Es una enorme pena que se ponga en marcha una práctica fundada sobre el engaño, alimentada de propaganda y orientada al beneficio de pocos.
Desde la vuelta a la democracia hasta hoy, la Argentina atravesó al menos por tres períodos –tres paradigmas distintos– en materia de organización estatal , que se tradujeron en tres concepciones distintas en materia de medios de comunicación .
Voy a referirme brevemente a estas tres etapas, con el objeto de llamar la atención sobre el paradigma que en la actualidad está siendo fortalecido por el Gobierno, con la ayuda de la ansiada, necesaria ley de medios.El primer paradigma lo encontramos en el gobierno de Raúl Alfonsín, y podemos caracterizarlo por una fuerte presencia estatal: una primacía del Estado que se hizo visible en todas las áreas de la vida pública y también, necesariamente, en el área referida a la comunicación.
Las políticas de Alfonsín en la materia fueron hijas de una tradición democrática estatista y encontraron una expresión fiel (de sus virtudes y defectos) en la organización de los medios televisivos que quedaron, en aquellos años, bajo el pleno control del Estado.
El Estado, por entonces, aparecía injustamente golpeado por lo que había sido el paso arrasador de la dictadura, y se mostraba, por su parte, anquilosado y carente de fuerzas, además de pobremente guiado. Aunque Alfonsín procuró impulsar, en aquellos años, formas nuevas de relación entre los medios de comunicación y el Estado , lo cierto es que durante todo su gobierno los principales canales de aire estuvieron dirigidos por vertientes distintas, internas a su partido, que cumplieron su tarea con (digámoslo así, ayudados por la perspectiva actual) cierta inocente torpeza.
El segundo paradigma sobre el Estado y los medios lo encontramos con el gobierno de Carlos Menem.
En este nuevo esquema, la filosofía dominante fue otra: se trataba de la entrada triunfal del modelo antiestatista y privatizador.
La traducción más fiel de los nuevos criterios vigentes en materia de comunicación pública puede encontrarse en un principio tan simplista como falso. El principio rezaba “diversidad de propietarios significa diversidad de voces” y era falso por razones diversas.
Por un lado, los diversos propietarios del caso tenían –por su origen social, sus vínculos políticos, su socialización– voces demasiado parecidas. Por otro lado, y lo que es más importante, el paradigma privatizador erigía al dinero como organizador de la palabra, lo que determinaba que la misma (la palabra política, la crítica pública) quedara dependiente de la capacidad del hablante para aportar dinero o seducir al dinero. Mucho peor, por definición, dicho esquema convertía a las voces impopulares (las que eran incapaces de atraer audiencias masivas o avisadores poderosos) en voces ausentes, excluidas del foro público.
El tercer paradigma sobre el Estado y los medios es el actual: el que ha estado impulsando el kirchnerismo en estos últimos años . En este caso, y a pesar de (o encubiertas por) las palabras grandiosas, barrocas y altisonantes, la práctica instalada vino a agudizar muchos de los males presentes en las etapas anteriores.
Lo que encontramos ahora es un modelo nuevo de organización estatal , que no aparece orientado ni por la inercia estatista –la que culminara en el “gigante bobo”– ni por la compulsión privatista destinada a favorecer a los empresarios amigos. De lo que se trata es de una nueva visión de lo público que gira en torno a un Estado que actúa en asociación con cúpulas sindicales y empresarias cercanas –mercenarias diría– con el objeto de impulsar negocios privados, muy habitualmente a partir de la explotación de obreros terciarizados.
El modelo de gestión que la muerte de Mariano Ferreyra y la tragedia del Once dejaron a la vista de todos, en materia ferroviaria (subsidios millonarios, infraestructura que se desmantela, trabajadores sobreexplotados, sindicatos dirigidos a amordazar antes que de encauzar el conflicto), el mismo modelo de organización que impulsa el Estado en sus emprendimientos gasíferos, petrolíferos o mineros.
Se trata del mismo modelo que el Gobierno –confundido con el Estado– pone en marcha a través de la ley de medios.
El nuevo paradigma comunicacional impulsado por el kirchnerismo, a través de la necesaria ley de medios, no se guía por los débiles, golpeados criterios públicos que caracterizaban al alfonsinismo. Tampoco se guía por la enfermedad privatizadora que afectaba al menemismo. Lo que encontramos ahora es una hegeliana síntesis en donde los criterios públicos son emocionadamente invocados para avanzar en negocios particulares con grupos empresarios amigos .
A pesar de las inverosímiles negaciones, a pesar de las risibles desmentidas, todos sabemos que hay una inflación, niveles de pobreza y de desigualdad mucho más altos que los reconocidos oficialmente, como todos sabemos que el Gobierno ampara, contra “la letra y el espíritu” de la ley de medios, a grupos inhabilitados para operar en el área de las comunicaciones.
Y no se trata de los márgenes de la ley, sino de su centro.
Es una enorme pena que, frente a una sociedad sorprendentemente abierta ante la ley de medios, se ponga en marcha una práctica fundada sobre el engaño, alimentada de propaganda y orientada, otra vez, al negocio.
Es la tercera oportunidad perdida, en un panorama que –por las desigualdades que se alientan– no promete ir para mejor.
*Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires
Fuente: Seminario Gargarella
