La radiotelevisión pública española tenía a un presidente de turno cada mes desde la dimisión por "motivos personales" de Alberto Oliart en julio de 2011, por falta de acuerdo entre los diputados socialistas y los del Partido Popular, encargados de elegir al presidente por mayoría de dos tercios.Debido a este bloqueo, RTVE "no tiene posibilidad de aprobar sus cuentas anuales y no tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos" que prevé 203 millones de recorte presupuestarios, afirmó el viernes la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Es una situación de "bloqueo" que no puede seguir manteniéndose, añadió, al presentar el decreto-ley adoptado en el Consejo de Ministros.
El texto, publicado el mismo sábado en el boletín oficial y que entra en vigor el domingo, modifica la ley de 2006 y prevé que en caso de desacuerdo, bastará con la mayoría absoluta en el Parlamento para elegir al presidente.
El Partido Popular de derechas dispone de esta mayoría absoluta después de haber barrido a los socialistas en las elecciones de noviembre. Le permiten, de hecho, proponer al próximo presidente de RTVE.
"Es un golpe institucional" del PP del presidente del gobierno Mariano Rajoy, reaccionó de inmediato el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunció en su cuenta en twitter "otro recorte intolerable de Rajoy: esta vez, a la libertad de expresión".
Los sindicatos estaban también escandalizados, sobre todo dado que, según el texto, los dos representantes desaparecen de la composición del Consejo de Administración, reducido de 12 a 9 miembros.
"Es un retroceso total por poder controlar totalmente la radio-televisión española. Por lo tanto no podemos controlar nada. Va a ser un instrumento de propaganda del PP", afirmó a la AFP Jesús Trancho, secretario general UGT-RTVE.
"La ley actual permitía preservar la independencia de RTVE, lo que ahora no va a ser posible", denunció.
Muy decepcionado, el Consejo de la información de la televisión también lamentó en comunicado una reforma que "podría menoscabar su independencia y, en consecuencia, la de sus servicios informativos" y "hacernos retroceder a un modelo de una RTVE gubernamental".
La decepción era similar en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para la cual "significa un retroceso en el planteamiento de los criterios de independencia, que deben constituir, por otra parte, la regla de los servicios informativos del medio público por antonomasia en España".
El gremio llamó a los dos principales partidos a ponerse de acuerdo sobre la presidencia del grupo.
La polémica enciende también las redes sociales, donde se encontraba entre los temas más comentados en Twitter en España, y la prensa, donde la de derechas celebra el fin del bloqueo y la de izquierdas denuncia la toma de control.
"El PP rompe el consenso sobre RTVE para imponer al presidente" titulaba El País (centro-izquierda), cuando la radio Cadena Ser aseguraba que "el Gobierno cambiará la ley para volver a controlar RTVE y elegir sus cargos", como era el caso antes de la ley de 2006.
"El Gobierno desbloquea TVE", titulaba por su parte el diario El Mundo (centro-derecha), que afirmaba que los socialistas se habían negado a cualquier acuerdo con el PP para "mantener el statu quo" y evitar la renovación del consejo de administración del grupo.
El PP ha criticado en reiteradas ocasiones una televisión pública "partidista" favorable a la izquierda.
RTVE cuenta con cinco canales de televisión, cinco emisoras de radio y 6.400 empleados por un presupuesto que en 2011 se elevó a 1.200 millones de euros.
Fuente: AFP
Golpe gubernamental a la televisión pública
Por: Juan Varela
El presidente de RTVE lo nombrará el gobierno con mayoría simple en el Congreso. Fin del tímido intento de independencia iniciado con la creación de la Corporación RTVE en 2006. Rajoy y el PP sentenciaron a la televisión estatal nada más llegar al poder y ahora formalizan su control con un presupuesto disminuido, sin rumbo, sin modelo de servicio público alternativo y sin pudor. El golpe gubernamental a la televisión pública se completa con la vía para privatizar las televisiones autonómicas, cerrarlas y repartir sus licencias, y acabar con los límites a la producción externa.
El gobierno Rajoy completa la liquidación de las televisiones públicas en aras del ahorro, los ajustes y la eficiencia. Pura propaganda. El PP ha sido el principal responsable de la manipulación política de las televisiones públicas, pero también del despilfarro. La valenciana Canal Nou y Telemadrid han encabezado esas listas negras a lo largo de los últimos años. Con un gobierno del PP se llegó a la ignominia de condenar por manipulación a un director de informativos de TVE, Alfredo Urdaci.
Las televisiones públicas necesitan una refundación: de su misión de servicio público en la era de la multipantalla digital (TDT, televisión conectada, ordenadores, móviles y tabletas) y la televisión personal y bajo demanda, de su coste y oferta en la abundancia de canales y la crisis de la TDT, de su rentabilidad social y cultural, y de independencia política.
Ninguno de esos objetivos se logra con recortes de financiación sin modelo alternativo y de eficiencia (coordinación entre cadenas públicas, reestructuración compartida del espectro audiovisual, colaboración en la producción propia y coproducciones, etc.), con mayor dependencia política, a golpe de decreto, sin consenso político, social y profesional, y fortaleciendo los lazos políticos con algunas productoras y grupos audiovisuales, sin suficiente transparencia e independencia de las privatizaciones.
Zapatero intentó un modelo de televisión apresurado y excesivo. Las prisas de la TDT y la adjudicación de más de 1.500 frecuencias sufren la maldición anunciada por muchos: un modelo audiovisual insostenible, un servicio público de televisión elefantiásico y redundante con la oferta comercial, y una tecnología limitada y obsoleta, que no ha aprovechado la interactividad y frena el desarrollo del modelo híbrido -TV y banda ancha- que permitirá una nueva oferta bajo demanda, más social y personalizada.
Nadie conoce el modelo de televisión y de sociedad de información del PP. Ni público ni privado. Algunas medidas como limitar el número de consejeros, imponer techos de gasto a las televisiones públicas o un mayor control financiero son oportunas, igual que la búsqueda de una resignación del dividendo digital: las frecuencias de televisión que se dejan libres para nuevos servicios móviles digitales y que obligarán a una resintonización de antenas y canales.
Falta una visión integral de la sociedad de la información y su futuro. Repensar el futuro digital sumando el cambio en la financiación pública del cine por patrocinio en lugar de subvenciones, la imposición apresurada de un canon digital ahora pagado por todos vía Presupuestos del Estado, y la promesa de reformar la propiedad intelectual y los organismos de gestión colectiva de derechos de autor, como la SGAE, para facilitar el crecimiento de los nuevos negocios digitales en una internet libre y plataformas de banda ancha sin monopolios.
Pero como en otras medidas de estos primeros meses, el PP legisla a golpe de obsesión y titular. No es la mejor forma de construir un futuro con más servicios y oferta digital y audiovisual de calidad, social y de alto valor personal, e independiente de los políticos y los monopolios. Una industria que crece dominada por multinacionales digitales y emprendedores que surgen y crecen muy lejos de las reglas e intereses de la vieja televisión y su control político.
Fuente: Estrella Digital
