El Gobierno fracasó en un nuevo intento por demorar y obstaculizar cualquier eventual fallo previo al 7 de diciembre sobre la Ley de Medios. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó un pedido de recusación contra uno de los camaristas presentado por una ONG ligada al grupo multimedios Vila-Manzano.La Cámara rechazó el planteo de la ONG funcional al Gobierno por "exceder la jurisdicción recursiva del tribunal" y dispuso la devolución del escrito. Además de recusar con causa a uno de los camaristas, la ONG pidió ser tenida como parte en la causa adhiriendo a la contestación de demanda hecha por el Estado.
El fuero Civil y Comercial Federal ha sido virtualmente desmantelado en los últimos meses por el Gobierno, para forzar un fallo favorable a sus intereses por la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
La ONG afín a los planes del Gobierno es también afín al grupo Vila-Manzano y tiene una historia muy particular. Tiene un nombre amplio y ambiguo, difícil de recordar: "Asociación Civil para la Defensa de los posibles Damnificados por la Adquisición directa o indirecta de títulos Valores con Oferta Pública".
Su principal responsable, que asegura que la asociación nació para enjuiciar al grupo Clarín, es Juan Puigbó, un licenciado en Ciencias Políticas de 60 años, vinculado en los años 70 a Montoneros, según publicaciones periodísticas, funcionario de Carlos Grosso en los años 90 y director entre 2008 y 2009 del canal de televisión Ciudad Abierta. Admite vínculos "de afecto y una relación política de años" con el dirigente de la Uocra, Gerardo Martínez, vinculado al Batallón 601 de inteligencia militar durante la última dictadura.
La ONG del largo nombre se presentó ya en otras oportunidades en adhesión a planteos del Gobierno y contra el Grupo Clarín. En marzo pasado, la asociación que dirige Puigbó pidió ser tenida como parte en los tribunales mendocinos y en el juicio iniciado por Supercanal, empresa del grupo Vila Manzano, contra Cablevisión por una cuestión arancelaria nacida en Salta.
Además de intentar enturbiar la causa, la ONG de Puigbó se plegó a las pretensiones del grupo Vila-Manzano y a la ilegítima medida del juez federal de Mendoza Walter Bento de pretender allanar las oficinas de Cablevisión con apoyo de la Gendarmería y sin orden o autorización de un juez de la Justicia federal porteña.
A Bento, el intento de allanamiento casi le cuesta un Jury por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura, del que fue salvado por los operadores del Gobierno en ese organismo.
En su presentación de hace unos días en la Cámara Civil y Comercial Federal y en la de marzo pasado en Mendoza, la ONG y su titular estuvieron representados por el abogado Miguel Abasolo, vinculado a su colega Richard Arguiñano, abogado de Supercanal en Mendoza.
En la ONG de Puigbó también trabaja, entre otros, Gerardo Strada Sáenz, en su momento nombrado al frente del área de inteligencia del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE), y que es consejero académico de la Fundación La Capital, cuyo presidente es Daniel Vila y uno de sus vocales es José Luis Manzano.
Fuente: Diario Los Andes
