El Gobierno sorprendió con el envío al Congreso del Proyecto Argentina Digital de Ley de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). El mismo busca alentar la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de voz, audio, video y datos en general, reconociendo la convergencia tecnológica. Para ello hace un cambio puntual a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habilitando el ingreso de las telefónicas en radiodifusión, especialmente en TV paga (aunque, cambios mediante, no satelital).
El proyecto incorpora una serie de recomendaciones en boga: consideración de las TIC como derecho humano, declaración del uso y acceso a las redes como servicio público, obligación de neutralidad, y reconocimiento del Estado como planificador y regulador último de los servicios TIC, a ser prestados en competencia. Entre las capacidades regulatorias se establece la posibilidad de fijar tarifas, y de aplicar medidas asimétricas para la promoción de la competencia o el control del ‘poder significativo de mercado’ (obligaciones diferenciadas de interconexión y desagregación de la red local, plazos o zonas de exclusión).
No obstante, el proyecto enuncia esas medidas con generalidad, derivando sus definiciones concretas a la reglamentación posterior, por parte de una Autoridad de Aplicación a designar por el Ejecutivo. Así, se replica la principal falencia del marco normativo actual: la concentración de la capacidad de decisión de las políticas sectoriales en la cúpula del Ejecutivo, y en los intercambios coyunturales con los actores interesados. De esta forma, bien podrían concretarse las intenciones enunciadas, pero también no hacerlo. O incluso, modificarlas en adelante a discreción.
Fuente: diariobae.com
