miércoles, 26 de agosto de 2009

Murió Diana Julio de Massot una apologista de la última dictadura

Edita su diario La Nueva Provincia*: “En medio de aquel proceso disolvente que afectaba a la República y con la amenaza creciente del terrorismo marxista, el 24 de marzo de 1976 Diana Julio de Massot consideró que era un deber ineludible respaldar la acción militar de las Fuerzas Armadas. Hasta el final de sus días reivindicó aquella acción, a pesar de las profundas críticas que dirigiera a la administración de las políticas públicas encaradas por el gobierno de facto.”

El asesinato de los sindicalistas que molestaban a los Massot
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.

La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.

La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.

A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.

A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.

Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.

El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.

Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.

Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.

A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.

Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas.

Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.

Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.

Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.

El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.

Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.

En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.

La amnesia bahiense
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.

*La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le condonó deudas impositivas a este diario y a otros a cambio de publicidad oficial, ver más acá

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