Por: Santiago Marino*
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) argentina cumplió hace pocos días 5 años desde su sanción. Durante ese período, dividido en diferentes etapas, el conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional resultó estructural. El período actual incluye novedades casi cotidianas que se encuadran en un enfrentamiento constante y acapara todas las miradas en un proceso que debería ser más amplio y complejo.
En tal contexto, mientras el gobierno nacional se encaminaba a la celebración del primer lustro de la sanción de la LSCA en un Congreso Internacional (que debatió aspectos presentes y futuros de la regulación del sistema de medios con especialistas nacionales e internacionales), se conoció una novedad en la adecuación de los grupos concentrados a los nuevos topes establecidos en la ley que sacudió el contexto.
El miércoles 8 de octubre, pocas horas antes de una nueva reunión del Directorio de AFSCA , Martín Sabbatella (Presidente designado por el PEN) informó en una conferencia de prensa que presentaría esa misma tarde un informe en el que solicitaría terminar el proceso de adecuación voluntaria del Grupo Clarín y pasar a la adecuación de oficio, a partir de lo cual será el organismo el que decidirá qué empresas deberá vender el Grupo, y ejecutará los concursos para tal fin.
La presentación de Sabbatella sostenía que “los análisis realizados por los equipos técnicos de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) demuestran los intentos de seguir haciendo trampa para burlar la ley”. Se denunciaban dos maniobras. En primer lugar, la existencia de vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros propuestos para las unidades 1 y 2 en las que se dividiría el Grupo Clarín. En segundo término, un conjunto de condicionamientos por parte del vendedor a los compradores.
En la reunión del Directorio de esa misma tarde se aprobó la presentación por 5 votos (de los representantes vinculados al gobierno nacional) y 2 abstenciones (de los representantes de la oposición, quienes manifestaron que no pudieron evaluar el expediente), a partir de lo cual comienza otra instancia en el conflicto. Sabbatella manifestó además que la AFSCA haría presentaciones en otros organismos estatales para que se investigue si el Grupo Clarín cometió otro tipo de delitos vinculados a este proceso.
A partir esta decisión muchas lecturas resultan posibles. Entre ellas se destacan las que focalizan en el conflicto eterno como mecanismo útil para ambos contendientes, tal como lo sostienen el Dr. Martín Becerra y el periodista Sebastián Lacunza , quienes aportaron los análisis más claros sobre el acontecimiento y sus impactos.
La decisión de AFSCA volvió a poner en el centro de la escena el enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Esto implica poner el carro delante del caballo en materia de aplicación de la LSCA y la democratización del sistema audiovisual nacional. La AFSCA decidió avanzar en la adecuación de oficio del Grupo Clarín a partir de razones y aspectos atendibles, pero que también están presentes en los planes de otros grupos, que fueron aprobados. El campo comunicacional argentino estaba atento a la reunión de Directorio de octubre para conocer si se tomarían decisiones respecto del caso de la empresa Telefe y su eventual incumplimiento , pero esto se mantiene pendiente a 5 años de sanción de la LSCA. El impacto de la decisión sobre el caso Clarín podría ser la demora en la aplicación integral y en la resolución de este conflicto. Esto parece inevitable. El grupo volverá a victimizarse con planteos tales como “El gobierno busca desguazar Clarín” y seguirá su estrategia de frenar con medidas judiciales la aplicación integral de la ley. De este modo, la lectura pasa a ser estrictamente política, en un escenario de conflicto que quizá resulte “gana-gana” para ambos contendientes. Y en el que lo mejor de la LSCA quede otra vez demorado.
*Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación y Cultura. Director de la Maestría en Industrias Culturales (UN Quilmes), docente e investigador UN Quilmes, UBA y del Salvardor.
Nota: Las presentaciones se realizaron ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc), la a Unidad de Información Financiera (UFI) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Fuente: observacom.org
