Ivan Rodon i Tenas | irodon@diaridetarragona.com
Las cuatro empresas tarraconenses presentes en la Te
rminal Puerto de Rosario (TPR) han presentado cinco denuncias en dos juzgados argentinos después de haber perdido el control de la misma tras una asamblea irregular, convocada a sus espaldas y sin dejarles participar, y en la que, tras aprobarse una ampliación de capital, quedaron en minoría y a merced de los socios argentinos y uruguayos.Las cuatro empresas de Tarragona (Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services) que se apuntaron a la aventura de Puerto Rosario, animadas por el ex presidente de la Autoritat Portuària, Lluís Badia, han sido estafadas. Así se desprende de una irregular jugada urdida por el presidente de la terminal, Guillermo Salazar -hombre de confianza de Badia en el puerto argentino- y de la consecuente defensa que estas empresas han iniciado en los juzgados.
En total son cinco las demandas presentadas por los tarraconenses en dos juzgados de Rosario después de la irregular asamblea que les dejó en minoría cuando detentaban el 51 por ciento de la sociedad Termina
Puerto de Rosario (TPR).
Según ha podido saber el Diari, los problemas accionariales comenzaron a finales de 2004 cuando Guillermo Salazar convocó de forma oculta una asamblea ordinaria y extraordinaria con la finalidad de licuar el capital de las empresas catalanas, que tenían el 51 por ciento de las acciones de TPR. Sin embargo, esta convocatoria fue abortada después de que alguien avisara a las firmas tarraconenses de las intenciones de Salazar y éstas cancelaran los poderes que le habían dado al presidente y nombraran como representante legal a un prestigioso buffet de abogados de Buenos Aires, Estudio O'Farrell. Descubierto, Salazar anuló la convocatoria y viajó a Tarragona para intentar rendir explicaciones a sus socios.
Éstos, alertados por las maniobras anteriores, le dejaron claro que en adelante no aprobarían nada antes de conocer los resultados de una auditoría que debería efectuar una consultora reconocida internacionalmente, KPMG.
Sabiendo, pero, Guillermo Salazar que el resultado de una auditoría podía dejar en evidencia su deficiente gestión al frente de la terminal, regresó a Rosario con la intención de ganar tiempo y aprovechar las fiestas del puente de la Purísima para, otra vez, convocar una nueva asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobase su gestión y, de paso, una ampliación de capital que dejase en minoría al grupo tarraconense.
Nuevo aviso
Sin embargo, un nuevo aviso permitió a los representantes legales de las empresas catalanas (del gabinete Estudio O'Farrell) reaccionar a tiempo y se personaron en las oficinas de Puerto de Rosario para asistir a la asamblea y denunciar lo acontecido. Pero esta vez Salazar no estaba dispuesto a demorar por más tiempo sus intenciones e impidió el ingreso de los abogados contratados por los tarraconenses, que tuvieron que conformarse con dejar constancia de lo ocurrido redactando un acta notarial. Así las cosas, el presidente de la Terminal Puerto de Rosario pudo acometer finalmente la citada ampliación de capital que dejaría en minoría a las empresas de Tarragona, que pasaron de tener el 51 por ciento de las acciones a poseer el 40 por ciento. El resto se lo repartieron José Luis Manzano (propietario del diario La Capital), que recibió el 20 por ciento de las acciones; el propio Guillermo Salazar, con el 15 por ciento; Carlos Espina, con la misma cantidad; y Gustavo Pedro Sanahan, con el 10 por ciento restante. Todos ellos del entorno de Salazar.
La explicación que el presidente de TPR dio para no dejar asistir a la asamblea a las empresas de Tarragona fue debido a que éstas, con antelación, no habían ingresado unas aportaciones económicas. Lo que calló deliberadamente Guillermo Salazar fue que entonces él era el apoderado de los empresarios catalanes y que no les notificó lo que debían ingresar. Cuando lo hizo, las cuatro empresas tarraconenses enviaron de inmediato el dinero, pero por un problema administrativo y burocrático, el dinero nunca llegó a ser ingresado en la cuenta de la Terminal Puerto Rosario, sino que permanece en una cuenta del BBVA.
Las denuncias
Así las cosas, tras perder la mayoría del accionariado de TPR, a las cuatro empresas de Tarragona -de las que otros sectores portuarios de Rosario han destacado a este rotativo su profesionalidad, seriedad y honestidad- no les ha quedado otra opción que recurrir a la justicia.
En las últimas semanas se han presentado cinco denuncias, dos a cargo de Interlogística Portuaria SA (Cementos Goliat) y tres de Inter Rosario Port Services (TPS, SITASA y FRUPORT, en los Distritos (juzgados) 3 y 6 de Rosario. En las demandas presentadas se solicita la impugnación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, y que se reparan los daños ocasionados a las cuatro empresas tarraconenses. Éstas, por su parte, prefirieron ayer guardar silencio a la espera de ver cómo se resuelve el asunto judicial, al igual que el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé. En todo caso, fuentes argentinas no descartan que según sea la resolución judicial, las empresas tarraconenses acaben vendiendo su participación y abandonen Rosario.
Fuente: Diari de Tarragona