Según el Diari de Tarragona Manzano se quedó con una parte del Puerto Rosario

Las empresas de Tarragona llevan al juzgado la gestión de Puerto Rosario Han presentado cinco denuncias por haber perdido el control de las acciones de la Terminal
Ivan Rodon i Tenas | irodon@diaridetarragona.com
Las cuatro empresas tarraconenses presentes en la Terminal Puerto de Rosario (TPR) han presentado cinco denuncias en dos juzgados argentinos después de haber perdido el control de la misma tras una asamblea irregular, convocada a sus espaldas y sin dejarles participar, y en la que, tras aprobarse una ampliación de capital, quedaron en minoría y a merced de los socios argentinos y uruguayos.
Las cuatro empresas de Tarragona (Cementos Goliat, Fruport, Silos de Tarragona y Tarragona Port Services) que se apuntaron a la aventura de Puerto Rosario, animadas por el ex presidente de la Autoritat Portuària, Lluís Badia, han sido estafadas. Así se desprende de una irregular jugada urdida por el presidente de la terminal, Guillermo Salazar -hombre de confianza de Badia en el puerto argentino- y de la consecuente defensa que estas empresas han iniciado en los juzgados.
En total son cinco las demandas presentadas por los tarraconenses en dos juzgados de Rosario después de la irregular asamblea que les dejó en minoría cuando detentaban el 51 por ciento de la sociedad Termina
Puerto de Rosario (TPR).
Según ha podido saber el Diari, los problemas accionariales comenzaron a finales de 2004 cuando Guillermo Salazar convocó de forma oculta una asamblea ordinaria y extraordinaria con la finalidad de licuar el capital de las empresas catalanas, que tenían el 51 por ciento de las acciones de TPR. Sin embargo, esta convocatoria fue abortada después de que alguien avisara a las firmas tarraconenses de las intenciones de Salazar y éstas cancelaran los poderes que le habían dado al presidente y nombraran como representante legal a un prestigioso buffet de abogados de Buenos Aires, Estudio O'Farrell. Descubierto, Salazar anuló la convocatoria y viajó a Tarragona para intentar rendir explicaciones a sus socios.
Éstos, alertados por las maniobras anteriores, le dejaron claro que en adelante no aprobarían nada antes de conocer los resultados de una auditoría que debería efectuar una consultora reconocida internacionalmente, KPMG.
Sabiendo, pero, Guillermo Salazar que el resultado de una auditoría podía dejar en evidencia su deficiente gestión al frente de la terminal, regresó a Rosario con la intención de ganar tiempo y aprovechar las fiestas del puente de la Purísima para, otra vez, convocar una nueva asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobase su gestión y, de paso, una ampliación de capital que dejase en minoría al grupo tarraconense.

Nuevo aviso
Sin embargo, un nuevo aviso permitió a los representantes legales de las empresas catalanas (del gabinete Estudio O'Farrell) reaccionar a tiempo y se personaron en las oficinas de Puerto de Rosario para asistir a la asamblea y denunciar lo acontecido. Pero esta vez Salazar no estaba dispuesto a demorar por más tiempo sus intenciones e impidió el ingreso de los abogados contratados por los tarraconenses, que tuvieron que conformarse con dejar constancia de lo ocurrido redactando un acta notarial. Así las cosas, el presidente de la Terminal Puerto de Rosario pudo acometer finalmente la citada ampliación de capital que dejaría en minoría a las empresas de Tarragona, que pasaron de tener el 51 por ciento de las acciones a poseer el 40 por ciento. El resto se lo repartieron José Luis Manzano (propietario del diario La Capital), que recibió el 20 por ciento de las acciones; el propio Guillermo Salazar, con el 15 por ciento; Carlos Espina, con la misma cantidad; y Gustavo Pedro Sanahan, con el 10 por ciento restante. Todos ellos del entorno de Salazar.
La explicación que el presidente de TPR dio para no dejar asistir a la asamblea a las empresas de Tarragona fue debido a que éstas, con antelación, no habían ingresado unas aportaciones económicas. Lo que calló deliberadamente Guillermo Salazar fue que entonces él era el apoderado de los empresarios catalanes y que no les notificó lo que debían ingresar. Cuando lo hizo, las cuatro empresas tarraconenses enviaron de inmediato el dinero, pero por un problema administrativo y burocrático, el dinero nunca llegó a ser ingresado en la cuenta de la Terminal Puerto Rosario, sino que permanece en una cuenta del BBVA.

Las denuncias
Así las cosas, tras perder la mayoría del accionariado de TPR, a las cuatro empresas de Tarragona -de las que otros sectores portuarios de Rosario han destacado a este rotativo su profesionalidad, seriedad y honestidad- no les ha quedado otra opción que recurrir a la justicia.
En las últimas semanas se han presentado cinco denuncias, dos a cargo de Interlogística Portuaria SA (Cementos Goliat) y tres de Inter Rosario Port Services (TPS, SITASA y FRUPORT, en los Distritos (juzgados) 3 y 6 de Rosario. En las demandas presentadas se solicita la impugnación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, y que se reparan los daños ocasionados a las cuatro empresas tarraconenses. Éstas, por su parte, prefirieron ayer guardar silencio a la espera de ver cómo se resuelve el asunto judicial, al igual que el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Anton Burgasé. En todo caso, fuentes argentinas no descartan que según sea la resolución judicial, las empresas tarraconenses acaben vendiendo su participación y abandonen Rosario.

Fuente: Diari de Tarragona

Canal 7 Argentina, una saga interminable

Fiel a su historia, la pantalla de Canal 7, la emisora de televisión estatal argentina, sigue debatiéndose entre una programación comercial que compita por audiencia y publicidad con los canales privados y otra, de servicio público, que constituya una alternativa a la concentración mediática. La ausencia de un marco institucional que defina objetivos de largo plazo, métodos de designación de autoridades, así como instancias de control por parte de la sociedad, relega al canal y abre la puerta a disputas de poder y negocios a costa de todos los argentinos

Por: Pablo Stancanelli

"La televisión es un componente esencial de la vida humana moderna, (...)
es el instrumento principal de aportación de información cultural patrimonial (el pasado), de contemplación de lo que pasa (el presente) y por lo tanto de una conciencia que necesita tener proyectos de futuro. Después de la formación
familiar y escolar, (...) la televisión es el instrumento más activo en la formación de la conciencia personal y colectiva."
Manuel Vázquez Montalbán, "Por el mercado hacia la verdad única" 1

"Canal 7 pinta con Tersuave. El poder de la pintura". El auspicio comercial impacta. Destacado en el cartel luminoso que en su fachada presenta el nuevo y enésimo logo de LS82 TV Canal 7, le imprime al canal de televisión público argentino un aire privatizado.

Porque a lo largo de toda su historia, Canal 7 ha sido una poderosa herramienta de difusión de propaganda tanto para dictaduras como para gobiernos democráticos y ha generado pingües negocios privados en detrimento del Estado; pero más allá de la calidad de gestión de uno u otro director y del mérito de haber producido muchos programas memorables, nunca ha cumplido con su rol esencial: el de un servicio público de carácter universal que se proponga informar, educar, entretener y difundir la diversidad cultural del país al margen del interés privado. Así, el "instrumento de comunicación audiovisual más poderoso de la época moderna" 2, ha sido hasta ahora una herramienta cultural y social desperdiciada.

Sin embargo, debe destacarse que el ex presidente Carlos Menem no haya podido sumar Canal 7 al desguace del Estado realizado durante sus mandatos. En marzo de 1992, su gobierno decidió la liquidación de Argentina Televisora Color LS82 Canal 7; estableció que sus deudas fuesen absorbidas por el Estado y creó ATC Sociedad Anónima, conducida por Gerardo Sofovich. Al mismo tiempo, habilitó la posibilidad de publicitar productos dentro del contenido de los programas. Tres años más tarde, una auditoría de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) señaló serias irregularidades en el manejo del canal y una nueva deuda acumulada de 67 millones de dólares. Menem nombró entonces interventor a Germán Kammerath, con el mandato de privatizar la empresa. ATC S.A. se declaró en concurso preventivo de acreedores, al tiempo que el Decreto presidencial 1.022/95 asignaba al canal la frecuencia 4, sustituyendo así su señal habitual, la frecuencia 7, que se pretendía adjudicar por licitación.

La intervención de congresistas, de los trabajadores del canal y de parte de la opinión pública impidió la privatización de la emisora, así como la de su frecuencia, contrariamente a lo que sucedió con la de Radio Municipal 3. En abril de 2002, Canal 7 recuperaría su frecuencia original durante la gestión del ex presidente provisional, Eduardo Duhalde, quien derogó el Decreto 1.022/95.

Entre ambos momentos, el ex presidente Fernando de la Rúa desperdició la oportunidad de otorgar un marco institucional al canal. Aludiendo a una "necesaria" reducción del gasto público, De la Rúa vetó el 31-12-1999 la ley 25.208, aprobada por el Congreso de la Nación el mes anterior 4. Dicha ley creaba Radio y Televisión Argentina S.E. y disponía el "control público no gubernamental" de los medios de comunicación del Estado. En su reemplazo, con el objetivo de racionalizar los recursos del Estado, el gobierno de la Alianza crearía por decreto el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) que agrupa a las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión. Actualmente, el SNMP, que depende de la Secretaría de Medios de Comunicación a cargo de Enrique Albistur, tiene como interventor a Luis Ricardo Palacio.

¿Un nuevo canal?
"Nace Canal Siete". El 17-10-04, en conmemoración de los 53 años de Canal 7, el gobierno de Néstor Kirchner difundió un aviso publicitario en los periódicos de mayor circulación del país donde se señalaba: "consciente (...), de su importancia estratégica, de la función social que tiene y del rol fundamental que debe desempeñar en un Estado moderno, el Gobierno Nacional tiene la firme decisión política de volver a ponerlo en el lugar que se merece. Jerarquizando las funciones de todos quienes lo integran. Modernizando su equipamiento e instalaciones. Y aumentando en cantidad y extensión territorial sus repetidoras. Así, en muy poco tiempo volverá a ser una señal competitiva, colocándose a la altura de las mejores emisoras estatales del mundo".

Entre estos puntos, el gobierno fijó como prioritarios la modernización del equipamiento y de las instalaciones, y la extensión de su señal a mayores franjas del territorio nacional. Debido a su desastroso estado, la sede edilicia del canal fue objeto de arreglos en su fachada y se repararon las filtraciones internas. Por otra parte, se aprobó un plan para renovar en tres años el aparato tecnológico del canal, que en muchos aspectos data de hace más de 20 años. En cuanto a la extensión territorial de sus repetidoras, el pasado 9 de febrero un decreto presidencial autorizó al SNMP a instalar y poner en funcionamiento 17 nuevas repetidoras propias en diversos puntos del país, que se suman a las 280 ya existentes 5. Esta decisión constituye un paso adelante, ya que contrariamente a una extendida opinión, Canal 7 sólo llega de manera gratuita a un 38% de la población. En muchas grandes ciudades del país, como Córdoba o Mendoza, sólo se accede a la emisora estatal a través de la señal de cable.

Si bien estos avances son un requisito esencial y responden a reivindicaciones permanentes de sus trabajadores, no constituyen en sí mismos una política de comunicación. El mismo jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reconocía el 28-5-04 en una reunión con la Asociación "Periodistas" la falta de una política para los medios públicos 6. En esa misma reunión Fernández hizo un diagnóstico de lo que el Gobierno entendía era el mayor problema de la emisora: "La situación con los sindicatos es muy grave".

La víspera, el jefe de Gabinete había aparecido en la pantalla del canal junto a Osvaldo Quiroga, conductor del programa "El refugio de la cultura" para anunciar la continuidad del mismo, así como del programa "Los siete locos" conducido por Cristina Mucci. El canal había anunciado una semana antes el levantamiento de ambos ciclos, lo que derivó en un escándalo mediático con gran repercusión de televidentes y personalidades de la cultura, y generó el posterior reconocimiento de error por parte de Fernández.

Pero, lo que parecía ser fruto de una reiterada improvisación en la programación 7, se reveló como una disputa en la conducción bifronte del canal. En efecto, en un hecho poco frecuente, la dirección de Canal 7 se encuentra dividida en una dirección artística, a cargo de Leonardo Bechini, guionista de varias series de televisión exitosas, y una dirección de información periodística, a cargo de Ana de Skalon, que cuenta con una vasta experiencia en el canal británico Channel Four, dependiente de la British Broadcasting Corporation (BBC). Los ciclos levantados pertenecían al área de Skalon, quien también reconoció el error. Sin embargo, un funcionario de alto nivel en el gobierno reveló entonces que la decisión había surgido directamente de la intervención del SNMP y había sido adjudicada a Skalon. La directora de información periodística había asumido a propuesta del presidente Kirchner, pero no sería bien vista en el ámbito de la Secretaría de Medios 8.

Para Skalon, el incidente debía entenderse de manera positiva: "Que esta situación se dé y que suscite este nivel de respuesta y debate sobre qué es un medio público es muy bienvenido (...). Tanto es así que Canal 7 planea ahora transformarse en el lugar desde donde se va a discutir qué es lo que se entiende por un medio público. (...) Porque tiene que acabarse la ley de radiodifusión que existe hoy y hay que discutir una nueva ley acorde con estos tiempos. Nosotros, como canal público del Estado, tenemos que abarcar a todos, no podemos tener una agenda igual a un canal comercial. Nuestra premisa debe ser informar. Y cuando se habla de informar -que es el mandato por el que yo entré a este canal por parte del Presidente de la Nación- no se habla de informar sólo a través del noticiero. El televidente debe enriquecerse a través de toda la programación". Más allá de una emisión en el programa "Huella Digital" dedicada al debate sobre medios públicos, el Canal no parece haber asumido plenamente ese desafío.

Conflictos e intereses
Un nuevo conflicto, de mayores consecuencias, pero de menor repercusión mediática, se produjo en el mes de septiembre de 2004 con el levantamiento del ciclo periodístico "Visión Siete Edición Especial", conducido por los periodistas Raúl Dellatorre, Mauro Federico, Pablo Feldman e Hinde Pomeraniec, los domingos a las 22 horas. Skalon entendía al programa como una extensión del noticiero, por lo que decidió que fuese realizado por los trabajadores de prensa del canal, afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

El Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mayoritario en el canal, entendía que la producción era de su competencia, por lo que decidió retirar su colaboración desde su primera edición, el 1 de agosto. Durante cuatro domingos el programa salió al aire con la colaboración del personal jerárquico, pero el 5 de septiembre los trabajadores del SAT encadenaron la puerta del estudio 6 y bloquearon su entrada, impidiendo la salida al aire del programa. La tensión había ido en aumento desde el sábado 27 de agosto, cuando el Ministerio de Trabajo, que en un primer momento había dictado la conciliación obligatoria, dictaminó que la cámara y la edición fuesen realizadas por personal del SAT. La UTPBA impugnó el fallo y el 3 de septiembre el Ministerio revirtió su decisión y le dio la razón, volviendo a la conciliación original. Ante esa situación, Skalon salió al aire en lugar del programa y leyó un comunicado en el que afirmaba: "(...) he querido hoy informarles acerca de una situación interna que afecta al programa ‘Visión Siete Edición Especial' del domingo. Lo hago (...) porque considero que son ustedes, los contribuyentes argentinos, los verdaderos dueños de un medio que queremos realmente público y no coaccionado por intereses mafiosos o corporativos de ningún tipo. (...) Hoy no podemos salir al aire porque en los pasillos del canal, los máximos dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión prohíben al personal enrolado en su sindicato cumplir con su débito laboral por el cual el Estado argentino les paga. Además impiden por la fuerza y con actitudes patoteriles que otros trabajadores del canal puedan suplir la tarea que ellos se niegan a realizar. Con esta conducta atentan contra el medio público que dicen defender (...)." 9.

Al día siguiente Skalon declaraba: "Yo estaba satisfecha porque nuestra actitud siempre fue que participaran (el SAT) en el programa. Esto forma parte de la idea de jerarquizar los oficios dentro del canal, después de veinte años de abusos, de deriva. Yo quiero que esto realmente sea un medio público que le sirva al Estado y a la gente, por lo que voy trabajando con cada oficio con lo mejor que tienen. Ahora hacemos todo con personal del canal, algo muy distinto a cuando se traían latas y se hacían coproducciones que usaban el canal y se llevaban los beneficios" 10.

En un comunicado, el SAT respondió que el conflicto gremial "surge a partir de que la empresa y específicamente la dirección de contenidos, haciendo una interpretación tendenciosa y arbitraria de otros convenios colectivos con la intención de favorecer claramente a otra entidad gremial, perjudica a los trabajadores del SAT afectando sus puestos de trabajo" y señaló que "fueron los trabajadores en asamblea los que decidieron retener tareas. (...) Estamos totalmente de acuerdo en que el canal es público, que debiera ser no gubernamental y cuyas autoridades deberían elegirse por concurso".

La tensión siguió en aumento. Ese mismo día, una productora del programa "Huella Digital", conducido por Mauro Federico, también conductor del programa en conflicto, fue amenazada telefónicamente y le arrojaron una pastilla de gamexane en su oficina. Al no llegarse a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo -que finalmente dictaminaría que se trataba de una decisión de la empresa- la intervención del SNMP fue levantando los sucesivos programas que seguían produciéndose semana a semana, aludiendo a peleas entre sindicatos. Los trabajadores de prensa del canal afiliados a UTPBA, que entonces se aprestaba a elegir a sus autoridades, manifestaron en varios comunicados su rechazo ante la "prohibición y censura" ejercida sobre el programa, "todo ello en medio del silencio y/o engaño argumental por parte de distintos funcionarios y del gobierno, quienes extraoficialmente reconocen la legitimidad del reclamo de los trabajadores de prensa y la UTPBA y ‘justifican' su actitud a partir de confrontaciones internas que deben saldar de algún modo (...)" 11. Distintas fuentes confirman que uno de los programas emitidos, referido al desmonte en la provincia de Salta, provocó una queja de funcionarios del gobierno de Juan Carlos Romero ante la Jefatura de Gabinete por sufrir el agravio de las cámaras estatales. Desde la jefatura se habría reconocido la inconveniencia de tratar estos temas en momentos en que se discutía la coparticipación federal.

Pero un periodista del ciclo cree que había otras razones de por medio: "A alguien le tocó en sus negocios o en sus posibles negocios que nuestro programa se hiciera integralmente en el canal, que el piso se hiciera en el canal, que los periodistas fueran del canal, que no hubiera manera de decir acá podemos meter el billete o sacar el billete".

Las coproducciones constituyen una práctica habitual y beneficiosa en los canales de televisión, pero en el caso de Canal 7 han sido histórica y mayoritariamente fuente de negocios turbios y de fuertes pérdidas para la emisora estatal. En un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) presentado a la Oficina Anticorrupción en el año 2000, se señalaba que sólo en 1999 el canal había perdido unos 3,5 millones de dólares por acuerdos firmados con los presentadores Mauro Viale y Lucho Avilés, que incluían además de salarios astronómicos un reparto desigual de la publicidad.

Asimismo, un informe de situación del Sistema Nacional de Medios Públicos, confeccionado por periodistas trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 y de Radio Nacional presentado en julio de 2003 ante la Secretaría de Medios, señala a la tercerización de la programación como una forma de privatización encubierta "al mismo tiempo que se llevó a su mínima expresión el sistema de comercialización de publicidad, lo cual dejó el segundaje en manos de los coproductores, situación para nada casual". Informa asimismo gastos excesivos en alquiler de equipos cuya compra hubiese sido ampliamente amortizada con el uso, serias irregularidades con el material de archivo del canal, un patrimonio público de gran valor, del que las coproducciones hacen "uso y abuso". También incluye un anexo presentado en el año 2002 a la Sigen donde en un análisis de las coproducciones se señala: "es común y llama la atención que las coproducciones comiencen su emisión meses antes de ser firmado el contrato. (...) La empresa, aun teniendo conocimiento de la existencia de publicidad excedida y no programada en forma reiterada no ha realizado reclamo alguno ni exigido su pago. Los costos del coproductor figuran en forma genérica y no están detallados en los contratos". El informe estima en un total de 567.804 pesos (calculando una tarifa mínima de 6 pesos por segundo de publicidad), el monto excedido por las coproducciones y no facturado.

Aunque la situación descripta antecede a la actual intervención, en los pasillos del canal sostienen que nada ha cambiado. El Dipló pudo acceder a una nota interna del Canal, firmada por Leonardo Bechini y Ricardo Palacio, referida a la publicidad del programa "30 y pico", en la que se informa a la gerencia comercial que "dado el aumento de costos de la coproductora y ante el interés del Canal de continuar con un programa de alto rating que implica un fuerte beneficio para la venta publicitaria se acordó una distribución publicitaria a partir del primer peso de ingreso del 75% para la coproductora y el 25% para el Canal. Por otra parte la coproductora se compromete a ingresar una pauta al Canal de 10.000 segundos por mes a un valor de $ 2.- el segundo, y 10.000 pesos bonificados". En la página internet de Canal 7, el precio del segundo de publicidad para ese mismo programa es de 60 pesos. El Dipló intentó comunicarse en numerosas oportunidades tanto con Ricardo Palacio como con Leonardo Bechini para confirmar esta situación, pero sin resultado.

En el Canal sostienen que el número de coproducciones ha bajado y que resulta imposible tener mayor producción propia con un presupuesto escaso y en gran parte dedicado a pagar salarios 12, pero la falta de transparencia es una constante. Luego de que en junio de 2004 un periódico difundiera las cifras de distintos contratos y afirmara que "esta es la primera vez que la emisora estatal deja ver oficialmente los números que maneja. Pero el conocimiento público de esos datos crea resquemores en la dirección del canal", el acceso a los contratos en la página internet del SNMP fue bloqueado 13.

Alcanzar la madurez
El objetivo de posicionarse entre los mejores canales estatales del mundo parece aún lejano, aunque los propios debates y problemas que acarrean las emisoras públicas británicas, francesas, alemanas, españolas e italianas, puedan acortar el camino. En una señal auspiciosa, el interventor del SNMP señaló que dejaría su cargo en mayo de 2005 para ser reemplazado por un directorio y que se designaría un presidente para el Canal.

No obstante, es imprescindible una legislación que establezca mecanismos permanentes de gestión, transparencia y participación civil. Existen proyectos. En noviembre de 2003 se presentó el documento "Una radiodifusión pública para la democracia" elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en colaboración con CIPPEC, Poder Ciudadano, CELS, Asociación Periodistas, FoPeA y FARN y el aporte de la organización inglesa Article XIX. Auspiciado y financiado por la embajada británica en Buenos Aires, planteaba entre los puntos a debatir la universalidad en el acceso, la independencia editorial, la necesidad de instrumentos legales, la federalización del sistema, la composición del directorio, controles y transparencia, el financiamiento y la venta de publicidad, así como participación de los televidentes.

No existe ninguna razón ontológica que impida un canal público de calidad. Es necesario que el gobierno impulse el debate y que la ciudadanía se comprometa con un canal que le pertenece. La falta de presupuesto y de plazos concretos, los intereses, las disputas de poder, las peleas sindicales, las capas geológicas de funcionarios que permanecen en el canal tras las sucesivas intervenciones, la corrupción, todo conspira para que incluso el proyecto más bien intencionado fracase. En una entrevista otorgada al diario El País sobre la crisis de las emisoras públicas en Europa, la periodista Christine Ockrent, quien presentó durante muchos años el noticiero de uno de los canales públicos de Francia, respondía a una pregunta sobre la inmadurez de la televisión española de una manera que puede aplicarse a la situación argentina: "No hay más porvenir que el de una reforma que ayude a los profesionales a conquistar su independencia. Es posible alentar la calidad de la información y la independencia de los periodistas. Lo que me plantea (...) es cuestión de institución y de reglas" 14.

1. Prólogo al libro de Eduardo Giordano y Carlos Zeller, Políticas de televisión. La configuración del mercado audiovisual, Icaria, Barcelona, 1999.
2. Pedro Simoncini, "Frustraciones eternas", La Nación, Buenos Aires, 16-6-04. Para una historia de Canal 7: Leonardo Mindez, Canal 7, medio siglo perdido. La historia del Estado argentino y su estación de televisión, Ediciones Ciccus - La Crujía, Buenos Aires, septiembre de 2001.
3. Guillermo Mastrini, "¿Televisión estatal o gubernamental?"; y Natalia Aruguete y Washington Uranga, "Medios del Estado, al servicio del poder económico", Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2000 y abril de 2004 respectivamente.
4. Actualmente existe un nuevo proyecto de ley que retoma con incorporaciones la ley vetada por De la Rúa.
5. El SNMP tiene 90 días a partir de la fecha del decreto para presentar la documentación técnica ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Las ciudades alcanzadas por las nuevas repetidoras son Río Gallegos, Santa Rosa, San Luis, La Rioja, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, Mendoza, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Salta, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Junín, San Juan, San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán.
6. Clarín, Buenos Aires, 29-5-04.
7. A comienzos del verano 2005, Canal 7 anunció en distintos medios una programación "estelar" para la temporada estival que incluía programas conducidos por Moria Casán y Juan Alberto Mateyko desde las playas de la costa argentina. Tales contrataciones fueron vetadas desde el Gobierno, por lo que finalmente las emisiones se cancelaron aduciendo "falta de presupuesto".
8. Mariano Obarrio, "Kirchner se metió en la pelea de Canal 7", La Nación, 31-5-04.
9. Véase: http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/221060.php
10. Página/12, 6-9-04. Luego del conflicto, Ana de Skalon ha debido ausentarse de Canal 7 por cuestiones de salud.
11. Véase: www.periodistascanal7.com.ar
12. En 2004 el presupuesto de Canal 7 fue de aproximadamente 35 millones de pesos, a los que se sumaron una partida extra de 3 millones de pesos. Asimismo el gobierno dispuso una suma de 35.582.600 pesos para pagar deudas de la ATC residual. Para 2005, el presupuesto del canal es de 40 millones de pesos.
13. Verónica Bonacchi, La Nación, Bs. As., 6-6-04 y 29-10-04.
14. El País, Madrid, 6-3-04.

Fuente: El Dipló