martes, 24 de agosto de 2010

Cristina Fernández presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal de Papel Prensa

Cristina habló desde las 19.01 hasta a las 20.12 en el acto de difusión del informe Papel Prensa, La Verdad. "El informe será remitido a los organismos competentes para su posterior análisis", informó la Presidenta.
"Quien controla Papel Prensa, controla la palabra impresa; coincido con Clarín", ironizó. Hubo un pacto de sindicalización de acciones oculto desde 1977, denunció.
Hizo un pormenorizado repaso sobre las maniobras ilegales que derivaron en el control de la planta papelera por Clarín-La Nación.
Habló de sindicalizaciones "inentendibles", en en el arco político, a partir de directivas, sugirió, del Comité Directivo de Papel Prensa. Explicó cómo se perjudica al Estado, socio minoritario.
"Pienso que hay un poder que está por sobre la primera magistratura, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, mal que me pese; es invisible a los ojos", parafraseó a Saint Exupery.
El Procurador del Tesoro y el secretario de Derechos Humanos harán las presentaciones que correspondan ante los estrados judiciales, anunció.
Enviará esta semana al Legislativo un proyecto de Ley para declarar de interés público fabricar pasta celulósica para papel de diario, su distribución y comercialización.
Habrá un marco regulatorio para este insumo básico. Habrá tratamiento igualitario para todos los diarios argentinos en precio, condiciones y cantidades.
El Estado estará dispuesto a participar de inversiones para que no se importe papel para diarios.
La presidenta Cristina Fernández presentó hoy el informe sobre la actuación administrativa establecida en la resolución 126 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima de La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Grupo Clarín y La Razón Sociedad Anónima del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima, en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario de Casa de Gobierno
Allí anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal realizada por los socios privados de la compañía, y que remitirá al Congreso de la Nación proyectos de ley para declarar de interés público la producción de celulosa y papel, su distribución y comercialización.
El informe revela graves irregularidades cometidas durante el gobierno de la Junta Militar por las cuales se realizó la transacción, como así también cuestiona la administración de la empresa por parte de los socios privados, al tiempo que refuta terminante las versiones sobre la historia de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima que publicaron los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones de 27 de marzo y 4 de abril del corriente año.
El informe contiene constancias documentales, expedientes administrativos, papeles comerciales, constancias de causas judiciales, registros de archivos y actuaciones de la dictadura consistentes en actas de las Juntas de Comandantes y de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que insumen más de 26 mil fojas.
El documento será remitido a los organismos correspondientes para la prosecución de trámites administrativos y judiciales a los que dé lugar, dado que contiene probanzas irrefutables de la apropiación ilegal de la empresa por parte de los actuales sectores controlantes del sector privado de la firma.
El informe da cuenta que en el año 1977 se cometieron una variedad de delitos de lesa humanidad cometidos contra el denominado Grupo Graiver, cuya cabeza fuera el empresario David Graiver, fallecido en una en una catástrofe aérea el 7 de agosto de 1976.
El escrito presenta tres ejes que tipifican el desempeño de los accionistas del sector privado en Papel Prensa Sociedad Anónima:
- La apropiación de las acciones de clase A, decisivas para acceder al control de la empresa, por parte de los actuales socios privados de la empresa, con la utilización de instrumentos del terrorismo de Estado tales como amenazas, secuestros, desaparición forzosa de personas, tortura y privación ilegal de la libertad.
- La obtención de ventajas competitivas por parte de los socios privados de la empresa en detrimento de numerosos diarios de todo el país que pudieran constituir una competencia para sus empresas
- La puesta en marcha de un "pacto de sindicalización" por el cual los socios privados acordaron acciones en beneficio de sus propias empresas y en detrimento de la propia compañía Papel Prensa Sociedad Anónima, violando la normativa vigente.
En su presentación, la Jefa de Estado Agradeció la labor de la sindicatura, la Comisión Nacional de Valores, autoridades del Ministerio de Industria de la Nación, y funcionarios judiciales.
Acompañaron a la Jefa de Estado en el acto el diputado nacional y secretario general de Unasur, Néstor Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner; el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el ministro de Economía, Amado Boudou; gobernadores provinciales, ministros, jefes de los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de organismos de defensores de los derechos humanos, e invitados especiales.

Fuente: Casa Rosada


Los accionistas privados de Papel Prensa ante las falsedades de la Presidenta
Frente a las falsas y maliciosas acusaciones formuladas esta tarde en la Casa de Gobierno, los accionistas privados de Papel Prensa ratifican que:
La compra de Papel Prensa, concretada 34 años atrás por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, fue efectuada de manera absolutamente legítima.
La compra de las acciones de Papel Prensa tuvo lugar el 2 de noviembre de 1976 y se le dio amplia publicidad en los diarios de todo el país.
Los integrantes del Grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron secuestrados y detenidos al año siguiente de la venta, por imputaciones totalmente ajenas a Papel Prensa y su compra parte de los diarios.
Al momento de vender, los Graiver estaban libres, no habían sido secuestrados, torturados ni amenazados por la dictadura. Así surge de las causas judiciales en las que declararon en democracia, en las que relataron los vejámenes a los que fueron sometidos durante su secuestro e identificaron a sus responsables.
Los Graiver decidieron vender esa empresa, así como otros importantes activos de su propiedad, para cancelar cuantiosas deudas que tenían. Así lo declararon en la Justicia, en democracia La operación fue calificada por el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, padre del actual canciller, como "ventajosa para los Graiver".
Las acciones de la sucesión Graiver, reiteradamente mencionadas por la Presidenta, nunca fueron adquiridas por los diarios, que desistieron de dicha operación ante la indefinición del juez de la sucesión, que debía aprobarla. Dichas acciones pasaron al Estado Nacional, como otros bienes de los Graiver, y hoy son parte del paquete accionario con el que el Estado vota en la empresa.
El caso Graiver ya fue investigado en democracia por el Juez Miguel Pons y la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares. La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y la venta de Papel Prensa. La transacción también fue investigada, en democracia, por el fiscal Ricardo Molinas, quien tampoco encontró irregularidades en la compra por parte de los diarios.
Los diarios del interior del país desarrollaron en la misma época otro proyecto papelero, Papel del Tucumán, que luego fue adquirido sucesivamente por los grupos Bulgheroni y Pierri. Esta empresa hoy no produce papel para diarios por su baja rentabilidad. Si lo hiciera, como estaba previsto, el mercado más que se autoabastecería de productos nacionales.
Papel Prensa es una empresa privada, una sociedad anónima regida por la ley de sociedades comerciales, que siempre cumplió la ley. En este contexto sorprende que un convenio de sindicación entre socios, habitual en muchas empresas, intente ser presentado como algo irregular.
La empresa abastece a más de 170 diarios de todo el país, sin discriminar por tamaño, ubicación o línea editorial.
Es falso que el abastecimiento de papel en la Argentina sea un monopolio. Muy por el contrario, el papel es commodity, y además es uno de los pocos productos que se importan sin ningún tipo de restricciones ni aranceles. Papel Prensa compite como pocas industrias lo hacen en la Argentina, sin ningún tipo de protección frente a los productos importados. Hay abundante presencia en el mercado de productores del exterior. Las exportaciones de nuestro vecino Chile triplican las importaciones de Argentina. También operan proveedores de lugares tan diversos como Canadá, Finlandia, Rusia, Estados Unidos y Suecia, entre otros.
De hecho, muchos de los diarios argentinos vienen comprando papel importado más barato que el de Papel Prensa.
Papel Prensa ha reinvertido constantemente sus utilidades desde su puesta en marcha, pasando de una producción anual de 105 mil toneladas a una de 175 mil toneladas.
Es falso que Papel Prensa oculte información. Más aún, en los últimos meses ha puesto a disposición de los directores estatales más de 30 mil fojas de documentos, muchas de las cuales ni siquiera fueron retiradas. La designación de un coadministrador judicial fue consecuencia de dos resoluciones arbitrarias de la Comisión Nacional de Valores que han sido declaradas nulas por la Cámara Comercial, la última de ellas ayer. Previamente, el coadministrador judicial presentó su renuncia debido a las intimidaciones y coacciones del secretario Guillermo Moreno.
La puesta en escena de la Casa Rosada confirma la intención del Gobierno Nacional de criminalizar a los accionistas de Papel Prensa apelando a innumerables mentiras, hechos que no ocurrieron, manipulación de testigos y tergiversaciones de la historia, bastardeando en el camino la causa de los derechos humanos.
El falaz informe encomendado nada menos que a los funcionarios que destruyeron el INDEC y presentado por la Presidenta, confirma la vocación de estigmatizar a medios, editores y periodistas no adictos. Del mismo modo, el proyecto de ley anunciado aparece como un nuevo riesgo de intervención estatal en el mercado de los medios gráficos.
Este no es sólo un ataque a los accionistas de Papel Prensa. El abuso manifiesto del Estado para perseguir injustamente a medios y directivos de empresas periodísticas es una clara muestra de autoritarismo y una amenaza a la libertad de expresión y el resto de las libertades individuales.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

Editorial de Jorge Lanata en Después de Hora

Canal 26. Lunes 23 de agosto de 2010

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