Por: Gerardo Milman, Ex director del AFSCA
El gobierno ha tomado una decisión trascendental no sólo en lo que respecta a la reorganización institucional de las áreas de comunicaciones sino también en lo atinente a su normativa específica. Siempre sostuve que, desde el mismo momento de su sanción, la Ley de Medios corría detrás de los avances tecnológicos y de la marcha inevitable hacia la convergencia tecnológica de servicios y prestaciones. El gobierno anterior reconoció esto de manera implícita al sancionar, a posteriori, la denominada "Ley Argentina Digital" por la que creó la AFTIC dándole atribuciones correctivas y avalando la superposición y duplicidad de roles y funciones con la AFSCA.
Con la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) se termina con esta ambigüedad disfuncional, se fusionan los organismos que iban a contramano del avance de la industria, se ubica al país en el lote de las naciones líderes en materia normativa y se alienta tanto a la diversidad de voces como a la posibilidad de conseguir inversiones para un sector vital de la economía que la propia ley obstaculizaba.
Se cuestiona políticamente la herramienta legal empleada para llevar a cabo esta fusión bajo el argumento de que los Decretos de Necesidad y Urgencia no son constitucionales y atentan, por la vía del procedimiento, contra el espíritu republicano que el actual gobierno se empeña en defender. Esta norma no deroga las leyes, solo realiza los cambios indispensables para hacer posible la convergencia, volver más competitivo al sector con tarifas que deberán tender a la baja, y terminar con las dificultades técnicas y el cepo a las comunicaciones entre los argentinos.
Los constitucionalistas de 1994, entre los que estuvo la expresidenta, le otorgaron al Poder Ejecutivo Nacional potestades co-legislatvas incluyendo a este instrumento en su texto y reservándoles a los legisladores, a través de una Comisión Bicameral, la facultad de efectuar su evaluación y seguimiento. Sin dudas será muy importante su juicio al respecto pero constituirá un debate político sano y necesario que nada tiene que ver con la adecuada legalidad de la medida.
Vale la pena recordar que ni bien se sancionó la Ley de medios, el Congreso de la Nación creo la Comisión Bicameral para su seguimiento y que la misma institución fue la primera en reconocer la convergencia digital pues incluyó entre sus funciones idéntica competencia sobre la Ley Argentina Digital. Así es como hoy el Parlamento tiene una sola comisión denominada "Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización". Esta comisión ha sido, en realidad y de hecho, la pionera en reconocer que lo normativamente desperdigado debía estar unido.
El DNU convoca a redactar una nueva ley de comunicaciones que genere un marco regulatorio convergente, fija un plazo de un año y garantiza la participación de todas las fuerzas políticas. No se trata de la revancha de nadie ni del cuestionamiento a la legalidad de la Ley reconocida por la Corte Suprema de Justicia sino del reconocimiento de una realidad que el gobierno anterior se empeñaba en negar manteniendo al país en el atraso tecnológico.
Resulta contradictorio que quienes hasta hace unos días no creían que las diferencias sobre estos asuntos debían judicializarse interponiendo medidas cautelares para frenar las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, sean los que ahora recurren a ellas: bienvenidos al Estado de Derecho.
Fuente: Diario Clarín
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