domingo, 3 de febrero de 2013

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su efectiva aplicación

Por: Eduardo Shmidt*
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina se ha convertido en una referencia para avanzar en otros países en la lucha por la democratización de las comunicaciones en el continente. Sin embargo, corresponde considerar que su promulgación, por sí sola, no alcanza para que sus objetivos se puedan cumplir.
De lo que se trata es de evaluar si el rumbo que toma el Gobierno es el adecuado para democratizar eficazmente la comunicación y la aplicación efectiva del espíritu con el cual fue concebida la Ley.
Efectivamente, su aprobación ha significado un hecho trascendente, al quedar expuesto hacia amplios sectores sociales el debate sobre el rol de los medios de comunicación, cuáles son los diferentes sectores involucrados e intereses que se ponen en juego. La población ha avanzado en un aprendizaje acerca de la manipulación y el cuestionamiento acerca de la independencia informativa.
La Ley está vigente, pero transcurridos más de tres años desde su aprobación en el Congreso, el gobierno argumenta que su aplicación está trabada por una serie de recursos jurídicos (las medidas “cautelares” sobre los artículos 45 y 161) efectuados por el Grupo Clarín.
En este sentido se debe defender la aplicación de la Ley contra los intentos del Grupo Clarín de mantener la hegemonía como monopolio mediático en Argentina y su resistencia a perder la fuente de ganancia, la acumulación y la dominación de la agenda política y cultural.
Entre los principales logros enunciados en la Ley se destaca la concepción de la comunicación en tanto derecho humano, la declaración de la radiodifusión como una forma del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial; la consideración del espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad, su división en partes iguales (33 % del espectro) para medios privados, para medios estatales sin fines de lucro y para las organizaciones privadas sin fines de lucro; y la alusión a medidas que (en relación a la situación actual) se proponen para limitar la concentración de la propiedad de los medios.
Pero la disputa está centrada entre el Gobierno y el Grupo Clarín y se reduce a la asignación de las licencias a los medios privados con fines de lucro. Es decir, cuando se habla de desinversión, se están refiriendo a su redistribución entre empresas de medios comerciales (afines o no al Gobierno) y así sólo se está privilegiando el uso tradicional de la comunicación como una mercancía. Mientras se argumenta que con el achicamiento de las empresas, quedará limitada la posibilidad de prácticas monopólicas se avala públicamente la posibilidad de la venta a testaferros como equivalencia de desinversión y desmonopolización.
Esta visión sobre los medios de comunicación es coherente con la política que avanza en consolidar un modelo minero y agroexportador, de expansión de la frontera agropecuaria, que sigue beneficiando a las grandes corporaciones. Política que necesita de los medios afines (estatales o privados) y por supuesto que se siga silenciando el verdadero debate por los problemas críticos a resolver en el siglo XXI, como la soberanía en la utilización de los recursos naturales en base a la modificación de la matriz energética; la soberanía alimentaria y la emancipación nacional. La crítica al monocultivo sojero, al extractivismo megaminero o la pérdida del autoabastecimiento petrolero y el estancamiento de la reindustrialización es contradictoria con el modelo económico del Gobierno.
Así, las asignaciones de licencias para el 66 % del espectro restante (correspondiente a medios sin fines de lucro, públicos o privados) siguen sin la correspondiente reglamentación, cuando en realidad su implementación sería viable, ya que no debería tener relación con la problemática de la redistribución de licencias entre empresas privadas.
No hubo cambios significativos en las asignaciones a la mayor parte de las radios y la TV en el interior del país, que siguen siendo, mayormente, repetidoras de las emisoras de Buenos Aires. Contrariamente al espíritu enunciado en la Ley, el proceso de adjudicaciones ha sido prácticamente expulsivo de las radios comunitarias y medios alternativos, al imponerles trabas y exigencias presupuestarias muy difíciles de cumplir. En efecto, los pliegos de bases y condiciones para los concursos abiertos hasta ahora difundidos, no favorecen a las características particulares de los medios comunitarios, alternativos y populares.
El resultado es que el debate sobre la democratización de los medios de comunicación se desvía y también se oculta el tratamiento de los temas reales que se deberían discutir en la sociedad: la modificación del modelo productivo, qué se produce, para qué y quiénes son los beneficiados de estas políticas de estado. El debate de estos temas desde los medios hegemónicos, tanto estatales como privados, se ignora, se tergiversa o no se profundiza.
Si bien se comenzó a tratar el otorgamiento de licencias a radios comunitarias, servicios de cable y cooperativas, aún la AFSCA (Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) no especifica cómo se va a liberar espectro para ser asignado al 33 % que corresponde a estos medios. Tal como denuncia la RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos), “no se elaboró un Plan Técnico (ordenamiento del espectro ocupado y del libre), que según la nueva ley debió realizar el Estado en forma previa a los llamados a concursos, provoca discrecionalidad en la entrega de las licencias. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado sino que serán vendidas/transferidas (entre privados) a quienes puedan pagarlas; por lo tanto no se ampliará la disponibilidad del espectro”.
Ello explica por qué no se ha avanzado en extender la aplicación de la ley a los otros sectores que no están involucrados en la lógica comercial.
Si se hubiera avanzado en este periodo con la implementación de políticas de apoyo para medios comunitarios y alternativos, hoy este debate estaría extendido con mayor amplitud en la sociedad y además estaríamos frente a un panorama en cual los sectores populares estaríamos mejor posicionados en la lucha por la construcción de alternativas de poder popular.

El nuevo escenario y conclusiones
Comenzó una nueva etapa en el continuo debate sobre el rol de los medios de comunicación en Argentina, su concentración monopólica y oligopólica y especialmente sobre el rol del estado como actor central en la delimitación de las políticas públicas que conforman el rumbo político, económico y social de la nación.
Es un momento clave para que desde el movimiento popular se avance en la articulación de acciones que sostengan el espíritu de los 21 puntos enunciados por la Coalición por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, y que puedan profundizarlas para poner límites a la concentración de los medios de comunicación hegemónicos, por una parte, a la vez que den mayor espacio de participación a los medios que sostienen la comunicación alternativa, popular y comunitaria.
La vigencia de la Ley abre posibilidades para que las voces que provienen desde los medios alternativos, organizaciones sociales y sectores críticos de la intelectualidad puedan ser escuchadas por sectores más amplios de la ciudadanía. Pero el cambio necesario para lograr la democratización de los medios de comunicación está directamente ligado a la capacidad de organización y lucha de los sectores populares.
Ello depende de la pelea que dan estos sectores por hacerla cumplir; y también por seguir bregando por una efectiva democratización de los medios y por profundizar la articulación en redes colaborativas que permitan compartir puntos de interés y preocupación comunes y que trabajen en conjunto para ampliar la difusión y comunicación de las resistencias ante las lógicas mercantiles de la comunicación.
En síntesis, ir más allá del carácter formal de la Ley para incursionar en el debate de fondo sobre el contenido de una real diversidad de voces en el campo de la información y la cultura.
Estamos en un nuevo escenario con nuevas posibilidades en la articulación de los sectores amplios y diversos que han venido luchando desde hace años, para profundizar en la construcción efectiva de poder popular y en el aporte necesario que desde los medios de comunicación se debe dar para la construcción de una fuerza alternativa que sea capaz de avanzar en las transformaciones sociales en nuestro país.
*Eduardo Shmidt: Ingeniero, especialista en gestión de las telecomunicaciones. Docente e investigador de la FISYP (Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) e Integrante de la Subcomisión de Comunicaciones Audiovisuales del Centro Argentino de Ingenieros
Fuente: Agencia Digital de Noticias

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