Por: Andrés Sanguinetti
A sólo dos meses del tan mentado 7 de diciembre, no sólo Clarín estaría incumpliendo con los preceptos de la Ley de Medios, siempre que se tome como ejercicio la mirada de la norma que el Gobierno hoy empuja y promociona para establecer los supuestos límites que el negocio periodístico debería cumplir para adecuarse a una legislación sancionada por el Congreso el 10 de octubre de 2009 con el objetivo de “democratizar los medios de comunicación audiovisuales de la Argentina”.
De hecho, han sido pocos los que hasta ahora presentaron sus planes de desinversión ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Algunos, por entender que la norma no los incluye, y otros porque consideran tener argumentos válidos para seguir operando de la misma manera que lo vienen haciendo hasta el momento sin tener que recurrir a ventas o cambios societarios.
Solamente el empresario Cristóbal López ha anunciado públicamente sus planes para adecuarse, en especial, al artículo 161 de la Ley de Medios (de desinversión), informando que, tras asumir el control de los ex medios de Daniel Hadad el próximo miércoles 10 de octubre, pondrá en venta dos de las cuatro FM que controlará como son TKM y Vale. Y que también salió de la concesión de una empresa de micros en Neuquén, decisión vinculada a una serie de “incompatibilidades” establecidas en el artículo 25 de la Ley de Medios, que prohíbe expresamente que los accionistas mayoritarios sean extranjeros; operadores de “servicios, concesiones o permisos” públicos, o funcionarios públicos.
Del mismo modo, el grupo Vila-Manzano, dueño del canal de cable Supercanal, de la señal abierta América TV y de la radio La Red, entre otros medios periodísticos, acercó al AFSCA argumentaciones vinculadas a las formas en las cuales entiende el entramado normativo de la Ley de Medios.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue presionando ante el Consejo de la Magistratura para designar un juez afín (María Elena Gagliardi) con la intención de que asuma la causa del debate casi nacional sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitó al 7 de diciembre próximo el alcance de la medida cautelar que interpuso el Grupo Clarín para suspender la aplicación de la Ley de Medios.
La avanzada del oficialismo ante este organismo a cargo de la designación de magistrados fracasó la semana pasada y promete continuar el próximo jueves, luego de que el viernes pasado el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtiera sobre una “maniobra que apunta a tener en suspenso el artículo 161 de la Ley de Medios”. Dijo también que el nombramiento del juez subrogante, Raúl Tettamanti, momentáneamente a cargo del juzgado que debe definir sobre esa norma, es “irregular” y hasta apuntó a un supuesto “bloqueo” en el Consejo de la Magistratura para designar a un magistrado definitivo en ese tribunal. Pero, mas allá de la embestida del oficialismo contra Clarín, la norma también exige producción nacional de contenidos; prohíbe operar medios si se es concesionario del Estado, obliga a ser de nacionalidad argentina para ser licenciatario, establece límites de porcentaje sobre la audiencia, restringe la multiplicidad de licencias. También contiene artículos vinculados con la defensa de la sociedad como el 19 (Defensoría del público); 73 (abono social), 81 y 82 (emisión de publicidad); 111 (difusión de las sanciones por incumplimientos).
Todas exigencias que no se han cumplido ni por los medios cercanos al kirchnerismo y mucho menos por el AFSCA, a pesar de que no existen obstáculos legales que lo impidan.
Es así como en este mismo marco, El Cronista pudo saber que varios grupos señalados como cercanos al Gobierno analizan sus estrategias para presentar ante el AFSCA de Martín Sabbatella con el objetivo de no perder su actual status quo o, por lo menos, evitar una fuerte reducción de sus activos.
Algunos ejemplos son los del grupo español Prisa (Radio Continental); del empresario mexicano Ángel González González (Canal 9 y FM Aspen); del también holding español Telefónica (Telefe y varios canales del interior).
Lo mismo ocurre con el empresario mendocino Raúl Moneta (Rock & Pop, Metro, Blue, Belgrano, Splendid, Libertad, entre otras); la dupla Jorge Garfúnkel-Sergio Szposky (Vorterix); el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Reinaldo Pierri (Canal 26, Telecentro y varias FM). O Electroingeniería, a cargo de Radio del Plata y la señal 360TV, y concesionario de obra pública.
Varios de estos grupos ya han visitado las oficinas de Sabbatella para analizar sus situaciones particulares y presentar argumentos que consideran válidos para limitar los alcances de la Ley de Medios.
Algunos estudian cómo sortear la prohibición de que un extranjero controle más del 30% de un medio bajo la excusa de que la licenciataria es una sociedad argentina, más allá de que sus propietarios no sean nativos.
Aunque casi ninguno ha terminado de concretar los planes de adecuación.
Ni siquiera aquellos que deben cumplir con la obligación de limitar la cantidad de licencias a 24 por grupo y cumplir con un tope de licencias por actividad.
Tampoco lo ha hecho el AFSCA que aun no asignó nuevas licencias; no presentó un plan técnico (artículo 32) o reservó un 33% al sector social sin fines de lucro, según el artículo 89. También fracasó en licitar 220 licencias de TV abierta.
Además, nunca publicó los resultados de un censo de licenciatarios realizado para conocer el estado de situación del sector y crear un Registro Público de Licenciatarios y Autorizaciones (artículo 57), con datos de todas las empresas, fechas de inicio y expiración de cada licencia, y nombre de cada accionista y su porcentaje de participación. El organismo tampoco terminó de crear dicho Registro Público.
Por ese motivo, en el mercado aseguran que es imposible que el próximo 7 de diciembre el Gobierno pueda presentar ante la sociedad un nuevo mapa de medios de comunicación audiovisual como ha ordenado la propia presidenta Cristina Fernández con el objetivo de señalar a Clarín como el único grupo ‘rebelde’ y avanzar, de ese modo y de facto, contra varios de los activos del grupo como Canal 13, la señal de noticias TN y, en especial, Cablevisión.
La aceleración de los plazos en la llamada “batalla final” contra Clarín, luego de la derrota de Néstor Kirchner en las legislativas de 2009 y el fallecimiento del ex presidente, busca coronar el final de la alianza mantenida durante cinco años.
Habrá que esperar algunos meses más para saber si la guerra termina o si, como la mayoría del periodismo crítico o no alineado al Gobierno cree, el kirchnerismo irá por el resto de los medios que aun pretenden ejercer la profesión sin presiones y difundiendo los hechos que la realidad refleja.
Fuente: El Cronista
