal). Pero en el caso de Avila Inversores, también forma parte Zarova S.A., cuyo paquete pertenece al ex ministro José Luis Manzano, el político que con menor escrúpulo exhibe el fruto de sus afanes, a su socio Eduardo Daniel Vila, y al Grupo De Narváez SA. El inversor colombiano Francisco de Narváez es diputado nacional, lo cual de acuerdo con la ley lo inhabilita para ser licenciatario de un medio electrónico. Para eludir esa prohibición se hace representar en el directorio por Mario Fabián Papini, Guillermo Coldesina y Diego Javier Zaffore. Nadie ignora, ni dentro ni fuera del canal, que Avila vendió su parte y que quienes toman las decisiones son Manzano, Vila y el inversor colombiano De Narváez, aunque aun les falta la aprobación presidencial.
Fuente: Página/12