viernes, 30 de noviembre de 2012

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los estudios en comunicación

Por: Guillermo Mastrini* y Martin Becerra**
En la maraña de notas sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual figura un tópico, entre irónico y peyorativo, acerca de la influencia de un grupo de académicos de comunicación y periodismo en la redacción de la ley aprobada por el Congreso en 2009. Esta prédica, de manera más o menos explícita, deja entrever que dicha participación guiada por una suerte de ingenuidad y/o desconocimiento del tema afectó la calidad de la ley y dificulta su cumplimiento. Dada la centralidad que tiene la llamada Ley de Medios en el debate político, es relevante revisar el fundamento de estas opiniones.
En primer lugar, sorprende la falta de evidencia empírica que se presenta al respecto. Lejos del más elemental rigor periodístico, esta vulgata se reitera sin siquiera informar quiénes habrían sido los hipotéticos redactores. Quienes hemos estudiado históricamente el proceso de regulación de los medios sabemos que esto no se corresponde con la realidad y que del equipo redactor participaron juristas con amplio conocimiento en la materia y con competencia en derecho comparado. El proceso de redacción incluyó consultas con actores de la industria y de un sector de los medios comunitarios.
Hay un inconveniente aún mayor. ¿Qué pasaría si se aplicara el mismo razonamiento a otras regulaciones? Problemas como el de la minería o los mercados financieros no serían objeto de atención de geólogos o economistas, sino que habría que dejar que las empresas mineras (el equivalente a “la industria”) o los bancos (que conocen “la realidad del sector”) a través de sus cuadros técnicos se regulen. Pues bien, importa recordar que la Ley de Radiodifusión de 1980, reemplazada por la de 2009, fue fruto de un acuerdo de los radiodifusores privados de entonces con la dictadura militar. Su centralismo, su carácter censor, sus rígidas disposiciones anticoncentración, su adscripción al lucro como única lógica de desarrollo de los medios, su confusión entre Estado y gobierno y su negación de aspectos básicos del derecho a la comunicación configuraron un resultado que difícilmente pueda reivindicarse en el marco del sistema democrático.
Otra opción sería que quienes han sostenido esta línea argumental subestimen la consistencia de los estudios académicos en comunicación, ignorando una rica tradición de investigación en el campo cultural y de los medios desarrollada a nivel mundial con amplitud de enfoques teóricos y metodologías. Desconocer esta tradición supone además negar la importancia de la especificidad de la comunicación y la cultura como objeto de estudio, en un momento que ocupa un lugar central en las sociedades contemporáneas. Peor aún: esta posición descalifica la formación profesional y académica de quienes cotidianamente trabajan para informar al conjunto de la ciudadanía.
La ley 26.522/09 recupera conceptos académicos debatidos en las carreras de comunicación social y en el periodismo e invoca la diversidad cultural como valor. Lo hace en forma articulada con la doctrina jurídica de libertad de expresión. Al tiempo que promueve la pluralidad de actores en el sector de los medios, ningún artículo de la ley puede ser usado para restringir la difusión de información u opiniones.
La norma audiovisual es, como toda ley, perfectible. Los defectos a los que suele aludirse cuando se señala su presunto academicismo no surgen del texto aprobado por el Congreso sino de una aplicación cuya discrecionalidad, a nuestro juicio alta, es objeto de debate y seguramente tendrá impacto en la controversia judicial en curso y en la eficacia de la ley a mediano plazo.
Es legítimo y necesario criticar la ley así como su aplicación. Pero la crítica se descalifica a sí misma cuando disfraza como evidencia una especulación desinformada. Si el contexto de discusión pública sobre la ley y su aplicación se nutriera de información y no de suspicacias, quienes suscribimos este texto no deberíamos aclarar que no es autorreferencial y que conocimos el proyecto de ley audiovisual sólo cuando fue hecho público, lo que no nos impide valorarlo como un gran avance.
*(UNQ-UBA). **(UNQ-Conicet)

La incumplida Ley de Medios
Por: Julio Raffo*
La presidenta Cristina Isabel Fernández (“Elizabeth” para los anglófilos) y la AFSCA nunca se tomaron en serio a la Ley de Medios, salvo en lo que consideran, erróneamente, que es un instrumento apto para acabar con el Grupo Clarín.
Ni Cristina Isabel ni la AFSCA tienen en cuenta a las emisoras comunitarias. Ella las ignoró en la reglamentación de la ley, y la AFSCA en sus llamados a concursos, manteniéndolas dentro de la categoría jurídica de “entidades sin fines de lucro”, con lo cual se ignora que la ley les atribuye a ellas la condición de “… ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo… (y que) Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación.” No obstante nada les dan de los fondos que la ley asigna al “…apoyo a servicios… comunitarios…” (Art. 97).
No sólo la AFSCA, además, se erigió en protector de los (no siempre legítimos) reclamos de SADAIC, AADI y CAPIF, cuando esas entidades administran derechos de propiedad (intelectual) de particulares, que ya tienen una amplia protección civil y penal en la Ley 11.723.
Ni Cristina Isabel ni la AFSCA han hecho el plan técnico necesario para “…la instalación y operación de servicios de radiodifusión” que debía realizarse en 180 días. Pasaron tres años y esa obligación sigue incumplida. Este plan es necesario, entre o tras cosas, para que se pueda determinar cuántas emisoras constituyen el 33% del espacio reservado para las empresas “sin fines de lucro” en cuya categoría se incluyen –con fórceps– las emisoras comunitarias.
La falta de plan técnico no le impidió otorgar licencia de televisión digital a 360 TV, C5N, CN23 y a la UOCRA (o sea a los “amigos” Pierri, Hadad y Gerardo Martínez), mientras las emisoras comunitarias siguen maltratadas y olvidadas.
Ni Cristina Isabel ni el Incaa han dado cumplimiento a lo dispuesto por el Dec. 1225/10, que establece que: “A los fines de facilitar la adquisición de los derechos de antena, el Incaa creará un registro de películas nacionales y telefilmes en condiciones de ser adquiridos”, y las empresas de televisión aprovechan este incumplimiento para no cumplir con la obligación de pasar películas nacionales.
La AFSCA nunca requirió el cumplimiento del Dec. 1225/10 que dispone que “Los licenciatarios deberán informar a la Autoridad de Aplicación el cumplimiento del artículo 67 de la Ley N° 26.522 detallando el listado de obras audiovisuales adquiridas y el precio pagado por cada película o telefilme, acompañando el correspondiente contrato de adquisición”. Pero los licenciatarios no informan, ni llevan los contratos, ni pagan el precio, porque nada cumplen y, desde hace tres años, el INCAA y la AFSCA son cómplices de esos incumplimientos.
En este marco de incumplimiento injustificado y generalizado de la ley asoma en el horizonte el 7D, día en el cual, según una interpretación capciosa, la Afsca podría empezar a tramitar el proceso licitatorio de licencias y bienes aún antes de que el Poder Judicial resuelva el fondo de la cuestión respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los Arts. 45 y 161 de la Ley de Medios.
El respeto a la Constitución y a la ley obligan a las autoridades a actuar dentro de sus límites: las licencias de las veinte empresas que deben adecuarse a las restricciones sólo podrán ser legalmente ofrecidas a terceros una vez que esté firme o consentida la caducidad de las mismas, la cual debe ser decretada de acuerdo a las reglas del debido proceso y a las disposiciones que la misma ley, y su decreto reglamentario establecen.
Otro tipo de procedimiento, o el “ir por todo” para disponer de prepo de esas licencias o de los bienes que hoy permiten su utilización, configuraría no sólo un delito sino, también, el signo indudable de un grave desequilibrio institucional y personal por parte de quienes lo ordenen y ejecuten.
*Ex titular de la Dirección de Normativa del ComFeR - Legislador Proyecto Sur
Fuente: Diario Perfil

Trabajadores de la Editorial Perfil deciden el retiro de firmas

Comunicado de los trabajadores de prensa de Editorial Perfil:
Durante las negociaciones establecidas en sede ministerial debido al incumplimiento por parte de Editorial Perfil en relación con lo establecido en el Acuerdo Paritario 2012 (la empresa desconoce los derechos de los editores y colaboradores en tanto trabajadores bajo convenio), la editorial decidió de manera arbitraria el despido de 21 trabajadores.
Los telegramas fueron enviados el 22 de octubre. Desde esa fecha el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. Durante este período se realizaron múltiples audiencias en las cuales Perfil mantuvo una postura inflexible.
Terminada la etapa conciliatoria, la Asamblea de Trabajadores había resuelto volver al paro de actividades si Editorial Perfil no retrotraía los despidos. Finalmente, el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación que culmina a fines de diciembre.
Ante esta situación, los trabajadores de prensa de la editorial decidimos por unanimidad repudiar la actitud patronal exigiendo que se garantice la continuidad laboral de los compañeros afectados por los telegramas de despido.
Por este motivo, la Asamblea ha dispuesto retirar las firmas de las notas que se publiquen en los medios de la editorial mientras dure la nueva conciliación obligatoria. Consideramos que Perfil ha contado con tiempo suficiente para rever su actitud.
Los trabajadores de Editorial Perfil queremos trabajar en paz. Reclamamos que la empresa retire los telegramas de despido y se atenga a cumplir con los acuerdos y convenios firmados.
Exigimos la estabilidad laboral y el respeto de nuestros estatutos y convenios.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Comisión Gremial Interna - UTPBA
Ver anterior: Editorial Perfil envió telegramas de despidos a su redacción, Dictaron conciliación obligatoria en Perfil, Trabajadores de Editorial Perfil reclamaron por la reincorporación de 21 empleados despedidos

Marcelo Stubrin: "“El Gobierno está infringiendo la ley de Medios"”

Marcelo Stubrin, flamante director de Afsca como representante de la oposición, afirma que la norma hoy no está garantizando el “pluralismo” que proclama, pide transparencia para saber quiénes son los propietarios de los medios y pronostica que la pelea del Gobierno con Clarín terminará finalmente en la Corte Suprema
Por: Ana Gerschenson
Histórico dirigente del radicalismo, Marcelo Stubrin fue recientemente designado director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por la oposición.
Desde su nuevo cargo, asegura a WE que "hay un discurso de pluralismo que no está llevado a la práctica" y que el Gobierno debe aplicar lo que la norma ordena, como la publicación de un registro de propietarios de los medios.
Además, pronostica que la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín sobre el artículo de desinversión terminará pronto y en la Corte Suprema de Justicia.

¿Cuál es su desafío como director del AFSCA?
Es un tema muy importante en la Argentina de hoy. Está en juego, primero, el renacimiento de una institución que ha sido manejada con mucho secreto y clandestinidad, casi como si no hubiera allí vida democrática. En segundo lugar, por la batalla de público conocimiento donde vale la pena tratar de que sea un poco menos penosa y, tercero, porque la pantalla me está asustando, está monocolor y monocorde. La televisión y la radio transmiten al unísono y la ley pide diversidad, tiene un discurso de la diversidad y en la práctica me parece que no está garantizando está diversidad.

¿Monocorde en qué sentido?
Hay mucha gente que apoya al Gobierno de un modo militante y convencido, y me parece bien que haya gente que lo haga, pero las voces alternativas se van reduciendo. Hay un discurso de pluralismo que no está llevando a la práctica.

¿Y qué es lo que sucede?
Hay que poner las cosas en orden. Las licencias tienen que estar en un registro y la ley pide que ese registro esté publicado en Internet y que todos podamos saber quiénes son los propietarios de los medios, acá hay cosas que está prohibido vender y se venden, no se sabe si están aprobadas las ventas o no. Esa información tiene que estar disponible.

Lo dice por las radios que vendió Daniel Hadad…
No doy nombres. Quiero saber todo y que todo esté publicado, porque es un mandato de la ley. Yo no vengo a tomar revancha de ninguna situación.

La desinversión para todos los demás grupos, con excepción de Clarín, ya entró en vigencia hace un año...
La desinversión es la consecuencia de que todos sepamos quién es dueño de cada cosa. Hoy no sabemos.

Pero hubo una conferencia de prensa de Sabbatella explicando con porcentajes un cuadro de propietarios de medios...
No dijo la información de base. Hay números aproximados, 50, 30, 25. Tal grupo tiene tal cosa, tal grupo tal otra. Más allá de los errores y de las actitudes relacionadas al tema Telefónica, que es una cuestión que simplemente se debe constatar, si sos propietaria de tu casa, tu escritura tiene que estar inscripta a un registro de la propiedad, y a nadie se le ocurre pensar que hay otro que es el propietario, que la vendiste, y que no está anotado en ningún lado.

Anotado no se presentó aún nada...
Por eso digo que las cosas sean claras. Porque probablemente hay cosas de la ley que haya que cambiar, que mejorar.

¿Qué cree que pasará el 7D?
No lo sé. En primer lugar, no quiero dar opinión sobre la cuestión judicial porque no quiero que nadie me recuse. Lo que si quiero decir, como una opinión ciudadana, es que de acuerdo a lo que dijo la Corte, el 7 de diciembre el Gobierno cumple con sus normas y va a haber sentencia convalidada por la Corte. Ese día empieza un procedimiento que, según Sabbatella, demora aproximadamente 90 días. Esos 90 días son suficientes para que la Corte se pronuncie, porque esto termina en la Corte.

¿Y eso es una garantía?
Así funciona nuestro ordenamiento legal, es el Estado de Derecho. Por el modo en que se pronunció la Corte, creo que en muy poco tiempo habrá una sentencia que resuelva la cuestión de fondo, no antes del 7 de diciembre pero si antes de que los hechos se produzcan.

Mencionó dos veces el hecho de que es una ley mejorable…
Es una ley que debe ser mejorada porque es mala, nosotros votamos en contra, pero incluso para algunos sectores que votaron en general a favor, es una ley que tiene a muy pocos con conformidad plena, porque el concepto de la concesión es correcto en el espacio radioeléctrico, no puede haber mil radios o mil canales, es un espacio finito y allí hay que dar concesiones. Pero el cable no, el cable es infinito y se le aplica el mismo plazo que se le aplica a la concesión de una radio y allí hay inversiones más complejas, largas y que requieren más tiempo. El gran debate de esta cuestión es que las telefónicas manejan el 70/80% de Internet, las dos compañías son propiedad de una sola. Internet es monopólico al 80. Y si se pone una radio en la Capital, que eso también es un problema de reglamentación, que se pueda escuchar desde La Plata hasta Zárate, y sumen 35% de la población, la radio infringe las normas de la ley, eso no quiso decir la ley. Ése no es el 35% del que estamos hablando.

¿Y esto podría terminar en proyecto de reforma de la ley por parte de la UCR?
Estas cosas hay que discutirlas. Uno está de acuerdo en tener límites, por eso la Argentina no permitió, con acuerdo de todo el mundo, que las telefónicas den televisión. Las telefónicas dan Internet pero no televisión, queda por fuera de esta ley Internet, pero resulta que por Internet también se ve televisión, y cada vez más. Hay una competencia interplataformas e intraplataformas. Entonces, es un debate que hay que dar, y acá hay una empresa que da triple play, es decir, que da los tres servicios. Y se espera que haya empresas que dén cuatro servicios: cable, Internet, teléfono y telefonía móvil. ¿Cuánto va a demorar la telefonía móvil en ser capaces de transmitir televisión? Muy poco. Es lo que resulta fascinante de este mundo.

Si Sabbatella no le contesta, ¿qué piensa hacer?
Seguir insistiendo. Yo no represento puntos de vista de empresas, represento el punto de vista del interés general, ése es el mandato que tengo de mi partido. Quienes pensaron que hacía falta una ley y de quienes discreparon o presentaron proyectos alternativos y, la mayoría de ellos, tuvieron que votar en contra de esta ley. Mientras, estoy en un organismo que debe aplicar estos puntos, que no encuentro y que no están explicados, pido información o que se apliquen, se lleven a la práctica. El artículo 57, el de registro de licencia, en el último renglón, obliga a establecer un mecanismo de consulta pública vía Internet del registro público de licencias y autorizaciones. Obliga, pero eso no pasa.

Entonces, ¿cree que es el Gobierno mismo el que no aplica la ley de Medios?
Exactamente a eso me refiero, el mismo Gobierno está infringiendo la ley de Medios. No cumple con la ley. Vamos a ver cuándo convocan a la primera reunión de directorio, a mí me gustaría que sea abierta y pública.
Fuente: El Cronista

Víctor Hugo Morales: “Mi ‘cercanía’ con el Gobierno es una construcción de los medios para hacerme vulnerable”

En una entrevista con WE, el periodista Víctor Hugo Morales denuncia que se busca minar su credibilidad convirtiéndolo en un “personaje apegado” al kirchnerismo por su postura militante en favor de la ley de Medios. También niega la contundencia y masividad de los cacerolazos del 13S y el 8N y asegura que la gente se volcó a la calle sólo por la “manija” de los medios
Por: Micaela Pérez
Sus históricos relatos radiales lo convirtieron en un emblema del periodismo deportivo y en uno de los relatores de fútbol más importantes de la Argentina, adonde llegó hace más de 30 años procedente de su Uruguay natal. La potencia de su voz, la palabra precisa en el momento justo y la metáfora perfecta siempre a tiro, se transformaron pronto en su sello personal y hoy no hay periodista deportivo que se precie que no encuentre en Víctor Hugo Morales a un referente de la profesión.
Pero su condición de relator -como alguna vez confesó- nunca se “devoró” al periodista y Víctor Hugo se atrevió temprano a incursionar como conductor de programas de interés general, hasta desembocar en Desayuno, el informativo con el que abría las primeras mañanas de Canal 7. Hoy, desde La Mañana de Continental y su ciclo televisivo Bajada de Línea, en Canal 9, es sin duda uno de los periodistas más controvertidos del momento. Su apoyo incondicional a la ley de Medios promovida por el Gobierno en su guerra contra Clarín le costó amores y odios en dosis casi simétricas, pero esas pasiones encontradas no lo amedrentaron. Ni mucho menos. Plantado en lo que llama su “lucha contra los monopolios desde hace más de 20 años”, hoy reniega del calificativo de “relator del relato” con el que lo chicanean sus detractores. “Me defino como un periodista absolutamente libre de toda pertenencia. Tengo puntos de vista que pueden estar en línea o en contra del Gobierno”, se ataja, en una cordial, pero también picante charla con WE.
Mate en mano, cómodamente sentado en su oficina de radio Continental, el periodista, fiel a su estilo, no se calla nada. Su relación con el Gobierno, la acción de los medios “dominantes” sobre los cacerolazos del 13S y el 8N, por qué demoniza a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, qué opina de la re-re de Cristina y la ruptura con su círculo de pertenencia social. Un Víctor Hugo auténtico y sin filtro.

¿Cómo define el momento político, social y cultural que vive hoy la Argentina?
Como apasionante, está discutiéndose cuál es la sociedad que vamos a parir. De este tiempo van a salir cosas muy interesantes que van a estar en pugna siempre, porque la vida es conflicto, que van a dejar muy claro qué tipo de sociedad se quiere de un lado y de otro.

Esa pugna, esa polarización tan marcada que divide a la sociedad, ¿termina con este ciclo o cree que ya no tiene vuelta atrás?
Creo que es así y que está bien que sea así, así es el mundo. Nosotros miramos nuestro ombligo, pero en todos lados el mundo está dividido en dos partes. Hay una parte que tiene los bienes y los medios, y otra que tiene, para mí, mejores argumentos. Hay izquierda y hay derecha, vigorosas y pujantes. La derecha defendiendo a rajatabla sus intereses y la izquierda pugnando por ocupar espacios y sostenerlos. Es maravilloso que eso ocurra.

La confrontación genera a veces mucha intolerancia, de un lado u otro. Este estado de situación, ¿no anula la posibilidad del debate, de poder encontrar espacios de consenso?
Yo celebro que el mundo esté en pugna, que haya una lúcida participación cada vez más de la gente y en todas partes hay un gran involucramiento de la juventud.

Y para hacer periodismo, ¿es un buen momento o tanto antagonismo complica el ejercicio de la profesión?
Depende de cuál es el grado de visibilidad que se tiene. En las personas de no mucha visibilidad, aunque sean buenos periodistas, las dificultades son importantes, porque no tienen muchos márgenes para sí mismos, están muy referidos a las empresas o a ciertos criterios del Gobierno, de la política en general. Dentro de las empresas se puede hacer periodismo hasta cierto punto, en muchos lugares ya no se puede. Uno puede encontrar periodistas que tienen una cierta proximidad ideológica con el Gobierno, pero que son críticos, pero jamás encuentra periodistas referidos a los medios dominantes que digan algo distinto a lo que piensan sus medios.

¿No contempla la posibilidad de que puedan coincidir en algunos puntos de vista? Como un periodista que trabaja en un medio oficial coincide con posiciones del Gobierno.
De acuerdo a ese razonamiento, llegaríamos a la conclusión de que todos los que están en los medios dominantes piensan como ellos, pero no todos los que están con una vinculación ideológica del Gobierno opinan siempre de una manera favorable al Gobierno. Te pongo como ejemplo a Eduardo Aliverti, un tipo en muchísimas ocasiones crítico. Me gustaría encontrar un periodista que salga del armado... Entonces, para el periodista es muy difícil, porque no puede ser que se piense siempre en línea con las empresas. Quien está cerca del Gobierno, lo están por ideología. En cambio, cuando se trabaja para los medios se trabaja para sus intereses. No puede ser que todos los periodistas estén de acuerdo en que dos diarios manejen el papel con el que se hacen los diarios en el país. Es inadmisible.

¿Su identificación ideológica o su cercanía con el Gobierno le costó perder el respeto o la amistad de algunos de sus colegas?
Todo eso es una gran construcción de los medios que no quieren que yo dé la pelea que doy por el tema que siempre fue leit motiv de mi vida: el comportamiento de los medios. Hace más de 20 años que digo cosas afines con lo que ahora está ocurriendo. La construcción de los medios para poder hacer vulnerable mi discurso me tiene que ubicar en una vereda en la que sea un poco menos creíble. ¿Qué opiné yo de la ley de las ART? Estuve en contra. Y lo mismo con la ley antiterrorista, el arreglo con Monsanto, o la posibilidad de que el voto joven fuera obligatorio. En la lucha de Moyano y la Presidenta sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, estuve del lado de Moyano. ¿Cuántos reportajes creés que hago en la relación oficialismo-no oficialismo? (N. de R: busca entre sus papeles un informe de los entrevistados en su programa durante setiembre/octubre): 30 opositores y 33 oficialistas. Es balanceado.

¿Cómo se define entonces Víctor Hugo?
Como un periodista absolutamente libre de toda pertenencia. Ninguna. Ahora, tengo puntos de vista que pueden estar en línea o en contra del Gobierno. La ley de Medios es mi vida, antes del Gobierno incluso, y por supuesto que participo activamente; las AFJP; la ley de Asignación Universal por Hijo... De lo que estoy en contra en los medios es de la mentira. Los medios mienten todo el tiempo.

¿Qué tipo de relación es la que lo une al gobierno de Cristina Kirchner?
La cercanía, la refuto. Desde mi lugar, podría tener diariamente una reunión, un contacto con el poder. No tengo ningún contacto. Si hubiese alguna posibilidad de que incidieran sobre nosotros, ¿tendríamos 33 entrevistados, de un lado y del otro? Los 33 entrevistados que no son del palo del Gobierno y aceptan hablar conmigo, lo hacen porque saben que son bien tratados y que hay respeto.

¿Se siente un periodista influyente en el Gobierno? Cuando se impuso el cepo al dólar, anunció desde la radio que iba a pesificar sus ahorros y la Presidenta lo imitó.
La Presidenta no podía sostener el discurso de la pesificación sin ella ir a los pesos, ¡no lo podía sostener! La Presidenta lo único que hizo una vez fue darme la mano en la presentación del libro de Adrián Paenza, 10 segundos de contacto con ella es todo lo que he tenido en mi vida. Supongo que ella se da cuenta que no se puede estar diciendo que tenemos que vivir en pesos y que se sepa que tiene tres millones dólares. Seguramente ella tendría ganas, pero no tenía ganas de ceder al pedido de las corporaciones que le viven marcando su fortuna. Encontró en el comentario de alguien que dijo eso y lo nombró para justificar, quizá de una mejor manera, antes que decir de buenas a primeras ‘voy a tomar esta decisión‘. Por consiguiente, la influencia...

¿Y en la ley de Medios?
Es probable que tenga alguna influencia, porque es un tema en el que se me respeta. Ahora hace tres años que el Gobierno está de acuerdo, pero yo por este tema estuve confrontativo con el Gobierno, lo critiqué durísimamente. Es probable que genere que me tengan simpatía. La construcción de personajes que hace Clarín y sus allegados es muy precisa. Magnetto es estrictamente mafia. Las mafias normalmente terminan matando. Pero un medio de comunicación tiene una posibilidad mejor que la de matar a una persona: atacar su credibilidad. Yo he recibido algún ataque frente al cual hubiera preferido una bala. Han intentado construir el personaje de una persona apegada al Gobierno y que, además, según un mail que hicieron llegar a cuatro millones de personas, lo hacía por u$s 10 millones que supuestamente me habían dado.

La ley de Medios tiene el objetivo proclamado de democratizar a los medios. Difícilmente se pueda discutir. Sí se pone en tela de juicio el contexto en el que el Gobierno avanza con esta iniciativa: su ruptura con Clarín.
Que se conforme un conglomerado de medios es una desgracia del mundo hoy, porque el mundo en los años 90 y 2000 quedó completamente desregulado y hay concentración. El mundo va a tender a discutir otra vez lo de la concentración de medios, porque es una concentración corporativa. Hay un fenómeno nuevo y terriblemente peligroso para las sociedades, que es que haya quienes tienen el poder de establecer qué es lo que piensa el país, de determinar quién es el Gobierno y de quedarse con todos los bienes que haya. Es muy débil como argumentación de quienes están opuestos a la ley de Medios decir, “¿por qué ahora?”. Siempre hay un ahora, todo lo que tenemos es nuevo, el ahora está alimentado por otros tipos de elementos.

La concentración de medios “amigos” del poder, ¿no le preocupa?
¿Cuál concentración? ¿Discutimos los números?

Son muchos, más allá de los lectores/oyentes/televidentes que tengan.
¿Cuál es la influencia? No es verdad. Es una construcción. ¿De qué palo es C5N? ¿De qué parte del Gobierno? ¿Cuántas facciones hay en la interna de este gobierno o de cualquiera? Hay internas fuertes. Estos medios, en las divisiones internas, ya no son del Gobierno, ni siquiera le pertenecen, son empresas privadas que juegan un papel con los gobiernos de amistad y recelo, por lo tanto, ninguno está instalado como lo que llamamos un monopolio. Lo que importa acá es el número. ¿Cuáles son los medios del Gobierno? C5N vive hablando de inseguridad. Quiere decir que su apego al Gobierno es limitado. Pero además, ¿quién influye en C5N? ¿La Cámpora, Scioli, Rossi, Aníbal Fernández, Abal Medina...? No existe monopolio. Existe monopolio cuando hay una persona que concentra realmente el poder y en este caso estamos hablando de los medios dominantes. Es un disparate lo del monopolio del Gobierno, salta por los aires. Lo que digo para C5N corre para cualquier canal, menos para la TV pública que tiene una escasa penetración e históricamente se correspondió con los gobiernos. La TV pública sí puede morigerarse, y sería relativamente ideal. Un elemento nuevo es que los gobiernos tienen no solo el derecho sino la obligación de construir formas de poder para defender aquello para lo que han sido designados.

¿No se sobredimensiona la influencia de los medios? ¿Cómo explica que Cristina haya ganado con el 54% con los medios en contra?
Cristina tendría que haber ganado con el 85%, en realidad los medios le sacaron 30 puntos. Pero además, en la granítica división izquierda-derecha en la Argentina, hay un 30% de izquierda y un 35 ó 40% de derecha. El peronismo ha sido alimentado por mucha derecha, hay derecha dentro de todos los partidos. Los diarios contra lo que no pueden es contra un cierto bienestar que las personas puedan tener. Ese 20% que oscila es captable por la situación económica. La influencia de los medios es enorme.

El cambio en el humor social que quedó explicitado en los cacerolazos del 13S, del 8N y en el paro de la semana pasada, ¿también es obra de los medios? ¿No hay una falta de atención a las demandas de distintos sectores?
Ninguna. El Gobierno acepta las demandas por las cuales propuso ser Gobierno.

¿Pero escucha?
¿Qué es lo que tiene que escuchar? Esta es una tontería que repiten hasta el cansancio. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? ¿Devaluar el dólar tiene que escuchar?

El reclamo por la inflación, por ejemplo.
Correcto. ¿Hace un año había inflación? ¿Cuándo empezó?

¿La inflación es una construcción mediática? El supermercado dice que no es así.
Te voy a decir algo del supermercado y las consultoras: si vos llegás a octubre de hace un año con esta “pavorosa” -pongámosle un adjetivo fuerte- inflación, y la gente opta por el Gobierno habiendo esa inflación, ¿qué ha ocurrido? Que cuando no había inflación me cansé de ver que la gente ganaba 400 pesos. Y ahora cada día me sorprendo más de saber lo que gana la gente en general: 7000, 8000, 13.000 15.000 pesos. Ha habido una distribución que por ahí es parte del Gobierno. Quiero decir que lo que ocurría con la llamada inflación no lo derrumbó al Gobierno. ¿Por qué lo tendría que derrumbar ahora? Porque está la ley de Medios de por medio. ¿Por qué en vez de salir a la calle votaron al Gobierno hace un año si las circunstancias eran las mismas?

Hay encuestas que dicen que el 30% de los que salieron el 8N habían votado a CFK.
Es mentira. Hay que tomar varias encuestas y hacer promedios. El promedio real debe ser un 1 ó 1,5%, sí lo hubo. Creo que no había nadie. Es una notable acción de los medios, una influencia que demuestra todo el poder que tienen, marca a fuego lo peligrosos que son, formatean a la gente. ¿Escuchaste algún argumento desarrollado y propio de alguna persona? Fue la manija de los medios.

¿Sólo “la manija de los medios” movilizó, no sé la cifra, se habla de 500 mil, hasta de un millón de personas en todo el país?
Es inexacto. No hubo ni 100.000, los diarios instalaron... ¡Mirá el poder que tienen! ¿Sabés cómo se paraban los manifestantes a 10 metros del Obelisco? Cada tres, cinco, siete metros. Hacían bulto para que los tomaran y donde cabían ocho personas había una.

¿No debe existir, para poder “manijear” una base de descontento real al menos?
Los 100.000 o 70 mil que salieron, según la Policía Federal, ¿cuánto valen al lado de los millones que no salieron? ¿Por qué vas a escuchar a esos 100 mil? ¿Qué influencia puede tener eso? Si te dan un mandato para ser el Gobierno lo hacés como querés, y cuando no funciona, te votan en contra. Ése es tu riesgo.

¿El voto es un cheque en blanco entonces? ¿No es posible plantearse una corrección cuando las cosas no andan tan bien?
La pretensión de escuchar es de una liviandad intelectual que no tiene parangón, vos escuchando no hacés nada. Todos los días te van a pedir una cosa distinta. ¿Qué es escuchar en el tema del dólar?

Pero no todos los reclamos pasaron por el tema del dólar.
Es el único elemento nuevo de octubre a acá. Ni el Indec, ni la inflación, ni la inseguridad... Lo único nuevo son los dólares. A los “reclamos” los profundiza la cercanía del 7D. La habilidad y la perversión de Magnetto y de su gente determinan que, frente a los mismos elementos ante los que la gente eligió a determinado gobierno, con un trabajo que necesita el poder que él tiene, consiguen envenenar, hasta cierto punto. Porque todavía dicen que la Presidenta tiene un 45% de intención de voto.
Fuente: Diario El Cronista

Tenembaum y Lanata hablan de Víctor Hugo Morales

Gerente de Telefe: "no tenemos nada que ver con Telefónica de Argentina"

A pocos días del denominado 7D, el gerente de Relaciones Institucionales del grupo Telefe, Heber Martínez, aseguró que respetan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la autoridad de la AFSCA, y que presentarán su plan de adecuación la próxima semana. Martínez aseguró que no tienen relación con la prestadora de servicios públicos, Telefónica de Argentina, sino que su vínculo es con la empresa de inversiones Telefónica de España, por lo que –dijo– no quedarían alcanzados por la limitación que prohíbe a empresas de servicios públicos tener medios de comunicación
Además, el gerente de Telefe consideró que tampoco son alcanzados por la limitación a empresas extranjeras, ya que están amparados por la Ley de Bienes Culturales de 2003.

¿Quiénes son los dueños de Telefe?
Nosotros aportamos la documentación societaria para demostrar que nuestros accionistas, que conforman la voluntad de la empresa, son Enfisur y Antártida Comunicación. Si se sigue hacia arriba hay una empresa de contenidos digitales que está en España, y más arriba todavía una empresa de inversiones, que se llama Telefónica. Hemos demostrado a la AFSCA que no tenemos nada que ver con Telefónica de Argentina. Somos una empresa de televisión abierta, productora de contenidos, que no explota ningún tipo de servicio público en el país.

La ley también establece límites a la propiedad de medios por parte de empresas extranjeras...
En este punto la legislación ha sido muy coherente. La LSCA lo que hace es remitir a la Ley de Bienes Culturales, que puso la restricción del 30 por ciento a empresas extranjeras. Pero la Ley de Bienes Culturales es muy clara en el artículo 2, cuando establece que aquellas empresas que ya habían invertido en Argentina no eran alcanzadas por esa limitación.

Hay otro punto conflictivo que tiene que ver con el 35 por ciento de audiencia que se puede alcanzar...
Estamos excedidos en eso. Sabemos que tenemos que desinvertir, lo vamos a hacer. Acataremos lo que diga la AFSCA después del 7D y antes estaremos presentando nuestro plan de adecuación. Respetamos las normas, respetamos las autoridades de los países donde hacemos negocios.
Fuente: PáginaI12

Telefe anticipa que va a desinvertir

Telefe tiene un plan que presentará antes del 7D. Foto Fernando Pérez Re, Diario Crónica
Lo dijo en una nota mano a mano con Diario Crónica, el gerente de relaciones institucionales de esa empresa, Heber Martínez.
El Grupo Telefe es una de las sociedades de medios que deberá presentar un plan de adecuación ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) antes del 7 de diciembre. En los últimos días, desde el Grupo Clarín se han cuestionado principalmente dos aspectos de esta empresa: su presunta vinculación con una prestadora de servicios públicos como Telefónica de Argentina y el hecho de depender de un grupo inversor extranjero como Telefónica de España, dos cosas prohibidas por la Ley de Medios. En esta entrevista con Crónica, el gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, Heber Martínez, aclara las dudas sobre la situación del grupo. “Vamos a desinvertir”, asegura, sobre el exceso en el que incurre Telefe al tope del 35% de población alcanzada por su cobertura.

Se le imputa a Telefé el hecho de su vínculo con una empresa de servicios públicos y con Telefónica de España. ¿Cuál es la postura de la empresa al respecto?
No tenemos ningún tipo de vínculo con Telefónica de Argentina en los términos que dice la ley. El segundo punto, relacionado con la nacionalidad: Telefe es de Telefónica de España.
Nuestros principales accionistas son Enfisur y Atlántida Comunicaciones, si llegás más arriba llegás a una empresa que se llama Telefónica pero se podría llamar España S.A., ahí es el segundo punto de discusión, de si una empresa española puede o no tener medios en la Argentina. Esto es algo que ha sido discutido durante años con distintas legislaciones, como la ley de bienes culturales, que es la ley que establece que todas aquellas empresas de medios que hayan comprado con anterioridad a esa ley no estaban alcanzados por esa limitación.

¿Sobre la cobertura de población Telefe está excedido a los términos de la ley?
El artículo 45 de la ley, que es el que se refiere a la multiplicidad de licencias, tiene dos partes: la primera está relacionada con la cantidad de licencias que puede tener un grupo inversor, una sociedad de medios, que son 10. En el Grupo Telefe somos 9 canales de televisión abierta. Pero sí tenemos un exceso en lo que es cobertura, que es la segunda parte del artículo, que dice que la cobertura no puede ser más del 35% de la población.

¿Tuvieron que presentar un plan de adecuación?
Ante las distintas conversaciones y presentaciones de documentación surgió este punto, en el que la AFSCA vio un exceso. Como somos respetuosos de las normas de los países donde operamos, seguiremos un proceso de adecuación a la ley y vamos a desinvertir. Las leyes están para cumplirlas.

¿Lo van a presentar antes del 7 de diciembre?
Por supuesto. Con la AFSCA ya hubo distintos intercambios de documentación, estamos siguiendo todos los pasos formales que establece la ley de procedimientos administrativos para llegar al 7 de diciembre con un plan presentado.
Fuente: Diario Crónica

Telefe rechaza tener vínculos societarios con Telefónica de Argentina
Sus accionistas explicaron que el canal es independiente a la operadora de telefonía y que solamente deberán reducir su cuota de mercado para adaptarse a la norma
Por: Andrés Sanguinetti
A un poco más de una semana del estigmatizado 7 de diciembre (7 D) como plazo final para que los grupos periodísticos se adecuen a la Ley de Medios, el grupo Telefe insiste en que solamente deberá reducir su cuota de mercado y que es una sociedad independiente a Telefónica de Argentina.
Para los dueños del Canal 11, sus accionistas controlantes son las empresas Atlántida Comunicaciones S.A. y Enfisur S.A, que no tienen vinculaciones societarias o comerciales con la operadora local de telecomunicaciones.

De esta manera se refirió ayer Eber Martinez, gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, ante El Cronista, a la polémica abierta por el futuro de las actividades del canal luego de que se inicie el proceso de adecuación de activos que, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), deberá comenzar el próximo 10 de diciembre.
En el caso de Telefe, debería estar comprendida por una serie de impedimentos y limitaciones establecidas entre los artículos 24 al 31 referidos a las condiciones de admisibilidad y en los que se hace referencia a empresas periodísticas vinculadas con una operadora de servicios públicos y a las subsidiarias de empresas extranjeras.
Para algunos sectores, Telefe debería cambiar de dueños por sus vínculos con Telefónica.
Sin embargo, Martinez sostuvo que la empresa ya “ha documentado ante las autoridades competentes que no posee participación alguna, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público, nacional, provincial o municipal”.
De todos modos, admitió que, mas allá de las sociedades locales que poseen el capital de Telefe, el controlante final de la sociedad es Telefónica de España. “Telefe pertenece a TDigitales, que es la empresa de medios del grupo español”, agregó Martinez, para quien la participación del grupo europeo “tampoco nos obliga a desinvertir por tener capitales extranjeros como accionistas”.
Según su visión, la norma votada por el Congreso en octubre de 2009 remite a la Ley de Bienes Culturales a la hora de analizar la situación de los medios controlados en más de un 30% por empresas con sede en el exterior. En este caso, Martinez explicó que “Telefe fue constituida previamente a esa ley, que no es retroactiva y que siempre tuvo en cuenta la seguridad jurídica de los inversores”.
Para Martinez, Telefe solamente quedará comprendida por el artículo 45 de la Ley de Medios referido a la cuota de mercado y multiplicidad de licencias. La norma ordena el porcentaje de mercado que cada grupo puede controlar a nivel nacional. Lo establece en un 35% del total. En su página oficial, el Afsca asegura que Telefe excede ese límite al abarcar el 45,5% del total.
En este punto, Martinez reconoce el exceso y admite que deberán adecuarse a la limitación. Es que Telefe posee nueve señales que emiten en la Ciudad de Buenos Aires; los partidos bonaerenses de General Pueyrredón y Bahía Blanca; y las capitales provinciales de Neuquén, Santa Fe, Salta, Tucumán, Córdoba, y también en la ciudad de Rosario. Seguramente, la sociedad deberá optar por desprenderse de una de estas nueve señales.
Frente a este panorama, y a pesar de la oposición del Grupo Clarín, es de esperar que el AFSCA haga lugar a la documentación presentada por Telefe y solamente la obligue a cumplir con el límite referido a la cuota de mercado.
Fuente: El Cronista

Telefe: “La Ley de Medios es democrática y vamos a cumplirla”
En una entrevista con INFOnews, el gerente de Relaciones Institucionales del canal, Heber Martínez, explicó que la empresa se adecuará a la normativa antes del 7D y se desprenderá de las licencias que excedan el máximo permitido
Por: Pablo Méndez Shiff
Falta una semana para el 7 de diciembre, el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los grupos de medios se adecuen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y todas las compañías están ultimando los detalles de la presentación que harán ante el Afsca. Tal es el caso de Telefe, que asegura que presentará un plan de adecuación la semana próxima y que "va a cumplir con la legislación argentina".
En los últimos días, se publicó en algunos medios –principalmente del Grupo Clarín- que el canal no está en regla con algunos puntos de la ley. En una extensa entrevista con InfoNews, el gerente de Relaciones Institucionales de Telefe, Heber Martínez, despejó las dudas, punto por punto. Y afirmó: “Telefe, como empresa privada, sabe que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La Constitución es muy clara en eso. Hay que adecuarse a la ley y nos adecuamos. No hay vuelta”.
¿Cómo está compuesto el Grupo Telefe?
Telefe es una gran productora de contenidos audiovisuales, tanto para televisión como para cine. Es la tercera en Latinoamérica, después de O Globo y Televisa. A la vez que tiene nueve licencias de canales de televisión abierta, que busca darle un sentido federal al grupo: tenemos presencia desde el NOA hasta la Patagonia, con producciones propias y noticias locales.
Lo que hacemos es, además de toda la producción que se emite acá, es la página web que estuvo muy comentada estos días y está en un proceso de renovación; y a la vez es una gran operadora internacional porque sus contenidos están en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Ya estamos emitiendo para todo Estados Unidos; la comunidad latina está viendo nuestros productos y tenemos mucho feedback en Internet.
Y como operamos en distintos países, somos muy respetuosos de las normas. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sancionó hace tres años y desde hace tres años que estamos con intercambios de documentación con el AFSCA.

¿Cómo es el proceso de intercambio de documentación ante la autoridad de aplicación de la ley?
Quizás está todo más activo ahora porque se acerca la fecha límite que fijó la Corte Suprema, pero te cuento un poco qué pasó este año, que hasta ahora no lo contamos en ningún medio. A raíz de lo que establece la ley, que se puede pasar por un proceso de adecuación de forma voluntaria o sino se hace de oficio, el AFSCA dictó la resolución 297 que establece cómo es el período de adecuación. Y a partir de ahí, empezamos a recibir requerimientos de documentación, de tenencias de licencias, de accionistas. Hoy en día, hay tres puntos que están instalados y queremos explicar.

Punto 1. ¿Quién es el dueño de Telefe?
El dueño de Telefe, en última instancia, es Telefónica de España. No tenemos ningún tipo de vínculo con Telefónica de Argentina, ni societario ni ejecutivo. Las sociedades controlantes de Telefe, en el sentido que establece el artículo 25 de la ley, son Enfisur y Atlántida Comunicaciones, como se ve todos los días en el videograph que pasamos por la pantalla. No tenemos ninguna empresa de servicios públicos como Telefe en Argentina.

Punto 2. ¿Es Telefe concesionaria de un servicio público? (La ley prohíbe la concesión de licencias a empresas que lo sean)
Telefe no explota ninguna empresa de servicio público ni tiene vinculación con Telefónica de Argentina. Nosotros demostramos con papeles y con documentos, no con notas periodísticas, que las sociedades controlantes son estas dos. Y que sí hay una sociedad que se llama Telefónica, Telefónica Holding de España, que es una sociedad inversora de la cual cuelgan todas estas sociedades, de las cuales debe haber 25. Es una sociedad que no toma ningún tipo de decisión sobre Telefe, porque solamente es una sociedad de inversiones que se llama Telefónica de España, como se podría haber llamado España SA. Telefónica de España opera medios acá y en España, opera telefonía, plataformas de Internet, portales de Internet como puede ser Terra. Por lo cual, no es controlante sino inversora sobre los medios.

Punto 3. ¿Una sociedad española puede tener medios en Argentina?
La ley de radiodifusión fue modificada en varias oportunidades antes de la última modificación, que era una modificación necesaria porque era integral. Era una ley que venía toda por partes. En la Ley de Bienes Culturales, se establece claramente que la inversión en medios extranjeros no puede pasar del 30%, salvo que hayas comprado antes. Porque tenía un criterio de seguridad jurídica para los inversores extranjeros, no sólo para España.
Acá también lo que hay que ver es la voluntad del legislador: a lo largo de los años, los legisladores respetaron las inversiones extranjeras. A partir de la ley 26.053, empezaron las cooperativas a poder operar y ahí se empezó a desmonopolizar los medios y abrir un poco a todas las voces la posibilidad de explotar licencias. Cuando se sanciona esa ley, también se refrendan las inversiones extranjeras: el legislador las ratifica.
¿Esa situación se ve modificada por la ley de medios sancionada en 2009?
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece para la inversión extranjera una derivación a todas las normas anteriores. Dice: los extranjeros se rigen por la Ley de Bienes Culturales. Deroga todas las normas vinculadas a la radiodifusión salvo la de Bienes Culturales, justamente por esto: porque el legislador y el gobierno, a través de los foros que se hicieron en esta ley muy participada, buscaron preservar la seguridad jurídica y por el otro lado desmonopolizar los medios.

Punto 4. La multiplicidad de licencias
El artículo 45 de la LSCA tiene dos partes: una que dice que podés tener hasta diez licencias de aire de radiodifusión. Nosotros tenemos 9, en ese sentido estamos bien. Pero estamos mal en el hecho de que no podés cubrir más del 35% de la audiencia potencial según la norma. En ese caso estamos excedidos. El presidente del AFSCA (Martín Sabbatella) hizo una presentación que fue como un cierre a todo este período que te vengo contando, presentando papeles y documentación. Para nosotros, las leyes están para cumplirlas y las políticas públicas no las definimos nosotros. Él hace un análisis de todos estos puntos y establece que el punto que tenemos que solucionar es el del 35% de la cobertura. Tema que vamos a solucionar desinvirtiendo: Telefe va a desinvertir.

¿Ya decidieron en qué van a desinvertir?
El plan de adecuación lo vamos a presentar en tiempo y forma antes del 7 de diciembre, que es la fecha límite para presentarlo. A partir de ahí, vamos a hacer una propuesta al AFSCA, quien decidirá si es viable o no, y lo vamos a cumplir. Es sencillo: las leyes están, hay que cumplirlas. Todos. Es lo que corresponde. Cuando las normas están sancionadas por los poderes democráticos como en este caso, y encima es una ley muy participada porque hubo foros, no hay vueltas.
Cuando el proyecto de ley estuvo listo, se hicieron los foros y tuvo una discusión a nivel nacional. Y después fue al Congreso, donde hubo también audiencias públicas. Y la ley rescata discusiones internacionales, es muy avanzada en eso. Rescata, por ejemplo, el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro; eso es muy importante y es una discusión internacional que viene desde hace muchísimos años. Viene además esta parte de la monopolización, se establece que los que están excedidos tienen que desinvertir, cuestión que es lógica.

Entonces, Telefe se va a desprender de algunas licencias.
Telefe, como empresa privada, sabe que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La Constitución es muy clara en eso. Entonces, nosotros estamos para hacer televisión, producciones de alta calidad, ganar Oscars para el país, ser líderes, entretener a la familia argentina, unirla.

¿Qué piensan de los grupos que desconoce la autoridad del AFSCA o que ya anunciaron que no se van a adecuar?
Son posiciones de cada uno. Nosotros tenemos esta regla de conducta acá y en todos los países en los que Telefe opera y vende contenidos. Hay que adecuarse a la ley y nos adecuamos. No hay vuelta.
Fuente: InfoNews

jueves, 29 de noviembre de 2012

El "7D" y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por: Roberto Grillo Solanilla - Abogado
Estamos asistiendo en el país a una suerte de consignas alfa-numéricas (13S, 8N, 20N, 7D) que suman ansiedad a la dinámica moderna. Las dos primeras fechas dieron cuenta de brotes espontáneos de gran parte de nuestra sociedad, urgida a expresar su descontento y su malestar, frente al llamado "relato" oficial. Multitudinarias marchas, que sin liderazgo visible, fueron muestras ejemplares de participación ciudadana.

También el pasado "20N", se inscribirá en la historia política como el primer paro general, decretado por la CGT, en la era K. La crónica no podrá soslayar que los funcionarios nacionales que criticaron la medida no dudaron en fogonear "huelgas salvajes" en el inicio de la recuperada democracia.
El "7D" genera incertidumbre, entre quienes tenemos la necesidad cívica de auscultar la realidad de nuestro país. El colectivo social, que salió pacíficamente a las calles a expresar que no cree a pie juntillas la "versión oficialista", tiene muy claro que hay medios que representan "su voz", en el aire, la imagen y la gráfica, y a la vez teme un cercenamiento de esa posibilidad de expresarse.
En las antípodas, quienes con un discurso "blindado" militan la monserga de programas televisivos como "6, 7, 8", ven en esta fecha la posibilidad de desguazar una máquina "lavadora de cerebros", que hace repetir a millones de estúpidos no esclarecidos y cuasi-fascistas, un discurso monocorde, impulsado por el "Monopolio" que sólo persigue intereses económicos.
El término de finalización impuesto a la medida cautelar, la demolición oficial de los tribunales encargados de resolver la cuestión, la explícita denegación de Justicia que ello implica y la manifiesta presión a través del instituto del "per saltum" (avocamiento, salto de instancia o "by pass" como lo llama el prestigioso jurista Morello), se inscriben en arbitrariedades de carácter olímpico, que requieren reflexiones sobre un Poder Judicial Independiente por separado.
Hay datos objetivos. El desafío es intentar analizar algunos aspectos polémicos de la ley y correr el velo que opaca la verdad.
Digamos, primero, que a la citada norma hay que tratar de entenderla y ponerla en contexto. Para ello es muy útil alejarnos de la confrontación pequeña y sesgada que se propone y avanzar en una interpretación amplia y generosa de cara al futuro. Un dicho popular sostiene que "el ladrón cree que todos son de su condición". Esa máxima, a veces desnuda la actitud, de quienes sugieren que sólo están en juego los intereses patrimoniales de alguna empresa.
Tengo para mí que el tema es mucho más abarcativo e involucra directamente a la libertad de expresión, y, ¿por qué no?, al futuro de nuestro derecho a la información.
Advierto que desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma se hace complejo, en punto a la terminología utilizada. Equivocadamente, hay quienes equiparan "medios de comunicación", "licencias" y "frecuencias". ¡El galimatías llama a enredos y muchos no tienen claras las distinciones!
Las licencias son sólo permisos administrativos. Las frecuencias son un espacio en el espectro radioeléctrico, por el cual se emite la comunicación (si es que el medio requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).
La información pública da cuenta que la empresa demonizada no tiene 300 medios ni 300 frecuencias. ¡Tiene 300 licencias! De esa cantidad, 260 son autorizaciones de cable (que no ocupan espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad.
"Cable", en la terminología correcta, no es contenido... ¡Es distribución! Por el contrario, "Medios" (canales de TV y radio) son los que refieren a contenidos.
Los especialistas explican que en el mundo, "las restricciones" a la cantidad de licencias, se aplican al espectro, que es limitado y considerado propiedad del Estado (como el subsuelo, los ríos, el mar o el espacio aéreo).
El Gobierno tergiversa la ley para herir a un grupo en beneficio de otros, a los que no se les aplica el mínimo rigor. Hay que tener presente que quienes no se agraviaron por la inconstitucionalidad del art. 161 de la ley, hace un año, tendrían que haber dado cumplimiento a la desinversión.
No existe registro alguno de sanciones a este respecto. Si hablamos de medios de comunicación, Telefe tiene el doble de canales de TV abierta que Clarín. En radio, los técnicos sostienen que el espectro está colapsado. Sin embargo, AFSCA no ha elaborado ningún proyecto técnico en conjunto con la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Moneta-Garfunkel son propietarios de 9 radios. ¿Otras inconsistencias?: en la denominada área metropolitana no entra una frecuencia. ¿Cómo la autoridad de aplicación otorgará el 33% del espectro para radios sin fines de lucro? ¡Promesas que seguramente mutarán a mentiras!
Los adalides de la "legalidad" y la "multiplicidad de voces" no demuestran intención de juzgar los comportamientos con la misma vara. Radio Cooperativa (D´Elía tiene allí su programa) es una radio completamente ilegal. En su momento usurpó una frecuencia. Esta acción se concretó -a no dudarlo, con métodos transparentes- cuando a la radio que la usaba se "le cayó la antena"... Para completar, ¡Radio Cooperativa no es jurídicamente una cooperativa!
Destruir no es desmonopolizar. Si destruir es el objetivo, no se puede democratizar. Nadie niega la importancia de la ley. Todos los ciudadanos estamos interesados en defender que haya diversas miradas sobre lo que pasa en el país y en el mundo, pero cambiar un monopolio por otro oficial, para acallar a las voces de la oposición -como dijo un sólido legislador nacional por Mendoza- no parece ser la solución.
Sobreactuando, el Gobierno argumenta que esta ley vio la luz en democracia. Sin embargo, la posición pierde solidez cuando advertimos que el Decreto-Ley de Telecomunicaciones, el Decreto-Ley de Minoridad, el Decreto-Ley de creación del PAMI, el Decreto-Ley de Entidades Financieras... para poner unos pocos ejemplos, nacieron en tiempos de dictadura y siguen vivitas y coleando.
Y no da la impresión de que el Gobierno "progresista" tenga la intención de sustituirlas. Todo lo contrario, queda en superficie que sembrando un compulsivo "desborde" ideológico, oculta la intención de utilizar la generalidad de la ley en beneficio de intereses sectoriales, afines a la pauta oficial.
El camino del juicio crítico indica que la Ley de Medios debería contextualizarse con una "Ley de acceso a la información", con otra "Ley de reparto de la pauta oficial", con una nueva "Ley de telecomunicaciones" (¡la que hay es del año 1972!), que permitan más competencia, mejores servicios de conectividad y ¡mejores precios!
El Gobierno nacional y popular, en relación a los medios de comunicación parece tener como objetivo quedarse con todo lo que esté a la venta y desguazar a quienes hayan demostrado que no necesitan del Estado para sostenerse.
En una verdadera República, el "7D" no debería provocar ningún estrépito jurídico. Sin embargo, las conductas parecen indicar que el Gobierno nacional continuará con su política de "Las 7D": Diatriba; Difamación; Destrucción; Demonización; Descalificación; Disciplinamiento y Dominación, de quienes tienen la osadía de "pensar" diferente.
¡Cabemos trincheras! El Gobierno no reclama justicia, ¡¡"exige" que le den la razón!!
Fuente: Diario Los Andes

La SIP expresa a Corte Suprema preocupación por presión de Poder Ejecutivo en discusión sobre artículos de la Ley de Medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envío una misiva al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en la que expresa la preocupación de la organización por los anuncios del Poder Ejecutivo de ese país, entorno a que al margen de las decisiones judiciales, avanzará en la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios, cuya constitucionalidad aún discute ese órgano del Estado
El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, director del diario ecuatoriano Hoy, envió una carta el pasado 26 de noviembre al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en la que expone la inquietud de la institución sobre la “actitud de presión sobre otro Poder del Estado” y los efectos negativos que esta situación podría ocasionar al estado de derecho.
A continuación el texto de la misiva:
“En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que nuclea a los medios periodísticos de todo el continente, deseo transmitir nuestra preocupación por los anuncios públicos del Poder Ejecutivo de la República Argentina en el sentido de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales de medios de comunicación a partir del próximo 7 de diciembre, al margen de las decisiones judiciales.”
”En efecto, pese a que el juicio de fondo sobre inconstitucionalidad de dos artículos de la ley aún no tiene sentencia, y a que tampoco ha sido resuelto un pedido de prórroga de una medida cautelar solicitado por una de las empresas afectadas —habilitada por un fallo de la Corte—, el gobierno ha anunciado que ese día piensa actuar de hecho.
”Nos inquieta la posibilidad de que se produzca un virtual estado de indefensión judicial. No podemos soslayar que en las últimas semanas se ha producido el desplazamiento de numerosos magistrados, a instancias del Poder Ejecutivo.
”Lamentablemente, esta actitud de presión sobre otro Poder del Estado viene logrando el objetivo central de dilatar cualquier pronunciamiento.
”Observamos alarmados cómo esta situación podría dañar obviamente a los medios involucrados, pero fundamentalmente al estado de derecho, a la división de poderes y, sobre todo, a la diversidad de voces y la libertad de expresión en la Argentina, ya que los medios podrían ser quitados a sus actuales titulares sin que la Justicia aún se haya expedido sobre la constitucionalidad de esta polémica norma.
”Por todo lo expuesto, y en la imposibilidad de transmitirle personalmente estas inquietudes, como hubiera sido mi deseo, esperamos que cualquier intento de avance de hecho sobre medios argentinos encuentre el freno adecuado y oportuno en las instituciones democráticas llamadas a ser un contrapeso de cualquier desvío autoritario.”
Fuente: SIP

Sabbatella: "Ley ya tiene tres años de estar promulgada y su aplicación estuvo imposibilitada integralmente”

El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, destacó que la entrada en vigencia plena de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual aportará “más pluralidad y más democracia”. Además se firmó el acuerdo para incorporar la perspectiva de género en los medios públicos. También hablaron Scoccimarro y Sabbatella

En un acto encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se firmó el acuerdo para incorporar la perspectiva de género en los medios y combatir la violencia.
"Cuando uno ve las imágenes estandarizadas de la mujer en la televisión a veces uno pierde noción de esto", señaló Abal Medina y detalló que del total de las noticias que se ven en TV sólo en un 24% las protagonistas son mujeres, y que sólo uno de cada 5 expertos que habla en televisión es mujer".
"Hay un enorme sesgo", agregó el jefe de Gabinete y celebró la firma del acuerdo que "Martín -Sabbatella- se encargará de llevar a los medios privados para poder hacerlo en todos los canales".
Además, Abal Medina expresó que este acuerdo, que se enmarca en la Ley de Servicios Audiovisuales "expresa pluralidad y democracia"; aseguró también que "vamos a llegar a que se cumpla de igual manera para todos, sin privilegios en la cual todas las perspectivas tienen que valer lo mismo".
"Tiene que terminar esto de que haya voces que valgan más que otras, esta ley busca que todos seamos iguales, que podamos hablar, debatir, disentir, pero en un espíritu de pluralidad y eso es de lo que esto se trata, que se refleje esa pluralidad que hoy ya estamos viviendo", subrayó en esa dirección el funcionario.
"Los monopolios achatan y transforman la realidad en algo aburrido y gris", aseguró Abal Medina y pidió que "hayan cada vez más voces que nos critiquen y debatan, defendiendo sus propias ideas, valores y sueños, expresando su identidad"; porque "construyendo esa identidad con sus diversidades estamos profundizando esa senda de democracia latinoamericana".
Finalmente el jefe de Gabinete sostuvo que "la democracia tiene que ver con este sueño colectivo del pueblo que se gobierno a si mismo, y eso en una sociedad donde los medios tienen un rol tan importante se logra cuando todos podemos escucharnos y debatir".
"Ese es el espíritu de esta ley, que expresa el momento que estamos viviendo, que se puedan escuchar todas las voces, todas las miradas", "trabajemos en conjunto para seguir formando un país mucho más plural, justo e igualitario", concluyó.
Acompañaron al funcionario el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, el titular de la Tv Pública Tristán Bauer y la periodista Mariana Moyano.

Scoccimarro: "La Ley de Medios es de aplicación absoluta"
A su turno, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, afirmó que el debate que se está planteando hoy en torno a la Ley de Medios Audiovisuales es una prueba de la “madurez absoluta” de la sociedad en esa materia, y celebró que la “comunicación pública sea el mascarón de proa” que muestra “hacia dónde vamos” en materia de perfeccionamiento de tecnología y de capacitación de personal.
“La evolución” alcanzada por los medios públicos, apuntó, “es tan grande que abdicás ante la realidad, porque eso no comienza de la mañana a la noche: es el resultado de la Ley de Medios que se sancionó para abolir la ley de la dictadura”.
Recordó las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando abrió el Encuentro sobre Comunicación Audiovisual (ECA) en Mar del Plata, y dijo que “si ustedes no aflojan, yo no aflojo”, y agregó Scoccimarro que “desde la comunicación pública, la radio nacional y todos los medios sin distinción, no vamos a aflojar”.
Destacó el Secretario de Comunicación el avance “vertiginoso” que han alcanzado los medios públicos en materia de tecnología, y mencionó en ese sentido el equipamiento de la Televisión Pública, al nivel de “los mejores canales del mundo”, así como sus altos índices de rating de sus programas y de los de Radio Nacional.
“Ver la televisión pública en alta definición, con personal de entrenamiento absoluto, cómo no me va a poner contento”, acotó Scoccimarro, quien también subrayó que medios públicos como Radio Nacional hoy “están dirigidos por periodistas” con amplia trayectoria.
El funcionario recordó anécdotas que vivió con el ex presidente Néstor Kirchner cuando, por ejemplo, ocurrió la explosión en una mina de Río Turbio y el entonces presidente pidió a sus colaboradores que acudieran de inmediato a aportar toda la asistencia necesaria, mientras él mismo se encaminaba hacia ese lugar.
Scoccimarro dijo que en esas jornadas se acercó a Radio Nacional de Río Turbio y se encontró con Lorenzo Hernández, quien no sólo era su director, sino además actuaba como operador, locutor y periodista, y hoy esa emisora como en la mayoría del país obtuvieron equipamiento, personal especializado, en el marco de “una política de Estado”.
“Ese es un antecedente de por qué estoy hoy realmente muy feliz”, acotó, y agregó que “cuando veo este tipo de debates” como el que se desarrollaba esta tarde, “este proceso de transformación, me siento mucho más orgulloso”.
Recordó otra anécdota que vivió con Néstor Kirchner cuando, apenas había asumido la Presidencia, visitó canal 7 y le dijo al ministro de Planificación, Julio De Vido, que observara cuán “destrozado” estaba en sus instalaciones. “Fijate qué hay que hacer”, le dijo Kirchner al ministro, y Cristina Kirchner también afirmó que había que “arreglarlo”. Hoy, destacó, las instalaciones y la formación de su personal son un ejemplo y están al nivel de los mejores del mundo y “esto –dijo- también es el resultado de la Ley de Medios”.
Esa norma, continuó, “le pone un piso a la tecnología” y permite que los canales públicos de todas las provincias cuenten con televisión digital y pueden ser vistos más allá de las fronteras de sus propios estados.
“Este es el proyecto que siempre tuvieron Néstor y Cristina, plasmado en gestiones, como dice la Presidenta, ‘hay que trabajar, hay que laburar’” para ir logrando los objetivos.
Al abordar el tema del rating, consideró “una injusticia” las marcas que se adjudican a programas de los medios públicos, y estimó que “es interesante debatir no desde el Estado, sino desde las universidades, las ongs, para generar laboratorios y hacer un sistema de rating acorde con la realidad absoluta que existe en todo el país”.
“Si este debate se plasma en la sociedad, que es mucho más madura de lo que muchos medios piensan, no para que tenga injerencia el Estado, sino para que la propia sociedad haga caer esos mitos de quién tiene rating, porque la sociedad maduró muchísimo”.
Dijo que “la ley de Medios es de aplicación absoluta, que no quepa duda” y se reflejará en mayor amplitud de la multiplicidad de voces.

Sabatella: “No cumplir la Ley es desafiar a la democracia”
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, señaló que la Ley de Medios refleja la “voluntad política transformadora del Gobierno para distribuir la palabra”. Señaló que el 7D es la fecha tope que estableció la Corte Suprema y ratificó que todos los grupos económicos tienen que presentar un plan de adecuación.
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), consideró que la Ley es “recupera al Estado como garante de construcción de derechos para todos, y no para una parte, como quisieron construir para que la democracia sea para pocos”.
Subrayó que “hoy nos toca estar en un momento muy importante, porque esta Ley ya tiene tres años de estar promulgada y su aplicación estuvo imposibilitada integralmente”.
“Estábamos frenados por esas acciones concretas de grupos concentrados para que no se aplique en su totalidad la Ley que busca pluralidad, diversidad, democracia de la palabra, más libertad de información, y por eso tiene que enfrentar tendencias monopólicas”, dijo y añadió que esta “competencia desleal lesiona la posibilidad de que existan todas las voces”.
Así, afirmó la importancia de que “no haya un gigante toma todo que lesiona al resto, sino pequeños, medianos y grandes que compartan el mundo de la comunicación audiovisual con organizaciones populares sin fines de lucro, para que todos tengan las herramientas para expresarse”.
“Estamos de cara al 7D, que no es una fecha que puso el Gobierno, es la que estableció la Corte Suprema de Justicia y que, a nuestro entender, con las resoluciones de estos días ratifica esa fecha tope al no prorrogar medidas cautelares”, expresó el titular de la AFSCA y remarcó que “trabajamos para que el conjunto de los grupos económicos presente su plan de adecuación”.
Subrayó la importancia de que “nadie esté por encima de la Ley, con coronita, privilegios”, y advirtió que “no cumplirla es desafiar la democracia, al estado de derecho; nadie puede creerse por encima de estos poderes”.
Precisó, entonces, que “si algún grupo no presenta un plan, a partir del 7D el Estado actuará de oficio para que todos estén adecuados y den los pasos a favor de la calidad de la democracia”.
Sababatella recordó que “primero se quiso presentar que la Ley venía a cercenar la libertad de expresión, pero los que decían eso son los que quieren meter presos a periodistas por sus opiniones, más allá de que se arrepientan”.
“También argumentaron que venía a perjudicar la fuente de trabajo, entonces ratificamos que la aplicación integral de la Ley, como preocupación central de la Presidenta y acorde al modelo de crecimiento con inclusión social, tiene que proteger el conjunto de puestos de trabajo y generar mas inversión, más empleo, por eso también es falso”.
Enfatizó, por último, que “la Ley es pareja para todos, se aplica a todos por igual”. “Hay veinte grupos que tienen que adecuarse y vamos a trabajar fuertemente en este rumbo”, dijo Sabatella y afirmó que “el mandato de la Presidenta es muy claro: aplicación del Ley sin privilegio para nadie”.
“Seguiremos trabajando para continuar ensanchando la democracia, para que haya más pluralidad, más diversidad, más libertad, como lo expresan nuestros medios públicos, de los cuales estamos orgullosos”, finalizó.

Ley de Medios: Cámara ya recibió el expediente de la causa del Grupo Clarín

Fuentes judiciales confirmaron que la Sala, con integración "mixta" -pues hay una jueza propia del fuero (María Susana Najurieta) y dos camaristas del Contencioso Administrativo Federal (Jorge Morán y Marcelo Duffy)- recibió en la víspera el expediente, después de que se completara su formación
La Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial ya recibió el expediente en el que debe resolver si acepta o no extender la medida cautelar mediante la cual el Grupo Clarín aspira a mantener frenado los artículos 45 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuentes judiciales confirmaron que la Sala, con integración "mixta" -pues hay una jueza propia del fuero (María Susana Najurieta) y dos camaristas del Contencioso Administrativo Federal (Jorge Morán y Marcelo Duffy)- recibió en la víspera el expediente, después de que se completara su formación.
Ayer, la Corte recordó explícitamente en una sentencia complementaria a la del martes pasado, en la que pidió también "con carácter de urgente" que se avance en la solicitud de extensión del amparo, que el expediente "se encuentra en trámite ante el Tribunal de Alzada competente".
No obstante, la Cámara tiene varios pasos previos a resolver antes que la prórroga o no de la cautelar: primero, las recusaciones del gobierno contra los camaristas Graciela Medina y Ricardo Recondo; a resultas de esa decisión, el Tribunal que quede conformado tendrá que resolver sobre otra recusación, la del camarista Francisco De las Carreras.
Ese magistrado fue acusado por el Gobierno de haber participado de una actividad académica en Miami, invitado por una empresa presuntamente vinculada con el Grupo Clarín.
Sólo entonces, y con una formación que probablemente difiera de la actual, la Sala Primera estaría en condiciones de resolver si prorroga o no la cautelar que, según ratificó la Corte, caerá el próximo 7 de diciembre.
Entretanto, el juzgado Civil y Comercial Federal, a cargo del juez Horacio Alfonso, resolvió mantener un inquebrantable hermetismo respecto de cómo evoluciona allí la orden de la Corte para resolver "de inmediato" la constitucionalidad o no de la cláusula de desinversión, a la que lo "urgió" la Corte.
El martes, la Corte le solicitó al “el inmediato dictado de una sentencia definitiva” y para ello resolvió “habilitar los días y horas que fueran menester” y ayer, en una orden complementaria, señaló que la Cámara debe resolver si extiende o no la cautelar.
El juez hizo saber a través de sus colaboradores que no tomaría contacto con la prensa y tampoco adelantó si canalizará su decisión -cuando la adopte- a través de los canales oficiales e institucionales del Poder Judicial.
Fuente: Noticias Argentinas

Ley de Medios: Cámara advierte a la Corte por "presiones" a jueces que afectan su independencia

El Tribunal advirtió por la situación de "notable excepcionalidad" por la que atraviesa el fuero
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal envió una nota a las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay en la que remitió las advertencias de un plenario de magistrados de ese fuero donde se alertó por las presiones que, según ellos, sufren a raíz del conflicto por la ley de Medios.
Ambas magistradas integran la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Suprema Corte.
Los integrantes de la Cámara advirtieron a las juezas por la situación de "notable excepcionalidad" por la que atraviesa el fuero y que "afecta la independencia" de la jurisdicción.
Por otra parte, la sala I de ese Tribunal de apelaciones a cargo del análisis de la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios recibió ya el planteo del Grupo Clarín, que pide prorrogar el vencimiento de la medida cautelar por el artículo 161, aunque primero debe resolver las recusaciones planteadas contra tres magistrados de esa instancia: en primer lugar las de Gabriela Medina y Ricardo Recondo, y luego la de Francisco de las Carreras.
El martes pasado la Corte rechazó hacerse cargo de ese planteo del multimedios por una cuestión de competencia, enviando a la Cámara el recurso para que se expida.
Paralelamente, le reclamó al juez de la causa, Horacio Alfonso, que falle de manera "urgente" sobre el fondo de la cuestión.
En la nota de los camaristas se remitió copia de un plenario del fuero del 19 de noviembre en el que, por "unanimidad", se votó informar a la Corte sobre las "sucesivas denuncias penales formuladas contra los jueces de esta Cámara".
La nota advierte que "esta circunstancia obligaría a que todos los magistrados que hayan intervenido en los actos denunciados deban excusarse en el futuro inmediato en todos los expedientes en los que intervenga el Estado Nacional, con las consiguientes perturbaciones a la debida prestación del servicio de Justicia".
Se alude también a las "actuaciones administrativas iniciadas contra los miembros de este Tribunal por ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que se basan en actos ejercidos por la Cámara en uso de funciones propias", y a "las recusaciones planteadas contra casi todos los miembros del Tribunal en causas que enfrentan como litigantes al Estado Nacional contra el Grupo Clarín o empresas del Grupo Clarín".
También llegó a las ministras de la Corte una nota enviada a la Cámara por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, en la que se aludía a la ley 26376 y que según la camarista Medina -recusada por el Gobierno- sería "manifiestamente improcedente e inaceptable" porque "todo tribunal sabe bien lo que tiene que hacer sin necesidad que nadie se lo recuerde", según se manifestó en ese plenario.
Recondo, otro cuestionado por el Gobierno, aludió en aquel plenario a una afectación a la independencia del fuero.

#7D Los prestafirmas, entusiasmados por la Ley de Medios

Artepolis no sale y Miguel Rep se enoja

La idea de Artépolis surgió en la tira dominical que tiene Rep en el suplemento Radar del diario PáginaI12
"Señora Presidenta, queremos Artépolis. Con toda la fama que tiene Tecnópolis, me parece que es necesario Artépolis” comentó Rep.
"Debemos hacer un Artepolis como hicimos Tecnópolis. Los argentinos nos debemos un Artepolis", propuso luego la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Es eso Artépolis, no tiene forma, algún día lo tendrá, y espero que no sea una desilusión o una defraudación, yo la verdad que no tengo apuro", concluyó en una nota Rep, pero...




miércoles, 28 de noviembre de 2012

Szpolski pretende una reducción drástica de la planta de trabajadores de Miradas al Sur

Los periodistas, diagramadores, fotógrafos y correctores del periódico Miradas al Sur celebramos que la empresa haya rectificado su decisión de discontinuar la publicación del semanario e imponer vacaciones de manera compulsiva al cien por ciento de la redacción durante el mes de enero de 2013. De todas maneras, volvemos a expresar una profunda preocupación por nuestro futuro laboral y la situación del medio. La empresa informó que pretende una reducción drástica de la planta de trabajadores.
Exigimos la firma de un acta-acuerdo que refrende lo garantizado verbalmente por la empresa:

  • que los retiros voluntarios y las reubicaciones en otros medios del Grupo 23 se lleven a cabo respetando todos los derechos laborales adquiridos y en vigencia desde la apertura del semanario en mayo de 2008, tal como se comprometiera Sergio Szpolski el jueves 22 en la redacción.
  • exigimos precisiones sobre la posible transformación del medio en un semanario de “temas latinoamericanos”: el retaceo de información por parte de la empresa obliga a los trabajadores a tomar decisiones sobre su futuro laboral en un escenario de total incertidumbre.
Rechazamos la lista de trabajadores “prescindibles” confeccionada por el Director Periodístico, Daniel Cecchini, cuya existencia fuera comunicada a nuestras delegadas el viernes 23 y avalada luego por la empresa.
Consideramos que tantas idas y vueltas reflejan la intención de desgastar a los trabajadores. El achique, asfixia y posible desaparición de Miradas al Sur (al menos como un medio comprometido con la realidad nacional) contradice el espíritu polifónico y democratizador de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la etapa política que vive nuestro país.
Desde este espacio queremos agradecer nuevamente todas las muestras de apoyo recibidas de colegas, lectores, intelectuales, políticos y artistas.
Seguiremos luchando por el semanario y nuestros puestos de trabajo.
Asamblea de Trabajadores de Miradas al Sur

Respuesta de Daniel Cecchini a la parte del comunicado donde se lo menciona
Para que quede claro, luego de leer el comunicado de la Asamblea.
La lista que supuestamente me adjudican no existe.
Sí existió una conversación con las delegadas Sara Paoletti y Luciana Etcheverry en la que les dije que, ya que estaban abiertos los retiros voluntarios y la posibilidad de cambiar de medio conservando las condiciones laborales, iba a hablar con las personas (no nombré a ninguna) cuya salida sería menos perjudicial para el funcionamiento de una redacción que, de producirse los retiros, iba a quedar disminuida.
En términos futboleros, lo que haría cualquier DT: hay jugadores que son más idóneos que otros para su plan de juego.
Los retiros voluntarios no son obligatorios y, para retirarse, el primer paso debe darlo el trabajador interesado.
Los cambios de medio conservando las condiciones laborales también son voluntarios y, para que se concreten, el primer paso también debe darlo el trabajador interesado.
Si ninguno quiere retirarse, no se retira nadie.
Si ninguno quiere cambiar de medio, no cambia de medio nadie.
Repito: nunca dije haber confeccionado una lista de prescindibles.
Por favor, no empañen la dignidad de la defensa de la fuente de trabajo con tergiversaciones (sean éstas voluntarias o no)
Daniel Cecchini

A confesión de partes, relevo de pruebas.
Lo que se denuncia en el comunicado de la Asamblea no tiene nada que ver con lo que Daniel Cecchini dice aquí.
Nada más lejos de la verdad. Nosotras, delegadas de los trabajadores, y muchos compañeros que estaban presentes, fuimos testigos de otra conversación. En otro tono y sin metáforas, ni siquiera futbolísticas.
Hablar de la "salida menos perjudicial" de algunos trabajadores en un contexto de ajuste empresarial e incertidumbre laboral deja bien clarito cómo está posicionado en este conflicto el director periodístico. No tiene sentido agregar más. No hace falta.
Con este comunicado damos por cerrado este caso. No vamos a entrar en polémicas virtuales interminables. Nuestra pelea pasa por otros carriles.
Luciana Etcheverri - Sara Paoletti
Delegadas de Miradas al Sur

FoPeA: Repudio por allanamiento a radio en Bariloche y hostigamiento judicial por parte del intendente local

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) repudia el allanamiento de los estudios donde funciona Radio Horizonte de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, ordenado por el juez en lo Civil y Comercial Jorge Serra, y realizado el pasado 23 de noviembre, por un oficial de justicia que, en plena programación en vivo, revisó las computadoras de la emisora en busca de grabaciones. La medida respondió a una demanda iniciada por el intendente Omar Goye (FPV)
De acuerdo a lo investigado por FoPeA el hecho sucedió a las 9 de la mañana del pasado viernes, cuando el oficial de justicia junto a un abogado representante del intendente, se presentaron en la emisora del periodista Marcelo Parra con una orden de allanamiento en el marco de una causa judicial. Revisaron computadoras por más de dos horas, lo que obligó a la emisora a interrumpir su transmisión, lo cual implica claramente un ataque a la libertad de expresión.
Parra dijo a FoPeA que no había recibido ninguna clase de notificación o pedido previo por parte del juez, lo cual sucede habitualmente. “Fue un allanamiento sorpresivo para evitar que se elimine la prueba, sospechando que si hay grabaciones lo voy a romper", señaló. La orden de allanamiento publicada por varios medios señala que: "en virtud del objeto eminentemente conservatorio de la medida intentada librase mandamiento de secuestro como se solicita", y procede al “secuestro de las grabaciones originales del programa de radio correspondiente a los días 29 de octubre de 2012 y 8 de noviembre de 2012 conducidos por el señor Marcelo Parra en radio Horizonte 94,3 FM Horizonte".
El oficial de Justicia y abogado de Goye se retiraron de la radio 2 horas después de revisar las computadoras sin encontrar lo que presuntamente buscaban.
A partir de las primeras críticas recibidas, el juez Serra emitió un comunicado en el que sostuvo que se trató de una “diligencia preliminar”, en el marco de una presentación efectuada por Goye en carácter personal. “La medida (…) no implica ningún prejuzgamiento u opinión, respecto de la legitimidad del reclamo del peticionante”. Por su parte, el intendente Omar Goye defendió su postura indicando que las denuncias fueron a título personal por haber sentido afectado su “buen nombre honor”.

Antecedentes
El intendente de Bariloche Omar Goye ya actuó contra al menos otros dos medios de forma similar. En una de las causas presentó un “amparo informativo” para exigir que el diario Río Negro se retractara por haber señalado en una columna de opinión del periodista Daniel Marzal, publicada el 16 de junio de 2012, que el intendente era deudor de tasas en la misma ciudad que gobernaba. El juez en lo Civil y Comercial Emilio Riat desestimó el planteo señalando que "la procedencia de todo amparo informativo debe juzgarse con criterio restrictivo, en tanto pueda afectar el derecho a la libre expresión e implicar una censura previa". Goye apeló y también la Cámara Civil rechazó su pretensión subrayando que "no se advierte la inexactitud de la noticia difundida" y consideró que "en base a fuentes fidedignas" el diario colocó ante la opinión pública "una información de evidente interés de la comunidad".
Por otra parte, hace tres semanas, la radio FM KM de Bariloche fue escenario de dos allanamientos, en los cuales se retiraron grabaciones del programa del periodista Santiago Rey. Rey informó a FoPeA que al momento de arribar a la radio no les informaron en el marco de qué denuncia se realizaba el procedimiento, aunque luego se enteraron que sería una causa iniciada por un funcionario de la Asesoría Letrada del municipio. El primer operativo –ordenado por el juez civil Carlos Cuéllar- fue en horario matutino, con programación al aire, reclamando acceso a las computadoras para buscar notas. Luego volvieron a recuperar esas notas y a buscar más audios.
Rey además es responsable de la Agencia de Noticias de Bariloche (www.anb.com.ar), a la cual Goye inició una demanda por daño moral, a partir de una nota crítica sobre el manejo de la publicidad callejera. El periodista agregó que, en el inicio de la gestión, le llegaron oficios judiciales de Goye pidiendo detalles sobre la identidad y documento de los lectores que aparecen opinando en la web de ANB. Otras cartas documentos fueron enviadas a los diarios El Mensajero Digital y El Cordillerano, por haber reproducido las notas de este medio digital.
FoPeA repudia esta clase de procedimientos judiciales contra medios de comunicación, especialmente cuando se trata de acciones coercitivas que además implican que un medio deje de transmitir como sucedió con FM Horizonte. Asimismo, como señaló recientemente en otro pronunciamiento, FoPeA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas, y así lo ha señalado en varias oportunidades. Por último FoPeA reclama públicamente que el intendente de Bariloche cese su acoso judicial a medios y periodistas.
Foro de Periodismo Argentino
Ver anteriores: Bariloche: A pedido del Intendente, la Justicia allanó Radio Horizonte

Quizás también le interese: