Amadeo Grandinetti tiene una curiosa historia para contar. El hermano del padre jesuita Héctor Norberto Grandinetti, fundador de Canal 11, está terminando el libro Dicon SA-Telefe, una historia que se las trae, donde relata cómo se transformó de exitoso empresario a hombre estafado por el Estado nacional. Grandinetti asegura que el Estado le debe alrededor de 3 millones de dólares, precio que valdrían hoy las cerca de 10.000 acciones suyas de Telefe que nunca le fueron liquidadas. Desde 1982, cuando se estatizaron los canales, los diferentes gobiernos vienen reconociendo la deuda, pero hasta ahora ninguno se hizo cargo de las acciones que quedaron en el camino. "Los medios de comunicación hacen oídos sordos cuando envío cartas", se queja Grandinetti, que tiene 79 años y espera que el gobierno electo pueda resolver el conflicto.
Grandinetti cuenta que su hermano materializó en 1961 un sueño de muchos años, invirtiendo 10 millones de ese entonces en la fundación del canal. "Hasta el papa Juan Pablo II llegó a autorizarlo. Después, los trepadores inventaron Telerama, sigla que se comió a Dicon SA y Canal 11." Amadeo recuerda que "necesitábamos alguien que hablara bien inglés para realizar compras de equipos en Estados Unidos. Por eso se contactó a un muchacho que andaba casi en la ruina. Era Pedro Simoncini, quien luego fue nombrado apoderado del canal".
Amadeo Grandinetti puso un 10 por ciento de la inversión, y Simoncini fue abarcando cada vez mayor poder en la dirección. En un momento, Simoncini convocó a Grandinetti y le dijo que la TV ya no era negocio, que había que vender el canal y que ya había un comprador: el propietario de Crónica, Héctor Ricardo García, que adquirió el 97,74 por ciento de las acciones. El 2,26 por ciento restante lo mantuvieron Amadeo Grandinetti con 10.000 acciones, César Codebo (ya fallecido) con 2800 y 400 acciones a nombre del señor Santamaría. Cuando el gobierno de facto decidió estatizar los canales, pagó el 97,74 por ciento a García, pero obvió el resto.
En agosto de 1982, la Dirección General de Fiscalización y Control de Gestión consideró que debía pagarse 26.500 dólares a Grandinetti, debido a la compra que el Estado había hecho de Dicon Difusión Contemporánea S.A., que luego se transformaría en Telefé. Tiempo después, la Inspección General de Justicia y el Ministerio de Economía de la Nación también reconocieron la obligación del Estado de pagar la deuda. Las privatizaciones del gobierno menemista volvieron a obviar el faltante: Grandinetti presentó entonces una impugnación de la venta. "Hubo una acción delictiva y manipuladora del ComFeR, ya que el presidente León Guinsburg no tomó en cuenta mi impugnación", dice. En esa privatización, el canal volvió a quedar en manos de Simoncini. "En 1990, cuando fui a impugnar la venta me dejaron llegar hasta la planta baja. Allí, el empleado que se encontraba no quería recibirme la impugnación porque decía que estaba fuera de término. Discutí un buen rato y decidí no moverme del ComFeR hasta ver a Guinsburg. Al rato apareció el presidente, quien al verme dijo 'no hay dudas, es igual al cura. Tómele la impugnación del Canal 11', me dio la mano y se fue."
El siguiente paso, según Grandinetti, fue una promesa de Raúl Rachid --liquidador del 11-- de que en cuanto se vendieran 14 propiedades del canal pendientes se cancelaría la deuda. Diez años después, Grandinetti cuenta que "en una de las cartas que envié al Poder Ejecutivo me encomendaban a ver al presidente del ComFeR a quien yo estaba denunciando". El 21 de diciembre de 1996 Grandinetti recibió un llamado esperanzador. Uno de los tantos liquidadores del Canal 11, Francisco Paz le informa tener conocimiento de los reclamos que hacía Amadeo, ex dueño de una imprenta. Las conversaciones se diluyeron durante catorce meses hasta que Paz fue reemplazado por Julio César Maggi, quien le aseguró que "el Estado no tiene obligación de adquirir esa deuda en forma compulsiva". Grandinetti se ríe indignado: "¿Compulsiva? Si hace años que vengo pidiendo que me paguen lo que es mío. Telefe es un antro de corrupción". Si la deuda hubiera sido cancelada en la primera venta, Grandinetti habría recibido casi 30.000 dólares. Hoy el Estado le debe 3 millones.
Fuente: Página/12