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| Imagen cedida por el Diario mexicano Noroeste de su director, Adrián López Ortiz, quien resultó herido cuando fue asaltado y atacado por desconocidos que interceptaron su vehículo |
El país azteca vive una crisis de los derechos humanos. Ante esto hay muchas acciones por realizar y, la principal, es continuar informando. Un documento difundido por “Artículo 19”, organización que defiende la libertad de expresión e información, asegura que en 2014 en México se documentaron 326 ataques contra periodistas y medios de información.
Desarrollar la labor informativa en el país americano no es tarea fácil. Algunos periodistas tuvieron que cruzar las fronteras en busca de un lugar seguro, otros, sin embargo, continúan informando sobre el terreno y, por desgracia, son cada vez más los que sufren violencia extrema. Su voz y sus historias son prueba de que el silencio no es una opción.
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| La periodista mexicana, Anabel Hernández durante una entrevista en Ciudad de México |
Tras la publicación, en 2010, del libro “Los señores del narco”, la periodista de investigación Anabel Hernández y su familia fueron víctimas de múltiples agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte. Fuentes directas de la reportera señalaban al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como posible autor intelectual de esos ataques.
“Esta obra no supuso una amenaza para los narcotraficantes, pero si para el Gobierno, ya que denuncié y demostré con pruebas que el citado funcionario estaba presuntamente involucrado en el narco del cártel de Sinaloa (organización criminal dedicada al narcotráfico), por está razón reaccionó de forma violenta”, reconoce Hernández.
Después de ser víctima de numerosas agresiones, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal le asignó una cuadrilla de escoltas con los que convivió hasta septiembre de 2014, momento en el que decidió abandonar el país azteca.
“Aunque tenía guardaespaldas, las intimidaciones seguían siendo constantes. Veía como las personas que me rodeaban, como mis vecinos o amigos, estaban también en peligro, ya que también recibieron amenazas”, aseguró la periodista.
Muchos son los reporteros que se ven obligados a pedir asilo en otros países con la drástica condición que supone el no poder retornar a su país de origen: “sentí que si salía de mi país y no podía volver más, ellos habían ganado. Yo quería continuar haciendo periodismo en México”.
Sin embargo, el caso de Hernández es distinto ya que no tuvo que recurrir al exilio voluntario.
Actualmente se encuentra trabajando en Estados Unidos, aunque continúa acudiendo a su país para seguir con sus investigaciones. “Me siento más segura, pero continúo investigando sucesos en México, como por ejemplo la fuga del chapo Guzmán o el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.
Henández denuncia lo que considera “ineficacia sistemática del Estado mexicano para proteger a los periodistas”, dejándolos en una posición de “vulnerabilidad” y “riesgo” ya que, según reiteró, “seguía recibiendo ataques constantes, aún habiendo interpuesto numerosas denuncias ante la Procuraduría General de la República”.
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| El director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera (i), la defensora de derechos humanos, Silvia Vázquez (c izq.), el director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia, Jacobo Dayán (c der.) y la periodista Anabél Hernández (d) en Ciudad de México |
El corresponsal de El Diario de Yucatán, Edwin Canché, fue detenido arbitrariamente y torturado por cubrir un accidente ocurrido el primero de enero de 2014.
Según comenta, el conductor estrelló su auto contra una vivienda. Se trataba de Almícar Couoh, un menor que conducía ebrio y que es sobrino de Ermilo Dzul Huchim, alcalde de Seyé (ubicado en el sureste de México, a 32 km de Mérida, capital del estado de Yucatán).
“Llegó una patrulla policial, me dijeron que me tenía que retirar del lugar, les pregunté qué estaba haciendo mal, entonces uno de los agentes me dió un puñetazo en el brazo, posteriormente me detuvieron y me subieron a un furgón”, explica Canché.
Según asegura, los agentes le llevaron hasta el Palacio Municipal, donde el alcalde de la localidad, el director de la policía municipal, Jesús Chuc Aldana, y otros guardias, le propinaron una fuerte paliza.
“Al cabo del rato apareció la señora de la casa en el que el joven había estampado el auto, tocó la puerta del habitáculo en el que me tenían encerrado, pidió que me liberasen y conseguí salir. Minutos después mi hermano, también periodista, fue a cuestionarles el por qué de la agresión y ellos lo negaron todo”.
Edwin Canché denunció los hechos ante la FEADLE (Área de la Procuraduría de Justicia de Yucatán que investiga los delitos contra la libertad de expresión) y abrió un expediente de averiguación que determinaba que, tanto el alcalde como sus acompañantes, eran responsables de los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Finalmente se cumplieron las órdenes judiciales en contra de los policí=as municipales agresores, quienes ese mismo día rindieron declaración preparatoria y fueron puestos en libertad, pero no del alcalde. El Juez de la causa determinó que los delitos imputados de abuso de autoridad y lesiones no podían ser considerados como graves.
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| Periodistas del estado de Veracruz realizan una velada de protesta el martes 11 de febrero de 2014, en homenaje póstumo al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz |
En 2014, Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste (diario regional del estado de Sinaloa, situado al este del país), fue víctima de un atentado en el que resultó herido de bala en ambas piernas, golpeado y despojado de su automóvil y demás pertenencias.
“Me interceptaron con una camioneta cuando regresaba en mi auto del aeropuerto. Era casi la media noche. En el avión venía el Gobernador, Mario López Valdez, y algunos secretarios del Estado. Me cerraron el paso y descendieron del carro dos hombres armados. Les dije que me confundían con otra persona, pero me obligaron a que les entregara el auto a uno de ellos. El otro se quedó conmigo, se separó unos pasos y me disparó a quemarropa con una pistola calibre 38. Después subió a la camioneta y se fue junto a otro muchacho”, explicó el periodista.
Después de la agresión, el Procurador de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, señaló que se trataba de un robo, con lo que descartó cualquier posible vínculo con su labor periodística. Por su parte, López Ortiz apuntó que “hasta el momento hay dos detenidos confesos aunque el agresor sigue prófugo”.
Según el periodista, el hecho de agredir al director general de un medio “supone un mensaje contundente de intimidación”. Tras estos hechos el diario ha sufrido alrededor de 80 atentados contra su personal e instalaciones, todos ellos denunciadas ante el Ministerio Público Local y aún sin resolver.
“La impunidad es brutal. Sin duda, informar bien en México, con sentido crítico, e investigar intereses oscuros, siempre es razón suficiente para volverte incómodo y la disidencia se castiga casi siempre desde el Estado”, remarcó.
Algunos otros casos
En septiembre de 2013, durante las manifestaciones contra de la reforma educativa y el Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el reportero de la agencia Subversiones, Gustavo Ruiz Lizárraga, fue detenido en México DF por filmar los arrestos de estudiantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Según indicaba a “Artículo 19”, mientras varios jóvenes eran detenidos, el periodista intentaba documentar los hechos. “Estamos trabajando”, gritaba Ruiz a los policías en uno de los vídeos grabado por otro compañero.
Entonces fue subido a un furgón policial, junto a varios estudiantes, donde le requisaron sus enseres, que fueron devueltos con “objetos aptos para agredir”, que no les pertenecían: “en ese momento nos dimos cuenta de cómo los propios agentes inventan los casos de detenciones arbitrarias”, afirmó Ruiz a la organización “Artículo 19”.
El informador comentó a la mencionada organización que, aunque se identificó en todo momento como miembro de la prensa, fue sometido a una violencia brutal. Estuvo incomunicado unas horas y fue trasladado del Ministerio Público, en la delegación Milpa Alta, al Reclusorio Sur (centro penitenciario preventivo ubicado al sur de la capital mexicana), a pesar de haber pagado la fianza a tiempo.
Después de dos días en prisión, donde sufrió torturas indiscriminadas, fue puesto en libertad ante la presión ejercida por una campaña de apoyo de la comunidad de medios libres y la red #RompeElMiedo.
Otro caso significativo y luctuoso fue el de Gregorio Jiménez, que cubría la información policial para diarios locales veracruzanos. Fue secuestrado, torturado, mutilado y asesinado en febrero de 2014.
Desde septiembre del año anterior había sufrido amenazas, tras la publicación de un artículo en el que informaba sobre el asesinato de un hombre de 33 años a la salida del bar “El Palmar”, ubicado en Villa Allende, situada en la entidad federativa de Veracruz (estado al este de México).
La responsable de este local era Teresa de Jesús Hernández, señalada por las autoridades como autora del crimen del reportero. Todo apuntaba a que esta mujer contrató a un grupo de sicarios para que lo mataran por diferencias personales.
Su desaparición tuvo mucha repercusión gracias a las redes sociales. Su cadáver fue hallado en una fosa clandestina, junto con los cuerpos de dos personas secuestradas semanas antes y de cuyos casos había informado Jiménez en Notisur (periódico regional del estado de Veracruz), uno de los diarios para los que trabajaba.
Según indica el informe difundido por “Artículo 19”, “el 48% de las agresiones contra periodistas son cometidas por algún funcionario público, en su mayoría policías. Quienes deberían brindar protección a la sociedad, se convierten en los principales perpetradores de los ataques, eso crea el clima de miedo que se respira en cualquier redacción del país”.
“Los informadores tenemos que aprender a revelarnos y a que nuestra voz se oiga más allá de las redacciones y de nuestras fronteras. Nadie nos puede censurar, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras historias salgan a la luz, porque callar es lo mismo que morir en vida”, manifiesta Anabel Hernández.
“Artículo 19” también realizó un documental web titulado “Estado de Censura” que reúne diferentes casos de periodistas mexicanos víctimas de distintos tipos de violencia con el afán de censurar su trabajo informativo. Sin duda, en México ser periodista es una labor de alto riesgo.
Fuente: Inpacto
