Vuelve la campaña y vuelve la necesidad de discutir medidas para nivelar la competencia electoral y asegurar una distribución de información e ideas lo más equitativa posible previo a los comicios.
A nivel nacional, la ley 26.751 (de reforma política) dispuso un sistema estatal de reparto de espacios publicitarios en medios audiovisuales para promover la igualdad de oportunidades entre los partidos durante la campaña y garantizar así el ejercicio informado del derecho al voto. La ley sigue la lógica de otra cantidad de normas (que existen en nuestro país y en otros), destinadas a reducir los desequilibrios que en el juego electoral provocan factores como el dinero. Por ejemplo, las regulaciones que restringen los gastos de la campaña, los modos de financiamiento de los partidos políticos y las que limitan el tiempo de las campañas electorales.
Sin embargo, el objetivo de la ley se ve desvirtuado por el uso ilimitado de la publicidad oficial. La emisión sin restricciones de avisos oficiales permite al partido que ejerce el gobierno acceder a los medios con su mensaje en condiciones que los otros partidos no pueden hacerlo. Esa situación debilita el ejercicio pleno del derecho a la información y consolida una ventaja que ya tienen los oficialismos. El sostenido incremento de la pauta oficial en época electoral sólo ratifica este fenómeno problemático.
El uso de los fondos públicos con fines electorales es algo que se repite a nivel provincial y local, sin importar el color político de quien gobierne. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, padecemos la confusión de colores partidarios y de gobierno en los afiches y la creciente presencia del jefe de gobierno en spots que promocionan medidas gubernamentales. Vale la pena recordar que la ley de publicidad oficial que el ejecutivo porteño vetó en 2009 fijaba límites para esta clase de abusos.
En 2011, desde la Asociación por los Derechos Civiles le solicitamos a la Justicia que ordene la suspensión de pauta oficial antes de las elecciones de ese año. El caso no llegó a resolverse en ese momento, pero la Cámara Electoral consideró que debía continuar tramitándose, ya que el problema que denunciábamos podía repetirse en el futuro. Ahora, que estamos a punto de enfrentarnos a otro proceso eleccionario, sería un buen momento para que la Cámara resuelva un caso que cobra cada vez más relevancia por distintos comportamientos estatales, como, por ejemplo, la decisión de aumentar las partidas destinadas a publicidad justo cuando arranca la campaña.
El esquema de reparto estatal de espacios publicitarios para la campaña debe complementarse con una regulación de la publicidad oficial que limite su uso propagandístico. Es lo que estipulan los estándares de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras el Congreso Nacional sigue haciendo la plancha -pasan los años y una ley sobre pauta oficial parece cada vez más imposible-, son nuestros jueces los que tienen que proteger nuestro derecho a contar con un debate informado y plural cuando de elecciones se trata.
Fuente: La Nación
