En los últimos diez años hemos visto en varios países de América Latina cambios legales que han afectado la situación de los medios de comunicación. ¿A qué responde cree usted este proceso? ¿Es posible comparar la situación en todos los países en que se han llevado a cabo esas medidas?
En América Latina hemos tenido dos experiencias, principalmente con relación a los medios audiovisuales. Un modelo es el que han impulsado aquellos gobiernos de corte autoritario, como Ecuador o Venezuela, que esencialmente no creen en la libertad de expresión ni en el periodismo independiente, y como parte de un esquema de cada vez mayor concentración de poder, han promovido fórmulas jurídicas tan vagas y abiertas que les permiten anular la crítica, censurar e influir en el contenido de lo que se informa. En Venezuela, por ejemplo, existe una ley que crea un ente regulador que responde exclusivamente al ejecutivo y puede imponer multas millonarias a los medios que generen “zozobra” en la población. ¿Usted sabe qué significa eso? Yo tampoco. Lo que sí es evidente es que con eso en manos, el gobierno puede limitar el ejercicio del periodismo, y lo ha hecho.
Una experiencia muy distinta, en cambio, obedece a la necesidad legítima de contar con reglas transparentes para el acceso a frecuencias de radio y televisión. En este sentido, quisiera resaltar el caso de Uruguay, donde el proyecto de ley que regula este tema se elaboró por medio de un proceso democrático con consulta amplia a todos los sectores. A diferencia de los gobiernos bolivarianos, no busca atomizar a los medios ni transformar a los medios privados en medios públicos de propaganda oficial, sino establecer reglas claras del juego para otorgar concesiones a través de un ente independiente. Aunque tengo mis reservas sobre la manera en que han regulado la propaganda para los menores de edad, que me parece que restringe indebidamente la libertad de expresión, en términos generales creo que la propuesta y el proceso es una experiencia digna de ser reconocida.
¿Qué piensa sobre las señales que se han dado actualmente en Perú en el sentido de promover una nueva ley de medios?
El caso peruano es un poco diferente, porque allí lo que se dio es un debate en torno a si la concentración de medios, en particular de la prensa escrita, restringe la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Si bien hubo una propuesta para legislar sobre esta materia, aun no hay una ley de medios. En todo caso, este tema está en manos de la justicia peruana, que deberá decidir si la concentración de la propiedad de la prensa escrita constituye un acaparamiento del mercado y, si así fuera, cuál sería la consecuencia jurídica.
¿Podemos decir que hoy en la región existe una amenaza a la libertad de expresión? ¿Dónde se presentan hoy los mayores problemas a la libertad de expresión y dónde usted advierte riesgos de que se avance en ese sentido?
Sin ninguna duda, pero no se trata de “una” amenaza, sino de varias y muy diferentes. Nosotros no hacemos rankings, pero solo por mencionar algunos ejemplos, puedo comentarle que seguimos comprobando como continúa la violencia física contra periodistas, en particular contra aquellos que cubren noticias vinculadas con el narcotráfico o la violencia extrema en México y Centro América. Es muy preocupante que periodistas amenazados se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad, no solo porque los Estados no protegen la actividad periodística en estos contextos, sino porque la impunidad generalizada de los delitos contra ellos fomentan que sigan ocurriendo.
Otra grave restricción es que se sigue recurriendo al derecho penal para perseguir y sancionar a periodistas y medios de comunicación, como por ejemplo ocurrió este año en Venezuela, cuando Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, demandó a un ciudadano que publicó una nota de opinión en el diario Tal Cual, y a cuatro directores, incluyendo a su editor, porque le pareció que el artículo afectaba su reputación. El artículo citaba estadísticas extraoficiales sobre el número de asesinatos en Venezuela, que todos sabemos es altísimo y, por lo mismo, un problema de interés público, y citaba a Cabello diciendo que si a la gente no le gustaba la inseguridad, se fuera del país. Como era obvio en un país sin independencia judicial, un juez avanzó con el caso y, mientras sustancia el juicio, obliga a los directivos del periódico a presentarse semanalmente ante los tribunales y les prohibió salir del país.
Un último ejemplo que quisiera mencionar son las leyes que restringen libertades públicas, y aquí Ecuador se ha lucido. Cuenta con una ley de medios que, por ejemplo, crea la figura del “linchamiento mediático” y lo define como "la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación, destinada a desprestigiar" a una persona física o jurídica. Con este lenguaje, sería perfectamente posible que cualquier autoridad se sienta perjudicada por la publicación de artículos informando sobre, por ejemplo, un escándalo de corrupción. Y, para rematar, el señor Correa dictó un decreto para controlar la función de las organizaciones de la sociedad civil, que le permite al gobierno cerrar organizaciones por causales tan vagas como "afectar la paz pública". De hecho, lo estrenaron en diciembre y cerraron una organización ambientalista que hace años venía cuestionando las políticas del gobierno.
¿Cree que hoy no existe una verdadera valoración de la importancia de la libertad de expresión en América Latina?
En América Latina se ha dado últimamente un proceso de banalización de los compromisos internacionales sobre libertades públicas, yendo a contra vía de un desarrollo que tomó años. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del nazismo y el fascismo europeo, la comunidad internacional acordó que los derechos de las personas estaban por encima del Estado, y no a la inversa. Este mismo consenso llegó también a Latinoamérica, en reacción a las dictaduras y los conflictos armados de las décadas de los ’70 y ’80.
Lamentablemente, algunos gobiernos que no creen en las libertades públicas han hecho un gran esfuerzo por erosionar estos principios llegando al extremo que en la última reunión del CELAC en La Habana, todos los gobiernos latinoamericanos acordaron defender el supuesto derecho “inalienable del Estado" a elegir cualquier sistema político, sin importar los límites y obligaciones jurídicas existentes frente a los ciudadanos. También se comprometieron a jamás intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro Estado, escudándose en el añejo concepto de una soberanía nacional absoluta. Esto es, sin duda, un retroceso histórico que los gobiernos con genuinas credenciales democráticas no debieron permitir.
¿Cree que la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la OEA cumple con su objetivo o falta dotar a la institucionalidad interamericana con más facultades para enfrentar el tema?
La Relatoría ha estado bajo ataque los últimos años, sobre todo por los países a los que no les gusta ser criticados, pero creo que ha salido fortalecida. A pesar de las campañas de descrédito, la relatoría durante la gestión de Catalina Botero ha hecho un magnífico trabajo, poniendo en la agenda internacional graves denuncias de problemas en la región, y avanzando en una amplia gama de temas, como por ejemplo el acceso a información de interés público y los desafíos que generan las nuevas tecnologías como Internet para la protección de derechos. Sin duda, el compromiso, sentido estratégico y pasión que ponga quién está a cargo de esta instancia será clave, pero creo que, más allá de eso, lo que la Relatoría necesita es contar con un apoyo firme y constante de los gobiernos de la región, que no se dé solamente en emergencias frente a ataques infundados, sino más pro activamente para impulsar el trabajo que tiene, que hoy en día es muchísimo.
¿Qué desafíos ve actualmente para la defensa de la libertad de expresión y, en general, de las libertades públicas en una región cada vez mas polarizada?
Uno de los mayores males de la causa de la defensa de las libertades públicas es el riesgo de que se politicen las discusiones sobre derechos humanos. Existen sectores que muchas veces aplican un doble estándar alarmante y antes de examinar un problema se preguntan cuál es la tendencia política del gobierno de turno, o de los medios, o de la ONG en cuestión. Como le decía anteriormente, se trata de valores universales que deben aplicarse en cualquier circunstancia, ante cualquier gobierno, y a cualquier persona. El gran desafío en América Latina hoy en día es desideologizar estas discusiones y limitarse a los hechos: si es censura, lo es independientemente del gobierno que lo haga, y hay que llamarlo así, por su nombre. Esto es particularmente relevante en el ámbito de la libertad de expresión, que como bien dijo la Corte Interamericana, se trata de la piedra angular de la democracia.
¿Qué responsabilidad cree que le cabe a los periodistas y a los medios en el clima que hoy existe en muchos países frente al tema o no les cabe ninguna?
Por supuesto que los medios de comunicación tienen la obligación de hacer su trabajo seriamente y los periodistas deben ejercer un periodismo profesional y responsable. Sin embargo, eso es muy distinto a darle vía libre a los gobiernos para que “obliguen” a los medios a hacerlo, y mucho menos a través de medidas que pueden influir en su línea editorial o en los contenidos que se publican. Sin ir más lejos, fíjese por ejemplo lo que hicieron partidarios de Correa luego que el recibiera un doctorado honoris causa, en su última visita a Chile. Después del viaje, aparecieron unos fanáticos que consideraron que había que investigar a varios periódicos porque no habían publicado suficiente información sobre el doctorado del presidente. Hoy existe una investigación pendiente porque, según la ley de medios ecuatoriana, no publicar información que la autoridad considera de interés público constituye… ¡censura!
¿En qué países de la región ve avances en relación a la libertad de expresión?
Ha habido avances en varios países. Por ejemplo, en Brasil se aprobó un marco normativo sobre Internet, que en términos generales resguarda algunos principios esenciales de libertad de expresión, en Colombia se adoptó una ley de acceso a la información muy importante, y en algunos países del Caribe como Jamaica se ha avanzado con la despenalización de los delitos contra el honor.
¿Existe un modelo en el mundo que usted destacaría de funcionamiento de los medios con plenas libertades?
Yo prefiero hablar de principios, más que de modelos. A lo que debemos aspirar es a que se respeten principios básicos que deben incluir, como mínimo, que exista plena libertad de expresión sin censura previa, que no exista control de los gobiernos sobre la línea editorial de los medios, que exista transparencia en la gestión pública y acceso a la información en manos de las autoridades, y que haya una política clara y transparente de asignación de publicidad oficial y de frecuencias de radio y televisión. Además, debe asegurarse que los medios públicos sean públicos y no oficialistas, siguiendo por ejemplo el estilo de la BBC donde pueden escucharse una pluralidad de voces; que las responsabilidades de los periodistas sean siempre ulteriores y nunca penales; y que los funcionarios y las figuras públicas entiendan que están expuestos a un escrutinio mayor, y no menor, justamente para permitir un amplio debate público. Y por último, creo que es clave que se protejan todas las opiniones, incluso aquellas más ofensivas o impopulares, salvo que se trate de expresiones que inciten a la violencia o la comisión de delitos. En términos generales, la regla básica debe ser más información, y no menos.
Foto: AFP
Fuente: Diario La Tercera
