Durante la apertura, Raúl Sendic subrayó la iniciativa de organizar un seminario sobre la regulación comparada de los servicios audiovisuales, como una herramienta útil para trabajar sobre la calidad de la gestión parlamentaria. “Ojalá que en muchas de las leyes que hemos impulsado en el país pudiéramos establecer seminarios comparativos que nos permitan conocer la calidad de la gestión que estamos haciendo a nivel parlamentario y en la construcción de nuestro sistema jurídico”, expresó.
En relación a este seminario en particular, señaló que en los últimos años se procuró avanzar en la consolidación de una nueva estructura de derechos y deberes que puedan posicionar a Uruguay en la primera línea, como un país de avanzada en la consolidación de los derechos de los ciudadanos. Agregó que en esa consolidación de una nueva agenda de derechos los procesos son más complejos y van más allá de la elaboración jurídica o legal, puesto que requieren de una consolidación que lleva tiempo y cambios desde la sensibilidad y la cultura del conjunto de la sociedad para lograr la plena capacidad de poder ejercerlos.
Asimismo, subrayó que detrás de esta ley se encuentra el derecho a la libertad de expresión y, su contracara, el derecho a la libertad de información. “Cada vez más, en el mundo, el derecho a la información asume más importancia, para la construcción del estado de información”, indicó y afirmó que “se trata de libertad, responsabilidad, derechos, de compromiso, porque la sociedad uruguaya, para poder seguir avanzando, requiere consolidar una fuerte estructura de valores dentro de la sociedad que debe ser construida con una decisión política y una voluntad de los actores sociales y de quienes manejan los medios de difusión".
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobada por el Parlamento y pasó a la órbita del Poder Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia ante recursos por inconstitucionalidad de algunos artículos, que se estudian por parte de ese órgano.
Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Representantes, resaltó que el proceso de elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representó un ejercicio de democracia porque incluyó en el proceso de discusión y debate a todos los actores involucrados en la temática. Por eso, la definió como un debate público para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
Agregó que este seminario también se enmarca en el cumplimiento de los treinta años de democracia. “No hay, ni puede existir democracia sin pluralidad, sin diversidad, sin establecer derechos, obligaciones y garantías”, y ello conmina al país a hablar y discutir sobre la regulación que permita el ejercicio de las libertades, sin que ese ejercicio vulnere el derecho de otros.
Una ley alineada a estándares internacionales de libertad de expresión
Recordó que en su visita anterior, el relator de Naciones Unidas Frank La Rue resaltó que el proyecto de ley era avanzado para esta región y con mucho potencial para generar cambios importantes y ser un ejemplo de instrumento legal que consolide la democracia y la libertad de expresión en Uruguay y la región.
Brito subrayó que aprobar la ley es el primer paso, queda mucho por hacer puesto que incluye un proceso participativo y que permita que los medios audiovisuales permitan ser medios de consolidación de la democracia. “Cómo Uruguay puede aunar sus fuerzas en un movimiento regional en pro de la libertad de expresión para que se pueda hablar de una América Latina en donde las personas se puedan expresar respetando todos los aspectos de soberanía y derechos, es el desafío”, sostuvo la representante de UNESCO.
Durante el seminario internacional celebrado en Montevideo, actividad que fue organizada por la Presidencia de la Cámara de Representantes y la Unesco, también mostraron sus experiencias en regulación de servicios audiovisuales países como Chile, Brasil, España y Estados Unidos.
En ese sentido, Vanessa Sabioncello, directora de comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), destacó el fondo de fomento audiovisual del país, que recibe del Gobierno ocho millones de dólares anuales, con el objetivo de ofrecer financiación a los productores.
Chile, explicó Sabioncello, se prepara para dar el salto en 2020 del sistema analógico al digital y quiere dar mayor protagonismo a los canales comunitarios "que actualmente se encuentran fuera de la ley".
"El nuevo modelo ofrecerá más canales, con una mayor diversidad en la oferta de contenidos. Aumentará la programación cultural y habrá más espacio para lo regional y lo comunitario", agregó durante su intervención.
Vanessa Sabioncello también destacó que el Consejo nacional de Televisión de Chile, un órgano regulador autónomo que suma ya 45 años, canaliza las denuncias de la ciudadanía sobre los contenidos emitidos.
Fuente: Presidencia Uruguay, sputniknews
