Por: Rodolfo Barros
De no ser porque el juez federal de La Plata Elvio Sagarra, cuestionado por el Gobierno, dejó en suspenso la anulación de la licencia para operar de Fibertel, el proveedor de acceso de banda ancha de Cablevisión, la principal fuente de ingresos del Grupo Clarín, más de un millón de abonados podrían tener dificultades para acceder a la Red. En veinte días debería entrar en vigencia la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que dio de baja la licencia de Fibertel, pero todavía no se desarrollado una infraesctura que permita reemplazar el servicio, coincidieron los especialistas consultados.
“La Justicia salvó al Gobierno de un papelón”, sintetizó el consultor Enrique Carrier, en línea con lo que se piensa en el sector de telecomunicaciones, en el que se sabe que los usuarios de Fibertel sólo cuentan con una red alternativa: la de Telefónica o Telecom. Es que el 24 de agosto, cuatro días después de que Julio De Vido anunciara que Fibertel “no existe más”, el Gobierno intentó mostrar que tenía un plan para ordenar la migración y mandó al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones a publicitar un listado con 300 operadores de acceso a Internet. Provocó risas y hasta mini documentales en YouTube, ya que más de 80% de las enlistadas ya no existen o nunca dieron el servicio.
A ese papelón le antecedió el rechazo que provocó entre 6,7 de cada 10 personas la propia Resolución 100, según una encuesta pedida por PERFIL a Management&Fit. La desaprobación es tan alta que se cuenta entre las medidas más impopulares de la era K. Sólo 18% se mostró favorable.
Una semana después, el Gobierno se enteró de que la mano invisible del mercado no le alcanzaría para trasladar el 25% de los hogares con banda ancha a la red de las telefónicas. En el mercado se estima que Telefónica o Telecom deberían haber invertido unos US$ 500 millones en tres meses para absorber a los usuarios de Fibertel y mantener la performance de su red, lo que se consideró imposible. En esa línea se anunció el Plan Argnetina Conectada que con $ 8 mil millones convirtió al Estado en el principal inversor del sector, según el ex secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar. También ofrecieron créditos blandos para que las cooperativas amplíen su servicio y se anunciaron medidas para dinamizar el mercado, que a pesar de estar desregulado desde el 2000, tiene menos alternativas que entonces. “Mucho ruido y pocas nueces”, evaluó Carrier.
Mientras tanto, otro juez frenó la publicidad oficial anti Fibertel a pedido de la empresa, que denunció que varios de los supuestos ex clientes que aparecen en los spots son apócrifos. Su CEO, Carlos Moltini, estima que cerrará 2010 con 150 mil clientes más que el año pasado.
Fuente: Diario Perfil
Otras Señales
