sábado, 31 de diciembre de 2011

Cablevisión no quiere que Cooperativa preste el servicio de TV por cable. El gobierno tampoco ayuda

Lo confirmó hoy el gerente Javier Foresi de la Cooperativa de Servicios Públicos. La entidad espera la licencia, tras dos años de trámites y haber presentado toda la documentación. Cablevisión presentó recursos de oposición para evitarlo. "Los argumentos son falaces y muy débiles" dijo
“Seguimos con los tramites que exige la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales” explicó Foresi y agregó “en el medio de todo esto Cablevisión se opone a que la Cooperativa preste el Servicio en Colonia Caroya y Jesús María”.
Sus argumentos “son falaces e insostenibles” destacó ya que será el usuario quien elija el servicio.
La Cooperativa recurrió esta oposición y continua gestionando un apoyo del gobierno nacional para obtener la licencia que viene tramitando. "Siempre estamos esperando un mayor apoyo del gobierno nacional. Y para ellos que le den una licencia a una cooperativa en un lugar como Colonia Caroya y Jesús María donde el prestador actual es Cablevisión sería un golazo político para ellos, más allá que el beneficio es de la población que podrá optar entre una u otra empresa. Así que por ahí no entendemos por qué están demorados los trámites".
Escuchá a Javier Foresi, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos en Radio Jesús María


UNO Medios responde a Cablevisión: Ejerce abuso de posición dominante


viernes, 30 de diciembre de 2011

Río Negro: Sindicato de Televisión en "estado de alerta" por pedido de renuncias a trabajadores de Canal 10

Mientras la Legislatura rionegrina aún debatía el proyecto de ley que declara el pase a disponibilidad de los agentes estatales, directivos de Canal 10 convocaron a trabajadores de la emisora con el objetivo de solicitarles la renuncia bajo el argumento que "no estaban en los planes a futuro de esta gestión"
Entre los "invitados" a retirarse se encuentran periodistas, productores, editores y administrativos de planta, por lo cual el Sindicato Argentino de Televisión se declaró en estado de alerta, tras obtener una negativa de las autoridades del canal a que se revea la medida. A esto se suman atrasos salariales y la no cancelación de aguinaldos y vacaciones al personal.
Walter Dorrego, secretario general, del Sindicato Argentino de Televisión en General Roca, detalló a ADN que "ayer nos enteramos que ocho trabajadores fueron convocados por el directorio de la empresa para pedirles que renuncien porque no estaban en los planes a futuro de esta gestión, no hay más razones que justifiquen esa situación".
Dorrego indicó que "desde el sindicato pedimos una reunión urgente con la directora, Victoria Argañaraz, y tratamos de ver cuales eran las razones, cuales eran los motivos y tratamos de argumentar de que los trabajadores que en ese momento estaban en cuestión tenían una capacitación profesional y una capacidad de trabajo para adaptarse a las nuevas órdenes que ellos impartieran, solamente tenían que decir que es lo que quieren lograr para volcar en la pantalla, para hacer nuevos productos, un nuevo mensaje y que esta gente iba a demostrar con su trabajo que lo puede hacer, que pueden adaptarse a esos cambios que ellos pretenden"

Walter Dorrego, Secretario General SATSAID Río Negro
El planteo de los representantes gremiales no fue atendido y las autoridades del canal provincial ratificaron la decisión de seguir adelante en este sentido, y señalando su intención de "que esta gente se vaya de la mejor manera posible, con un acuerdo, con una posición acordada en buenos términos".
El dirigente del SAT detalló "los trabajadores involucrados sabemos que no tienen esa intención, tienen una necesidad de trabajar, de permanecer y de quedarse para poder subsistir, estamos hablando de familias, con lo cual así como están planteadas las cosas esto no tiene un avance cierto".
"La empresa sabemos que quiere que se vayan y los convocaron y les dijeron: queremos que te vayas, queremos que renuncies, los buenos términos no sabemos hasta cuando van a durar, porque no sabemos que es lo que van a hacer después de esto, de esta negativa de los trabajadores, los trabajadores van a decir no, no queremos retirarnos y ellos verán que medidas toman de ahí en adelante. Por eso nosotros en alerta, estamos hablando con nuestros compañeros, con los trabajadores que quedan porque hay una gran preocupación, un gran temor porque en esto nadie queda exento a que lo convoquen a recibir esta invitación", explicó el representante gremial.
Puntualmente, las autoridades de la empresa solicitaron la renuncia a 8 de los 43 empleados de planta permanente del canal, entre ellos periodistas, editores, administrativos y productores. Esto se suma a otros 16 trabajadores contratados a los que ya se notificó que no se les renovarán los contratos.
Dorrego detalló que "hay una gran incertidumbre, un gran temor y un alto grado de indignación y preocupación entre los empleados del canal" y remarcó que a pesar de los pedidos de renuncia "los trabajadores se han presentado a cumplir con sus tareas".
Dorrego señaló la gran incertidumbre que existe entre el personal del canal ya que "mientras se discutía la ley de disponibilidad en la Legislatura, mientras se estaba en análisis para su aprobación, estas acciones ya estaban siendo tomadas acá en la empresa".
"Obviamente, la situación es muy preocupante, por supuesto que esto se puede agravar porque no está nada definido ni por parte de los trabajadores, ni por parte de la empresa y genera un alto grado de preocupación para los próximos días, o sea vamos a pasar el peor de los fines de años, la peor de las fiestas, al día de hoy la gente no ha cobrado el aguinaldo, la gente que se fue de vacaciones no cobró las vacaciones, no hay una fecha cierta de pago de los salarios y mucho más grave aún estas intimaciones a que la gente se retire de la empresa, que renuncien", manifestó Dorrego.
"No estamos hablando de ñoquis, no estamos hablando de gente que no esté cumpliendo una función, estamos hablando de gente que cumplía horario día por día, que cumplía tareas efectivas, no estamos hablando de gente que haya estado en un plantel que no cumplía ninguna función o que no tenía ningún destino, son ocho compañeros trabajadores que estaban todos los días en la empresa cumpliendo sus tareas", remarcó el dirigente gremial.
Fuente: Agencia Digital de Noticias

Reunión de trabajo del Consejo Federal de las Televisión Pública

Distintos temas de interés fueron abordados durante la última reunión de trabajo que celebró esta semana el Consejo Federal de la TV Pública. Al término del encuentro, los participantes coincidieron en el éxito alcanzado durante el mismo y los ribetes motivadores de cara al futuro
El cónclave se efectuó en la ciudad de Buenos Aires con la presencia de integrantes de la Mesa Ejecutiva de dicho Consejo y representantes de distintos organismos nacionales.

Participantes
Por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de la TV Pública estuvieron presentes: Jorge Bazán (Presidente), Daniel Wilberger (Vicepresidente), Enrique Masllorens (Secretario Ejecutivo), y los Vocales: Raul Armasen, Gustavo Pereyra y Rubén Dáudía.
Asimismo, estuvieron presentes: el Presidente de TelAm, Martín García; el gerente de Télam, Gonzalo Carbajal; el director de RTA, Lic. Alejandro Verano; el representante de la Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación, Lic. Daniel Rosso; la Dra. Alejandra Zapata del Consejo Asesor de la TDA y todo su equipo y de la gente del BACUA; el Gerente de Operaciones de la TV Pública, Gustavo Verta; además de representantes de la RENAU, cooperativas, canales públicos, entre otros.

Nuevos integrantes
En la oportunidad fueron recibidos como nuevos integrantes del Consejo Federal de la TV Pública, la Vicepresidenta Ejecutiva de Radio y Televisión de Río Negro, Victoria Argañaraz quien tendrá a su cargo la nueva gestión de Canal 10 de General Roca; y a Juan Carlos Martín, subsecretario de Comunicación de la provincia de Chubut, que tiene el Canal 7 de Rawson.

8º Encuentro de la TV Pública para 2012
Durante el transcurso de la reunión celebrada en dependencias de Cabildo 65, se confirmó la invitación formulada por Canal Encuentro y la TV Pública-Canal 7, para realizar el 8º Encuentro de la TV Pública en la ciudad de Buenos Aires. Será el 18, 19 y 20 de abril de 2012. El mismo tendrá lugar en la sede de Canal Encuentro inaugurada recientemente en el predio de la ex ESMA.

Equipamiento para Producción Audiovisual
Desde el Consejo Asesor de la TDA, la Dra. Alejandra Zapata confirmó la provisión, asesoramiento y capacitación para la instalación de los CEPA (un estudio digital completo del orden de un millón de pesos) en cada canal público y que en la medida que se vayan instalando nuevos canales provinciales, irán recibiendo el mismo equipamiento. Cabe recordar que oportunamente Canal Tres firmó el Convenio respectivo y entregó el Plan de Acción requerido por las autoridades nacionales.

Capacitaciones
Gustavo Verta, mantuvo y acrecentó su compromiso y voluntad para continuar con las demandas de capacitación que le sean requeridas por los Canales que integran el Consejo Federal de la TV Pública. Cabe recordar que el Gerente de Operaciones de Canal 7 visitó oportunamente Canal junto a sus colaboradores cristalizando distintas charlas de capacitación en el marco del Programa que lleva a cabo la TV Pública de La Pampa.

Convenio con Cuba
El presidente del Consejo Federal de la TV Pública, Ing. Jorge Bazán informó sobre la gestión para formular un Convenio que inició en La Habana con el Instituto de Radio y Televisión Cubana sobre intercambio de contenidos.
El mismo se cristalizaría en febrero de 2012 en el marco de un homenaje al rock argentino que se realizará en Cuba, oportunidad en la que concurrirá una delegación del Consejo.

Otros temas
Entre otros temas abordados quedó el compromiso de avanzar con el Ministerio de Planificación y la RENAU para que el Consejo de la TV Pública tenga su propio sitio en Internet.
En otro orden, desde la producción del Panorama Argentino, se volvió a instar a todos los canales para seguir inyectando material para este espacio de información federal y se informó que prontamente se podrá bajar su contenido vía satélite.
Por su parte, Martín García, titular de TelAm reiteró su disposición de seguir aportando y sumando a todos los medios públicos.
Fuente: Gobierno de La Pampa

jueves, 29 de diciembre de 2011

Otro cable de TelAm: "Suspenden sesión en la legislatura de Santa Cruz... por falta de luz"

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Insistidor: El Diario "Río Negro" va a la Corte contra el decreto que prohíbe avisos de oferta sexual

El diario "Río Negro" acude ahora a la Corte Suprema en defensa de su reclamo de que sea declarado inconstitucional el decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo Nacional que prohibió la publicación de avisos de oferta sexual o que hagan explícita o implícita referencia al tema
Este medio interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que confirmó el fallo de la jueza María Alejandra Biotti que rechazó, a fines de septiembre, el amparo presentado por la editorial.
En el recurso extraordinario federal, los abogados del diario sostienen que la resolución de la Cámara "es una sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48" en tanto pone fin al pleito, causándole un gravamen de imposible reparación ulterior, lo que habilita la vía recursiva.
Añaden que no existe una vía procesal alternativa auténticamente operativa y eficaz y ratificó que el artículo 43 de la Constitución Nacional prevé para estos casos la acción de amparo, a la que califican como "la única vía apta para obtener protección frente a los atropellos descriptos" al iniciar la demanda.
Señalan los letrados "la manifiesta arbitrariedad e ilegalidad del decreto 936/2011", al pretender por vía de un decreto imponer sanciones no previstas en la ley que dice reglamentar, lo que "lesiona los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad".
El recurso pone énfasis en que el decreto, así como la resolución 14/2011 que fijó las penas a quienes lo infrinjan, "contribuye a la clandestinidad de las redes de trata de personas; restringe, de manera discriminatoria, el libre y pleno ejercicio de la actividad lícita de cientos de personas al impedirles dar a publicidad sus servicios; impide, también arbitrariamente, el ejercicio del comercio lícito por parte de los medios de prensa que comercializan los espacios publicitarios, y todo ello con la agravante de que ni la fijación de la conducta prohibida, ni la fijación del tipo y quantum de las sanciones, ni la designación de los órganos facultados a aplicarlas resultan fruto de una ley formal gestada en el único ámbito constitucionalmente apropiado para ello, que es el Poder Legislativo".
"El comercio sexual no se encuentra prohibido, ni mucho menos tipificado como delito penal. Y el Estado no logra explicar de qué forma la publicación de avisos fomenta o facilita la trata" de personas, señala el recurso extraordinario.
Por ello, considera que "el régimen sancionatorio dictado en consecuencia del decreto 936/2011 "resulta un medio ilegítimo que vulnera el derecho garantizado en el artículo 13 de la CADH".
Cita el fallo de la Corte en el caso "Editorial Río Negro c/Neuquén" en cuanto dijo que "el gobierno debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que llegan indirectamente a ese resultado". Incluyó similares consideraciones de la Corte Interamericana y de la Corte Europea de Derechos Humanos.
Por lo expuesto, el diario pide a la Corte que revoque la sentencia recurrida y haga lugar a la acción de amparo declarando la inconstitucionalidad del decreto 936/2011 y las normas dictadas en consecuencia o, en su caso, tenga por formulada expresa reserva de recurrir ante los tribunales internacionales correspondientes.
Fuente: Diario Río Negro

Ratifican inhibición de bienes del diario La Nación por una deuda con el fisco

El titular del juzgado federal número 1 de Ejecuciones Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Folco, desestimó el recurso de reposición interpuesto por el diario La Nación y ratificó la inhibición de bienes dispuesta por la AFIP en una causa en la que reclama el cobro de una deuda con el Fisco de más de 160 millones de pesos.Folco también desestimó "el acuse de temeridad y malicia" presentado por el diario en contra de la AFIP, junto con la pretensión de que se haga responsable a la dependencia oficial de los "daños y perjuicios" ocasionados por la decisión, confirmaron fuentes judiciales.
Con su pronunciamiento, el juez reconoce la legitimidad del reclamo de la AFIP, en lo que respecta a la presentación en la que sostiene que La Nación se habría apropiado indebidamente de un beneficio desde octubre de 2003 a la fecha por más de 160 millones de pesos, al computar las contribuciones patronales como crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, dijeron las mismas fuentes.
Aseguran además que La Nación reconoció la deuda al haberla registrado en los balances auditados de la empresa, que se
encuentran en poder de la Inspección General de Justicia porteña.
El fallo del juez Falco fue tomado durante la víspera en el marco del expediente 40.491/2011, en el marco de la causa iniciada por la AFIP-DGI contra La Nación.
Al argumentar el pedido de inhibición, la AFIP señaló que el beneficio invocado por el diario surgió a partir de una medida tomada durante el gobierno de la Alianza a través del decreto 730/2001 en el marco de los Acuerdos de Competitividad impulsados por entonces.
El beneficio en cuestión era sólo para determinados sectores que acordaban con el Poder Ejecutivo para el período comprendido entre julio de 2001 y marzo de 2003, en el que los medios estaban incluidos.
El requisito que debían cumplir los diarios para acceder a este beneficio fue mantener congelado el precio de tapa de los diarios, condición que no habría sido cumplida por la mayoría de los medios, entre ellos La Nación.
En abril de 2003, el gobierno de la Alianza decidió generalizar el beneficio para todos los contribuyentes.
Tras la caída de la Alianza y durante la administración del presidente Eduardo Duhalde, -a través del decreto 746/2003- se elimina el beneficio para todos los sectores menos para los medios de comunicación.
El citado decreto, en sus considerandos, mencionaba la posibilidad de extender el beneficio para los medios más allá de julio de 2003 hasta que el Poder Ejecutivo encuentre una solución alternativa.
La Nación, en base a la presentación realizada por la AFIP, computó indebidamente el crédito fiscal durante ese período a pesar de "haber incumplido unilateralmente con el compromiso de mantener el precio de tapa".
Además, a través de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), se presentó una medida cautelar en la que sostenía la continuidad del cómputo del crédito fiscal sin fecha de corte en base al decreto 746/2003 y el punto referido a la necesidad de encontrar una "solución alternativa" para esta cuestión.
En octubre de 2003, un juez de primera instancia resolvió a favor de la medida cautelar presentada por AEDBA, al sostener que "el Poder Ejecutivo debía establecer esa solución alternativa" para que los diarios sigan gozando de ese beneficio impositivo.
En noviembre de 2008, la Sala segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se pronunció a favor del recurso presentado por la AFIP, lo que revirtió el fallo de primera instancia y ordenó levantar la medida cautelar.
A raíz de este fallo, La Nación apela y plantea un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El 17 de junio de 2009, el máximo tribunal revierte el fallo de la Cámara y resuelve a favor de la Nación, pero mantiene la medida cautelar hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo que refiere a si es procedente o no el cómputo del crédito.
A mediados de marzo de 2010, la Procuración General de la Nación opinó que el recurso extraordinario concedido a La Nación era inadmisible y que fue incorrectamente concedido.
Ante la falta de avance en materia judicial que de algún modo impide a la AFIP recaudar los 160 millones de pesos reclamados, la AFIP pidió inhibir los bienes del diario para asegurarse el cobro de ese monto en el momento en que se resuelva si el cómputo del crédito es o no procedente, agregaron las fuentes.
El juez Folco dio lugar al pedido solicitado en tal sentido por la AFIP e inhibió los bienes de La Nación.
Luego La Nación recurrió esta medida y acusó a la AFIP por temeridad y daños y prejuicios.
Frente a esto último, y a través del fallo dado a conocer durante la víspera, el juez desestimó el recurso de reposición hecho por La Nación, así como la acusación de temeridad y malicia contra la AFIP y los daños y perjuicios invocados.
Fuentes cercanas a la causa sostienen que La Nación interpone estos recursos después de haber perdido dos oportunidades para regularizar la deuda, como fueron la moratoria de 2009 y el canje de publicidad por deuda fiscal, ambas instrumentadas en el 2009.
A modo de ejemplo señalan que Clarín, al igual que la mayoría de los demás medios de comunicación, avaló el criterio de la AFIP y regularizó la deuda a través de esos mecanismos.
Fuente: Agencia TelAm

Jorge Lanata: "No me rompan más las pelotas, laburo con Magnetto"

El periodista Jorge Lanata, después de cuatro años de ausencia en el éter, volverá a tener programa propio en Mitre (AM 790) y se emitirá de lunes a viernes, en el horario de 13 a 14.30 y desde abril debutaría en Canal 13 con un programa que se emitirá los domingos

Debieron pasar cuatro años para que Jorge Lanata volviera a tener un programa radial propio. Para sus oyentes, la espera terminó. El periodista se sumará el año próximo a la grilla de Radio Mitre (AM 790), de 13 a 14.30, según informó el portal Ciudad.com.
Aunque aún se están ultimando los detalles del regreso, su arribo ya tiene fecha: el periodista cruzará el aire de esa emisora, el lunes 6 de febrero. El encargado de pasarle la posta será Chiche Gelblung, quien va de 9 a 13 con “Hola Chiche”; y, conociendo el paño, se espera un cruce entre colegas el día del debut.
El ciclo "Lanata PM", que salía al aire todos los días de 17 a 20 en Radio del Plata (AM 1030), fue su última aparición radial en medios nacionales, en 2007.
Su debut radiofónico será el lunes 6 de febrero, con un formato centrado en las noticias y un equipo integrado por Ernesto Tenembaum -quien al finalizar cada programa pasará a conducir el suyo en la misma emisora, "El club de la tarde"-, Gustavo Grabia en deportes, Osvaldo Bazán para espectáculos y la columnista Luciana Geuna.

Lanata en TV
El periodista debutaría en abril en Canal 13 con un programa que se emitirá los domingos por la noche. También participará Geuna, a quienes se les sumaría María O'Donnell, Nicolás Wiñazky y Ariel Tarico.
La idea es hacer un ciclo de política con sketches cómicos y un monólogo tipo stand up al comienzo, parecido a un late night show. El título tentativo sería Doce más uno, porque en total serían doce emisiones.
Mientras tanto, Lanata continúa grabando “26 personas para salvar el mundo”, envío de 20 capítulos que va por la señal de cable Infinito. Suerte de road movie periodística, el programa retoma la lógica del anterior, “Bric”, y rastrea por el mundo a personas con ideas nuevas (escritores, científicos, docentes, artistas, etc.) que puedan cambiar el mundo.
Escuchá el audio de "Hola Chiche"

Foto: Radio Mitre
Fuente: Agencia DyN

Mendoza: Agredieron y encerraron a dos periodistas en una finca de Corralitos

Son de Canal 7 Mendoza. Cubrían una denuncia por explotación laboral. Los obligaron a desnudarse y los apuntaron con armas de fuego. Les pegaron y les destruyeron la cámara. Un padre y su hijo fueron detenidos
Por: Pablo Segura psegura@losandes.com.ar
Dos periodistas de Canal 7 Mendoza que cubrían una denuncia por explotación laboral en Corralitos fueron encerrados, desnudados y amenazados con armas de fuego.

Antes de que llegara la policía, les destruyeron la cámara con la que trabajaban, hicieron tres disparos y les quitaron la filmación y algunas pertenencias.
Las víctimas son Julián Chabert y Raúl Zalazar, periodista y camarógrafo respectivamente, quienes esta mañana llegaron hasta la finca Isgro, reconocida propiedad ubicada en callejón Carrasco y Ruta 20 de Corralitos, para cubrir la denuncia según la cual había trabajadores en condiciones de hacinamiento.
“Vino el propietario con un arma en la mano diciendo qué hacen acá, qué hacen en mi propiedad, ustedes son los que filmaron ayer, ustedes tienen que calmarse, hijo de puta, yo los voy a matar", relató Chabert.
En ese momento, Julián llamó a la Policía para contar lo que estaba sucediendo, pero el dueño del lugar le quitó el celular. Sin embargo, la llamada nunca se cortó y personal del CEO grabó toda la situación.
Esa comunicación se hizo, exactamente, a las 9.45, y según el registro del CEO, el primer móvil de la Comisaria 58° de Corralitos llegó a las 9.51. Es así que la policía cuenta con algo más de seis minutos de grabación con las amenazas y agresiones que sufrieron ambos trabajadores de prensa.
"Me saca el micrófono a mí, le saca la cámara a Rulo (Salazar) y él como que trata de agarrar la cámara de alguna forma y yo le digo Rulo pará, porque además viste cuando ves a una persona muy sacada, viene el hijo mucho más enojado, además, un tipo más grandote, sigue amenazándonos con un arma y cuando llega el hijo dice desnúdense", dijo Chabert.
Y agregó: "Nosotros le decimos no, tratamos de hablar pero es imposible, nos desnudamos, nos pide los documentos, nos saca los celulares, le meten un disparo a la cámara nuestra de filmar y el hijo con una barreta grandota le empieza a pegar a Rulo en las piernas, a todo esto estamos encerrados en una habitación".
El periodista declaró también que una mujer de la comunidad boliviana presenció todo lo que estaba ocurriendo, ya que estaba encerrada con ellos.
"Después a mí me empieza a pegar con el fierro y hasta que se calma y nos deja encerrados y Horacio afuera dice yo a este lo voy a matar, estos no salen de acá. Solo estaba esta mujer con niños, no había más gente”.
Al lugar también llegó la Policía Científica y la fiscal especial Claudia Ríos, quien estuvo acompañada con el juez de Garantías, Aníbal Ezequiel Crivelli. Los agresores fueron dueño del lugar, Horacio Isgro, y su hijo, quienes quedaron detenidos y trasladados a Contraventores.
Al lugar también llegó la Policía Científica y la fiscal especial Claudia Ríos, acompañada por el juez de Garantías, Aníbal Ezequiel Crivelli. El magistrado aprobó en ese lugar la orden de allanamiento y personal policial revisó los casi tres kilómetros que tiene la finca.
Hasta el momento no se ha encontrado el arma con la que amenazaron a los peritos. Según las víctimas, se trataría de una pistola "similar a la de los policías". En tanto que tampoco apareció la filmación de la cámara y algunas pertenencias de los trabajadores.
Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y en las próximas horas, dependiendo de las pericias, podrían ser imputados.
Fotos: Mario García
Fuente: Diario Los Andes
Periodistas en Alerta repudia agresión a dos trabajadores de prensa en Mendoza
Periodistas en Alerta (PeA) emitió un comunicado acerca de la agresión que sufrieron un periodista y un camarógrafo de la televisión mendocina
Señala la nota que “el colectivo de trabajadores de prensa PeA -Periodistas en Alerta- exige justicia para Julián Chabert y Raúl Zalazar, periodista y camarógrafo respectivamente, de Canal 7 de Mendoza, quienes en la mañana de hoy fueron agredidos por el dueño de una finca de la localidad de Corralitos, en Guaymallén, provincia de Mendoza.
Según relata el sitio www.diariouno.com.ar, a los trabajadores “los obligaron a desnudarse y los detuvieron durante más de cinco minutos a punta de pistola. Los golpearon, le dieron un tiro a la cámara (de Zalazar) y se apropiaron de la grabación. Cubrían una nota por una denuncia de explotación laboral. Los agresores fueron el dueño del lugar y su hijo, quienes fueron aprehendidos”.
Desde PeA demandamos que esta gravísima agresión no quede impune, más si se tiene en cuenta que existen sobrados elementos probatorios para culpar y castigar a los responsables de tamaña violencia (grabaciones del 911, testimonio de una testigo, entre otros).
A diario los trabajadores de prensa nos enfrentamos a atropellos, agresiones o “aprietes” varios aunque, claro está, nunca de esta envergadura. Por eso aprovechamos este lamentable incidente para llamar la atención de los empresarios de medios de Mendoza, para que arbitren las medidas de seguridad necesarias para el correcto desempeño de nuestras funciones”.

Alerta: Enérgico repudio de FoPeA a las violentas agresiones a periodista y camarógrafo de Canal 7 de Mendoza
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) manifiesta un enérgico repudio a las agresiones físicas y psíquicas sufridas por el periodista Julián Chabert y el camarógrafo Raúl Zalazar, de Canal 7 de Mendoza, mientras realizaban sus tareas periodísticas en una finca de la localidad de Los Corralitos, en la zona de Guaymallén, en dicha provincia.
Los primeros datos publicados en el sitio Web del diario Uno indican que el dueño del lugar –identificado como Horacio Isgró- y su hijo, los obligaron a desnudarse y los encerraron en una habitación durante varios minutos a punta de pistola. Luego los amenazaron de muerte, los golpearon con una barreta de metal en las piernas y brazos y dispararon a la cámara. Chabert y Zalazar se encontraban en el lugar investigando una denuncia de explotación laboral a 15 personas oriundas de Bolivia, en su mayoría niños.
De acuerdo a las declaraciones periodísticas posteriores los periodistas se encuentran bien, a pesar de los golpes, y fueron liberados cuando la Policía arribó al lugar. Los agresores están detenidos.
Fuentes periodísticas indican que el subsecretario de Trabajo de Mendoza Ariel Pringles ordenó una inspección en la finca. La causa quedó a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, quien se hizo presente en el lugar.
FoPeA se encuentra investigando el tema a través de su Monitoreo de la Libertad de Expresión. En breve se ampliará la información.
Foro de Periodismo Argentino

Cablevisión deberá mantener su abono básico en $ 116 hasta marzo (ahora $137.90)

La Secretaría de Comercio Interior prorrogó hasta marzo de 2012 la resolución que fija en 116 pesos el abono básico del servicio de la empresa Cablevisión
Se trata de la resolución 141, que fue adoptada el 28 de octubre de 2011 y tenía fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre.
La decisión de extender la medida por tres meses más se dispuso a través de la resolución 10, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La medida se enmarca en idénticas resoluciones que la dependencia viene adoptando desde marzo respecto a Cablevisión y que evidenció el primer cambio en agosto, cuando Moreno autorizó una suba del abono de 109 a 116 pesos, con motivo de aumentos en los costos.
En los considerandos, se recordó “que el precio fijado mediante la resolución citada precedentemente debía mantener la vigencia e inmutabilidad sin variaciones durante el plazo indicado”.
Además, la dependencia subrayó “que, en relación con otros servicios de señales y productos prestados por la empresa, se establecía que tampoco sufrirían variaciones en sus precios, y debía mantener la composición y la cantidad de señales que actualmente contiene el abono básico mensual, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados ante esta Secretaría”.
En otro de los puntos se indicó “que, en cuanto a los contratos que se celebren en el futuro, también se establecía que deberían ajustarse a las modalidades pautadas en la medida aludida”.
"El Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos, cuya tutela y protección tiene raigambre constitucional”, subrayó la nueva resolución que congela el abono básico de Cablevisión.
En ese marco, añadió: “En virtud de lo expresado precedentemente, la Secretaría de Comercio Interior procedió a adoptar las medidas conducentes a implementar las políticas citadas, otorgando marcos normativos integrales que aseguren los derechos del consumidor”.
“En consonancia con lo manifestado, deviene necesario proceder en consecuencia y a los fines de propender a la protección del bienestar general como bien superior, esta Secretaría estima necesario prorrogar los términos de la resolución Nº 141/2011 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012”, concluyó.

Secretaría de Comercio Interior
Resolución 10/2011
Prorrógase lo establecido por la Resolución Nº 141/11, relacionada con las pautas para las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga.
Visto el Expediente Nº 0513465/2011 del Registro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Decreto Nº 2085 del 12 de diciembre de 2011 y las Resoluciones Nros. 50 del 3 de marzo de 2010 y 141 del 28 de octubre de 2011, dictadas por la SSecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y
Considerando:
Que por la Resolución Nº 141 del 28 de octubre de 2011 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de su competencia y en función de los parámetros de razonabilidad enunciados en la misma, esta Secretaría prorrogó durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 el precio por el abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión S.A., en la suma de pesos ciento dieciséis ($ 116.-), que los usuarios debían abonar durante los meses citados.
Que el precio fijado mediante la resolución citada precedentemente debía mantener la vigencia e inmutabilidad sin variaciones durante el plazo indicado.
Que, en relación con otros servicios de señales y productos prestados por la empresa, se establecía que tampoco sufrirían variaciones en sus precios, y debía mantener la composición y la cantidad de señales que actualmente contiene el abono básico mensual, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados ante esta Secretaría.
Que, asimismo, en relación con las promociones y/o bonificaciones y/o descuentos, debían ser mantenidas las condiciones en que se encontraban a la fecha de publicación de la misma, cualquiera sea su denominación que beneficiara a los usuarios.
Que, en cuanto a los contratos que se celebren en el futuro, también se establecía que deberían ajustarse a las modalidades pautadas en la medida aludida.
Que el Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos, cuya tutela y protección tiene raigambre constitucional.
Que, en virtud de lo expresado precedentemente, la Secretaría de Comercio Interior procedió a adoptar las medidas conducentes a implementar las políticas citadas, otorgando marcos normativos integrales que aseguren los derechos del consumidor.
Que en consonancia con lo manifestado, deviene necesario proceder en consecuencia y a los fines de propender a la protección del bienestar general como bien superior, esta Secretaría estima necesario prorrogar los términos de la Resolución Nº 141/2011 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012.
Que la Dirección de Legales del Area de Comercio Interior dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en las Resoluciones Nros. 50/2010 y 141/2011, a las facultades que le confiere la Ley Nº 20.680, en especial su Artículo 2º c) y sus modificatorias a la Secretaría de Comercio Interior y a lo establecido en el Decreto Nº 2085 del 12 de diciembre de 2011.

Por ello,
El Secretario de Comercio Interior
Resuelve:
Artículo 1º - Prorrógase durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012 la Resolución Nº 141 del 28 de octubre de 2011, de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 2º - La presente medida comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2012.
Art. 3º - Notifíquese la presente resolución a la empresa Cablevisión S.A.
Art. 4º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - Mario G. Moreno.

Uruguay: Investigan a Ángel Remigio González y González por compras de radios

El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay investiga "grupo económico", relacionado con Ángel Remigio González y González, que controla 11 emisoras radiales y espera sus descargos para tomar decisiones
La organización no gubernamental (ONG) Grupo Medios y Sociedad (GMS) presentó el martes los descargos del informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que estableció que correspondería que el Ejecutivo revocara los permisos de 11 emisoras radiales privadas que violentan la normativa vigente por formar parte de un mismo "grupo económico" disimulado por medio de testaferros. El subsecretario Edgardo Ortuño señaló en diálogo con la diaria que la cartera tomará una decisión una vez que se diligencien las pruebas presentadas en los descargos, para lo cual se vence el plazo esta semana.
El informe jurídico del MIEM llegó el 13 de diciembre como respuesta a la denuncia realizada por el GMS, en 2009, ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). La organización le solicitó a ese organismo que investigara las transferencias de titularidad de las emisoras individualizadas como pertenecientes al Grupo Sarandí y al Grupo Sofía, este última de Miguel Sofía, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por su responsabilidad en los asesinatos de Manuel Ramos e Ibero Gutiérrez y las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, crímenes que la Justicia atribuye al Escuadrón de la Muerte.
Las 11 emisoras son Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana, Radio Disney, Emisora del Plata, Futura FM, Radio Real de San Carlos, Emisora Cenit, Emisora Santa Rosa y La Pedrera. GMS denunció que todas estas habían sido adquiridas por el empresario mexicano-americano Ángel González mediante "terceras personas", y que las últimas siete mencionadas, pertenecientes al Grupo del Plata, conforman una "concentración disimulada" por medio de prestanombres o familiares.
Tras la investigación, la Asesoría Jurídica del MIEM determinó que estas 11 emisoras privadas pertenecen a un mismo "conjunto económico", es decir, a un mismo grupo empresarial. Llegaron a esa conclusión a partir de constatar que en algunos casos se compartía un mismo domicilio o tenían similitud de actividades o intercambiabilidad de trabajadores.
En este caso, el Grupo Sarandí y el Grupo del Plata funcionan en una misma dirección en Montevideo, lo cual resultó probado por Jurídica del MIEM tras las inspecciones realizadas en las instalaciones del edificio donde están radicadas las oficinas de siete emisoras. Además, componen el Grupo Mont Sololei Sociedad Anónima, según surgió del informe de facturación de publicidad que desde el MIEM se solicitó a la Intendencia de Montevideo. La misma información, solicitada a la Dirección General Impositiva, fue negada por este organismo alegando "ausencia de un deber de proporcionar información a la Ursec".
De esta manera, la Asesoría Jurídica determinó que dicho grupo económico viola el decreto 734/978 que regula actualmente los servicios de radiodifusión. El artículo 12 establece: "Una persona no puede ser beneficiada a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM - FM - TV)". Por esta razón, concluye: "Correspondería al Poder Ejecutivo dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas".

Para el ministro
En los descargos, GMS enfatiza en el hecho de que el "centro de decisión" de las 11 emisoras es el administrador de Radio Sarandí, Fernando Cohelo, y quien aparece como titular de Futura, y de otras radioemisoras, es Carlos Molinari, "al igual que en Radio Real de San Carlos y Emisora del Plata (todas del ex grupo Sofía-Troncoso), pero el dictamen de referencia nada dice respecto a ese titular". También denuncian que la dirección liderada por Cohelo determinó días atrás el cierre de varios programas en Futura y el despido de "buena parte" de su personal.
La ONG también reclama que no se aborda lo relacionado con la titularidad de Ángel González teniendo en cuenta que es "un punto de central importancia", ya que nuestra normativa prohíbe que ciudadanos extranjeros sean titulares directa o indirectamente de licencia para explotar frecuencias que administra el Estado uruguayo. Sobre este punto, Jurídica del MIEM explica que la información solicitada a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior "resultó insuficiente". En ese sentido, GMS aporta en los descargos el número de pasaporte de González para "conocer cuándo y cuántas veces y en qué fechas este ciudadano ingresó al país".
Asimismo, entienden que, además las consideraciones de Jurídica del MIEM sobre la violación del decreto 734, deben tomarse en cuenta "las graves consecuencias que tiene para la diversidad cultural y el pluralismo informativo la concentración de las emisoras en un solo grupo extranjero". "Radios pioneras como Radio Real de San Carlos o Futura FM han sido desmanteladas para pasar a ser simples repetidoras de la producción de Radio Sarandí en Montevideo. Otro tanto pasa con Radio Cenit de Rivera y Radio La Pedrera, que tampoco tienen producción local y se han transformado en simples bocas de salida de la producción que centralmente se realiza en Montevideo", señala GMS.
El subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que las pruebas propuestas por el GMS y las que presenten los denunciados serán dirigenciadas por la asesoría, que emitirá un informe final. Una vez que esto suceda será analizado por el ministro de Industria, Roberto Kreirmerman.
Fuente: La Diaria

miércoles, 28 de diciembre de 2011

Chile: Grupo Bethia concreta promesa de compraventa del canal Mega por US$ 143 millones

La decisión fue comunicada a través de un hecho esencial. El Grupo Bethia S.A. confirmó que fue aceptada la oferta vinculante de compraventa por la totalidad de las acciones de Red Televisiva Megavisión S.A. La transacción se llevará a cabo en marzo próximo
Cristalerías Chile confirmó, a través de un hecho esencial, el acuerdo para la compra de la estación televisiva Mega por el grupo Bethia, tal como se había conocido en los últimos días.
El hecho esencial consigna que la transacción asciende a 143,5 millones de dólares, más la caja disponible en Mega.
De acuerdo a la promesa de compraventa, el traspaso debería concretarse el 15 de marzo próximo, "sujeto a la única condición suspensiva que a dicha fecha se hayan obtenido las autorizaciones gubernamentales que en derecho correspondan para la transferencia de las acciones de Mega".
Cristalerías Chile reconocería, una vez cerrada la transacción, una utilidad aproximada de 60 millones de dólares, después de impuestos, en sus estados financieros.
El holding Bethia, ligado a los empresarios Liliana Solari y Carlos Heller y controlador de la multitienda Falabella, había manifestado en las últimas semanas su interés por adquirir el 100% de la estación televisiva.
El grupo Claro, propietario hasta ahora del canal, experimenta un complejo panorama financiero que ha sido evidenciado por la reciente venta de una participación en su histórico "buque madre", la Compañía Sudamericana de Vapores, al grupo Luksic.
Mega, antiguamente Megavisión, fue fundado como una inédita iniciativa privada en la industria televisiva chilena por Ricardo Claro, fundador del grupo económico, quien falleció en 2008. Desde entonces ha logrado en varias oportunidades alcanzar a los "dos grandes" del mercado, TVN y Canal 13.
La confirmación de la promesa de compraventa es el cambio más importante en el escenario de la TV chilena desde la adquisición de Chilevisión por el grupo estadounidense Time Warner, en agosto de 2010.
Fuente: Emol

Piden sesión extraordinaria en el Consejo de la Magistratura por el caso Cablevisión

Es para avanzar de manera "urgente" la investigación contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, quien dispuso el allanamiento y la intervención a la empresa Cablevisión. El pedido vino de Alejandro Fargosi, miembro del organismo
El abogado Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, reclamó a ese cuerpo llamar a una sesión extraordinaria "con la máxima urgencia" para avanzar con la investigación contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, quien dispuso el allanamiento y la intervención a la empresa Cablevisión.
El representante de los abogados de todo el país le pidió al presidente del Consejo, Mario Fera, que convoque a esa sesión especial en enero para tratar las denuncias contra Bento ante la "gravedad institucional" que implican.
"Pido convoque con la máxima urgencia posible a una sesión extraordinaria del plenario, para tratar las denuncias formuladas contra el señor juez federal doctor Walter Bento, que no solo se han convertido en hechos públicos y notorios sino que se refieren a un caso de gravedad institucional", dijo en la misiva.
Fargosi advirtió que la moción estaba fundamentada "en la gravedad institucional manifiesta que pueden tener tanto la resolución del doctor Bento como las denuncias formuladas contra él, toda vez que en esa decisión pueden verse afectados no solo el debido proceso sino el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa consagrados en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional".
La empresa Cablevisión denunció al juez mendocino por "mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, mala conducta, arbitrariedad y falta de apego a la ley y a la Constitución".
"A efectos de un completo conocimiento de los antecedentes del caso -dijo Fargosi-, solicito al señor Presidente que se remitan de inmediato, a todos los señores Consejeros, copia de las denuncias recibidas contra el señor Juez Dr. Bento y copia del decisorio que las motivan, que los denunciantes afirman configura un caso de manifiesto desconocimiento del derecho aplicable".
Fargosi sostuvo que "la urgencia se agrava dado que por el artículo 1 del reglamento" del Consejo de la Magistratura "recién a principios de febrero se convocará a Plenario, con lo que si no se lleva a cabo una sesión extraordinaria en enero, el tratamiento de este tema sería demorado, con los efectos que esto implicaría".
Fuente: Parlamentario.com

Cristina Kirchner vs. Clarín. La madre de todas las batallas

En 2012 el Gobierno enfrentará un contexto mundial recesivo y una dura lucha contra el moyanismo, pero la definición de su disputa con el multimedios que aún conduce Héctor Magnetto es considerada en la "mesa chica" del poder como una pieza clave del proceso de construcción de una herramienta política sin retorno, el proyecto nacional y popular en marcha
Por: Julio Villalonga*
La incertidumbre azota a la cúpula del Grupo Clarín. La estrafalaria intervención de CableVisión, concretada por un juez mendocino teledirigido e inmediatamente apelada por los abogados del CEO del grupo, Héctor Magnetto, le demostró a éste y a sus principales colaboradores que la situación no tiene retorno.
Según aseguró a gacetamercantil.com una alta fuente del Gobierno de Cristina Kirchner, esa maniobra judicial atribuida a la inefable pareja Vila-Manzano no fue promovida por el Ejecutivo. Lo que, en caso de que fuera cierto, resultaría más grave para Clarín porque estaría demostrando que un aliado táctico del Gobierno nacional como lo es apenas el consorcio de medios del autoelegido presidente de la AFA en las sombras y del ex ministro que robaba para la Corona menemista, ha decidido saltar sobre la yugular de un tigre al que consideran herido de muerte.
No es que, en realidad, el Grupo Clarín esté ya al borde su extinción y es por todos conocido el alto grado de aventurerismo de esta pareja. El escandaloso allanamiento de esta semana en las oficinas centrales de CableVisión no sería, en otro contexto, determinante, pero en las actuales circunstancias se convierte en un hecho peligroso.
Puede que la operación judicial de Vila-Manzano no fuera conocida por el Gobierno, pero el ex funcionario menemista acudió a la Casa de Gobierno hace tres semanas para conversar con el entonces secretario de Comunicación Social, Juan Manuel Abal Medina. Y nunca se difundió públicamente el contenido de esa charla.
Paralelamente, se activó la ofensiva de la Administración Kirchner contra Clarín con la sanción de la Ley de Papel Prensa, que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de papel diario. A esta altura, Magnetto y su "staff" tienen en claro que no hay posibilidad alguna de volver atrás este conflicto.
Esta certeza no le fue transmitida aún a David Martínez, la cabeza visible de Fintech, un fondo de inversión que es dueño del 40% de las acciones de CableVisión. Martínez es, en rigor, un testaferro de Carlos Slim, el empresario mexicano que aún ocupa el primer lugar en el ránking de los hombres más ricos del mundo. Lo que Slim no puede o no quiere adquirir estampando su firma, Martínez lo hace a cambio de alguna ganancia. Hasta hace tres meses, el titular de Fintech repetía a quien quisiera escucharlo que Clarín le había asegurado que la "guerra" con el Gobierno había llegado a su fin. En algunos medios no muy informados llegó a filtrarse esta versión.
Un mes atrás, Martínez mantuvo una áspera reunión con Magnetto por esta cuestión. Desde ese momento, en la conducción de Clarín se produjo una división entre quienes sostienen la trasnochada idea de que podrían "entregar" el diario y Canal 13 a cambio de algún tipo de tregua con el Gobierno y antes de arriesgar a la verdadera "joya de la corona", encarnada en la megaempresa CableVisión/Fibertel. Y, por otro lado, los que creen que, en primer lugar, esa posibilidad es absolutamente remota. Y, además, que ahora sólo cabe resistir, único punto de unión, hoy, entre Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.
Un abogado que trabaja con Martínez y conoce muy bien estas idas y vueltas es Mariano Ibáñez, un ex director general de CableVisión que abrió el camino para que Clarín concretara la fusión ilegal de esta compañía con Multicanal en 2006. Ibáñez confesó no hace mucho que la situación de su jefe mexicano es complicada porque el negocio, tal como están las cosas, "está muerto". ¿A qué se estaría refiriendo Ibáñez? A que Clarín engañó a Slim, a través de Martínez, durante estos años, y a que hoy cualquier tipo de salida sería sumamente onerosa para el grupo, que podría verse obligado a vender en partes CableVisión/Fibertel a un precio que obligaría a Slim a asumir una pérdida muy importante. El 40% de las acciones que Fintech (Slim) tiene en la mayor empresa de TV por cable de América latina (CableVisión) le habría costado unos 1.500 millones de dólares.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dijo esta semana que Fibertel "no existe". Es cierto, Fibertel es un nombre de fantasía, una marca en el mejor de los casos. La empresa Fibertel fue absorbida por la sociedad anónima CableVisión poco después de la fusión de ésta con Multicanal, hace un lustro. CableVisión era una operadora deTV por cable y Fibertel, una empresa proveedora de servicios de Internet. Tenían fines determinados. Fibertel S.A., por ejemplo, era dueña de una licencia para operar. Al desaparecer absorbida por CableVisión, esa licencia también desapareció. Esto es lo que afirman los abogados de Moreno: cuando la justicia opine, dirá que si Fibertel desapareció, con ella desapareció esa licencia. Por lo cual CableVisión brinda un servicio que no puede dar. Y cobra por ello millones de pesos por año.
Cualquier grupo que quisiera adquirir CableVisión, en caso de que uno solo estuviera en condiciones de tragar ese "bocado", antes debería tener resuelto este "problemita". Y otro que se deriva de la mala redacción de la Ley de Medios, que tanto en su artículo 161 como en sus normas reglamentarias habla de "licencias" o de "servicios", indistintamente, y no repara ni trata la "transferencia de acciones", lo que a la ya compleja situación de la mayoría de los multimedios se añade una cuestión interpretativa que puede provocar una catarata de presentaciones judiciales.
Mientras que se observa con atención lo que ocurre con el Grupo Clarín, por debajo pasan los casos no menos significativos de Telefé, propiedad de Telefónica Internacional; Canal 9, del empresario mexicano Remigio Ángel González González; Grupo Hadad, con su señal de aire C5N y su media docena de licencias de radio en la misma zona geográfica; y CIE-Rock&Pop, una red de radios similar a la de Hadad pero administrada por Raúl Moneta, en litigio con el empresario "neo-K" Matías Garfunkel.
Para algunos de estos grupos, que no están bajo el "paragüas" de la medida cautelar contra el artículo 161 de la Ley de Medios, el plazo de desinversión de un año comienza a regir hoy, 28 de diciembre. Enfrentan varias opciones, entre otras, vender de manera voluntaria y/o esperar a que la autoridad de aplicación (el ex ComFeR, actual AFSCA) licite las licencias excedentes en manos de un solo dueño.
En el caso de las empresas de TV por cable del Grupo Clarín la situación es más compleja. Desde 1996 los cables fueron adquiridos y transferidos sucesivamente. Las empresas compradoras fueron absorbiendo o fusionando las sociedades individualmente adquiridas, hasta llegar a la fusión máxima de Cablevisión y Multicanal, en 2006. Ese proceso "societario" de absorción y fusión de sociedades no recibió las aprobaciones administrativas de las licencias, por el ComFeR antes y ahora por la AFSCA. De ahí que no resulte fácil saber qué cables del Grupo Clarín estarían en infracción. Además, eso depende de su "voluntad", ya que para el cómputo valdría igual una licencia en Capital Federal que en Calamuchita. Es decir, que echar para atrás el proceso de fusión es sumamente complejo y la única alternativa sería la partición de la compañía, lo que facilitaría la aparición de compradores ya que cada unidad obligaría a una inversión menor que si se pretendiera vender toda la compañía fusionada, que tiene casi 3 millones de clientes.
Una variante analizada en el máximo nivel del Gobierno sería la de autorizar a las compañías telefónicas a brindar el servicio de "triple play", es decir, ofrecer telefonía fija y celular junto con internet y televisión. DirecTV y Telecentro ya lo hacen en varios lugares en alianza con Telefónica. Esta opción enfrenta resistencias fuera y dentro del Gobierno.
Lo único claro es que se dispara un proceso en el que la regla será el caos. Y, muy probablemente, la arbitrariedad.
*Director de Gaceta Mercantiljvillalonga@gacetamercantil.com

Paro en CN23 por despido

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) informa que los trabajadores de prensa de CN23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, junto a la UTPBA y la Intercanal, se encuentran realizando un paro de actividades en reclamo de la reincorporación del compañero Franco Illanes, motociclista de redacción.

A su vez exigimos:
-La regularización de la situación laboral de Illanes y su encuadramiento según el convenio de prensa televisada 124/75.
-Exigir el aumento salarial que la empresa otorgó a otros sectores en una clara actitud discriminatoria.
-Reclamar para Sol Urroz igual remuneración que la percibida por los periodistas por aparición en Cámara.
-Que la empresa recomponga el salario del periodista Rafael García Palavecino, con la suma por aparición en cámara correspondiente y en forma retroactiva.
Trabajadores de Prensa de CN23
Última hora: Según @interradial: Reincorporaron al colega Franco Illanes de CN23. Ver anterior: Resolución de la Asamblea de los trabajadores de CN23

Confirman en Mendoza al juez Walter Bento en la causa “Supercanal c/Cablevisión”

Lo resolvió este miércoles la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza. No hizo lugar a una recusación planteada contra el magistrado que pretendía su apartamiento de la causa por “prejuzgamiento”
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó hoy al juez Walter Bento en la causa “Supercanal S.A. c/ Cablevisión S.A.”, al desestimar la recusación que la empresa había planteado contra el magistrado, informaron hoy fuentes judiciales.
La Sala A del tribunal resolvió en su fallo que "evaluadas las razones expuestas por el recusante como así también el informe rendido por el juez de primera instancia, se estima corresponde rechazar la recusación deducida".
Cablevisión, a través de su abogado Daniel Estrella, había pedido el apartamiento de Bento por "causal de prejuzgamiento" porque "ha demostrado un interés en el pleito, lo cual amerita que sea apartado del proceso a fin de proteger los derechos de defensa y debido proceso".
Pero la Cámara mendocina sostuvo que "el prejuzgamiento, como causal de recusación solo se presenta cuando dentro del proceso, sin razón alguna que lo justifique, en forma totalmente intempestiva, el magistrado adelanta el resultado final del litigio".
"Muy por el contrario", indicó la Cámara, Bento "ha despachado una medida cautelar solicitada, merituando para ello la presencia de los presupuestos propios de la precautoria, y que, a su criterio la hacían procedente, por lo que la decisión adoptada se enmarca en las funciones jurisdiccionales propias, para lo cual fue llamado a resolver".
El juez Bento otorgó un amparo a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, responsables del cable Supercanal, que aludían "conductas anticompetitivas", pese a que Cablevisión no opera en Mendoza. Ello derivó en un allanamiento a la empresa y a su intervención, el pasado 20 de diciembre.

Fuentes: DyN y Centro de Información Judicial

Pascual Serrano: "La legislación que está cambiando Cristina Kirchner es la que había en la dictadura"

Por: Luis Balcarce
"Para escribir hace falta valor y, para tener valor, hace falta tener valores". Pascual Serrano (Valencia, 1964) periodista especializado en política internacional y análisis de los medios de comunicación, publica en su nuevo libro, Contra la neutralidad, un alegato en favor de periodistas legendarios que renegaron de la neutralidad y la equidistancia.

En sus páginas el escritor retrata los pasos de John Reed, Ryzard Kapuścińsky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa, figuras comprometidas -entiende Serrano- con valores y principios, que no tuvieron miedo en adoptar una posición y "tomar partido".
Pascual Serrano apela que la neutralidad no existe, que la imparcialidad es un mito falso y que los medios tienen una obsesión por presentarse neutrales y objetivos.
Hoy en día, comenta, no tiene cabida la pasión del periodista, sino que éstos se atañen a unas directrices que pone el medio para el que trabajan. Pero, ¿es eso cierto? ¿Falta compromiso político en la prensa actual? Podemos pensar lo contrario cuando vemos, por ejemplo, eslóganes como el de La Gaceta, "Orgullosos por ser de derechas", o lo mismo ocurre con la Sexta. Pascual Serrano no cree oportuno hablar hoy en día de información en televisión, sino de info-entretenimiento.
En lo que atañe a los periódicos sí observamos, comenta el fundador de la web Rebelion.org, una línea editorial clara, unos marcos editoriales muy claros, pero la información siempre la presentan como neutral. Muestran la versión de varias partes del conflicto, pero no nos dan la respuesta verdadera.
Comienza el libro citando a Iñaki Gabilondo, en un discurso en el que criticaba a los periódicos por centrarse más en el soporte que en la información, y sin embargo, vemos que no deja de ser un discurso teórico y de cara a la galería porque a la hora de mojarse y tomar partido, Gabilondo lo ha hecho por su empresa.
"Estamos en una sociedad cobarde, que no es coherente en su comportamiento. La gente tiene miedo defender unas ideas claras en su entorno de trabajo"
Con esto, aclara, no quiere reivindicar el periodismo panfletero, ni militante, sino periodismo como el que hacía John Reed, basado en la defensa absoluta y prioritaria de la verdad, y recurriendo a las fuentes informativas originales: los testimonios de los testigos.
Fuente: Periodista Digital

martes, 27 de diciembre de 2011

FM Sapucay sufre la falta de equipamiento a un mes del incendio

La radio FM Sapucay, de Alba Posse, Misiones, podría volver a quedar en silencio ya que sólo se reactivó provisoriamente con equipos prestados para salir de la emergencia

Luego de pasados 39 días del atentado que sufriera la FM Sapucay en la localidad de Alba Posee, la radio podría volver a dejar de transmitir debido a que los equipos que están utilizando son prestados. El titular de la FM, Vitalino Acosta, ya ha declarado que no está en condiciones de adquirir nuevos equipos. En este contexto, el titular del FoPreMi (Foro de Prensa de Misiones), Ricardo Arrúa, difundió un comunicado para exponer la situación que “preocupa no solo a los trabajadores de la emisora, que volverán a quedar a la deriva en cuanto a su fuente laboral, sino también a distintas instituciones y vecinos de la zona.”
De acuerdo con el comunicado, la radio representa un reaseguro de pluralidad en la opinión pública, “la única vía para contar nuestros problemas y decir lo que no nos gusta, porque en todos lados cuestionan demasiado y no te dan espacio si uno es crítico”, a decir de uno de los integrantes del movimiento No a Garabí, que rechaza la construcción de nuevas represas hidroeléctricas en Misiones y que tienen en la FM Sapucay a una de sus más activas herramientas de difusión.
El propietario de la FM, Vitalino Acosta, dijo que no tiene medios para adquirir los equipos incendiados que componen la torre de transmisión de la radio y que tienen un costo superior a los 15 mil pesos. “Pese a la solidaridad de todos es muy difícil juntar tanta plata, así que realmente no sabemos cuándo podremos reponer los equipos en forma permanente”, lamentó.
La FM Sapucay no es la primera radio de Misiones cuyos periodistas padecen algún tipo de amedrentamiento o ataque contra la libertad de expresión, pero sí una de las primeras que recibió la solidaridad y las voces de repudio de todo el mundo, literalmente. Además del acompañamiento del Foro de Trabajadores de Prensa y Comunicación social de Misiones (FoPreMi), también intervinieron reclamando el esclarecimiento del hecho el Foro del Periodismo Argentino (FoPeA), la organización internacional por la Libertad de Expresión IFEX, con sede en Canadá y Reporteros sin Fronteras – RSF.
Paralelamente el caso tuvo profusa cobertura en los medios misioneros y decenas de radios y canales nacionales. Ante el despliegue informativo, el Ministerio de Gobierno de la provincia comprometió “todo el esfuerzo para esclarecer el hecho y encontrar a los culpables”.
El incendio de la torre de transmisión de la FM Sapucay ocurrió en la madrugada del 18 de noviembre pasado. Las pericias realizadas por los investigadores de la Policía de Misiones esa misma mañana, determinaron que el fuego comenzó por la intervención intencional de una o más personas, que rociaron combustible en las instalaciones. Todavía no se tienen indicios de quiénes podrían haber sido los autores del hecho.

Repudian mensajes sexistas en el programa radial “La Mañana Rosarina”

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión* saluda la acción de más de 60 organizaciones civiles que obligaron a que un periodista de la ciudad de Rosario se retractase públicamente de sus dichos sexistas
“Las mujeres no sirven para nada. Sólo sirven para fifar, tener hijos, amamantar, cocinar, baldear, planchar y lavar platos” fueron las palabras del periodista Raúl “Bigote” Acosta, el 22 de noviembre en su programa “La Mañana Rosarina” emitido por LT3** de esa ciudad. Semejante mensaje sexista fue repudiado por este observatorio, así como por Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR) que junto a más de 60 organizaciones lanzó una campaña contra esas declaraciones. Tras las repercusiones del caso, Acosta debió retractarse públicamente, no obstante sus disculpas concluyeron con un “No lo haré más, Señorita” no exento de ironía.
Desde aquí señalamos que mensajes como éste violan las leyes contra la Discriminación y de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como considerandos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por esta razón, además de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones mencionadas, el Estado, desde distintas instancias, se hará cargo de analizar el caso.
*El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual(AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)
**Emisora de UNO Medios

Ámbito Financiero: Retornaron operaciones del "Monopolio Clarín"

El Grupo Clarín nunca le perdonó a este diario que, haciendo uso de su independencia, diera cuenta del grave perjuicio que le provoca al país la existencia de un monopolio de prensa. A lo largo de 35 años, Clarín lo intentó todo para callar a Ámbito Financiero, ya fuera comprarlo, ofrecer pactos, ahogarlo con la provisión de papel, descalificar a sus periodistas y directivos o espantar o bloquear a sus anunciantes.
El pasado lunes 19 de diciembre, este diario afirmó lo que siempre sostuvo en un breve artículo. Ya lo habían destacado en el Congreso sus directivos en septiembre de 2010 en las audiencias públicas que se celebraron sobre el tema papel de diarios. De esas audiencias, Clarín se negó a participar. "Es incompatible con la democracia y la libertad de mercado la existencia de un monopolio en la fabricación del papel para diarios", señaló Ámbito Financiero. Era intolerable esto antes, cuando el "monopolio Clarín" conseguía de la Casa Rosada las leyes que quería cualquiera fuera el Gobierno de turno, y lo sigue siendo ahora, después del quiebre de 2008 con los Kirchner.
Cuatro días más tarde, en su carácter de accionista principal y controlante de Papel Prensa, el monopolio Clarín creyó que era oportunidad de otro escarmiento para imponer su pretendido temor reverencial en los medios de la Argentina. Lo hizo a su modo: montando una operación desinformativa e instalando una falacia. Publicó el viernes que las ventas de Ámbito Financiero estaban en descenso y que era superado por competidores. No citó fuentes, situación carente de rigor profesional. Señalaba Clarín que se debió a que este diario se volvió "oficialista". Curiosamente en la misma semana, el miércoles 21, Cristina de Kirchner se refirió a Ámbito Financiero como «un matutino que no tiene ninguna simpatía con este Gobierno». Incluso, refiriéndose siempre a un artículo escrito ese día en página 3, la Presidente señaló: «Se ve que el que escribía no es de nuestra ideología ni de nuestra corriente».
La torpeza del montaje nos ahorra mayores aclaraciones. Ámbito Financiero vende en Capital Federal y GBA más de dos veces la cantidad de su más inmediato competidor. La influencia de Ámbito Financiero y su condición de ser uno de los diarios especializados en economía de mayor difusión de habla hispana, a enorme distancia de sus tres seguidores locales (Comercio y Justicia, en Córdoba; BAE y El Cronista), no se verán menoscabados por un manotazo del Gigante imperial que trata de preservar sus privilegios como sea, aun a costa de aplastar a colegas.
Como dato, y para poner la luz a tamaña mentira, publicamos el resultado de la auditoría efectuada por KPMG durante marzo de 2011 en nuestra planta de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha auditoría constató la tirada promedio de esa boca los días 17, 21 y 23 de marzo de 2011. Su promedio arrojó más de 36.000 ejemplares. También deseamos destacar que de acuerdo con la verificación que realiza Comscore-Certifica.com, empresa especialista a nivel mundial en mediciones on line, durante noviembre de 2011, de las más de 100.000 personas únicas que ingresan al sitio ámbito.com, un promedio de 22.000 personas por día de lunes a viernes leyeron el diario tal como sale impreso. A ello se le deben adicionar los ejemplares de suscripciones que Ambito Financiero distribuye y los que se imprimen todos los días en las plantas de Neuquén, Rosario, Córdoba, Resistencia y Mendoza.

Nuestros lectores son testigos de que cuando se produjo el quiebre entre el Gobierno y el monopolio Clarín, estas páginas eligieron informar con rigurosidad pero con prudencia sobre todo lo que surgiera de esa batalla entre exaliados. Más allá de que Ámbito Financiero bregó toda su vida por el fin de los monopolios de prensa, preferimos ahorrar a nuestros lectores el zarandeo permanente de las operaciones de uno y otro lado. Mientras entretenían a los contendientes, esas agresiones de ida y vuelta carecieron muchas veces de rigor informativo. Gracias a la objetividad, más lectores valorizaron la postura asumida por Ámbito Financiero de informar y no operar.
Más allá de estas consideraciones de uno y otro sector, que leemos con atención pero que no modifican nuestro pensamiento, se presenta penoso que un monopolio mediático que consensuó tapas y negocios con todos los gobiernos, especialmente entre 1976 y 2008, acuse a un competidor de haber sido cooptado por el Poder Ejecutivo.
Lo importante para destacar es que el monopolio Clarín se cruzó de vereda y ahora pretende disciplinar a todos los medios para que se sumen a su estrategia, y exige que la sumisión sea aceptada con fervor. El uso de la fuerza hizo convencer al Gigante de que sus derechos son infinitos.
Ámbito Financiero, dentro del juego democrático, tiene un extenso listado de disidencias con un Gobierno como el actual, que cree en una presencia estatal exorbitante en la economía y en modos institucionales que son antimercado. Pero también este diario tiene coherencia, objetividad, memoria y lealtad con sus ideas.
El monopolio Clarín inventa un dato y luego dedica unas líneas a fabular una explicación. Quizá prefiera ese camino a explicar por qué, según el Instituto Verificador de Circulaciones, en 12 años Clarín pasó de vender 645.000 ejemplares diarios promedio a 288.000 (trimestre agosto-octubre pasado). Sólo desde que se rompió la alianza con la Casa Rosada, en 2008, la circulación del diario se redujo aproximadamente en un 20%, refutando así su propia construcción teórica sobre la relación ventas-posicionamiento, y que fuera la base de su propia nota.
¿Se preguntará algún día el monopolio Clarín si su caída en circulación se debió a los procedimientos antiperiodísticos brutales con los que encaró su amada batalla?
Fuente: Ámbito Financiero

Solicitada de un monopolio a otro: "No tienen límites"




No tienen límites
La alianza del gobierno y el Grupo Vila-Manzano busca destruir una empresa líder de televisión y banda ancha con 3.2 millones de clientes y 9.200 trabajadores.
Con el aval explícito de funcionarios del Gobierno Nacional, el ex ministro menemista José Luis Manzano y Daniel Vila -empresario mendocino con varias causas penales- han vuelto a realizar una operación político-judicial desvergonzada.
El Grupo Vila-Manzano es un aliado privilegiado del Gobierno Nacional. En 2011 incrementó un 700 por ciento la pauta o?cial que recibe, además de multiplicar sus numerosos negocios con el Estado en rubros como casinos, energía, petróleo y obras públicas.
Armó así una trama ilegal y escandalosa en la que conviven un juez mendocino sin competencia, personajes vinculados a ese grupo como operadores de la maniobra y hasta oscuros agentes de inteligencia privados.
Lo hizo en base a una denuncia disparatada, que jamás probó.
Este modus operandi mediático y financiero actúa mediante una compleja red de vínculos y mecanismos de presión sobre sectores del poder judicial y administrativo, no sólo de Mendoza. De esta conducta ma?osa han sido víctimas numerosos empresarios, provincias, municipios y hasta universidades nacionales.
Ahora que se corrió el velo, buscan defenderse apelando a nuevas mentiras, a campañas de desprestigio y al apoyo de empresas de cable que en realidad son propiedad de ellos. Todo un desvarío, agravado por la participación de funcionarios políticos y judiciales que se prestan a esas maniobras.
Tras su fusión en el 2007, Cablevisión sumó 1.600 empleados hasta llegar a los 9.200, invirtió 1.000 millones de dólares, y se consolidó junto a Fibertel como la empresa de mejor tecnología en el país. Compite intensamente en todos los lugares donde brinda servicio.
Trabajamos día a día para que cada vez más argentinos nos elijan. Dar el mejor servicio con la mejor tecnología es nuestro desafío y vamos a continuar haciéndolo, aún cuando algunos pretendan apelar a la peor violencia: la del Estado.
Buenos Aires 27 de diciembre de 2011.
Ver anterior: Sostienen que el gobierno le otorgó a Supercanal más licencias que las permitidas

Sostienen que el gobierno le otorgó a Supercanal más licencias que las permitidas

Esta situación irregular demuestra el vínculo entre el kirchnerismo y el Grupo Vila-Manzano
Es cada vez más claro el vínculo estrecho entre el grupo Vila-Manzano -que logró la intervención judicial de Cablevisión- y el Gobierno, a través del reciente otorgamiento de más licencias que las permitidas por la ley de medios audiovisuales.
Esa normativa estableció que un grupo puede tener hasta 24 licencias de TV por cable. Como Supercanal tiene 46, tendría que desprenderse de 22 licencias antes del 29 de diciembre, como fijó AFSCA (ex ComFeR). Pero como logró una medida cautelar de la Justicia, puede conservar esas licencias hasta que se resuelva su situación judicial; y además AFSCA, le otorgó dos nuevas licencias de TV cable en las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, y La Falda, con extensión a Cosquín, en Córdoba.

Testaferros
Ambas licencias las otorgó AFSCA en noviembre a empresas creadas por Supercanal, integradas por "testaferros", según explicaron ayer técnicos del organismo. La de Rosario se la dieron a Gustavo Olarte (60%) y Alfredo Vila Santander (40%) -hermano de Daniel Vila, el dueño de Supercanal, junto al ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano-; mientras que la de Córdoba fue para el mismo Olarte (80%), con un socio minoritario, Ricardo Giaccio (20%).
El grupo Vila-Manzano opera en más de 170 localidades. Los técnicos de AFSCA aseguraron que sólo tendrían licencias para dar servicio en 59 localidades, pero que hay una decisión política de beneficiar a este grupo y que, por eso, no lo pueden sancionar.
Otras irregularidades que mencionaron los técnicos de AFSCA, son: Supercanal está en concurso de acreedores desde el año 2000, con lo cual no podría ser titular de ninguna licencia; el ex ComFeR -reemplazado por AFSCA- ordenó la caducidad de ocho licencias, sin que todavía se hayan dado de baja; y hay otras cinco licencias que están vencidas, porque el grupo no pidió "en término" la prórroga de su duración, aunque AFSCA tampoco las dio de baja.

Más irregularidades
Los técnicos del organismo oficial también dijeron que Supercanal opera en varias provincias con "testaferros", como la familia de Jorge Matzkin, otro ex ministro de Menem; que están en proceso de adjudicación de más licencias de TV por cable en 7 ciudades, incluyendo la Capital, a través de una sociedad a nombre del hijo de Daniel Vila; y que ya están concursando en los nuevos canales de TV digital en Capital y Tucumán, así como en 14 ciudades donde compraron los pliegos y planean presentarse cuando se abran los nuevos concursos en abril de 2012.
Pese a todas esas irregularidades, AFSCA le asignó a "testaferros" de Supercanal 2 nuevas licencias de TV por cable, por su estrecha relación con el Gobierno. Esa doble vara para medir a los medios adictos al kirchnerismo y a los críticos de la gestión oficial es una herramienta que también se verifica en la cantidad de sanciones que impuso AFSCA durante este año. A Cablevisión le aplicó 488 sanciones, frente a solo cinco que le aplicó a Supercanal.
Fuente: Diario Los Andes

El Diario El Cronista edita hoy:
Clarín acusa a Mariotto de darle más licencias a Supercanal
De acuerdo a datos aportados por fuentes del Grupo Clarín, antes de dejar su cargo como titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto le habría otorgado a la dupla Vila-Manzano cuatro licencias para ofrecer servicios de cable en varias ciudades del interior. Ayer, el diario Clarín informó que Fibra Hogar, a la que identifica como propiedad de los dueños de Supercanal, fue beneficiada con un servicio en Rosario, mediante la resolución 1670, de noviembre. En esta firma participa Alfredo Luis Vila Santander, hermano de Daniel Vila. También se menciona a otras tres empresas que estarían societariamente vinculadas con los empresarios. Una es Valle Punilla Comunicaciones, la cual recibió una licencia para operar un circuito cerrado de TV comunitaria en la ciudad de La Falda, en Córdoba. Además, se asegura que ITC Funes S.A, recibió autorización de la AFSCA para brindar un servicio similar en Funes, Santa Fe; mientras que la empresa TIC lo hizo para la ciudad de Rafaela, también en Santa Fe.
Según la denuncia, todas estas compañías están relacionadas con Vila-Manzano, quienes con Supercanal prestan servicios de televisión por suscripción en más de 170 localidades del país cuando sólo tendría licencia para explotar el servicio de televisión por suscripción en 59 localidades.
El Cronista intentó comunicarse telefónicamente con Supercanal pero hasta el cierre de esta edición la empresa no había respondido.

lunes, 26 de diciembre de 2011

"Diarios de todo el país publicaron una solicitada, manifestando su acuerdo con la decisión de intervenir Cablevisión"

Así lo dice el diario UNO Mendoza de Daniel Vila, olvidan decir si sus empresas, que firman esa solicitada, consiguieron gratis esos espacios en diarios del interior. Esto publica:

Esta es la solicitada:

Otro licenciatario de TV por cable llega a la ciudad Funes

Funes tendrá un nuevo cable. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación (AFSCA) le entregó una licencia a la empresa ITC SA para la instalación, funcionamiento y explotación de un circuito cerrado comunitario de televisión y una antena comunitaria en el Jardín de la Provincia
El presidente de la empresa, Walter Dato, y ya puso al tanto al Municipio y al Concejo local a través de una nota. Punto Biz accedió a una copia del expediente que aprueba la licencia, con la firma de puño y letra de Gabriel Mariotto, ex titular del ex ComFeR y actual vicepresidente de la provincia de Buenos Aires.
ITC SA deberá encargarse de solicitarles al Municipio y a la EPE permisos para la utilización del espacio aéreo o subterráneo y de postes o columnas para la fijación de la red.
En la resolución del Directorio de la AFSCA se menciona que Dato tiene el 60% de participación accionaria de la empresa. El resto le corresponde a una mujer, María Claudina Varsi.
A partir del 5 de diciembre, ITC SA tiene un año de plazo para materializar la instalación. Si no cumple con ese requisito, podrá solicitar una prórroga, “por única vez y por causales debidamente acreditadas”, de hasta un máximo de seis meses a contar desde la fecha de vencimiento.
En poco menos de dos meses, la empresa tendrá que enviar la documentación técnica definitiva del sistema. Asimismo, deberá adjuntar la nómina de señales satelitales a distribuir a los abonados, “acorde con la capacidad del equipamiento a utilizar”. En tanto, hasta que no reciba la habilitación final no podrá comercializar abonos ni incluir publicidad.

Competencia
ITC tendrá como rivales a Direc TV, Cablevisión y Cable Visión Funes. Los dos primeros se reparten el grueso de la torta, a pesar de que la empresa del Grupo Clarín no presta servicios en toda la ciudad. Solo lo hace entre las garitas 4 y 14.
En tanto, CVF tuvo su época de gloria cuando fue el primer y único cable de la ciudad. Pero con el paso del tiempo fue superado por la competencia, no incorporó tecnología y perdió una buena cantidad de abonados.
Fuente: Punto Biz


Otros datos ITC Funes S.A.
María Claudina Varsi es licenciataria de varias radios de frecuencia modulada en distintos puntos del país. Ella y Walter Raúl Dato constituyeron “ITC Funes Sociedad Anónima”.
El objeto de esta sociedad es realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes operaciones: La prestación y explotación de servicios de radiodifusión, internet, telefonía y cable, mediante el proyecto, instalación, explotación y mantenimiento de redes y sus elementos de conmutación asociados, destinadas a la transferencia de señales, procesada por medios electrónicos, actuales y futuros, terrestres en todas sus variantes o satelitales. Actividades y servicios en materia de producción artística, publicitaria e informativa, tanto para radio como para televisión, empleando los medios de difusión existentes o a crearse o en cualquier otra forma de transmisión, realización, distribución, compra, venta, y locación de programas radiales o televisivos, en vivo o gravados, comerciales, culturales, artísticos, informativos, educativos, de entretenimientos, deportivos u otros; comercialización de espacios publicitarios, instalación, administración, explotación de establecimientos de radiodifusión, grabación, y producción; contratación y subcontratación de artistas; adquisición, locación y explotación de concesiones, licencias y permisos particulares y oficiales en todo de acuerdo a las normas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Gobierno uruguayo cobrará canon a canales de televisión por ley

Esta semana el Poder Ejecutivo firmará el decreto que regula la televisión digital, aunque finalmente no incluirá el cobro del canon por la utilización del espectro radioeléctrico, una medida que apuntaba a fortalecer a la industria audiovisual nacional y que había sido cuestionada por la Asociación de Broadcasters Uruguayos (ANdeBU).
La gremial que nuclea a los operadores privados había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad alegando que los cambios tributarios no pueden decretarse y, por eso, el gobierno apelará a la elaboración de un proyecto de ley.
De hecho, el decreto que estará pronto en estos días incluirá un artículo que le encomienda a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DiNaTel) -dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería- la redacción del texto que se enviará al Poder Legislativo.
Las organizaciones sociales avalan que el Poder Ejecutivo haya tomado esta decisión en virtud de cuestiones de formas, pero reclaman que el proyecto tenga un ágil tratamiento. "Es correcto no dejar flancos abiertos, pero vamos a insistir en que se trata de una medida justa y que, por eso, tiene que tramitarse con rapidez. De hecho, los detalles de cómo sería este canon estaban en el borrador del decreto", dijo José Imaz, de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). Allí se exigían contraprestaciones económicas para quienes utilizan este bien público: aquellas empresas que facturen anualmente más de dos millones de Unidades Indexadas (unos 235.000 dólares) deberán aportar al Estado 1% de la facturación bruta, y las que facturen igual o por debajo de eso, 0,5%. Según Imaz, esos porcentajes, de hecho, son "sensiblemente inferiores" a los que se cobran en otros países de la región, algo que la Dinatel debería tener en cuenta al momento de elaborar el proyecto.

En casa de herrero
Las políticas públicas en comunicación fueron tema central de un taller realizado en el marco de la Cumbre Social del Mercosur, al que concurrieron especialistas de los cuatro países que integran el bloque y en el que quedaron reflejadas las dificultades para trabajar articuladamente.
Carlos Borgna, miembro de la cancillería argentina y coordinador de la reunión especializada de comunicación social del Mercosur, planteó la dificultad que su país tuvo para incorporar otros actores y puso como ejemplo el caso uruguayo. Borgna señaló que el objetivo del trabajo es acercar a los países en búsqueda de una comunicación democrática y que, en el caso uruguayo, recién ahora la CCD se está acercando al trabajo. Consultado sobre este punto, otro integrante de la CCD, Edison Lanza, opinó que a Uruguay le ha costado poder involucrarse en el trabajo de cara al Mercosur.
Carla Azevedo, jefa de comunicación del Instituto Social del Mercosur, dijo a la diaria que los países del Mercosur han avanzado en discusiones referentes a los cambios en las leyes de comunicación, pero que “aún falta mucho”. “No conocemos lo que verdaderamente está pasando dentro de los países [...]. Hace falta un estudio de diagnóstico que haga un análisis comparativo de la legislación de los países. Las leyes y realidades son distintas, pero hay desafíos que son comunes”, concluyó la funcionaria del Mercosur. En nombre de la CCD, Lanza planteó algunos de los avances en la legislación uruguaya impulsados por la sociedad civil y apoyados por el gobierno, como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Radiodifusión Comunitaria y la nueva Ley de Prensa. Asimismo, Lanza destacó algunas leyes pendientes, como la Ley de Servicios Audiovisuales y la de Asignación de Publicidad Oficial.
En el taller también habló Pedro Lanteri, coordinador de la Comisión de Comunicación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Dijo que en Argentina el proceso de implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales “está detenido en algunos aspectos”. Puso como ejemplo que el grupo Clarín recurrió a la Justicia en reclamo por algunos artículos de la ley y agregó que la oposición utiliza a los medios para “judicializar el conflicto, presentándose ante algunos jueces adictos a su ideología”, para “congelar su implementación”. Esto ocurrió con tres artículos, pero el más conflictivo es el que genera que el grupo deje de administrar cerca de 100 medios. Igualmente, Lanteri aseguró que la ley “está plenamente vigente” y que, como cualquier proceso, su implementación es gradual.
Fuente: Diario La Diaria

Clarín sobre el Grupo UNO: "Compraron la rotativa gracias a Carlos Heller. Menem asistió a la inauguración"

Una larga historia de negocios oscuros, estafas y testaferros
La sociedad Daniel Vila-José Luis Manzano, propietaria del Multimedios América, Diario UNO y Canal 9 (SIC es el 7) de Mendoza, entre otras empresas, esconde una larga historia de estafas y testaferros

El vínculo entre ellos nació tras la compra que Vila hizo de una pequeña parte de las acciones del canal mendocino. A partir de allí, comenzó a hostigar con denuncias penales a los directivos del canal por administración fraudulenta. Vila logró que todas las causas recayeran en el juez Orlando Vargas, quien procesó y detuvo a los directivos ante las cámaras de Supercanal, cable que Vila terminó de comprar por U$S18 millones con el aporte de Mastec Inc. de la familia del dirigente anticastrista Mas Canosa, que en realidad encubría el aporte de Manzano . Si bien el fallo fue declarado nulo por la Cámara del Crimen, el objetivo se cumplió: la ley de radiodifusión establecía que no podían ser directivos de medios quienes tuvieran procesos penales. Vila, con el guiño de Manzano -ministro de Carlos Menem- digitó al interventor. En 1993 crearon el diario UNO. La rotativa la compraron con un crédito de U$S3 millones, sin garantías reales, gracias a la amistad con Carlos Heller (NdE: actual diputado y titular del Banco Credicoop). Menem asistió a la inauguración Cuando ingresó como socio de América, Vila registraba 205 cheques rechazados sin fondos por $806.359 y sólo le habían abonado el 9% de sus libranzas según informaba el Banco Central. No menos delicada fue la situación en Córdoba. Compraron LV2 y se la traspasaron a Ignacio Julián Soba Rojo, que aparece como presidente de Delome SA, sociedad que para el juez Norberto Oyarbide “pertenecía a Ricardo Jaime o a su entorno y era usada para ocultar la verdadera propiedad de sus bienes”.
Fuente: Diario Clarín

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