San Luis: Clausuraron TVC Mercedina

Una orden del juzgado federal de San Luis, que actuó para hacer cumplir una disposición del Comité Federal de Radiodifusión, clausuró el viernes último a TVC Mercedina, uno de los dos canales de cable que tiene la segunda ciudad de la provincia, que no habría tenido la habilitación correspondiente para transmitir
Por: Gustavo Senn, gustavosenn@argentina.com
Ese día, los empleados del canal hicieron un piquete frente al lugar donde trabajaban, reclamando que no se cierre su fuente laboral. Por su parte, los abonados pedían que les devuelvan el dinero que les han cobrado de la cuota, porque esta es ya la seguda oportunidad en que pasan por la misma situación, pero esta vez podría ser definitiva, según trascendió.
El conflicto implica a dos sectores empresariales poderosos de la argentina, por una parte al denominado Grupo Vila - Manzano, oriundo de Mendoza, propietario del Supercanal, que fue quien interpuso la primera demanda en contra de TVC Mercedina. La empresa clausurada se le adjudica al grupo empresario de Victorio Américo Gualtieri, conocido en la argentina más que por su vinculación con los medios, por su presencia permanente en la obra pública. En San Luis es también conocido por las falencias que presentaron los diques que construyó, principalmente uno que es emblemático, el de Nogolí.

Monopolio de los medios
En una conferencia de prensa que brindó Diego Sosa, el gerente de programación de TVC, acusó a su competidor de "querer mantener el monopolio de los medios" y también adelantó que utilizarían todos los medios legales a su alcance para "revertir el cierre".
En un parte de prensa que se distribuyó, señala que "TVC Mercedina S.A. pone en conocimiento de los abonados y de la comunidad de Villa Mercedes que a instancia de la firma Supercanal S.A. el juzgado federal de la ciudad de San Luis ha ordenado el cumplimiento de una medida cautelar dictado en los autos caratulados Supercanal S.A. contra TVC Mercedina S.A. s/ expte. 402/05 en virtud de la cual se ordena la clausura de nuestra empresa".
"La extrema medida supera los límites imaginables y desde el punto de vista estrictamente legal nos vemos impedidos transitoriamente de evitar tamaña sanción, aunque desde ya adelantamos que no bajaremos los brazos y lucharemos en el campo judicial y administrativo para demostrar que la deleznable maniobra realizada por Supercanal... no es mas que la respuesta a la sana competencia."
En otro párrafo del comunicado denuncia cómplice al propio ComFeR (Comité Federal de Radiodifusión) diciendo: "maniobras arteras y oscuras en las que ha participado abiertamente el ComFeR han derivado en una injusta sanción..."

Contrasentido
El contrasentido es que en la ciudad de San Luis, tanto TVC Puntana, como Carolina Cable Color, la dos empresas más fuertes, que se reparten la porción más amplia del mercado, son propiedad del grupo Gualtieri. También aquí está presente el otro grupo empresario, a quien se le adjudica la propiedad del canal de cable que está en el sector sur de la ciudad: CTV.
En Juana Koslay, la empresa oligopólica, eligió a Carolina Cable Color -el mas costoso de los dos servicios- para que lleve la señal a los abonados.
En el caso del barrio Cerros Colorados, esa empresa consiguió torcer el deseo de los vecinos de mantener su espacio aéreo libre de cableado, ya que el Concejo Deliberante, sin atender al pedido del 60% de las familias que allí viven y lo dejó asentado con su firma, derogó una ordenanza que obligaba al tendido subterráneo.
Esa misma norma legal, junto a otra que la complementaba, obligaba a Telefónica de Argentina a realizar el tendido bajo tierra, permiso concedido por la gestión de Nora Videla, un día antes que fuese sancionada la medida consensuada por los vecinos y el Concejo Deliberante.
Fuente: Periodistas en la Red

Los vecinos reclaman la reapertura de TVC Mercedina
Vecinos de La Ribera interpretan que Supercanal le “falta el respeto” a la comunidad. Consideran que la empresa que ejerce el monopolio de la televisión por cable “urdió maniobras” que desencadenaron el cierre de TVC Mercedina
Pese a los reclamos y gestiones los vecinos de La Ribera nunca pudieron conseguir que Supercanal les extendiera el servicio de televisión por cable. Finalmente TVC Mercedina lo hizo, pero se encontraron el viernes pasado con la sorpresiva interrupción de la señal, situación que relacionan con las “maniobras urdidas por la empresa” que hace 13 años ejerce el monopolio en la explotación del servicio en la ciudad.
"Supercanal le falta el respeto a la comunidad” sostuvo Carlos Marinelli, uno de los vecinos de La Ribera, quien recordó que desde hace tres años “los vecinos iniciamos las gestiones e intentamos en varias oportunidades pedir que Supercanal extendiera el servicio, pero la respuesta fue siempre negativa. Nos daban como respuesta que no les convenía”.
Marinelli contó que “cuando TVC Mercedina comenzó a emitir la señal en nuestro barrio, sorpresivamente Supercanal apareció ofreciendo el servicio con dos meses gratis. Y agregó: “Nosotros entendemos que todas las empresas tienen igual derecho de trabajar y nosotros la posibilidad de elegir qué servicio queremos”.
Algunos de los vecinos y abonados a TVC participaron en la manifestación que se realizó en la tarde del lunes y concluyó con el corte de la Autopista Serranías Puntanas para reclamar la “pronta solución al conflicto y la reapertura de la empresa”.
El corte no fue total pero atrajo la atención de los cientos de conductores que circulan por esa ruta internacional. La actividad de los manifestantes se limitó a “frenar” los vehículos, distribuir folletos y explicar la situación que están padeciendo. Participaron de la protesta integrantes del gremio de la UOCRA, concejales, entre ellos Sandra Zabala y Roberto Rovira, como también empleados, abonados y encargados de la empresa sancionada por la Justicia Federal.
La situación generada por un fallo que desencadenó en el cierre de la nueva empresa de cable el viernes, por supuesto incumplimiento de la Ley de Radiodifusión, tuvo una notoria repercusión en la comunidad. Además de abonados y empleados de la empresa, el Municipio y el Concejo Deliberante se manifestaron en apoyo a la libre competencia y en rechazo al monopolio.
Ayer, el concejal del PJ Aldo González Funes brindó también su postura con respecto a la situación que atraviesa la empresa TVC Mercedina. Dijo que “en San Luis lo que prevalece es la inversión y la fuente de trabajo. Es una política de estado que siempre manejó la Provincia y, como consecuencia, también en el Municipio”.
El concejal, quien asumió en el cargo en diciembre pasado, comentó a El Diario que había estudiado detenidamente la situación: “Teniendo en cuenta a las dos empresas que prestaban el servicio de televisión por cable en la ciudad, Supercanal y TVC Mercedina, el Municipio había intentado darles un tratamiento igualitario, porque, en principio, ninguna de las dos reunía los requisitos suficientes para estar habilitadas. Lo que pasa es que, en ciertos casos, el Estado tiene que aplicar criterio y en este sentido la postura del Municipio fue beneficiar a la comunidad para no dejarla sin el servicio de televisión por cable”.
Sostuvo que la Intendencia “a cada una de las empresas les dio la posibilidad de que comenzaran a funcionar mientras completaban los requisitos, fundamentalmente las habilitaciones del Comfer. Existen decretos del Municipio al respecto y compromisos de las empresas que avalan esta afirmación”.
Comentó que en el caso de TVC Mercedina “tenía una licencia que había caducado y el Municipio le pidió una actualización. Pero, para no privar a la comunidad de un nuevo canal y apostar a la sana competencia le fijó un año de plazo para que el Comfer le actualice la licencia” y señaló que la situación de Supercanal “no es del todo clara” ya que la firma “absorbió los bienes de CTC, que sí tenía licencia del Comfer. Esta licencia venció en 2002 y creo que el trámite de actualización como de transferencia de licencia no está cumplido”, agregó.
González Funes dijo que “en las audiencias con los empresarios de TVC se les pidió que así como el Estado Municipal le concedió un año de plazo para que completaran la documentación, se garantizara la estabilidad laboral a toda la gente del canal hasta que se solucione el tema”. “En ese aspecto estamos dispuestos a acompañarlos porque entendemos que hay que defender el trabajo, como también a los consumidores”, concluyó.

Supercanal, en silencio
César Aguilar, gerente de Supercanal (una empresa que pertenece al grupo de multimedios de José Luis Manzano y Daniel Vila), al ser consultado por El Diario y FM Tiempo, se excusó: “No queremos, ni creemos que tenemos la obligación de salir a decir nada. Por el momento no vamos a hacer ninguna declaración”.
Desde el principio la postura de la gerencia de la única empresa de televisión por cable que está funcionando en la ciudad de Villa Mercedes fue de neto ataque hacia su competidora, ya que el año pasado “acusó” al Comfer porque TVC no estaba “cumpliendo” con la Ley de Radiodifusión, lo que motivó una resolución del comité en contra de la nueva firma.
Fuente: El Diario de la República

Comisión en defensa de la libertad de expresión: La comunicación, un derecho humano

Fue creada hace cinco años por el Sindicato de Prensa. Concentró desde entonces las denuncias por agresiones a periodistas. Pero además, instaló entre las organizaciones sociales la necesidad de pelear por el derecho a la información como una política cotidiana

Por: Rodrigo Miró

Alicia Simeoni y Alicia Salinas son dos de las integrantes de la "Comisión en defensa de la libertad de expresión y del trabajo periodístico", creada por el Sindicato de Prensa de Rosario hace unos cinco años. Una trabaja como periodista en el diario Rosario/12, otra en el diario El Ciudadano. Como llevan el mismo nombre de pila, y el apellido de ambas empieza con la letra ese, casi dan ganas de arrancar la nota con un chiste, y preguntar si las iniciales que comparten son un requisito para participar del grupo. Pero enseguida, Salinas se encarga de empezar hablando bien en serio: "Intentamos que nuestro trabajo esté vinculado todo el tiempo a la comunidad, porque la libertad de expresión es un problema que excede al hecho de que a un periodista le peguen una piña cuando va a hacer una nota. En realidad, este espacio está abierto a colegas y a organizaciones sociales. Desde aquí, procuramos asistir en los casos puntuales, pero también instalar la problemática como tema de discusión pública. Y esta, creo, es una batalla que nos tenemos que dar como sociedad".

La Comisión funciona desde 2000 bajo la órbita del Sindicato de Prensa de Rosario, pero desde el vamos intentó trascender la frontera de lo gremial. Simeoni recuerda, justamente, las primeras ideas que fueron dando forma a este equipo: "Antes, se habían tenido en cuenta fundamentalmente problemas gremiales, de salud y casos de agresiones a compañeros. Pero no había habido una política de instalar la defensa del derecho a la información como una política más cotidiana. Lo primero que tendríamos que decir es que para nuestro trabajo acá partimos de considerar a la información como un derecho humano. Esto, en tanto facilita el conocimiento de otros derechos, y es un puente hacia la toma de decisiones. Creo que ese es también nuestro trabajo, como periodistas. Poder poner la información en manos de la sociedad, para que esta pueda ser realmente soberana".

De las denuncias a la pelea política

En estos años, la Comisión se fue organizando con reuniones semanales en las sus integrantes se encargan de juntar datos que interesen. Y aunque en los primeros tiempos, se procuraba hacer sobre todo seguir denuncias por presiones o agresiones a periodistas rosarinos, con el tiempo fueron atendiendo casos de colegas de otras ciudades. Y además, fueron aprendiendo que podían tener nuevas líneas de acción. Alicia Simeoni lo explica así: "Cuando decidimos desde el gremio atender este problema, no sabíamos sobre el tema todo lo que conocemos hoy. En cierta medida, fuimos aprendiendo y estudiando mucho para conocer cuáles son las prioridades a la hora de defender el derecho a la información libre. En un principio pensábamos sobre todo en las amenazas contra nuestros colegas, pero después se fue dando otra perspectiva". 

Esta nueva línea de trabajo, les permitió encabezar varias luchas políticas en la provincia, vinculadas a la libertad de expresión. Una de ellas, la pelea por la sanción de una ley que le permita a cualquier ciudadano el acceso sin restricciones a la información pública. Para esto, la comisión organizó varias charlas a las que se invitó a numerosas organizaciones sociales. Incluso, el último 29 de septiembre el Sindicato de Prensa fue el principal impulsor de una manifestación frente a la sede de la Legislatura en la capital provincial, para insistir a diputados y senadores en la necesidad de la norma que termine con los secretos en la vida política santafesina.

Desde la comisión, explican en este sentido que la propia Constitución Nacional habla de legislar sobre libertad de expresión desde su reforma en 1994. Ese año se incorporaron a la Carta Magna varios pactos internacionales, entre ellos el de San José de Costa Rica. Y allí se establece en el artículo 13, que la libertad de expresión y el derecho a la información son la posibilidad para cualquier persona de buscar, recoger y difundir información.

Para Alicia Salinas, cotidianamente se viola este principio constitucional. Y para graficar lo que esto implica, elige una figura doméstica: "Cuando uno toma decisiones en su casa, como comprar útiles para sus hijos, saca un montón de cuentas. Para las decisiones que toma el gobierno en nombre nuestro, políticas de Estado, deberíamos como sociedad saber lo mismo, tener los datos que uno siempre quiere tener a nivel doméstico antes de decidir algo".

El debate en la sociedad

Además de las actividades que realiza periódicamente, para instalar en la agenda del debate público este problema, cada año la comisión presenta un informe. En el primero, que reúne lo hecho en 2000 y 2001, la carpeta da cuenta de la agresión vivida por Guillermo Brasca, periodista de Canal 3, en noviembre de 2000. Para Simeoni, ese caso les sirvió para darse cuenta todo lo que se debía avanzar para generar conciencia: "Nuestro colega estaba cubriendo una noticia en la que un policía entraba violentamente a una villa, a buscar a un grupo de personas que estaba acusada de robo. Y la gente de las casas de material, los que en el barrio estaban un poco mejor económicamente, no quiso que las cámaras del periodismo filmaran la represión policial. Desde ese lugar, impidieron el trabajo de Claudio Brasca. En ese momento recién nacía la comisión, y me acuerdo que nos dimos cuenta que en esos casos lo que indudablemente faltaba era una noción a nivel social sobre la importancia de que exista la información".

Sobre este punto, Alicia Salinas hace mención de un caso que considera emblemático. "El hijo de Villavicencio, el empresario de la salud privada atropelló con su auto hace unos años a un joven de apellido Stradiotto. El muchacho falleció, por lo que sus familiares y amigos se organizaron para hacer reclamos de justicia. Como el tema no salía en los diarios por las influencias que tenía Villavicencio, ellos  empezaron a hacer escraches frente a La Capital. Y de a poco, el tema se pudo ir filtrando en algunos lados, como noticia. Esto quiere decir que los periodistas tenemos una responsabilidad importante en la pelea por la libertad de expresión, pero nunca podemos quedar solos. Porque nosotros manejamos información, que es claramente un bien social, que no es nuestro y mucho menos de las empresas periodísticas. Sobre todo, con el actual marco de la concentración de los medios. Y si la sociedad no es consciente de su derecho a estar informada, es imposible que salga a pelear contra este tipo de cosas".

Las repercusiones en colegas y políticos

En la comisión –que además integra de forma permanente el periodista Claudio Andrés De Luca– se enorgullecen por el crecimiento en estos años. Cuando aquí en Rosario se empezó a trabajar con estos temas desde el Sindicato de Prensa, no había demasiados antecedentes. Hoy, los gremios periodísticos de Córdoba y Buenos Aires ya tienen su propia comisión. "Además, con el tiempo, dejó de ser un sello, una chapa. Suelen llamarnos periodistas agredidos en toda Santa Fe. E incluso, cada vez que hay una marcha a Tribunales en la capital provincial, se cierran las puertas para los manifestantes, pero también para nuestros colegas. Y la respuesta que inmediatamente tienen ellos es llamarnos a nosotros", relata Simeoni. Que enseguida admite que por este tema tuvo varios roces con Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema santafesina.

No ha sido esa la única discusión con el poder político. Después de aquel masivo acto en Santa Fe, la iniciativa por una ley para el acceso a la información pública fue aprobada por la legislatura. Sin embargo, en el camino se había modificado la el proyecto inicial: el senador justicialista Joaquín Gramajo, propuso incorporar cláusula por la cual, aquellos que necesiten acceder a la información que producen los diversos organismos del Estado, "debe acreditar un interés legítimo". De esta forma, aunque aprobada, es como si la ley no existiese. El propio gobernador Obeid vetó la norma por esta cláusula, pero la Legislatura no volvió a tratarla.

Bastante enojada, Salinas habla del senador Gramajo. "El nos dice algo ridículo. Se defiende argumentando que la sanción de ley tal como la pedimos nosotros y una cantidad inmensa de organizaciones sociales de toda la provincia y el país, sería ‘un despelote’. Porque todo el mundo vendría a pedir información, y ellos no tendrían estructura para cumplir con tanto pedido".

La censura existe

Sobre el final, las integrantes de la comisión hablan sobre los medios de comunicación locales, y las posibilidades de que haya libertad de expresión en medio de la impresionante concentración de las empresas periodísticas.

"En realidad –aclara Simeoni– hay un nivel de censura que funciona solapadamente, pero que es muy fuerte. Y de esto hay casos emblemáticos por su virulencia, y la complicidad de casi todos los medios. Uno es el de la proscripción que tuvo un dirigente sindical con trayectoria como Héctor Quagliaro. Y esto pasó durante mucho tiempo en los últimos años, por la cantidad de dinero que pagaba en publicidad un sector mafioso que manejaba ATE PAMI liderado por Raúl Praino. Ahora, Quagliaro fue declarado ciudadano distinguido de Rosario, y todos los medios lo pudieron reflejar, pero hace un tiempo, eso hubiera sido imposible. Otro ejemplo es el de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. La empresa que manejaba Aguas Provinciales se fue, dejó de aportar grandes pautas publicitarias, y entonces ahora se puede hablar de un dirigente como Alberto Muñoz que siempre denunció las irregularidades en un servicio público tan vital como el agua. Pero hace fines de los ’90, esto hubiera sido imposible. En este sentido, la defensa de la libertad de expresión debe ser algo permanente".

Por eso, en la comisión insisten que se debe discutir en varios niveles. Denunciar cada vez que hay agresión a un periodista, pelear por las normas legales que permitan la circulación de información, pero también luchar contra un sistema de medios que concentra la comunicación y la publicación en pocas manos.

En este punto, Alicia Simeoni menciona el discurso del presidente Néstor Kirchner el último 25 de mayo en Plaza de Mayo. "Ese acto tuvo un dato central, el de la convocatoria a la pluralidad. Nosotros decimos que está bien, pero deberíamos partir, para que eso sea cierto, de que en nuestra sociedad pueda circular una pluralidad de voces que hoy no están. Entre otras cosas, por la brutal concentración de los medios de comunicación, que está favorecida por la actual ley de radiodifusión, que es la misma que tenemos desde la última dictadura. Si una sociedad quiere ser pluralista, no puede tener medios que no lo sean.

Y ojo que esto de los medios plurales no quiere decir que una vez cada tanto aparezcan todos los sectores. Porque los más pobres por ejemplo, los que han sido perjudicados por las políticas económicas de las últimas décadas, aparecen en los medios solamente en las páginas policiales".

Sobre el final, Salinas, agrega: "Esto que dice ella es vital para pensar la sociedad futura. Claro que como los argentinos estamos tan deprimidos económicamente después de años de devastación, que pareciera que algunos asuntos como una ley de acceso a la información pública, no fueran importantes. Por eso nuestro desafío es que la gente logre apropiarse de la pregunta vital, aquello de que el pueblo quiere saber de qué se trata, que es un interrogante que en este país ya va a cumplir doscientos años".

Pauta oficial y libre información

"Otro de los factores que atenta contra la libertad de información es la mala distribución de la publicidad oficial, que también es un derecho. Tengamos en cuenta que “la publicación de los actos de gobierno”, que es lo que en realidad debería ser la pauta publicitaria de los distintos niveles del Estado, muchas veces condiciona la información que leemos. Y en otros casos, hay medios de comunicación más chicos, generalmente muy críticos del poder, son silenciados a través de la discriminación económica. Porque al que se porta mejor y calla determinadas cosas, casi siempre le llega su cuota económica publicitaria. Si pensamos que ese dinero público es de todos debiéramos darnos cuenta, que el problema también es de todos", Alicia Simeoni

Fuente: enREDando.org.ar