En una resolución muy breve el magistrado rechazó la medida solicitada por la Mesa Nacional por la Igualdad, una asociación civil que había solicitado que se suspendieran los despidos dispuestos en el marco del plan de ajuste que lleva adelante Hernán Lombardi en los medios públicos.
En su presentación esa organización había argumentado que los despidos se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio", al producirse sin motivación alguna y sin sumario previo.
Y advirtió: "El despido perjudica al trabajador, en cuanto al carácter alimentario de la prestación salarial, al correr de los días a la pérdida de cobertura de obra social no sólo del empleado sino también al grupo familiar, a la falta de aportes a la seguridad social".
El fiscal De Vedia había dictaminado previamente de manera favorable a la acción de amparo presentada por la ONG “Mesa Nacional por la Igualdad” que pide como medida cautelar la restitución de todos los despedidos. El fiscal del trabajo destacó que la demora en revertir los despidos “causa efectos negativos al trabajador y a su seno familiar”, tanto por “el carácter alimentario de la prestación salarial” como por “la pérdida de cobertura de obra social no sólo del empleado sino también al grupo familiar”.
El amparo había sido presentado por la Mesa Nacional por la Igualdad con el argumento de que los despidos se produjeron “en un marco arbitrario y discriminatorio”, al producirse sin motivación alguna y sin sumario previo. Según planteó el fiscal en su dictamen, “el conocimiento de los despidos de más de trescientos trabajadores de Télam es un hecho notorio y de público saber de la comunidad, ello también hace a la veracidad –prima facie– de los hechos invocados por la Asociación”.
En tanto, ayer, la comisión interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en la agencia de noticias estatal denunció penalmente a los directores de la entidad, Rodolfo Pousá, Ricardo Carpena y Pablo Ciarliero, que llevan 16 días sin presentarse a trabajar, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Pousá, Carpena y Ciarliero fueron denunciados por delegados del SiPreBA por burlar los artículos 248 y 249 del Código Penal, que prevén penas de hasta dos años de prisión por “dictar órdenes y resoluciones contrarias a las constituciones o leyes nacionales” en el marco de despidos decididos “por razones ideológicas”. Citan como ejemplo “el singular correo electrónico” en el que el directorio informó a los empleados que no tienen obligación de asistir, en “un acto ilegal y violatorio del propio Estatuto Social de TelAm”. Por otro lado reclaman que se juzgue la conducta de los funcionarios por “el estado de abandono en el que dejaron el patrimonio de los archivos periodísticos y fotográficos, que quedaron en estado de riesgo al ser despedida casi la totalidad de los trabajadores que se ocupaban de su preservación”.
Fuentes: Noticias Argentinas, Señales
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